nombre reservado con AFP CAPITAL S. A.

Santiago, tres de diciembre de dos mil veinticinco.

Al folio N° 14: téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece don nombre reservado, abogado, por sí y a favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., representada por don nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales efectuada al amparo de la ley N°18.156.

Expone que el recurrente formuló dicha solicitud mediante la plataforma habilitada por la administradora, acompañando contrato de trabajo, anexo de contrato, constancia electrónica de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, título profesional y declaración jurada ante notario chileno, cumpliendo íntegramente con los requisitos exigidos por la normativa vigente.

Indica que, con fecha 6 de agosto de 2025, AFP Capital comunicó el rechazo de la solicitud alegando falta de apostilla del título acompañado, ausencia de certificado de afiliación emitido por organismo extranjero y carencia de firma o apostilla en la constancia electrónica de cotizaciones, lo que constituye una interpretación formalista y descontextualizada del marco regulatorio aplicable.

Señala que resulta pública y notoria la inexistencia de representación diplomática venezolana en Chile luego de la ruptura de relaciones bilaterales, impidiendo a sus nacionales obtener certificaciones consulares o apostillas adicionales respecto de documentos emitidos en su país. Añade que esta circunstancia constituye fuerza mayor en los términos del artículo 45 del Código Civil y que, ante dicha imposibilidad, el recurrente otorgó declaración jurada ante notario público en territorio chileno, dotada de plena eficacia probatoria conforme a derecho.

Precisa que la constancia electrónica emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es verificable mediante los portales institucionales, y que esta misma documentación permitió a AFP Cuprum aprobar una solicitud de retiro de fondos en idénticas condiciones fácticas, evidenciando que el proceder de AFP Capital carece de uniformidad y se aparta del estándar legal.

Expresa que el artículo 1 de la Ley N°18.156 exige únicamente acreditar la afiliación del trabajador extranjero a un sistema de seguridad social que otorgue prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, junto con la voluntad de mantener dicha afiliación, mientras que el artículo 7 autoriza la devolución de fondos cuando concurren tales requisitos. Sostiene que todos ellos se encuentran satisfechos en autos, y que la respuesta de la recurrida incurre en ilegalidad al crear exigencias no contempladas por el legislador, contrariando lo dispuesto en la Circular N°553 de la Superintendencia de Pensiones y desconociendo la finalidad protectora de la normativa especial.

Afirma que el proceder impugnado vulnera la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política, al dispensar al recurrente un trato diferenciado respecto de otros administrados, y afecta además el derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 N°24, al impedirle disponer de los fondos previsionales de su exclusiva titularidad sin fundamento legal alguno.

Reitera que la jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones de Antofagasta, Valparaíso y Concepción, así como la doctrina de la Corte Suprema, ha resuelto reiteradamente que la documentación presentada por trabajadores extranjeros en situaciones análogas es suficiente para acreditar la afiliación exigida por la Ley N°18.156, y que la negativa de devolver fondos previsionales constituye un acto ilegal y arbitrario contrario al artículo 7 de la citada ley.

Añade que la recurrida incurre además en un deber de actuación diligente al verificar la autenticidad de la constancia electrónica proporcionada por el ente previsional venezolano, la cual era plenamente accesible en las plataformas oficiales, omisión que refuerza la arbitrariedad del acto.

Solicita que se acoja el recurso de protección, ordenando a AFP Capital reconocer la validez de la documentación acompañada y emitir un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de retiro de fondos dentro del plazo que la Corte determine, restableciendo el imperio del derecho y asegurando la debida protección del recurrente.

Segundo: Que informando al tenor del recurso comparece Paula Catalina Peña Vásquez, abogada, en representación convencional de Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., quien solicita su rechazo íntegro con costas.

Expone que el actor pidió retiro de fondos en virtud de dicha ley y que AFP Capital rechazó la solicitud con fecha 6 de agosto de 2025, por cuanto el título profesional acompañado no se encuentra apostillado ni legalizado, y porque, en lugar de un certificado de afiliación a sistema previsional extranjero, se acompañó solo una declaración jurada personal y una constancia electrónica de cotizaciones del IVSS sin firma ni legalización.

Indica que el recurrente funda su acción en la supuesta vulneración de los derechos del artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política, lo que se descarta, desde que no existe derecho indubitado y hay controversia sobre el cumplimiento de los requisitos de la ley N° 18.156.

Sostiene que la acción de protección no es el medio idóneo para discutir la procedencia del beneficio, por cuanto el recurso de autos pretende, en los hechos, obtener un pronunciamiento declarativo sobre el cumplimiento de requisitos legales y la validez de instrumentos públicos emitidos en el extranjero, materias que exceden la naturaleza cautelar del artículo 20 de la Constitución.

Argumenta que existen normas expresas que regulan el retiro de fondos por ley N° 18.156 y la legalización de documentos extranjeros, y que la administradora carece de facultades para prescindir de dichas formalidades o para efectuar interpretaciones extensivas o de equidad. Se hace ver que la discusión versa sobre la aplicación de la ley y no sobre un acto meramente discrecional, de modo que la vía adecuada, en su caso, sería una sede de conocimiento amplio, no el recurso de protección.

En cuanto a la inexistencia de acto ilegal o arbitrario, se recuerda la doctrina de la Excelentísima Corte Suprema, en especial la sentencia Rol N° 3919-2010, donde se define el acto u omisión ilegal como el contrario a la ley, y el arbitrario como aquel derivado del mero capricho, así como la jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago Rol N° 59-2006, y de la Corte de Apelaciones de Talca en las causas Rol N° 7924-2022 y Rol N° 191-2019, que rechazan recursos cuando la autoridad se ha sujetado estrictamente a la normativa especial aplicable. A partir de estos criterios, se concluye que el actuar de AFP Capital fue fundado y ajustado a derecho, pues se limitó a aplicar la ley N° 18.156, el Decreto Ley N° 3.500, el artículo 94 N° 3 de dicho cuerpo y el DFL N° 101 de 1980 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, así como las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, de manera que no puede ser calificado de arbitrario ni ilegal.

Desarrolla el contenido de la ley N° 18.156, destacando el artículo 1 y el artículo 7, que fijan condiciones copulativas para acceder tanto a la exención de cotizar como a la devolución de fondos previsionales: que el trabajador tenga la calidad de técnico extranjero, que se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que el contrato de trabajo contenga una cláusula expresa de mantención de dicha afiliación. Se indica que al tratarse de una norma de excepción, su interpretación debe ser restrictiva, de modo que el beneficio solo procede si se acreditan de manera estricta todos los requisitos legales.

Detalla que el afiliado acompañó: copia de cédula de identidad, copia de contrato de trabajo y anexo, copia simple de título profesional sin apostilla ni legalización, copia simple de constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales sin firma ni legalización, y una declaración jurada ante notario chileno apostillada en Chile. Afirma que con tal documentación no se acreditan los requisitos de la ley N° 18.156, del Código Civil y de la Norma del Sistema de Pensiones. En particular, se invoca el artículo 345 del Código Civil, que exige que los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile se presenten debidamente legalizados, ya sea mediante atestado de agente consular o diplomático y certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República. Se resalta que el título profesional extranjero no cumple tales exigencias y que el Libro II, Título XI de la Norma del Sistema de Pensiones ordena que la calidad de técnico se acredite con documentos de estudios especializados debidamente legalizados, estableciendo expresamente que, de no cumplirse esta exigencia, la administradora no puede dar curso a la solicitud de devolución.

En cuanto a la constancia electrónica de cotizaciones del IVSS, alega el incumplimiento de la letra a) del artículo 1 de la ley N° 18.156, por no encontrarse legalizada ni apostillada, por carecer de firma de la autoridad emisora y por no acreditar la afiliación vigente del recurrente a un régimen extranjero a la fecha de la solicitud. Subraya que ninguna norma de pensiones ni disposición legal permite suplir la legalización exigida mediante una declaración jurada, y que la finalidad de la legalización es garantizar la autenticidad y origen del documento.

Con base en todo lo anterior, se concluye que el recurrente no cumplió con los requisitos del artículo 1 y del artículo 7 de la ley N° 18.156, en especial en lo relativo a la acreditación legalizada de la calidad de técnico y a la afiliación vigente a un régimen de seguridad social extranjero, por lo que AFP Capital se encontraba legalmente impedida de aprobar la devolución de fondos y solo dio estricto cumplimiento al marco normativo y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones. Afirma que acoger la pretensión del actor implicaría obligar a la administradora a infringir la ley y las normas regulatorias, abriendo la puerta a prescindir de la autenticidad de documentos extranjeros y desplazando indebidamente la carga de acreditar los requisitos legales.

Tercero: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, carente de razonabilidad.

Cuarto: Que la Ley N°18.156, en su artículo 1° letra a) exige como requisito para la exención de cotizaciones que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Por su parte, la Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de sus facultades legales y de fiscalización, ha dictado diversas instrucciones y oficios que precisan la forma de acreditar dichos requisitos.

En particular, el Oficio Ordinario N°12954, de 17 de julio de 2025, exige que la certificación de cobertura previsional sea específica respecto a las coberturas y se encuentre debidamente legalizada o apostillada, según corresponda, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla, reiterando que las certificaciones electrónicas que no cumplan con esta formalidad no son idóneas para acreditar el cumplimiento del requisito.

Quinto: Que la recurrida ha sostenido, y los instrumentos acompañados por ambas partes en este proceso no lo desvirtúan, que la documentación presentada por la recurrente no cumple con las exigencias formales y sustantivas de la normativa aludida. Específicamente, consta que el documento consistente en el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), aunque verificable en línea, no se encuentra debidamente legalizado o apostillado en los términos que la normativa establece de conformidad con lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y los oficios e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, y, que asimismo, el certificado de título del recurrente no se encuentra legalizado con la apostilla correspondiente.

Respecto a la alegación del recurrente sobre la imposibilidad material de obtener la legalización consular o apostilla de la constancia del IVSS y del certificado de título debido a la situación diplomática y la invocación de fuerza mayor o caso fortuito, esta Corte estima que, si bien la situación descrita por la recurrente podría configurar una dificultad, la misma no exime del cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a un beneficio legal de carácter excepcional. Por ende, la Ley N°18.156 y su normativa complementaria, incluyendo las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, establecen condiciones copulativas que deben ser acreditadas de manera fehaciente, y no es posible flexibilizar dichas exigencias por circunstancias personales sin desnaturalizar el propósito de la ley y las instrucciones de la autoridad reguladora.

Sexto: Que en cuanto a la idoneidad del recurso de protección para dirimir un asunto como el planteado, considera la Corte que esta acción no constituye una instancia de lato conocimiento para resolver controversias sobre la correcta aplicación o interpretación de normativas especiales, especialmente en materias técnicas como la previsional, para las cuales existe un órgano especializado, como lo es la Superintendencia de Pensiones, facultada expresamente para conocer y resolver reclamos de afiliados conforme al artículo 3° del Decreto con Fuerza de Ley N°101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

La recurrida actuó en el marco de las instrucciones dictadas por dicho organismo técnico, lo que impide calificar su actuar como arbitrario o ilegal en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de la República, ya que su decisión se funda en la aplicación de una normativa específica y en las directrices de su órgano fiscalizador y no en un capricho o una contravención a la ley. No se advierte, en consecuencia, la privación, perturbación o amenaza de derechos indubitados, sino más bien una controversia sobre el cumplimiento de requisitos legales para acceder a un beneficio.

Séptimo: Que en mérito de lo expuesto y no habiéndose acreditado que el rechazo de la solicitud de la recurrente por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones recurrida constituya un acto arbitrario o ilegal que vulnere las garantías constitucionales invocadas, la presente acción constitucional será desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida en favor de don nombre reservado y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A.

Acordada con el voto en contra del abogado integrante señor Parada, quien fue partidario de acoger la acción de protección impetrada, debido a que en su concepto sí se dan los presupuestos exigidos en la norma para la entrega de los fondos previsionales del actor.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N° 18930-2025.-