nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

C.A. de Santiago Santiago, tres de diciembre de dos mil veinticinco.

Al folio 9; téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, abogado, por sí y en representación de don nombre reservado, de nacionalidad ecuatoriana, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por don nombre reservado, por la Notificación N° 69981976 de fecha 20 de agosto de 2025 que no acoge a trámite su solicitud de residencia definitiva y deriva la solicitud al departamento de Residencias Temporales. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que la notificación carece de fundamento al no precisar de manera clara y precisa cuál es la causal que incurrió el recurrente para acordar sin más detalle declarar no acogida a trámite la solicitud de residencia definitiva, limitándose a señalar que no cumple con los requisitos para optar al permiso de residencia solicitado al no cumplir con el artículo 65 N° 4 del Reglamento de la Ley de Migraciones y Extranjería, cuando del referido artículo se desprenden cinco letras que conforman el numeral 4 sin que se especifique cuál de ellas sería la aplicable, además de no permitirle subsanar como ocurre con otros solicitantes a quienes se les pide antecedentes adicionales otorgando un plazo de 60 días para presentar la documentación que dé cuenta de cuál es la infracción migratoria incurrida, vulnerando con ello el derecho fundamental a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, que la Constitución garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se deje sin efecto dicha resolución recurrida por ilegal y arbitraria, a los fines de que se decida conforme a derecho ordenando dar curso a su trámite de residencia definitiva, restableciéndose así el imperio del derecho, todo lo anterior con expresa condena en costas.

Expone el recurrente que don nombre reservado, empleado, de nacionalidad ecuatoriana, ingresó al país como turista y posteriormente obtuvo residencia temporal y más adelante activó el estampado electrónico en virtud de visa otorgada. Seguidamente, previo al vencimiento de la visa temporal y encontrándose dentro del plazo que prevé la ley, realizó solicitud del beneficio migratorio de residencia definitiva, lo anterior con el propósito de establecerse y desarrollar su proyecto de vida en Chile.

Refiere que, posteriormente, con fecha 20 de agosto de 2025, el recurrente recibió Notificación N° 69981976, que no acoge a trámite su solicitud de residencia definitiva y deriva la solicitud al departamento de Residencias Temporales, señalando que no cumple con los requisitos para optar al permiso de residencia solicitado al no cumplir con el artículo 65 N° 4 del Reglamento de la Ley de Migraciones y Extranjería, y que de acuerdo a lo anterior, se remitieron sus antecedentes al Departamento de Residencias Temporales con el objeto de analizar la tramitación de una solicitud de residencia temporal.

Sostiene que es menester considerar que la notificación que se recurre es contraria a derecho, si se considera que la misma carece de fundamento al no precisar de manera clara y precisa cuál es la causal que incurrió el recurrente para acordar sin más detalle declarar no acogida a trámite la solicitud de la residencia definitiva, siendo posible observar que del artículo 65 N° 4 se desprenden cinco letras que conforman el numeral 4 del referido artículo. Transcribe el contenido del artículo 65 del Decreto Supremo N° 296 o Reglamento de Ley 21.325, que establece que sin perjuicio de los requisitos que establezca el decreto supremo que fije las subcategorías migratorias de residencia temporal, los residentes temporales titulares, para postular a la residencia definitiva, deberán haber residido en el país en tal calidad al menos por veinticuatro meses, y que para postular a la residencia definitiva se necesitará un periodo de residencia mayor al referido en el inciso precedente, en mérito de los antecedentes personales del interesado, en casos específicos, transcribiendo particularmente el numeral 4 referido a la comisión de infracciones migratorias de aquellas señaladas en el Título VII de la Ley N° 21.325 y su gravedad, con sus cinco literales que establecen diferentes periodos de residencia según el tipo y cantidad de infracciones.

Argumenta que por esta razón queda en evidencia que el recurrente queda en un estado de vulnerabilidad, por cuanto corresponden a hechos que no corresponden a la verdadera realidad del recurrente, quien en pleno ejercicio de sus derechos ha dado cumplimiento con todos los requisitos que exige la ley para obtener el beneficio impetrado, desde que ingresó a Chile ha realizado actividades remuneradas de forma continua, pues se observa que cuenta con un contrato de trabajo indefinido y más de 24 cotizaciones, y quien además obtuvo visa temporal por 2 años de manera continua e ininterrumpida y antes del vencimiento de su visa procedió a realizar la postulación de la residencia definitiva, como lo prevé la ley.

Añade que, aunado al hecho, se puede evidenciar de la resolución que además redunda en lo ilegal y arbitrario al decretar no acogida a trámite la solicitud de residencia definitiva, sin permitirle subsanar, como ocurre con otros solicitantes a quienes se les pide antecedentes adicionales otorgando un plazo de 60 días para presentar la documentación que dé cuenta de cuál es la infracción migratoria incurrida por el recurrente; por el contrario, la autoridad migratoria de plano decretó no dar continuidad a la residencia definitiva y de forma radical ordenó sin más remitir la solicitud al departamento de visa temporal de manera antojadiza y caprichosa, vulnerándole al recurrente el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 19 numeral 2 de la Ley 19.880, donde en otros casos sí le permite subsanar cuestión que no ocurrió en el presente caso.

Sostiene que la comentada opción de subsanar no es una actuación sugerente, sino que una obligación legal que surge del artículo 31 de la Ley 19.880 en cuanto la autoridad debe solicitar documentos adicionales si los que tiene no son suficientes. Si el Servicio recurrido hubiese solicitado dicha información en cumplimiento de lo ordenado en la Ley que regula los actos del Estado, el recurrente hubiese remitido todos los antecedentes adicionales para acreditar que lo indicado por la recurrida se aleja de la realidad de la recurrente, ya que desde que ingresó al país ha cumplido con todos los requerimientos solicitados por parte del Servicio Nacional de Migraciones.

Argumenta que de esto se desprende la ilegalidad y arbitrariedad de la resolución que se recurre, basándose en hechos que no corresponden a la realidad del recurrente, que a pesar de dar cumplimiento con todos los requisitos, el servicio recurrido no realizó valoración exhaustiva para darle continuidad a la solicitud de su residencia definitiva, pues en el presente caso el recurrente cumple con los requisitos, dejando al recurrente en un estado de vulnerabilidad que atenta contra el derecho a la igualdad ante la ley del recurrente previsto en el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política, razón por la cual la Corte puede adoptar las providencias que sean necesarias para reestablecer el imperio del derecho.

Argumenta que las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la acción arbitraria e ilegal por parte del servicio recurrido deducida en Notificación N° 69981976 de fecha 20 de agosto de 2025 que no acoge a trámite solicitud de residencia definitiva, dictada por el Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, mediante la cual no se admite la petición de residencia definitiva solicitada por el recurrente, siendo el caso que su solicitud debe ser tramitada bajo la vigencia de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, y la autoridad migratoria debía resguardar la situación legal de la recurrente en el territorio, al no permitir dar curso a la solicitud de residencia definitiva a pesar de haber dado cumplimiento con todos los requisitos que prevé la ley.

Refiere que, en tal sentido, el derecho vulnerado es la igualdad ante la ley previsto en el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política, según el cual no hay persona ni grupo privilegiado, ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias, de manera que no se pueden establecer diferencias entre las personas frente a la ley, y no se deben dar tratos preferentes o en este caso excluyentes, pues todos tienen los mismos derechos y deberes, siendo el caso que el servicio recurrido ha infringido esta garantía constitucional, dándole al recurrente un trato desigual respecto de otros solicitantes, que encontrándose en iguales circunstancias, se les ha reconocido su condición legal en el país, al ser titulares de visas de residencia que se encontraban vigentes al momento de la postulación, lo cual no ha ocurrido en el caso que nos ocupa.

Agrega que, asimismo, con relación a una situación similar a la que se recurre, la jurisprudencia reciente se ha pronunciado en cuanto a la desigualdad al pretender desconocer o privarlo de un derecho, citando al respecto la sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca Rol N° 636-2024 de fecha 23 de mayo de 2024, que señaló que se advierte que el Servicio aplicó una sanción administrativa, consistente en la revocación de la permanencia definitiva del actor, sin fundamento legal que lo habilitara para ello, dado que se sustenta en una infracción a lo prevenido en el artículo 13 de la Ley N° 21.325, que contiene una obligación para el Estado de Chile de garantizar la igualdad de derechos y obligaciones respecto de ciudadanos foráneos, es decir, se basa en una norma que no es exigible al recurrente, concluyendo que el ejercicio de la facultad administrativa consagrada en el artículo 90 de la Ley 21.325 no puede exceder de los límites que en ella se consagran, como ha ocurrido en el presente caso, lo que torna lo decidido en ilegal y, además, arbitrario puesto que carece de razonabilidad.

En síntesis, sostiene que se vulnera el derecho fundamental a la igualdad ante la ley del recurrente consagrado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que la Notificación N° 69981976 de fecha 20 de agosto de 2025 que no acoge a trámite su solicitud de residencia definitiva, dictada por el Servicio Nacional de Migraciones, es ilegal y arbitraria, por cuanto carece de fundamento al no precisar de manera clara y precisa cuál es la causal que incurrió el recurrente para acordar sin más detalle declarar no acogida a trámite la solicitud de residencia definitiva, limitándose a señalar que no cumple con el artículo 65 N° 4 del Reglamento de la Ley de Migraciones y Extranjería sin especificar cuál de las cinco letras que conforman dicho numeral sería la aplicable, cuando el recurrente ha dado cumplimiento con todos los requisitos que exige la ley para obtener el beneficio impetrado, cuenta con contrato de trabajo indefinido y más de 24 cotizaciones, obtuvo visa temporal por 2 años de manera continua e ininterrumpida y antes del vencimiento de su visa procedió a realizar la postulación de la residencia definitiva; además, la autoridad migratoria de plano decretó no dar continuidad a la residencia definitiva sin permitirle subsanar como ocurre con otros solicitantes a quienes se les pide antecedentes adicionales otorgando un plazo de 60 días para presentar documentación, vulnerando de esta manera la obligación legal que surge del artículo 31 de la Ley 19.880 de solicitar documentos adicionales si los que tiene no son suficientes, dándole al recurrente un trato desigual respecto de otros solicitantes que encontrándose en iguales circunstancias se les ha reconocido su condición legal en el país al ser titulares de visas de residencia que se encontraban vigentes al momento de la postulación, lo cual no ha ocurrido en el caso que nos ocupa.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene dejar sin efecto la Notificación N° 69981976 de fecha 20 de agosto de 2025 que no acoge a trámite solicitud de residencia definitiva, ante hechos que no corresponden a la realidad del recurrente, si se considera que el recurrente cumple con todos los requisitos exigidos para la solicitud de residencia definitiva, por ser dicha resolución ilegal y arbitraria, a los fines de que se decida conforme a derecho ordenando dar curso a su trámite de residencia definitiva, restableciéndose así el imperio del derecho, todo lo anterior con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que el Servicio Nacional de Migraciones, en informe evacuado, ha expuesto los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan su solicitud de rechazo del presente recurso de protección, señalando que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Expone en primer término la situación migratoria del recurrente, señalando que don nombre reservado, nacional de Ecuador, ingresó por primera vez al país con fecha 2 de febrero de 2016 por paso fronterizo habilitado Aeropuerto nombre reservado. Mediante Resolución Exenta N° 68 de fecha 2 de marzo de 2016 de la Gobernación de Linares, se otorgó al extranjero visa para profesionales/técnicos por el período de un año y en calidad de titular, permiso que se mantuvo vigente hasta el 1 de julio de 2017. Luego, el extranjero salió del territorio nacional, ingresando nuevamente con fecha 23 de mayo de 2022 por paso fronterizo habilitado Aeropuerto nombre reservado, en calidad de turista.

Refiere que, mediante Resolución Exenta N° 22318504 de fecha 27 de julio de 2022 del Servicio Nacional de Migraciones, se le otorgó al extranjero una prórroga de turismo por un período de 90 días, permiso que estuvo vigente hasta el 19 de noviembre de 2022. Que, mediante Resolución Exenta N° 22484882 de fecha 22 de noviembre de 2022 del Servicio Nacional de Migraciones, se aplicó al extranjero una sanción pecuniaria por infracción al artículo 107 de la Ley N° 21.325, es decir, por haber permanecido en el territorio nacional con un permiso de permanencia transitoria vencido, por el monto de $15.077.

Señala que, con fecha 22 de noviembre de 2022, el recurrente solicitó ante esta autoridad permiso de residencia temporal en la subcategoría de reunificación familiar, por lo que mediante Resolución Exenta N° 23323547 de fecha 24 de agosto de 2023 del Servicio Nacional de Migraciones, se otorgó al extranjero residencia temporal en la subcategoría de reunificación familiar por vínculo con chileno, en calidad de titular y por el período de dos años, permiso que se mantuvo vigente hasta el 24 de agosto de 2025.

Respecto de la solicitud de residencia definitiva ID N° 69981976 realizada por el extranjero, expone que con fecha 2 de febrero de 2025, el recurrente don nombre reservado solicitó ante esta autoridad el beneficio de la residencia definitiva en el territorio nacional. Mediante la Comunicación electrónica Folio N° 84154565 de fecha 20 de agosto de 2025 del Servicio Nacional de Migraciones, enviada al correo electrónico ingresado por el mismo extranjero a su solicitud, esta autoridad resolvió que la solicitud de residencia definitiva no fue acogida a trámite, por la siguiente razón: no cumple con los requisitos para optar al permiso de residencia solicitado al no cumplir con el artículo 65 N° 4 del Reglamento de la Ley de Migraciones y Extranjería, y que de acuerdo a lo anterior, se remitieron sus antecedentes al Departamento de Residencias Temporales con el objeto de analizar la tramitación de una solicitud de residencia temporal.

Indica que, con fecha 20 de julio de 2025, el Departamento de Residencias Definitivas remitió la documentación del recurrente al Departamento de Residencias Temporales del Servicio Nacional de Migraciones, con el fin de analizar la tramitación de una residencia temporal del extranjero con ID 74049969. Actualmente, la solicitud se encuentra en trámite, en Etapa de "Análisis solicitud enviada desde REDE". Hace presente que esta autoridad no ha dispuesto sanción migratoria alguna en contra del recurrente, ya sea de multa, orden de abandono, prohibición de ingreso o expulsión.

En cuanto a los fundamentos de derecho, invoca en primer término la autoridad competente para resolver no acoger a trámite la solicitud del recurrente, señalando que el artículo 157 N° 5 de la Ley N° 21.325 establece que la autoridad competente para resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia y determinar la vigencia de los mismos, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la autoridad migratoria en el exterior, es en definitiva el Servicio Nacional de Migraciones. Esta norma se encuentra redactada en términos casi idénticos en el artículo 42 del Decreto Supremo N° 296 de 12 de febrero de 2022 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Reglamento de la Ley N° 21.325, que dispone que corresponderá al Servicio Nacional de Migraciones el otorgamiento, prórroga y revocación de los permisos de Permanencia Transitoria, de Residencia Temporal y de Residencia Definitiva. Por lo tanto, la comunicación que archivó la solicitud de residencia definitiva del recurrente fue dictada por autoridad competente y dentro de la esfera de sus atribuciones.

En segundo lugar, se refiere al trámite de solicitud de residencia definitiva de la solicitud del recurrente, señalando que el artículo 78 de la Ley N° 21.325, Ley de Migración y Extranjería, define a la residencia definitiva como el permiso para radicarse indefinidamente en Chile, que autoriza a desarrollar cualquier actividad lícita, sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias. Por su parte, el artículo 37 de la Ley N° 21.325 señala que al Servicio le corresponderá otorgar, prorrogar y revocar los permisos de residencia y permanencia definidos en este Título, con excepción de aquellos correspondientes a residentes oficiales, que serán de competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En tercer lugar, expone la causal para no acoger a trámite la solicitud de residencia definitiva, señalando que la comunicación electrónica que informa al extranjero que no es posible admitir su solicitud de residencia definitiva a tramitación se funda en lo dispuesto en el artículo 65 del Decreto N° 296 del Ministerio del Interior, es decir, el Reglamento de la Ley 21.325 sobre Extranjería y Migración. Específicamente, la comunicación electrónica señala que el extranjero no da cumplimiento a lo señalado en el N° 4 del artículo mencionado, transcribiendo el contenido íntegro del artículo 65 que establece que sin perjuicio de los requisitos que establezca el decreto supremo que fije las subcategorías migratorias de residencia temporal, los residentes temporales titulares, para postular a la residencia definitiva, deberán haber residido en el país en tal calidad al menos por veinticuatro meses, y que para postular a la residencia definitiva se necesitará un periodo de residencia mayor al referido en el inciso precedente, en mérito de los antecedentes personales del interesado, en casos específicos. Transcribe particularmente el numeral 4 referido a la comisión de infracciones migratorias de aquellas señaladas en el Título VII de la Ley N° 21.325 y su gravedad, con sus cinco literales que establecen diferentes periodos de residencia según el tipo y cantidad de infracciones, destacando la letra a) que señala que cuando se trate de alguna infracción aplicada mediante acto administrativo firme y totalmente tramitado, de aquellas contenidas en el Párrafo I de dicho Título VII, referido a las infracciones menos graves, se exigirá un periodo de residencia de al menos treinta meses.

Transcribe asimismo el Párrafo I del Título VII de la Ley 21.325 sobre Infracciones y Sanciones Migratorias, específicamente el artículo 107 referido a permiso de residencia o permanencia expirado, que establece que los residentes o titulares de permanencia transitoria que permanezcan en el país, no obstante haber vencido su permiso por un plazo inferior o igual a ciento ochenta días corridos, serán sancionados con multa de media a diez unidades tributarias mensuales.

Sostiene que, en la especie, se puede dar cuenta que el extranjero en base a la Resolución Exenta N° 22484882 de fecha 22 de noviembre de 2022 del Servicio Nacional de Migraciones, ha declarado de manera expresa y voluntaria 3 días de residencia irregular. En ese sentido y de conformidad al artículo 42 de la Ley N° 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, el infractor renunció a su derecho a realizar descargos en contra de la causal individualizada en la Notificación de Inicio del Procedimiento Sancionatorio de aplicación de sanción pecuniaria, por lo que el extranjero pagó la multa asociada por $15.077.

Argumenta que, ahora bien, de acuerdo con los antecedentes del caso, consta que el extranjero solicitante contaba con un permiso de residencia temporal otorgado por el Servicio Nacional de Migraciones, vigente desde el día 24 de agosto de 2023 al 24 de agosto de 2025, es decir, un total de 24 meses de residencia autorizada en territorio nacional. No obstante, previamente a la presentación de su solicitud de residencia temporal señalada en el párrafo anterior, el propio extranjero declaró de forma expresa y voluntaria haber permanecido en situación migratoria irregular durante 3 días, es decir, por fuera del periodo autorizado por su permiso de residencia. Dicha declaración fue acogida por el Servicio y dio lugar a la dictación de la Resolución Exenta N° 22484882 de fecha 22 de noviembre de 2022, la cual impuso al extranjero una sanción administrativa de multa por un monto total de $15.077. El extranjero aceptó dicha sanción y renunció expresamente a ejercer descargos, conforme lo establece el artículo 42 de la Ley N° 19.880 que regula los procedimientos administrativos ante órganos de la Administración del Estado.

Señala que la conducta sancionada por la autoridad administrativa corresponde a la tipificada en el artículo 107 de la Ley N° 21.325, en el que se establece que los residentes o titulares de permanencia transitoria que permanezcan en el país con su permiso vencido por un plazo igual o inferior a 180 días corridos serán sancionados con multa. Esta infracción se encuentra clasificada dentro del Párrafo I del Título VII de la ley citada, es decir, se trata de una infracción migratoria de carácter menos grave, conforme a la estructura normativa vigente.

Sostiene que, sobre este punto, cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 65 N° 4 del Decreto Supremo N° 296, Reglamento de la Ley de Migración, el cual establece expresamente que, en caso de comisión de infracciones migratorias contenidas en el referido Título VII de la Ley N° 21.325, el requisito de tiempo mínimo de residencia en el país se verá aumentado. En particular, la letra a) de dicha disposición señala que, tratándose de una infracción menos grave aplicada mediante acto administrativo firme y totalmente tramitado, el extranjero deberá acreditar un periodo de residencia de al menos treinta meses, es decir, dos años y medio, para postular válidamente a la residencia definitiva.

Argumenta que, en consecuencia, habiendo el solicitante sido sancionado por una infracción menos grave, y habiendo acreditado únicamente 24 meses de residencia efectiva en calidad de titular de permiso de residencia temporal, resulta evidente que no cumple con el tiempo mínimo de residencia exigido por la normativa vigente. Dicho incumplimiento impide jurídicamente que su solicitud de residencia definitiva pueda ser acogida a trámite, por cuanto se encuentra afectada por una causal reglamentaria expresa de inadmisibilidad.

Sostiene que cabe destacar que este tipo de requisitos son de carácter objetivo y reglado, y su evaluación no admite flexibilidad ni margen de apreciación por parte de la autoridad administrativa. En efecto, la verificación del cumplimiento del tiempo mínimo de residencia exigido por la ley y su reglamento constituye un presupuesto esencial para la admisibilidad de la solicitud de residencia definitiva. La infracción administrativa constatada y sancionada, aun cuando haya sido de breve duración, configura legalmente un supuesto que eleva el estándar de residencia exigible, en virtud del principio de responsabilidad administrativa y del interés público comprometido en el cumplimiento de la normativa migratoria.

Argumenta que, en virtud de todo lo anterior, resulta plenamente justificado que, mediante comunicación electrónica, se haya informado al solicitante que su solicitud no podía ser acogida a trámite y que sería remitida al Departamento de Residencias Temporales, a fin de dar tramitación a la solicitud correspondiente, tal como lo establece el procedimiento migratorio vigente. Dicha actuación administrativa no constituye un acto arbitrario ni ilegal, sino que responde al ejercicio legítimo de una potestad reglada conferida al Servicio Nacional de Migraciones, basada en antecedentes objetivos, en normas vigentes y en el principio de juridicidad que rige la actuación de la Administración del Estado.

En cuarto lugar, se refiere a la situación migratoria actual del extranjero recurrente, señalando que es necesario señalar que la situación migratoria del recurrente es actualmente regular en Chile, en virtud de que mantiene una solicitud de residencia temporal en tramitación en Chile. La Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería ha establecido una serie de normas protectoras, que tienen por objeto asegurar el legítimo ejercicio de los derechos de todos los extranjeros solicitantes de un permiso de residencia definitiva. En efecto, en virtud de los artículos 38 y 45, este último en relación con el artículo 43, todos de la norma individualizada, todo ciudadano extranjero que ostente un certificado de residencia en trámite mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional.

Señala que, por un lado, el artículo 38 de la Ley N° 21.325 protege la libertad personal y la seguridad individual de todos los extranjeros que ostentan un certificado de residencia en trámite, determinando que son libres para entrar y salir del país, sin limitaciones, aun cuando el permiso de residencia que poseía anteriormente haya perdido su vigencia, transcribiendo el contenido del artículo 38 que establece que no habrá límite al número de ingresos y egresos del territorio nacional que pueden efectuar los extranjeros residentes, y que si el extranjero residente hubiere solicitado el cambio o prórroga de su permiso de residencia temporal o hubiere solicitado el permiso de residencia definitiva, y acredita que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente, no tendrá limitaciones al número de ingresos y egresos del territorio nacional, aun cuando el permiso de residencia que posea no se encuentre vigente.

Refiere que, en segundo lugar, los extranjeros residentes en Chile también pueden acreditar su condición migratoria regular en el país si es que éstos poseen una cédula de identidad vigente, transcribiendo el artículo 45 que establece que para los extranjeros que obtuvieron su permiso de residencia en Chile, la cédula de identidad vigente será suficiente para acreditar su condición de residente regular. Finalmente, y vinculado a lo anterior, la Ley N° 21.325 en su artículo 43 inciso final protege el legítimo ejercicio de los derechos de los extranjeros al establecer, de pleno derecho, la prórroga de la vigencia de la cédula de identidad de extranjeros, siempre y cuando su titular pueda acreditar que mantiene una solicitud de permiso de residencia en trámite, transcribiendo el artículo 43 que señala que se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva solicitud.

Sostiene que, por tanto, esto implica que, a pesar de no haberse aprobado a trámite la residencia definitiva, la situación migratoria del interesado se mantiene en regla, pues se encuentra en proceso para la obtención de la residencia temporal. En virtud de las circunstancias anteriormente indicadas, cabe señalar que esta parte ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, no existiendo acto u omisión ilegal por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio del recurrente respecto de las garantías constitucionales de libertad personal y/o seguridad individual, por lo que el presente recurso de protección debe ser rechazado en todas sus partes.

Por estas razones, solicita tener por evacuado el informe requerido en autos, solicitando desde ya el rechazo de la presente acción constitucional en todas sus partes, por no existir en la especie acto u omisión arbitrario o ilegal de esta autoridad que amenace, perturbe o prive el ejercicio legítimo de algunas de las garantías protegidas por la acción constitucional de protección.

TERCERO: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, la acción que se califica de ilegal y arbitraria lo constituye la notificación código de trámite N° 69981976 de fecha veinte de agosto de dos mil veinticinco, que no acogió a trámite la solicitud de residencia definitiva presentada por el recurrente, en atención a que el actor no cumpliría con el requisito previsto en el artículo 65 N° 4 del Reglamento de la Ley de Migraciones y Extranjería.

QUINTO: Que, sobre el particular, resulta conveniente tener en consideración que el artículo 107 de la Ley de Extranjería dispone, al tratar el “De las infracciones menos graves”, que los extranjeros que permanezcan en el país por un plazo inferior o igual a ciento ochenta días corridos serán sancionados con multa de media a diez unidades tributarias mensuales, hipótesis que se verifica en el caso de marras, en el que el protegido ha sido objeto de un procedimiento sancionatorio precisamente por permanecer en un término anterior al indicado, continuo en el que no obstante haber sido emplazado, no evacuó sus descargos.

SEXTO: Que, en consecuencia, al haberse constatado la circunstancia fáctica antes reseñada, resulta evidente que el actor no cumplía con el requisito previsto en el artículo 65 N° 4 del Reglamento de la Ley de Migraciones y Extranjería, en relación con el artículo 107 de la Ley de Extranjería.

SÉPTIMO: Que, en ese entendido, es posible concluir que la decisión del Servicio Nacional de Migraciones por la que se declaró la inadmisibilidad de la solicitud de residencia definitiva del recurrente se ajusta a derecho, habida consideración de que el recurrente no cumplió con las exigencias legales y reglamentarias requeridas para la tramitación de su visado.

OCTAVO: Que, por lo demás, no puede obviarse que el actor actualmente es titular de una residencia de carácter temporal, por lo que su situación migratoria es regular, siendo titular de los derechos que tal visado trae aparejados.

NOVENO: Que, conforme a lo razonado precedentemente, y no advirtiendo esta Corte un acto u omisión arbitrario o ilegal de parte del Servicio Nacional de Migraciones que implique una privación, perturbación o amenaza de garantías fundamentales, el presente arbitrio cautelar será rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el art culo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección deducida en favor de don nombre reservado, y en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Protección N°18.847-2025.