Recurso de protección

C.A. de Santiago Santiago, diez de enero de dos mil veinticinco.

Proveyendo los escritos folios 16, 17 y 18: a todo, téngase presente.

VISTOS y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece Luis Pablo Angulo Vivanco, abogado, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Mayor nombre reservado, por haber ratificado la sanción de "Licenciamiento del Servicio" impuesta a su representado, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que se fundamentaría en el resultado positivo de cannabis en un examen de orina, sin considerar que dicho consumo obedecía a un tratamiento médico debidamente prescrito, vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N° 1, 3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se deje sin efecto la resolución impugnada.

Expone que mediante resolución N°NUM000 del 7 de diciembre de 2022, la Jefatura Administrativa y Logística del Edificio Corporativo de la DIVLOG dispuso el licenciamiento del Servicio de su representado por infracción al artículo 14 de la Ley 20.000, habiéndose ejercido los recursos correspondientes, los que fueron rechazados.

Relata que comenzó a experimentar cuadros de angustia, depresión y ansiedad debido a problemas familiares y laborales, por lo que el 1 de agosto de 2022 acudió al Hospital Militar, donde se le diagnosticó estrés agudo y problemas para iniciar y sostener el sueño, recetándosele melatonina y sertralina. Sin embargo, debido a una úlcera gástrica por helicobacter pylori, no pudo tolerar dichos medicamentos, por lo que, tras investigar alternativas terapéuticas, consultó al doctor nombre reservado, quien le prescribió un preparado en base a Cannabis de venta en farmacias Knop.

Argumenta que la institución nunca generó una instancia donde su representado pudiera justificar o demostrar su consumo con fines medicinales, desestimando sin fundamento la documentación médica aportada, en contravención al artículo 35 de la Ley 19.880, que establece que los únicos motivos para no declarar admisible una prueba es cuando esta es improcedente o innecesaria, debiendo fundamentarse debidamente tal decisión.

Sostiene que se han vulnerado las garantías constitucionales del derecho a la vida y la integridad física y psíquica, al debido proceso, a la libertad de trabajo y su protección, y el derecho de propiedad sobre el empleo público, al haber sido apartado arbitrariamente de sus funciones sin considerar sus argumentos y pruebas, afectando su estabilidad emocional y laboral.

Solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la resolución notificada el 1 de agosto de 2024 que impone el licenciamiento del servicio, ordenando la reincorporación inmediata del recurrente a sus funciones en su mismo grado y lugar, y se declare el pago de las remuneraciones que haya dejado de percibir desde su separación hasta su total reincorporación a la institución, con costas.

SEGUNDO: Que al informar por el Comandante en Jefe del Ejército, solicita el rechazo del recurso.

Señala que el recurrente deduce acción de protección en contra de la resolución CJE SGE AJ (R) N° NUM001 de fecha 22 de julio de 2024, que rechazó su recurso de apelación y confirmó la sanción disciplinaria de "Licenciamiento del Servicio" por infracción a la normativa institucional y a la Ley 20.000.

Manifiesta que el señor nombre reservado fundamenta su acción en una supuesta vulneración de garantías constitucionales, específicamente las contempladas en el artículo 19 N°1 (derecho a la vida e integridad física y psíquica), N°3 (debido proceso) y N°24 (derecho de dominio sobre el empleo) de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los antecedentes de hecho, informa que el 6 de octubre de 2022, se efectuó un control aleatorio de muestras biológicas en la unidad JAL DIVLOG, donde el recurrente se desempeñaba y que el día 26 del mismo mes y año se informó que su muestra arrojó resultado positivo para cannabis. Posteriormente, el 15 de noviembre de 2022 se realizó una contra muestra que también resultó positiva, según análisis efectuados tanto por el Laboratorio Clínico del HOSMIL Santiago como por el Laboratorio Antidoping de la Universidad de Chile.

Respecto a los fundamentos para solicitar el rechazo del recurso, la autoridad recurrida sostiene que: a) No existe arbitrariedad ni ilegalidad en la sanción aplicada, por cuanto el procedimiento se tramitó conforme a la normativa institucional, encontrándose acreditada la responsabilidad del recurrente mediante exámenes de laboratorio y su propia confesión inicial de uso recreativo. b) La medida disciplinaria se ajusta a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 20.000 y la normativa institucional contenida en el reglamento RAL-04001 sobre prevención y control de estupefacientes. c) El recurso de protección no constituye la vía idónea para impugnar sanciones disciplinarias, según jurisprudencia de la Corte Suprema y dictámenes de la Contraloría General de la República citados en el informe. d) El recurrente no ejerció oportunamente el recurso de reclamación contemplado en el artículo 160 del DFL N°29 de 2004, optando por esta vía extraordinaria que no corresponde para estos efectos.

Finalmente, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes por carecer de fundamento fáctico y jurídico, acompañando diversos antecedentes que acreditan la legalidad del procedimiento disciplinario, entre ellos las resoluciones administrativas dictadas en cada instancia, informes de laboratorio y la normativa institucional aplicable.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que al respecto, cabe tener presente lo dispuesto por el Artículo 14 de la Ley 20.000 que señala: “El personal militar a que se refiere el artículo 6º del Código de Justicia Militar, con excepción de los conscriptos, el de la Policía de Investigaciones de Chile, el de Gendarmería de Chile y de aeronáutica a que se refiere el artículo 57 del Código Aeronáutico que consuma alguna de las sustancias señaladas en los artículos 1º y 5º de esta ley, será castigado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio.

No obstante, si consumieren tales sustancias en los lugares o situaciones mencionados en el artículo 5º, Nº 3º, del Código de Justicia Militar, la sanción será presidio menor en sus grados medio a máximo.

Los conscriptos que consuman alguna de las sustancias señaladas en los artículos 1º y 5º de esta ley, en los lugares o situaciones indicados en el artículo 5º, Nº 3º, del Código de Justicia Militar, serán castigados con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Las mismas penas expresadas en los incisos anteriores se aplicarán al respectivo personal si guarda o porta consigo dichas sustancias, aun cuando sean para su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo. Esta pena no se aplicará a los que justifiquen el uso, consumo, porte o tenencia de dichas sustancias en la atención de un tratamiento médico. Corresponderá a la autoridad superior de cada organismo prevenir el uso indebido de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, debiendo ordenar la realización periódica de controles de consumo conforme a las normas contenidas en un reglamento que se dictará al efecto”.

Además, cabe consignar que sobre la regulación de la materia existe la orden de comando CJE 1COSALE JIS (R) N°11000/51, de 14 de septiembre de 2009, que en lo que concierne al recurso, prescribe en su numeral 1, letra h) punto 4) que el personal que en exámenes que se realicen arrojen un resultado positivo por consumo de droga, deberá ser sancionado sin mayor trámite con el licenciamiento del Servicio, conforme a lo establecido en el artículo 35 del Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas, lo que deberá ser tramitado a través de la DIVPER acorde con las políticas, procedimientos legales y reglamentos vigentes.

Por su parte el artículo 35 del antes mencionado Reglamento disciplinario, prescribe que “No procederá la instrucción de una Investigación Sumaria Administrativa cuando la falta conste hasta la evidencia, sea por la propia observación, parte oficial, otros antecedentes verbales o escritos o por la propia confesión del inculpado. No procederá tampoco la instrucción de una Investigación Sumaria Administrativa, en aquellos casos en que los hechos que podrían originarla aparezcan claramente establecidas en los partes, denuncias y diligencias preliminares, debiendo los Comandantes de todas las jerarquías hacer uso inmediato de todas sus facultades de mando, administrativas o disciplinarias informando su resolución cuando fuere del caso, por los canales de mando o técnicos. El superior, antes de hacer uso de sus atribuciones disciplinarias, deberá conocer la defensa o justificación del acusado.

No dándose los presupuestos del inciso anterior, o aún apareciendo ellos, si aún le asisten dudas a la autoridad sobre los hechos o el grado de culpabilidad, deberá iniciarse la correspondiente ISA, para ejercer la acción disciplinaria”.

QUINTO: Que si bien el actor justificó el resultado positivo de THC en su muestra orgánica en la existencia de un tratamiento prescrito por un médico, no ha sido demostrado que aquello fuera oportunamente informado a la institución y que su conducta, en orden a aceptar una prescripción médica que le estaba expresamente vedada, contravino, sin razón que lo justificara.

SEXTO: Que en este mismo orden de ideas, no parece procedente aceptar que desconociendo una prohibición como la de que se trata, haya optado para obtener mejoría de sus problemas de salud, el medicamento que, según afirma, le fue prescrito, más aun teniendo en consideración la función y labores que desempeñaba, pues debió representarse la gravedad de su conducta, atendida la naturaleza de las funciones que debía cumplía dentro de una institución perteneciente a las Fuerzas Armadas, resultando indispensable que sus superiores estuviesen, al menos, en conocimiento de su diagnóstico y tratamiento médico -lo que en la especie no ocurrió.

SÉPTIMO: Que, en la línea de lo que se ha venido razonando, existen, además, razones de “interés nacional” para no tolerar y sancionar drásticamente el consumo de drogas al interior de las Fuerzas Armadas, no dejando espacios a interpretaciones que pudieran relajar el cumplimiento de la Ley 20.000 y de las instrucciones impartidas por la autoridad institucional, normativa que está en conocimiento de todo el personal y que es objeto de constantes fiscalizaciones, entre ellas, exámenes de orina sorpresas, como ocurrió en este caso.

OCTAVO: Que conforme a lo razonando, se concluye que la autoridad recurrida ha actuado conforme a la ley, ejerciendo las atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico, de acuerdo al mérito del proceso administrativo incoado, en el que el recurrente según los antecedentes allegados, fue oído, instancia en que reconoció haber consumido antes del examen, la droga detectada, en circunstancias y para fines recreacionales. NOVENO: Que de esta manera la Resolución CJE SGE AJ (R) N° NUM001 de fecha 22 de julio de 2024, que rechazó su recurso de apelación y confirmó la sanción disciplinaria de "Licenciamiento del Servicio" por infracción a la normativa institucional y a la Ley 20.000, se encuentra debidamente fundamentada, y se ajusta a la normativa prevista especialmente por la ley, de manera que tal decisión no puede ser calificada de ilegal o arbitraria; lo que hace innecesario analizar la conculcación de garantías constitucionales denunciada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida por Luis Pablo Angulo Vivanco, abogado, a favor de nombre reservado en contra del Mayor nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

N°Protección-18821-2024.