Protección contra Liceo nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, seis de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparecen doña nombre reservado y don nombre reservado, quienes patrocinados por abogado, interponen acción constitucional de protección en favor de su hijo, nombre reservado, en contra del Liceo nombre reservado, de la Dirección del Departamento de Educación Municipal de la Ilustre Municipalidad de Santiago, por haber incurrido en actuaciones ilegales y arbitrarias, consistentes, en la aplicación de una sanción de expulsión en su contra, además de todos los actos previos y posteriores, lo que vulnera las garantías contempladas en los numerales 1, 2, 3, 4, 10 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Exponen, que el día 25 de julio de 2025, fueron notificados por la Rectora del establecimiento que, a su hijo, estudiante de 3º medio, se le aplicaba la medida disciplinaria definitiva de expulsión del establecimiento educacional, debido a una decisión adoptada en el marco de un procedimiento investigativo que lo sindicó como responsable de supuestos actos reiterados de hostigamiento, acoso verbal y conductas de connotación sexual en contra de compañeras de curso y otros alumnos del colegio.

Sostienen, que se llevó a efecto un procedimiento sancionatorio plagado de irregularidades y carente de un debido proceso racional y justo, basándose en testimonios parciales y hechos supuestamente ocurridos en años anteriores (2022 y 2023) o en contextos de clases online a las que el alumno no asistió regularmente. Alegan que no se les permitió una audiencia con la Rectora ni con el Inspector General para presentar sus descargos de manera adecuada y que la investigación careció de objetividad.

Arguyen, una falta de pruebas materiales suficientes, señalando que el colegio recurrido fundó su decisión, únicamente, en testimonios parciales y coincidentes entre sí, sin que exista corroboración independiente de aquellas, afirmando que no se presentaron mensajes, grabaciones, actas de mediación previas ni anotaciones en la hoja de vida del alumno que lo vincularan con los hechos, siendo particularmente relevante a su juicio, que el alumno mantiene un expediente académico intachable, con excelente promedio de notas, y sin antecedentes disciplinarios anteriores.

Manifiestan, que el establecimiento educacional, al imponer la expulsión, desconoció los principios de objetividad y proporcionalidad que regulan el derecho disciplinario escolar, debiendo tener en consideración que la sanción aplicada es la más gravosa prevista en la Ley de Aula Segura y en el Reglamento Interno, por lo que su procedencia exige evidencia irrefutable y reiteración comprobada de conductas, requisitos que en este caso no se cumplirían.

Solicitan dejar sin efecto la medida de expulsión que pesa sobre el protegido, permitiendo que se reintegre a clases y pueda desarrollar sus actividades escolares normalmente, disponiendo todas las acciones necesarias a fin de evitar cualquier consecuencia perjudicial relativa a la suspensión desde el punto de vista escolar y personal, además de la instrucción y supervisión de un debido proceso ante el establecimiento recurrido, con costas.

SEGUNDO: Que, la Municipalidad de Santiago, evacuó el informe solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con costas.

Expresa, que el 30 de mayo de 2025, la Unidad de Convivencia Escolar recibió una denuncia formal presentada por un grupo de ocho estudiantes y una docente, quienes relataron haber sido víctimas de hostigamiento, acoso verbal y psicológico, así como comportamientos de connotación sexual, atribuidas al estudiante por quien se recurre, en conjunto con otros compañeros del 3° Medio E, extendiéndose los hechos desde el año 2022 hasta el año 2025, configurando una conducta reiterada y sistemática que ha generado un daño sostenido a las víctimas.

Manifiesta que en razón de lo expuesto, se activaron los protocolos establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) dando inicio a un proceso investigativo formal que incluyó entrevistas individuales, recolección de testimonios, acompañamiento psicosocial y revisión de antecedentes disciplinarios, evidenciándose en dicho proceso investigativo, según afirma, situaciones de acoso sexual, hostigamiento y abuso sexual.

Previa referencia a dichos 9 episodios, los cuales singulariza como casos, expone que el día 12 de junio de 2025 se inició proceso disciplinario, notificando al estudiante y a su apoderada, donde se señala que, los hechos mencionados, configuran las faltas gravísimas contempladas en los numerales N°33 y N°47 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, aplicándose al día siguiente la medida cautelar de suspensión.

Sostiene que el 23 de junio de 2025, la Directora del establecimiento notificó personalmente al estudiante por el que se recurre, y a su apoderada, que ha concluido la investigación, de la medida de expulsión, interponiéndose al respecto reconsideración, la cual fue ratificada el 22 de julio del mismo año, luego de ser consultados todos los profesores asistentes al Consejo Extraordinario.

Afirma, que los hechos denunciados, no han sido aislados ni esporádicos, sino de una conducta sistemática y mantenida en el tiempo, frente a la cual el estudiante no ha mostrado indicios reales de modificación, señalan que la permanencia del estudiante denunciado en el mismo entorno escolar de las víctimas, anula cualquier intento de reparación emocional, por lo que no hay posibilidad de recuperación psicológica si los estudiantes deben compartir espacios cotidianos con quien los ha hostigado de manera reiterada.

Argumenta, que la medida ha sido aplicada respetando todas las etapas del debido proceso, asegurando el derecho a defensa del estudiante y considerando en cada momento el interés superior de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad educativa, desglosando las etapas del procedimiento, las pruebas que sustentan la medida y la justificación de la misma, defendiendo la proporcionalidad de la decisión en razón de haber generado el recurrente un grave daño a la integridad psicológica de los estudiantes, afectando gravemente la convivencia escolar.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

QUINTO: Que, para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, es menester analizar si el procedimiento sancionatorio llevado a cabo por el establecimiento educacional cumplió con los estándares del debido proceso y si la sanción aplicada resulta proporcional y ajustada a derecho, conforme a la Ley General de Educación, la Ley N° 21.128 (Aula Segura) y el Reglamento Interno del establecimiento.

SEXTO: Que, de los antecedentes acompañados al proceso, es posible establecer los siguientes hechos: 1.- El 30 de mayo de 2025, la Unidad de Convivencia Escolar recibió una denuncia formal, de parte de un grupo de estudiantes que relataron haber sido víctimas de hostigamiento, acoso escolar, verbal y psicológico y comportamientos de connotación sexual por parte del estudiante Claudio Nahuel y otros, prolongado del año 2022 hasta el año 2025.

Se dio inicio a un procedimiento investigativo formal. 2.- Existió notificación del inicio de la investigación, al estudiante y a su apoderado, con fecha 12 de junio de 2025. Enviada por correo electrónico de fecha 13 de junio de 2025. 3.- El día 13 de junio de 2025, se dispuso la medida cautelar de suspensión del alumno, comunicada a la apoderada y, el día 17 se instruye al personal docente el envió de material pedagógico al estudiante. 4.- Se otorgó un plazo para presentar descargos, derecho que fue ejercido por el estudiante, mediante correo electrónico, con fecha 13 de junio de 2025. 5.- Se realizó una investigación que incluyó entrevistas y recopilación de antecedentes, tales como declaraciones de las afectadas y denunciante. 6.- Se dictó una resolución fundada que aplicó la sanción de expulsión, basada en las faltas tipificadas en el RICE, dando por terminada la investigación, con fecha 23 de junio de 2025. 7.- Se notificó a la parte recurrente, el término de la investigación, con fecha 17 de julio de 2025. Citados previamente por la Rectora del establecimiento, el día 11 de tal mes, no concurrieron. 8.- Se garantizó el derecho al recurso, presentando por el apoderado una solicitud de reconsideración el 15 de julio de 2025. 9.- Dicha reconsideración fue revisada por el Consejo de Profesores el 22 de julio de 2025, cumpliendo con la exigencia del artículo 6 letra d) del DFL N°2 de 1998, ratificándose la medida.

De lo anterior se desprende que el establecimiento recurrido respetó las etapas esenciales de un debido proceso racional y justo, no advirtiéndose la indefensión alegada por los recurrentes.

Es así como el establecimiento educacional activó el Protocolo correspondiente tras recibir denuncias graves que involucraban la integridad psíquica y sexual de alumnas del Liceo.

SEPTIMO: Que, en cuanto a la decisión y la legalidad de la sanción, el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) del Instituto Nacional tipifica expresamente como faltas gravísimas en sus numerales 33 y 47 conductas tales como agresiones de carácter sexual, hostigamiento reiterado y actos que afecten gravemente la convivencia escolar.

Los hechos imputados y acreditados en la investigación interna — consistentes en la exhibición de genitales en espacios educativos, la clasificación de compañeras mediante "rankings" y el hostigamiento sistemático— revisten la máxima gravedad. Estas conductas atentan directamente contra la dignidad, la integridad psíquica y la indemnidad sexual de las estudiantes afectadas, vulnerando su derecho a educarse en un ambiente libre de violencia.

Conforme a la Ley N°21.128 (Aula Segura) y al propio Reglamento del liceo, la dirección del establecimiento tiene no solo la facultad, sino el deber de iniciar procedimientos sancionatorios y aplicar medidas como la expulsión cuando se verifican conductas que causen daño a la integridad física o psíquica de los miembros de la comunidad educativa.

OCTAVO: Que, respecto a la alegación de desproporcionalidad de la medida por la intachable conducta anterior del alumno, cabe señalar que la gravedad de los hechos acreditados —que incluyen connotación sexual y afectación colectiva a compañeras— justifica por sí sola la aplicación de la sanción máxima prevista en la normativa. La existencia de buenas calificaciones o la ausencia de anotaciones previas no pueden operar como una eximente de responsabilidad frente a actos que fracturan de manera irreparable la convivencia escolar y ponen en riesgo a terceros. La proporcionalidad de la sanción debe ponderarse en función de la gravedad de la falta y del deber de protección que le asiste al establecimiento respecto de las víctimas.

NOVENO: Que, en relación con los certificados médicos presentados por la parte recurrente, extendidos por psicóloga del Centro Medico y Adicciones, de fechas 28 de julio y 13 de agosto de 2025, dando cuenta de un estado de stress y ansiedad del alumno por su situación, ello no constituye un vicio de ilegalidad en el actuar del colegio. La condición de salud sobreviniente no justifica o hace decaer las conductas infraccionales cometidas ni impide la aplicación de las sanciones reglamentarias cuando se han vulnerado derechos fundamentales de otros estudiantes.

DECIMO: Que no se observa arbitrariedad en la decisión impugnada, toda vez que esta no obedece a un mero capricho de la autoridad, sino que se sustenta en una investigación reglada, con hechos concretos denunciados por múltiples miembros de la comunidad educativa, y respaldada por el cuerpo docente a través del Consejo de Profesores. La decisión de expulsión se encuentra debidamente motivada en la necesidad de resguardar a la comunidad educativa y restaurar el ambiente de seguridad, fines legítimos y superiores que el establecimiento está obligado a cautelar.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, al no configurarse un acto ilegal ni arbitrario por parte de la Municipalidad de Santiago y/o del Liceo Instituto Nacional, no corresponde otorgar la tutela constitucional solicitada, pues la autoridad educacional ha actuado dentro de la esfera de sus atribuciones y con estricto apego a la normativa educacional vigente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado y don nombre reservado, en favor de su hijo nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Santiago (Liceo nombre reservado).

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro señora Barrientos Guerrero.

No firma la abogada integrante señora Renée Rivero, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado sus funciones.

Protección N°18.898-2025.