nombre reservado con SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

C.A. de Santiago Santiago, veinte de marzo de dos mil veinte.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Comparece el abogado Andrés Gabriel Lastra Bravo, en representación de la recurrente doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, comuna de Pudahuel, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, representado legalmente por su Director Nacional don Jorge Álvarez Vásquez, con domicilio en domicilio reservado, por haber incurrido este en un acto ilegal y arbitrario mediante la dictación de la Resolución Exenta N° 1839, de fecha 28 de noviembre de 2018, que dispone la no prórroga de su contrata para el año 2020, lo que vulnera su garantía fundamental del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la Republica, solicita que se acoja el presente recurso de protección y se reestablezca el imperio del derecho, invalidando o dejando sin efecto la resolución recurrida, y se le permita seguir desarrollando las labores contratadas, y en caso de que se concrete la separación de sus funciones a contar del 01 de enero de 2020, se sigan computando las remuneraciones desde ese día hasta que se produzca la reincorporación a sus funciones, con expresa condenación en costas.

Fundando su recurso, refiere que tiene una relación estatutaria con el Servicio de Registro Civil e Identificación, como contrata profesional, cargo mediante el que se desempeñó como analista del Departamento de Servicios y Atención Ciudadana, cuya función consistía en monitorear y coordinar la operación de los distintos canales de atención, a nivel central como regional. Indica, que su primera contratación se remonta al 30 de mayo de 2005, la que se renovó de manera ininterrumpida hasta el 31 de diciembre de 2019, completando más de 14 años y 7 meses.

Señala, que desde que fue contratada hasta la fecha nunca ha sido objeto de un sumario administrativo o investigación sumaria, ni se le aplicó siquiera una anotación de demérito y que siempre fue evaluada con calificación en lista 1 de distinción hasta el período calificatorio 2017-2018, a excepción del período 2018- 2019, que obtuvo nota 4,2 de 5, en lista 2 de bueno.

Afirma, que dicha decisión es arbitraría e ilegal, pues pone término a una relación funcionarial de más de 14 años, continuos e ininterrumpidos, con una fundamentación genérica, imprecisa y arbitraria, lo cual resulta inexplicable atendida su calificación, y que pese a ello se considera esta para sustentar dicha decisión, lo cual no es procedente.

Refiere, que la primera de las contrataciones dispuestas fue en términos genéricos sin explicitar ni las funciones a desarrollar ni un área, departamento, unidad donde se desempeñaría.

Añade, que dicha resolución describe de forma genérica sus funciones para concluir que, al no obtener buenos resultados a causa de reiteradas y graves correcciones al trabajo realizado, se optó por reasignar dichas labores a otro profesional del departamento, debido a que se contaba con plazos establecidos que ya habían sido retrasados, impidiendo el desarrollo de las tareas posteriores para el cumplimiento de los compromisos de la Subdirección de Operaciones.

Asimismo, se indica que si bien es necesario dar continuidad de permanencia en la labor que se realiza en el Departamento, ello no es compatible con el desempeño de la recurrente, teniendo presente que sus labores han tenido que redistribuirse entre otros funcionarios para dar cumplimiento a la exigencia de la institución.

En cuanto a la ilegalidad, afirma que el Dictamen N° 85.700, de 2016 de la Contraloría General de la República, imparte instrucciones y establece criterios complementarios para la aplicación de los dictámenes números 22.766 y 23.518, ambos de 2016, y el Dictamen N° 6.400 de 2018, que actualiza esas instrucciones, que prescriben que la Administración está obligada a fundamentar el cese de las renovaciones de las contratas, requisitos que no cumpliría la resolución recurrida al no encontrarse fundada.

En razón de ello, alega que la resolución recurrida vulnera el principio de confianza legítima, pues la jurisprudencia solo ha reconocido que se puede poner término a una relación funcionarial de una persona a contrata “por una calificación anual que así lo permita”, esto es, cuando se haya calificado 2 años en Lista 3, de “condicional”, o 1 año en Lista 4, de “Eliminación”, según lo prescriben los artículos 33 y 50 del Decreto con Fuerza de Ley N° 29, del Ministerio del Interior, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, lo que no ocurre en el caso.

Alega, que el acto administrativo incumple el deber de motivación que estable el inciso segundo del artículo 11 e inciso cuarto del artículo 41 de la Ley N° 19.880, por ser un fundamento insuficiente, por su generalidad; pero además, porque el fundamento que entrega de que la recurrente fue calificada en Lista 2 de Buena, es abierta y flagrantemente ilegal, pues los artículos 33 y 50 de la Ley N° 18.834, en su texto refundido.

En cuanto a sus garantías fundamentales, alega que todo ello vulnera su derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución al otorgarle un trato discriminatorio y carente de motivación.

SEGUNDO: Comparece el abogado Francisco Ruay Sáez, en representación del Servicio de Registro Civil e Identificación, quien informa respecto del presente recurso solicitando se rechace la acción deducida, con costas.

Refiere, que la recurrente ingresó al Servicio el 30 de mayo de 2005 mediante dictación de resolución de nombramiento N° 157 de 09 de junio de 2005, en la calidad de contrata, asimilada al grado 8 de la Escala Única de Sueldos de la Planta de profesionales. La última prórroga de contrata de la recurrente, se realizó mediante Resolución Exenta RA N° 252/3218/2018 de 31 de diciembre de 2018. Conforme se dispuso en dicha resolución la contrata se prorrogaba hasta el 31 de diciembre de 2019, lo cual finalmente se concretó, procediendo el cese de la contrata de la recurrente por el transcurso del término legal de nombramiento conforme a dicha resolución. Según dispone la ley, con fecha 28 de noviembre de 2019 el Servicio dispuso la no prórroga de su contrata para el año 2020 mediante la dictación de la Resolución Exenta N° 1839, debidamente fundada tanto en los hechos como en el derecho.

Señala, que la calidad de funcionario a contrata, la consideración de su vigencia en la administración pública “mientras sean necesarios sus servicios”, y particularmente su limitación temporal que se desprende de la lectura del artículo 3° del Estatuto Administrativo, que define el empleo a contrata como aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución, y que precisamente estas características permiten distinguir su condición respecto de los trabajadores que podrían encontrarse contratados como planta del Servicio, ya que el nombramiento a contrata es esencialmente transitorio.

Argumenta, que a ese respecto la Contraloría General de la República mediante el Dictamen N° 6400 de 02 de marzo de 2018 dispuso los criterios referidos a las instrucciones y criterios complementarios fijados en el dictamen N° 85.700 de 2016, sobre confianza legítima en las contratas los que prescriben que para poner término a las mismas se debe ejerce dicha facultad antes del vencimiento del plazo de la designación y a través de un acto administrativo fundado debidamente.

En razón de ello, afirma que la doctrina de la confianza legítima no ha derogado ni prohibido el cese de funciones en conformidad a lo dispuesto en el propio artículo 146 letra f) del Estatuto Administrativo..

Argumenta, que tal como lo dispone la legislación vigente, el Director del Servicio dispuso la no prórroga de la contrata de la recurrente, de manera completamente fundada, resguardando el respeto estricto al principio de juridicidad en la actuación pública.

A mayor abundamiento, señala que si el cese se hubiese producido en razón específicamente de las calificaciones manifiestamente deficitarias, se estaría ante la hipótesis específica de cese del artículo 50 del Estatuto Administrativo, el cual no es caso. No obstante, inclusive de ser ella la resolución de que se trata constató que la recurrente desarrolló sus funciones de manera deficitaria.

Alega que la acción de protección en este caso sería improcedente habida cuenta que la cautela impetrada no está respaldada en el legítimo ejercicio de un derecho indubitado que pueda ser objeto de una medida protectora inmediata en el evento que se verifique una afectación ilegítima del mismo en la forma que preceptúa el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Respecto de la vulneración de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, refiere que la recurrente no detalla la manera en que supuestamente habría resultada vulnerada su garantía de igualdad, ni utiliza ningún criterio de comparación que sirva de ilustración de la supuesta diferencia esgrimida en su contra.

TERCERO: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal – esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil – o arbitrario – producto del mero capricho de quién incurre en él – y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

CUARTO: Que, para la resolución de la presente acción constitucional, es del caso tener presente que, de conformidad a la Ley N° 18.834 sobre el Estatuto Administrativo, los empleados de la Administración del Estado se clasifican en “empleados de planta” o “empleados a contrata”, y que la diferencia esencial radica en la permanencia de las funciones de los primeros y en la transitoriedad de los segundos, de conformidad a lo dispuesto en su artículo 3° letra c), que define el empleo a contrata como “aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”. En este sentido, el artículo 10° de la Ley, dispone que “los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”. En armonía con el precepto anterior, el artículo 146 letra f) del mismo texto legal, señala que el funcionario cesará en el cargo por el término del período lega por el cual ha sido designado y el artículo 153 dispone que produce la inmediata cesación de funciones el término del período legal por el cual es nombrado el funcionario o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado.

QUINTO: Que, la expresión “mientras sean necesarios sus servicios”, está en armonía con el carácter transitorio que tienen los empleos a contrata, que según señala el artículo 3° de la Ley N° 18.834, contienen implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleo a contrata incluso antes de la fecha máxima de su vigencia. En efecto, la autoridad administrativa puede ponerle término en el momento que estime conveniente, a través de un acto fundado, lo que ha ocurrido en la especie respecto de la recurrente, toda vez, que teniendo a la vista la resolución impugnada, puede constatarse que ella expresa los motivos que se tuvieron en cuenta para la adopción de la decisión, indicando los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustentan.

SEXTO: Que, de todo lo expresado, no es posible formar el convencimiento que la recurrida haya incurrido en actos u omisiones arbitrarias o ilegales que permitan a esta Corte adoptar alguna medida de resguardo a favor de la recurrente, ni es posible advertir la vulneración que se denuncia a los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental, al constatarse la inexistencia de un comportamiento antijurídico atribuible al actuar de la recurrida, lo que resulta suficiente para desestimar la acción de protección.

SÉPTIMO: Que, además de lo expresado, no cabe examinar por esta vía la justificación, mérito o conveniencia en términos de la contratación, porque tales extremos exceden el propósito de una acción cautelar o de tutela de urgencia y porque en los términos que viene propuesta la acción constitucional se traduciría en la pretensión de que esta Corte sustituya a la Administración en gestión de sus recursos.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, a lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Regístrese y comuníquese.

N° Protección-188159-2019.