INDUSTRIAL NAGUILAN S.A. con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Santiago Santiago, diez de diciembre de dos mil veintiuno.

Al folio N° 65: a todo, téngase presente.

Al folio N° 57: a lo principal, téngase presente; al otrosí, a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, en representación de Industrial Naguilán S.A., interponiendo acción constitucional de protección contra la Superintendencia de Seguridad Social, representada por doña nombre reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario, contenido en la Resolución Exenta N° R-01-F-01124-2021, de 7 de enero de 2021, que rechazó la reposición que dedujo respecto de la Resolución Exenta N° R-01-F-99595-2020, de 5 de octubre de 2020, que mantuvo la calificación de “laboral” respecto del accidente sufrido por un ex trabajador de su empresa, lo que en su parecer, vulnera ámbitos garantizados en el número 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Relata que la sociedad que representa, ejerce su giro en la explotación y posterior manufactura de productos madereros, contexto en el cual, el 29 de junio de 2019, realizando labores en el Fundo La Playa, de la comuna de Panguipulli, don nombre reservado, a la sazón trabajador dependiente de la compañía, sufrió un accidente que le ocasionó la muerte, por el atrapamiento de uno de sus brazos en un tractor que estaba manipulando incorrectamente y sin utilizar implementos adecuados. Aclara que dicho evento, tuvo lugar un día feriado, en el cual el señor nombre reservado utilizó un tractor que no era de la empresa, no obstante, de buena fe, conforme lo expuesto por la familia de aquél, su parte denunció el accidente como de índole laboral.

Agrega que, tras la investigación realizada por la Mutual de Seguridad, el 15 de julio de 2019, se dictó la Resolución N° 3655983 que calificó de “común” el accidente sufrido por el señor nombre reservado. Sin embargo, en febrero de 2020, se enteró que un tercero que desconoce, el 27 de enero de ese año, apeló del mentado dictamen ante la Superintendencia de Seguridad Social, y pese a su interposición extemporánea, la autoridad recurrida acogió dicho arbitrio, ordenando a la Mutual de Seguridad recalificar el accidente y determinar que fue de origen laboral, lo que esta última entidad realizó mediante Resolución N° 3949044, de 7 de mayo de la misma anualidad, decisión contra la cual su parte apeló, empero la Superintendencia del ramo desestimó el recurso, lo que se plasmó en la Resolución Exenta N° R-01-F-99595- 2020, de 5 de octubre de 2020, fundado, principalmente, en que las labores desplegadas fueron encargadas por el empleador y que la primera apelación no fue extemporánea, pues se dedujo por la conviviente de la víctima, sin que existiera constancia de cuándo ella se impuso del acto atacado.

Denuncia que su parte repuso de aquel rechazo, solicitando expresamente que se informara la fecha de notificación del primer dictamen de la Mutual a la familia del trabajador, lo que fue ignorado por la recurrida, quien el 7 de enero de los corrientes, dictó sin más la Resolución Exenta N° R-01-F-01124-2021, lo que cuestiona de ilegal y arbitrario, por infringir el principio del debido proceso contencioso administrativo y el examen de admisibilidad establecido por el legislador en el artículo 77 de la Ley N° 16.744, que regula el plazo de 90 días hábiles para el ejercicio de los reclamos de accidentes del trabajo, sin que se notificara a su parte de dicho procedimiento en su génesis, omitiendo el pronunciamiento sobre la precisión requerida en la apelación, haciendo ver además, que el Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia, en causa RIT I-81-2019, al conocer del reclamo de una serie de multas impuestas por la Inspección del Trabajo a su parte, con ocasión del accidente de marras, por sentencia de 6 de marzo de 2019, dejó sin efecto aquellas que decían relación con su calificación de “laboral”, razones por las que pide a esta Corte que acoja la presente acción y deje sin efecto la Resolución Exenta atacada, y en su lugar, ordene a la recurrida que informe la fecha precisa en que se notificó a la conviviente del ex trabajador, a fin de que realice un examen de admisibilidad respecto del recurso de apelación deducido por esta última y, de ser extemporáneo, declare que se encuentra firme y ejecutoriada la Resolución N° 3655983 de la Mutual de Seguridad, con costas.

Segundo: Que informó la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando el rechazo del presente recurso, ya que en su entender no ha existido de su parte actuación arbitraria o ilegal que haya causado vulneración de un derecho constitucional o siquiera su amenaza.

En primer término, alega la extemporaneidad de la acción intentada, pues el protegido, con fecha 7 de septiembre de 2020, reclamó de la Resolución Exenta N° R-01-F-76339-2020 de 12 de agosto del mismo año, mediante la cual se rechazó el recurso de reposición que había interpuesto en su oportunidad la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, lo que se desestimó mediante la Resolución Exenta N° R-01-F-99595-2020 de 5 de octubre de 2020, de la que luego repuso el 3 de noviembre de 2021, recurso que más tarde se desechó a través de Resolución Exenta N° R-01- F-01124-2021 de 7 de enero de 2021, en contra de la cual se dirige por esta vía cautelar.

Por lo anterior, al haberse ejercido la presente acción el 19 de febrero de los corrientes, concluye que ha transcurrido con exceso el plazo de 30 días contemplado en Auto Acordado que rige la materia, desde el que el recurrente tomó conocimiento sobre el rechazo de la calificación del accidente que pretende.

En subsidio de lo anterior, pide el rechazo de la acción de autos, por tratarse lo reclamado de una materia propia de la seguridad social, que se encuentra excluida del ámbito de protección de la vía constitucional ejercida.

En cuanto al fondo, también pide que el presente recurso sea desestimado, pues considera que no ha existido de su parte, actuación ilegal o arbitraria que haya causado al recurrente, vulneración o amenaza de garantía constitucional alguna, ya que se limitó a resolver, con pleno apego a la normativa legal y reglamentaria, amparada en lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 27 de la Ley N° 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, que otorga a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones que administran el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales que se rige por la Ley N° 16.744 y sus reglamentos.

Explica que el 12 de septiembre de 2019, la señora nombre reservado recurrió ante su autoridad, solicitando la calificación del accidente con consecuencia de muerte que padeció su conviviente, que fue estimado como de origen no laboral por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción y, previo estudio de los antecedentes del caso por parte de profesionales médicos del Departamento Contencioso Administrativo, decidió revertir lo resuelto por la entidad reclamada, dado que el accidente ocurrió en el lugar donde se prestaban los servicios para el empleador y realizando labores propias para las que fue contratado como trabajador agrícola, en concreto, trabajos de desmalezamiento encomendados por su contratante, sin que se aportaran antecedentes que la víctima estuviese realizando tareas para su propio beneficio, considerando además que la empresa había sido sancionada por no otorgar descanso en día festivo, esto es, el día del accidente. De lo anterior, repuso la Mutual de Seguridad, lo que fue rechazado por no existir antecedentes diferentes a los ya conocidos, de lo cual luego apeló la empleadora, por haberse intentado el primer reclamo de manera extemporánea y basado en el mérito de lo decidido originariamente por la Mutual, lo que fue desestimado más tarde, por no existir constancia de cuándo tomó conocimiento la señora nombre reservado de la resolución de calificación, manteniendo en lo demás el fondo de ya resuelto.

Por lo anterior, discurre que su autoridad no ha incurrido en actuación ilegal o arbitraria que haya vulnerado el debido proceso administrativo, pues se respetaron todas sus etapas, se ejercieron los arbitrios respectivos y sus decisiones han sido fundadas, sobrepasando abiertamente el objeto de este litigio, el ámbito de aplicación de la acción de protección, por lo que insiste en su rechazo, con expresa condena en costas.

Tercero: Que, a su turno, informó la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, dando cuenta, luego de referirse al marco regulatorio de su competencia sobre la calificación de origen de los accidentes y enfermedades conforme la Ley N°16.744, que, en la especie, en uso de facultades legales, por Resolución N° 3655983 de 15 de julio de 2019, procedió a calificar inicialmente el de autos, como un accidente de origen común sin cobertura del seguro, lo que fue revertido por la Superintendencia de Seguridad Social, decisión que mantuvo el ente fiscalizador luego de la reposición planteada por su entidad, por lo que procedió a dictar la Resolución N° 3949044, de 7 de mayo 2020, calificando el fallecimiento como accidente del trabajo y disponiendo el otorgamiento de las prestaciones de sobrevivencia correspondiente a los derechohabientes del causante.

Acompaña las presentaciones e informes que dirigió en su oportunidad a la Superintendencia de Seguridad Social, haciendo presente que no le compete pronunciarse sobre los recursos o reclamaciones presentadas por el recurrente y que fueron rechazadas por dicha entidad fiscalizadora.

Cuarto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: En la especie, el acto que se tacha de ilegal y arbitrario está constituido por el rechazo de una reposición incoada por la recurrente en contra de una decisión dictaminada por la entidad fiscalizadora del seguro de enfermedades y accidentes del trabajo, en cuanto a la calificación de laboral, del accidente que relata en su libelo de impugnación.

Sexto: Que, como una cuestión de carácter previo, la Superintendencia de Seguridad Social ha alegado la extemporaneidad del recurso de protección intentado, defensa que no podrá prosperar, atendido que el plazo para la interposición de esta acción debe contarse desde que el afectado tomó conocimiento cierto de la conclusión del proceso administrativo correspondiente, que se expresó en la Resolución Exenta N° R-01- F-01124-2021, la que le fue notificada mediante carta certificada recibida el 20 de enero del presente año, de manera que al 19 de febrero de los corrientes, oportunidad en que fue enderezado el arbitrio constitucional de marras, aún estaba vigente del plazo que contempla al efecto el Auto Acordado que regula la materia.

Séptimo: Que, de otro lado, la Superintendencia alega la improcedencia de la acción de protección, aduciendo que la misma involucra materias de seguridad social que no son objeto del recurso, de acuerdo con el artículo 21 de la Carta Fundamental, alegación que cabe desestimar dado el carácter desformalizado de esta acción constitucional, lo que no impide la revisión del eventual compromiso de otros derechos y garantías protegidos por la norma antes aludida como, en concreto, el alegado en el presente caso.

Octavo: En cuanto al fondo del asunto, ha de reiterarse lo señalado por esta Corte en resoluciones anteriores, en orden a que cuando se trata del ejercicio de potestades públicas, el control que puede efectuarse a través de una acción de esta índole supone examinar que la actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable.

Noveno: Que, por lo pronto, en el recurso no se han puesto en duda las atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social para resolver en esta clase de asuntos. Prueba de ello es que la misma recurrente acudió ante esa autoridad para que revisara la situación que le afectaba, de manera que, desde esa óptica, no puede existir ilegalidad.

Décimo: Que, en rigor, los reproches que se formulan por la recurrente conciernen a la supuesta arbitrariedad que atribuye a las decisiones del órgano o autoridad pública, aseverando que carecen de la debida y necesaria fundamentación y que serían derechamente equivocados. A ese respecto, cabe señalar que del examen de la Resolución Exenta de que se trata, ésta aparece suficientemente motivada.

En efecto, en el acto cuestionado se vierte la debida explicación que llevó a mantener el rechazo de la calificación propuesta, dado que de los antecedentes en estudio, el accidente se suscitó en el lugar donde se prestaban los servicios, ejecutando labores propias del contrato de trabajo y encomendados por su empleador, teniendo en cuenta que la misma empresa fue sancionada por no conceder descanso en día festivo. La misma decisión desecha, además, la alegación de extemporaneidad planteada como defensa en sede administrativa, por no existir constancia de la fecha del emplazamiento por parte del órgano correspondiente – que no es la recurrida - de la apelante respecto de la resolución de calificación primitiva, aspecto que el recurso aborda sin hacerse cargo de la afirmación referida a la inexistencia de constancia de notificación de la afectada por parte de la Mutual de Seguridad, omisión que claramente debe ser considerada como lo ha hecho la recurrida, estimando que la presentación de la citada apelación constituye el acto que el artículo 55 del Código de Procedimiento Civil estima como suficiente para considerar a dicha parte como notificada de la resolución que recurriera.

Undécimo: Que, así las cosas, los reproches e imputaciones efectuadas por la recurrente impresionan planteados desde una perspectiva exclusivamente particular o individual y han sido deducidos en contra de quien no tenía la carga de efectuar el emplazamiento en el que se funda la alegación de extemporaneidad de la reclamación administrativa deducida – denominada en estos autos como apelación- por la conviviente del occiso, omisión que, en todo caso, fue abordada por la Superintendencia de acuerdo a las prescripciones que la ley impone considerar en la materia, por lo que su decisión no puede ser tachada de ilegal, y sin que existan antecedentes que permitan desvirtuar lo dictaminado por la autoridad aludida que no sean las mismas alegaciones que fueron los basamentos de impugnación de los que se valió durante el procedimiento administrativo.

A lo indicado, debe agregarse que en este tipo de situaciones, el análisis que cabe efectuar a esta Corte, no debe ni puede involucrar juicios de conveniencia, oportunidad o de mérito, porque la cautela de los derechos fundamentales no puede llegar al extremo de tomar las decisiones en reemplazo de las autoridades facultadas para hacerlo, menos todavía cuando se trata de materias en las que debe operar un dictamen especializado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se declara que:

I.- Se rechaza la alegación de extemporaneidad.

II.- Se rechaza el recurso de protección interpuesto a favor de Industrial Naguilán S.A., en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

III.- No se condena en costas a la parte recurrente.

Regístrese, notifíquese y archívese.

N°Protección-1.883-2021.