nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

Santiago, veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de don nombre reservado, ingeniero civil, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., por el acto que califica de arbitrario e ilegal consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales acumulados, al amparo de lo dispuesto en la Ley N°18.156, situación que, estima, vulnera sus garantías consagradas en el artículo 19 numerales 2º y 24º de la Constitución Política de la República.

Expone que, en el mes de julio de 2025, solicitó a la recurrida la devolución de fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156, normativa que, en lo pertinente, exime a los técnicos extranjeros de cotizar en el sistema previsional chileno cuando demuestran estar afiliados a un sistema de previsión en su país de origen. Señala que dicha solicitud fue rechazada el día 28 de julio de 2025, mediante correo electrónico, aduciendo que la documentación presentada no cumplía con los requisitos, sin mayor fundamentación.

Respecto de la documentación presentada, la parte recurrente hace presente que acompañó una constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), la cual sostiene es verificable en línea a través del portal web de dicha institución (www.ivss.gob.ve) mediante un código alfanumérico o ingresando el número de cédula de identidad venezolana. Adicionalmente, el recurrente acompañó una declaración jurada ante notario público de fecha 12 de julio de 2025, debidamente apostillada, que acredita su afiliación.

A juicio del recurrente, el acto carece de fundamentación suficiente, resulta desproporcionado y desconoce el sentido de la Ley N°18.156 y la finalidad del régimen especial de técnicos extranjeros, pues él habría acreditado su condición de tal y su afiliación a un sistema previsional extranjero mediante documentos que permiten su verificación electrónica directa en la página web del régimen de previsión de su país de origen.

En ese sentido, precisa la imposibilidad técnica y material de obtener la legalización consular o apostilla del certificado de afiliación en el IVSS debido al quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, invocando el artículo 45 del Código Civil sobre caso fortuito o fuerza mayor y el principio de que "a lo imposible nadie está obligado".

Sostiene que la recurrida con su actuar obstaculiza el proceso de solicitud de retiro de fondos, dando una interpretación formalista y restrictiva de la norma, desatendiendo el objetivo de la misma, cual es, que el extranjero pueda disponer de sus fondos de previsión.

Asimismo, alega que otras Administradoras de Fondos de Pensiones, como AFP Cuprum, han aprobado solicitudes de retiro de fondos con idéntica documentación. Cita jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones de nuestro país que, en casos similares, han acogido recursos de protección, criticando las interpretaciones excesivamente formalistas y reconociendo la validez de certificados verificables en línea o la dificultad de obtener documentos apostillados por la situación diplomática.

Por estas razones, solicita que se deje sin efecto dicho acto, ordenando a la recurrida que reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de devolución de los fondos, dentro de un plazo razonable o el que esta Corte determine, acompañando asimismo los documentos que sostienen su pretensión.

Segundo: Que evacuando informe la recurrida, Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., por medio de su abogada doña Romina Claudia Dalbosco Cornejo, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Aduce que el rechazo de la solicitud N°1013175, de fecha 28 de julio de 2025, se debió a que la documentación acompañada, específicamente la "Constancia de Cotizaciones", adolecía de vicios formales al no cumplir con las exigencias legales y administrativas vigentes.

Respecto de los fundamentos normativos, invoca el principio de territorialidad de las leyes previsionales chilenas, con la excepción de la Ley N°18.156. Cita el artículo 1° de la Ley N°18.156, el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, la Circular N°553 y el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones.

Expone que la devolución de fondos a técnicos extranjeros constituye una excepción legal sujeta al cumplimiento copulativo de requisitos formales y sustantivos, tales como la efectiva afiliación del solicitante a un régimen previsional extranjero y la presentación de documentos debidamente legalizados o apostillados.

En particular, invoca el Oficio Ordinario N°12.954 emitido el 17 de julio de 2025 por la Superintendencia de Pensiones, el cual establece que para cumplir con el requisito de la letra a) del artículo 1° de la ley 18.156, el trabajador debe acreditar mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen que contó con cobertura por todos los riesgos exigidos durante el tiempo en que prestó servicios en Chile, debiendo dicha certificación venir legalizada o apostillada. Señala que el mismo oficio indica que no resultan eficaces las certificaciones electrónicas sin legalizar o apostillar, ni las declaraciones juradas del afiliado, por no emanar de la autoridad previsional competente.

En definitiva, sostiene que la parte recurrente no acreditó válidamente su afiliación al régimen previsional de su país de origen, ni su voluntad expresa de mantenerse en dicho régimen, puesto que la constancia de cotizaciones aportada carecería de apostilla o legalización, y su declaración jurada presentaría deficiencias formales.

Agrega que su decisión se ajusta a criterios jurisprudenciales recientes, en particular lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en el Recurso de Protección Rol N°1992-2025, en donde se rechazó una solicitud de retiro basada en una constancia electrónica del IVSS no legalizada.

En síntesis, la recurrida expone que ha actuado en cumplimiento de su deber legal de verificar previamente el cumplimiento íntegro de las exigencias normativas antes de autorizar la devolución de fondos. Agrega, finalmente, que la imposibilidad de legalización por el quiebre diplomático no la exime de la exigencia legal expresa, y que la Superintendencia de Pensiones rechazó una propuesta de la propia AFP Uno S.A. para flexibilizar la vigencia de los certificados verificables en línea, por exceder su competencia.

Tercero: Que el recurso de protección, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, tiene por objeto tutelar, mediante una acción expedita y eficaz, los derechos y garantías que dicha norma asegura a todas las personas, en caso de ser estas privadas, perturbadas o amenazadas en su legítimo ejercicio por actos u omisiones arbitrarios o ilegales.

Cuarto: Que, en la especie, el acto recurrido es el rechazo, por parte de la recurrida, de la solicitud de devolución de fondos previsionales de la recurrente, pese a haberse acompañado, a juicio de esta última, la documentación exigida por la Ley N°18.156 para acceder a dicho beneficio en su calidad de trabajador técnico extranjero. La controversia radica, en definitiva, en la validez y suficiencia de los documentos presentados para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales de la normativa pertinente, especialmente en cuanto a la legalización o apostilla de la constancia de afiliación al régimen previsional extranjero, así como en la autenticidad de la manifestación de voluntad de mantenerse afiliado a dicho sistema.

Quinto: Que la Ley N°18.156, en su artículo 7°, permite a los trabajadores extranjeros que hubieren efectuado cotizaciones previsionales en una AFP, solicitar la devolución de los fondos depositados, siempre que acrediten su afiliación a un régimen previsional extranjero que cubra, a lo menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que exista constancia expresa en su contrato de trabajo de la voluntad de mantener dicha afiliación, conforme a lo exigido en el artículo 1° de la misma ley.

Sexto: Que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro II, Título XI, complementa la Ley N°18.156, disponiendo que el cumplimiento del requisito de afiliación a un régimen previsional extranjero deberá acreditarse mediante una certificación de la institución de seguridad social correspondiente, la cual debe estar debidamente legalizada. Asimismo, los Oficios Ordinarios de la Superintendencia de Pensiones, como el N°12.954 de fecha 17 de julio de 2025, son claros al señalar que las certificaciones electrónicas sin firma por quien emite el documento o sin legalizar/apostillar, así como las declaraciones juradas del afiliado, no son medios de prueba idóneos para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional.

Séptimo: Que, conforme a lo antes señalado, la documentación presentada por la recurrente en su solicitud, en particular la “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, no satisface los requisitos legales y reglamentarios, por cuanto: (i) no constituye un certificado de afiliación en sentido escrito, y (ii) no se encuentra debidamente firmado ni legalizado conforme a lo exigido por el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, en relación al Convenio de la Haya sobre Apostilla.

Octavo: Que, en virtud de lo anterior, no se configura en el caso de autos un acto ilegal o arbitrario atribuible a la recurrida, sino el cumplimiento estricto de las normas legales, reglamentarias y administrativas que rigen la devolución de fondos previsionales para trabajadores técnicos extranjeros.

Noveno: Que, a mayor abundamiento, y como se ha dicho reiteradamente, el arbitrio en análisis es una acción constitucional de urgencia destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, de manera que la tutela requerida, no puede satisfacerse por esta vía, ni del modo que se pide, pues debe ser determinada en un procedimiento legal de lato conocimiento que no puede ser sustituido por esta vía cautelar.

Décimo: Que, en atención a lo razonado precedentemente, y no existiendo un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace el ejercicio de los derechos fundamentales invocados por el recurrente, el presente recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones, y vistos además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-18900-2025.