nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

Santiago, tres de febrero de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, por sí y a favor de don nombre reservado, ciudadano peruano, de profesión ingeniero industrial, deduciendo acción de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A., por haber incurrido en una acción arbitraria e ilegal, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos para extranjero, impetrada por el actor, lo que a su juicio vulnera la garantía establecida en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se acoja el presente recurso y se ordene a la recurrida tener por acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos por ley, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo de 30 días o el que se estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Indica que el protegido solicitó ante la recurrida mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, acompañando al efecto: 1) contrato de trabajo suscrito en fecha 20 de septiembre de 2016; 2) anexo laboral donde el recurrente manifiesta estar afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de chile que le otorga prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, siendo su voluntad mantener su afiliación al referido sistema de seguridad social o previsión social en el extranjero; 3) certificado emitido por la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) de Perú que acredita cobertura de salud, debidamente apostillado; 4). certificado de afiliación a la AFP HABITAT de Perú que acredita cobertura por casos de invalidez, vejez y muerte, debidamente apostillado; 5) título profesional de ingeniería industrial debidamente apostillado.

Indica que el 2 de agosto de 2024 fue notificado mediante correo electrónico emitido por la administradora de fondos recurrida del rechazo de su solicitud, esgrimiendo los siguientes motivos:

“1. La apostilla acompañada solamente valida el documento firmado por nombre reservado, esto es el documento emitido por AFP Habitat Perú.

2. No se adjunta certificado de afiliación a una Entidad Promotora de Salud Peruana, debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que acredite la prestación por enfermedad durante el período de actividades en Chile, en conformidad a la Ley N°18.156 y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones.

3. Título profesional no se encuentra legalizado o apostillado según lo exige la normativa.”

Afirma que el recurrente ha dado íntegro cumplimiento a las exigencias establecidas en la Ley 18.156, siendo procedente su petición de retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización de su proceso, donde la recurrida realiza una deficiente revisión de los documentos suministrados, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, produciendo una retención injustificada de éstos, lo que no resulta razonable.

Finaliza, denunciando un actuar arbitrario e ilegal por parte de la recurrida, conculcatorio del derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, ya que se acompañó la documentación necesaria y con las formalidades requeridas por la normativa aplicable, no obstante, la recurrida actúa de forma caprichosa al solicitar anexar información adicional que ya habría sido suministrada desde un inicio, dándole un trato discriminatorio al recurrente, por lo que solicita acoger su acción.

Segundo: Que informó doña María Isabel Flores Varela, abogada, en representación de la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A., quien solicita el rechazo del presente recurso.

En primer lugar, se refiere al libelo pretensor y luego describe la actuación llevada a cabo ante su representada por el protegido, dando cuenta que efectivamente el recurrente efectuó una solicitud de devolución de fondos, la cual fue rechazada por incumplimiento de la legislación vigente.

Explica que la solicitud de la recurrente está incompleta dado que no se dio cabal cumplimento a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Agrega que, una vez recibida la documentación, la solicitud va de la mano con un procedimiento en que participa tanto el afiliado y/o mandatario, según corresponda, suscribiendo la petición y aportando cada uno de los antecedentes exigidos por ley, y por otra, su representada, que tiene el deber de resolver esa solicitud mediante resolución fundada que es comunicada al afiliado y/o su representante, según corresponda, debiendo cumplir las siguientes condiciones que: a) detenten la calidad de "técnicos", a lo menos; b) el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; c) en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Sostiene que en el caso de autos, los antecedentes presentados por el afiliado recurrente no permiten tener por acreditada la letra a), puesto que la apostilla acompañada, solo señala que la firma corresponde a doña nombre reservado y no da fe del documento acompañado. Por consiguiente, el Título profesional que exige se acompañe por la normativa del Sistema de Pensiones no se encuentra legalizado o apostillado según lo exige la misma normativa. Tampoco se acreditó la letra b) dado que “no se adjunta certificado de afiliación a una Entidad Promotora de Salud Peruana, debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que acredite la prestación por enfermedad durante el período de actividades en Chile, en conformidad a la Ley N°18.156 y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones”.

Afirma que de lo expuesto, no fue posible validar la totalidad de los requisitos exigidos para acceder a la devolución de fondos, tal como lo establece la normativa aplicable al caso, de manera que la Fiscalía de la Administradora procedió a emitir su pronunciamiento en orden a rechazar tal solicitud, al igual que todas aquellas que se encontraban en esa misma circunstancia.

Señala que no ha existido ningún acto u omisión arbitrario que pueda estimarse haya irrogado responsabilidad por parte de su representada ni menos aún una vulneración a las garantías establecidas en el artículo 19 número 2 y número 24 de las Constitución Política de la República, como tampoco se trataría de un acto u omisión ilegal como pretende hacer valer equívocamente el recurrente, ha actuado de manera justificada y, por consiguiente, no ha cometido acto arbitrario alguno Adiciona que la presente acción constitucional no resulta ser la vía idónea para la decisión del asunto, por lo que solicita el rechazo de la acción con costas.

Tercero: Que como -medida para mejor resolver- se le pidió informe a la Superintendencia de Pensiones al tenor del recurso de protección deducido en autos, la que señala que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales es un régimen de excepción, aplicable sólo a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales, y que además den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la Ley N°18.156. Por ello, las Administradoras de Fondos de Pensiones sólo pueden acceder a las solicitudes de los trabajadores extranjeros para obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales o la exención de cotizar en el Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500, de 1980, siempre y cuando los solicitantes acrediten haber cumplido los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la citada, y conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de esta institución.

Expone que dicha Superintendencia de Pensiones, a través de Oficio Ordinario N° 23.274 de 13 de octubre de 2017, instruyó lo siguiente: “Cabe hacer presente que al referirse a la cobertura de salud (la cual no se indica en el documento aportado) debe especificarse si ella comprende prestaciones pecuniarias y médicas, es decir, debe acreditarse que durante el tiempo en que el trabajador extranjero prestó servicio en Chile tuvo cobertura integral de salud.”

Aclara que, si bien el oficio N°23.274 de 2017 se refiere a la situación específica del trabajador extranjero a que hace referencia, la jurisprudencia administrativa de dicha institución, ha sido consistente al señalar que, para el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, los solicitantes deben acreditar que han tenido protección ante las contingencias de vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad durante todo el tiempo en que prestaron servicios en nuestro país; y en lo que respecta a la cobertura de salud, esta debe ser integral.

Aclara que la exigencia acerca de la cobertura de salud de origen común y que aquella deba ser integral, se deriva del hecho que, según la legislación previsional chilena y particularmente la que forma parte del sistema chileno de seguridad social de salud, la protección de ésta distingue aquella correspondiente a la salud común, de la laboral. La primera, se trata de un sistema de carácter contributivo, que conforme lo establecido en el N°9 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, se financia sobre la base de cotizaciones obligatorias de cargo de los trabajadores dependientes, independientes y parte de los pensionados.

A su vez, el artículo 84 del D.L. N° 3.500, de 1980, establece en lo pertinente que, para el financiamiento de las prestaciones del Sistema de Salud, los trabajadores deberán contribuir con un siete por ciento de su remuneración imponible, hasta el tope legal vigente a la fecha del descuento. Sobre este último punto se debe tener presente que, si un trabajador extranjero presta servicios en Chile, quedará sujeto a la ley chilena conforme al Principio de la Territorialidad de la Ley, de lo cual se sigue que según lo previsto en el artículo 58 del Código del Trabajo el empleador debe deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos. Este precepto legal es imperativo y obliga al empleador a deducir las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, las que deben ser declaradas y pagadas en la AFP que corresponda, según lo dispuesto por los artículos 19 y 160 del DL N° 3.500, de 1980.

De este modo, conforme a lo previsto en los artículos 17, 59 y 84 del D.L.N°3.500, de 1980, el empleador está obligado a descontar las cotizaciones previsionales y de seguridad social de las remuneraciones de los trabajadores extranjeros que presten servicios en Chile. De esta forma, los trabajadores dependientes tienen acceso a la cobertura previsional que le otorga el sistema de seguridad social chileno, el cual comprende la protección ante los riesgos de vejez, invalidez, sobrevivencia y salud de origen común, según lo previsto en el Titulo II del D.L. N°3.500, de 1980 y el artículo 84 de ese cuerpo legal. Pues bien, estando el trabajador extranjero protegido por el sistema de seguridad social chileno, en la eventualidad que acontezca alguna contingencia en materia de salud , esta persona podrá obtener las prestaciones médicas contempladas en la legislación chilena, de conformidad a lo previsto en el D.F.L. N°1 del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°2.763, de 1979, y de las leyes N°s 18.933 y 18.469, que en su Título II, regula el ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección a la Salud y crea un Régimen de Salud que otorga el derecho a acceder a las prestaciones pecuniarias, es decir, al pago de los subsidios por incapacidad laboral, conforme a las condiciones previstas en el artículo 4° del D.F.L. N° 44, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en caso de enfermedad de origen común.

Así de conformidad al número 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el cual garantiza la igualdad ante la ley y el número 18 de ese mismo artículo de la Carta Fundamental, se asegura a todas las personas el Derecho a la Seguridad Social en Chile, por tanto, los trabajadores extranjeros deben cumplir con las obligaciones que la ley establece, de manera de poder acceder a los derechos de seguridad social previstos en el ordenamiento jurídico, de la misma manera que lo hacen los trabajadores de nacionalidad chilena que prestan servicios en el país.

Por tanto, una vez que los trabajadores extranjeros se afilian al D.L. N°3.500 de 1980 y cotizan su 7 % para salud, de conformidad con lo establecido por el artículo 84 de ese cuerpo legal, estos podrán obtener las prestaciones de salud en Chile, tanto médicas como pecuniarias, siempre y cuando cumplan con las condiciones exigidas en la propia ley, al igual que un trabajador chileno. A contrario sensu, si los trabajadores extranjeros solicitan la devolución de sus fondos previsionales, conforme al artículo 7° de la Ley N°18.156, entonces estos deben probar que han contado con la misma cobertura integral de salud en el extranjero, conforme lo exigido en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, en tanto es aquella la que exige el legislador, según consta de la historia fidedigna de la citada ley. Conforme a una interpretación armónica de las disposiciones del Sistema Previsional chileno, no resultaría coherente entender que el alcance interpretativo del precepto contenido en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, pudiera ser otro, más aún si se tiene en consideración que en aquel se emplea el vocablo “al menos”, expresión que refuerza dicha conclusión, ya que implica un umbral mínimo de cobertura previsional en el extranjero. Luego, si ese trabajador extranjero pretende obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales respecto de los servicios prestados en Chile, de conformidad al artículo 7° de la Ley N°18.156, deberá acreditar ante la AFP el cumplimiento de todos los requisitos copulativos contemplados en el artículo 1° de ese mismo cuerpo legal, y en lo que respecta al requisito de la cobertura de salud establecido en la letra a) de ese precepto, debe ser en la forma lo exigido por la ley, la normativa administrativa y la jurisprudencia de este servicio.

En consecuencia, respecto del requisito dispuesto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, refiere que el señor nombre reservado no ha acreditado su cumplimiento, pues respecto de la cobertura por enfermedad, el certificado emitido por la Superintendencia Nacional de Salud de Perú el 3 de mayo de 2024, no señala expresamente cuál es la cobertura de salud que el Aseguramiento Universal de Salud le otorga, como tampoco explicita si ella comprende prestaciones pecuniarias y médicas, es decir, si durante el tiempo en que el trabajador extranjero prestó servicios en Chile, tuvo cobertura integral de salud.

Adiciona que el documento presentado por el recurrente señala expresamente lo siguiente: “Para recibir las prestaciones de salud que correspondan a su derecho, el afiliado deberá cumplir las condiciones estipuladas con sus respectivas IAFAS (Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud)”. Sin embargo, no indica si el señor nombre reservado cumple con los requisitos para obtener los beneficios que otorga el sistema, ni si tal cobertura estuvo vigente durante el periodo en que trabajó en Chile.

Afirma que de lo anterior se deprende que el trabajador no cuenta con cobertura de salud a todo evento, pues es menester que, para recibir las prestaciones estipuladas en el “Plan Esencial de Aseguramiento en Salud” al cual se encuentra afiliado, cumpla previamente con los requisitos dispuestos por él.

Cuarto: Que, el actor ha solicitado la devolución de fondos previsionales a la AFP Plan Vital S.A., institución que, a través de respuesta de 2 de agosto de año 2024 rechaza la solicitud refiriendo como motivo del rechazo:

“1. La apostilla acompañada solamente valida el documento firmado por nombre reservado, esto es el documento emitido por AFP Habitat Perú.

2. No se adjunta certificado de afiliación a una Entidad Promotora de Salud Peruana, debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que acredite la prestación por enfermedad durante el período de actividades en Chile, en conformidad a la Ley N°18.156 y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones.

3. Título profesional no se encuentra legalizado o apostillado según lo exige la normativa.”

Quinto: Que el artículo 7° de la de la Ley N° 18.156, regula el derecho invocado de la recurrente, en los siguientes términos: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que se den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte el artículo 1° de la referida ley dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

Sexto: Que, como cuestión previa, es pertinente recordar que los oficios, circulares e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones son obligatorios y vinculantes para las entidades por ella fiscalizadas, entre las que se encuentran las Administradoras de Fondos de Pensiones, pero no vinculan de modo alguno a los Tribunales de Justicia, pues no sólo no existe norma que así lo disponga, sino que, por el contrario, la actividad jurisdiccional en este ámbito está destinada a controlar, precisamente, las decisiones de la autoridad administrativa, de manera que la judicatura puede adoptar sus determinaciones con plena independencia del parecer que, en una materia particular, sostenga la entidad fiscalizadora.

Séptimo: Que, de los antecedentes expuestos, cabe concluir que el rechazo de la Administradora de Fondos de Pensiones recurrida a la solicitud de devolución de fondos del actor no se ajusta a los requisitos previstos en el artículo 1 de la Ley N° 18.156. En efecto, el primer aspecto que motivó el rechazo de la solicitud, vinculado a la exigencia prevista en la letra a) de la referida disposición, se debe precisar que la norma sólo requiere que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, exigencias que en el caso de autos se cumplen, toda vez que los certificados acompañados por el actor otorgados por la Superintendencia de Salud de Perú y de AFP Planvital de Perú dan cuenta de su afiliación a una entidad previsional y de salud y de que se cubren los riesgos mencionados en el artículo 1° de la ley 18.516. Por otra parte, las exigencias que se observan en el acto impugnado, relativas a la forma –apostillado- que deben revestir los documentos que acrediten dicha circunstancia y la exigencia del título profesional, más allá que tampoco se encuentra establecida en el cuerpo legal, lo cierto es que se encuentran debidamente acreditadas con la documentación acompañada por el actor, cuestión que la Superintendencia del ramo tampoco cuestiona.

Octavo: Que, por otro lado, en lo relativo a la exigencia de que el actor hubiere expresado su voluntad de mantener su afiliación al sistema previsional extranjero, cabe señalar que resulta suficiente la declaración que en tal sentido formula y se contiene en el anexo a su contrato de trabajo, toda vez que éste se expresa su voluntad en el sentido que exige la letra a) del artículo 1º del cuerpo legal ya citado.

Noveno: Que, según expone la recurrida y es también el parecer de la Superintendencia del ramo, el artículo 7° de la Ley N° 18.156 debe ser interpretado de manera restrictiva, en atención a que se trata de una disposición que excepciona la regla general consistente en la imposibilidad de retirar los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual antes de cumplir las exigencias legales, de acuerdo con la reglamentación contenida en el Decreto Ley N°3.500. Sin embargo, el citado artículo 7° fue introducido recién el año 1988 por medio de la Ley N°18.726, y su propósito fue solucionar un problema de hecho, pues la Ley N°18.156 establece una exención en favor de los extranjeros que trabajan en nuestro país, pero originalmente el legislador no consideró el caso de los extranjeros que, pese a la exención, han realizado cotizaciones previsionales conforme a las reglas del Decreto Ley N°3.500. Es decir, el artículo 7° antes que una excepción a la normativa contenida en este último cuerpo legal, es una regla de complemento del artículo 1° de la Ley N° 18.156, de ahí que no se encuentra justificada la interpretación restrictiva que propone la recurrida. (SCS, Rol N°79.396-2020).

Décimo: Que por otro lado, una interpretación como la planteada por la recurrida y la entidad fiscalizadora parece desatender la finalidad de la norma e intención del legislador. El aceptarla importaría, al menos para este caso particular, una retención injustificada de los fondos previsionales del actor, quien debería esperar hasta cumplir los requisitos establecidos en el Decreto Ley N° 3.500 para obtener alguna de las pensiones establecidas en dicho cuerpo normativo, lo que no parece razonable si existe una regulación especial que le permite disponer de sus ahorros previsionales, como es el caso de la Ley N° 18.156.

Undécimo: Que, por todo lo razonado, la negativa de la recurrida de entregar al actor los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual constituye un acto ilegal y arbitrario que afecta el derecho de propiedad sobre sus ahorros previsionales, reconocido en el artículo 19 N°24 de la carta Fundamental, toda vez que aquél cumple todas las exigencias que hacen procedente el derecho a obtener su restitución de tales dineros, previstas en los artículos 1 y 7° de la Ley N°18.156, razón por la que el presente recurso de protección debe ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación del Recurso de Protección, se acoge, el recurso interpuesto por Pablo Daniel Peñaloza Parra, a favor de don nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A., y, en consecuencia, se ordena a esta última proceder a la devolución de todos los fondos previsionales del recurrente que se encuentran depositados y acumulados en su cuenta de capitalización individual, durante el período que se desempeñó en Chile, dentro de un plazo de quince días corridos contados desde que quede ejecutoriada la presente sentencia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Carolina Brengi Zunino.

N° Protección-18.826-2024.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jenny Book Reyes, conformada por la Ministra señora Carolina Brengi Zunino y la Abogada Integrante señora Claudia Candiani Vidal.