nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, seis de febrero de dos mil veinticinco.

Proveyendo los folios 23 y 24: a todo, téngase presente y a sus antecedentes.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada legalmente por nombre reservado, por haber efectuado descuentos en su remuneración por concepto de crédito social, no obstante encontrarse dicha obligación en actual cobro judicial, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que constituiría una forma de autotutela que desconoce el procedimiento judicial en curso, vulnerando con ello el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 20 de julio de 2022 adquirió un crédito social con la recurrida por un monto de $8.331.643, pagadero en 48 cuotas mensuales de $272.806. Dicha obligación fue reprogramada el 2 de agosto de 2023, estableciéndose un nuevo saldo de $7.791.281, pagadero en 60 cuotas mensuales de $224.426, de las cuales solo pagó la primera cuota con vencimiento en octubre de 2023. Señala que, ante el incumplimiento, la recurrida interpuso demanda ejecutiva en su contra el 8 de marzo de 2024, la que se tramita ante el 5° Juzgado Civil de Santiago bajo el rol C-4377-2024.

Agrega que desde abril de 2024 se desempeña como líder de producto digital en la Fundación Arturo López Pérez, y que al recibir su liquidación de sueldo correspondiente al mes de agosto de 2024, constató la existencia de un descuento por $347.416 efectuado por su empleador a requerimiento de la Caja Los Andes.

Sostiene que la actuación de la recurrida es ilegal y arbitraria, pues habiendo optado por judicializar el cobro de la obligación a través de la interposición de una demanda ejecutiva, no puede ejercer simultáneamente el cobro mediante descuentos por planilla, constituyendo esto una forma de autotutela que vulnera el artículo 58 del Código del Trabajo, el cual exige acuerdo escrito del trabajador para efectuar descuentos voluntarios.

Argumenta que el actuar de la Caja vulnera su derecho de propiedad sobre las remuneraciones, garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, al privarle ilegítimamente de parte de ellas mediante descuentos no autorizados, afectando su sustento familiar y estabilidad económica, especialmente considerando el actual contexto de crisis económica post pandemia.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida dejar sin efecto los descuentos efectuados sobre sus remuneraciones, prohibiéndole realizar nuevos descuentos en el futuro; ordenándole, además, restituir los montos descontados desde abril de 2024, que ascienden a $347.416, con costas.

SEGUNDO: Que, al evacuar informe la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solicita el rechazo del recurso de protección basándose en primer lugar, en la naturaleza especial del crédito social y su mecanismo legal de cobro mediante descuento por planilla, explicando que los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, siendo otorgados por entidades de previsión social sin fines de lucro, y que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 establece un mecanismo especial de pago mediante descuento por planilla, que opera con la misma obligatoriedad que las cotizaciones previsionales. Este mecanismo no depende de la voluntad de las Cajas de Compensación, sino que constituye una obligación legal que recae sobre el empleador, entendiéndose extinguida la obligación del trabajador una vez practicado el descuento.

Además, sostiene que está efectuando el cobro conforme al mecanismo legal de una deuda vigente y exigible, cuya prescripción no ha sido declarada judicialmente. Fundamenta su posición en los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, señalando que la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, no operando de pleno derecho. Cita además el Dictamen N°2659-2020 de la Superintendencia de Seguridad Social, que reafirma esta interpretación.

Por último, arguye que no existe vulneración al derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, puesto que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de sus remuneraciones, siendo la propia ley la que autoriza el descuento de las cuotas del crédito social.

En apoyo de sus argumentos, la recurrida cita jurisprudencia reciente tanto de Cortes de Apelaciones como de la Corte Suprema, que han rechazado recursos de protección en casos similares, confirmando la legalidad del mecanismo de cobro y la ausencia de arbitrariedad en el actuar de las Cajas de Compensación.

Finalmente, solicita se rechace el recurso de protección, por no existir acto ilegal o arbitrario.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que el acto que el recurrente reprocha como arbitrario e ilegal consiste en el descuento en su remuneración por parte de la Caja de Compensación recurrida, desde agosto de 2024 por la suma de $347.416 y así en lo sucesivo.

SEXTO: Que, en este mismo sentido, no se encuentra discutido que la deuda que origina el aludido descuento fue materia de un juicio ejecutivo C-4377-2024 tramitado ante el Quinto Juzgado Civil de Santiago, causa en la cual se solicitó el retiro de la demanda, lo que tuvo presente el tribunal a quo el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno.

SÉPTIMO: Que, para resolver el asunto, corresponde determinar si los descuentos efectuados constituyen un actuar ilegal y arbitrario. Al respecto, cabe tener presente que el artículo 22 de la Ley N°18.833, establece precisamente la posibilidad de que los créditos sociales otorgados por las cajas de compensación sean cobrados mediante esa vía, por lo que no se avizora ilegalidad alguna.

OCTAVO: Que, respecto a la arbitrariedad, si bien es efectivo el hecho de que se inició un procedimiento ejecutivo en sede judicial para logar el pago de lo adeudado por concepto del crédito social, lo cierto es que se intentó trabar embargo, resultando frustrado al no existir bienes muebles de propiedad del demandado susceptibles de ser embargados, y si bien en dicho procedimiento se encuentra trabada la litis, el acreedor se encuentra totalmente insatisfecho, por lo que, a juicio de esta Corte, no aparece como desproporcionado o arbitrario el hecho de intentar el cobro o solución de la deuda mediante el uso del mecanismo establecido en el artículo 22 ya referido, por cuanto, en la especie, ha resultado ser la única vía útil para aquello, sin que el mismo pueda considerarse arbitrario.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, y en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-18903-2024.