Protección contra Subsecretaría de Interior del Ministerio del Interior

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra de la Subsecretaría de Interior del Ministerio del Interior, por el acto que estima ilegal y arbitraria, consistente en haber dictado con fecha 15 de julio de 2025 la Resolución Exenta N° NUM000, por la que se rechazó su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada, así como el otorgamiento de protección complementaria, declarándose la caducidad de su visa de residencia temporaria, lo que a su juicio vulnera la garantía establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita a esta Corte se restablezca el imperio del derecho, ordenando al recurrido que se deje sin efecto la Resolución Exenta impugnada, reconociéndole la condición de refugiada, o en subsidio, que se le otorgue protección complementaria, y en subsidio de lo anterior, que se le otorgue un permiso de residencia temporal, o lo que determine esta magistratura en justicia y derecho.

Relata que el 1 de junio de 2021, abandonó Venezuela debido a la situación de violencia generalizada, inseguridad y persecución delictual de la que era víctima, particularmente por su condición de administradora de una empresa, lo que la hacía blanco de extorsiones por parte de la denominada "banda del picure", cuyos integrantes se encontraban vinculados con funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes también la extorsionaban exigiendo "colaboraciones" bajo amenaza implícita.

Agrega que al llegar a Perú e intentar ingresar a Chile por el Complejo Fronterizo Chacalluta, le fue impedido el acceso con fundamento en el cierre de fronteras por la pandemia, no obstante haber manifestado expresamente su intención de solicitar refugio.

Ante ello, acudió al Consulado de Chile en Tacna, donde se le informó que el otorgamiento de refugio se encontraba suspendido, circunstancias que motivaron el ejercicio de una acción de amparo constitucional ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica, conocida en Rol ICA N° Amparo-233-2021, la que fue acogida mediante sentencia de fecha 25 de junio de 2021, confirmada por la Corte Suprema el 10 de agosto de 2021 en causa Rol N° 44.860- 2021.

Refiere que dicha sentencia fue cumplida recién el 13 de abril de 2022, esto es, ocho meses y tres días después de su dictación, lo que obligó a la recurrente a ingresar al territorio nacional por pasos fronterizos no habilitados el 21 de agosto de 2021, agregando que una vez en Chile, solicitó oportunamente la condición de refugiada ante la Dirección de Reasentamiento y Refugio de Valparaíso, con un formulario tramitado el 4 de octubre de 2021, obteniéndose en consecuencia una residencia temporal especial que ha prorrogado hasta la fecha.

Hace presente que mediante la Resolución Exenta N° NUM000, de 15 de julio de 2025, se rechazó su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, y así como también el otorgamiento de protección especial, con una serie de argumentos que a su juicio resultan arbitrarios e ilegales, vulnerando la igualdad ante la ley, al darle un trato discriminatorio respecto de otros solicitantes en iguales circunstancias a quienes sí se les ha reconocido la condición de refugiado, particularmente nacionales colombianos, sirios y afganos.

Precisa que en el caso concreto no se observaron las normas internacionales sobre refugio, puntualizando que la resolución omite aplicar la interpretación extensiva del concepto de refugiado que exigen la Convención de Ginebra de 1951, el Protocolo de Nueva York de 1967, la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, el Manual de Procedimientos del ACNUR, y la Resolución 2/18 de la CIDH sobre Migración Forzada de Personas Venezolanas, entre otros, todos instrumentos ratificados o reconocidos por Chile.

Detalla que, entre los distintos argumentos de la autoridad migratoria, resulta arbitrario e ilegal que no se consideraran adecuadamente los antecedentes con los cuales solicitó la condición de refugio, los que se vinculaban con la constante persecución de la que era víctima por parte de delincuentes vinculados a su juicio con la Guardia Nacional Bolivariana, pese a lo cual estimó la autoridad migratoria que los hechos se desarrollaron en un contexto de delincuencia común, careciendo ello de lógica.

Adiciona que el fundamento del rechazo de la solicitud de refugio en su estadía en Perú resulta igualmente ilegal y arbitrario, pues dicha permanencia fue consecuencia directa del actuar ilegal de las propias autoridades chilenas, ya acreditado judicialmente, puntualizando que el ingreso irregular no puede servir de fundamento para el rechazo de su solicitud, por cuanto el artículo 6 de la Ley N° 20.430 exonera de sanción a quien ingresa por pasos no habilitados y solicita tempestivamente la condición de refugiado.

Alega además que el rechazo de la protección complementaria carece de la debida fundamentación exigida por la Ley N° 19.880, ya que no considera su condición de mujer migrante víctima de violencia intrafamiliar, acreditada mediante sentencia condenatoria del Juzgado de Garantía de Los Andes en causa RIT 179-2023.

Razona en cuanto a las consecuencias directas del acto impugnado que el rechazo de su solicitud implica la caducidad del permiso de residencia que le fuera otorgado como solicitante de refugio, causándole un perjuicio irreparable por tornarse su condición migratoria en irregular, enfatizando que se encuentra en Chile hace más de cuatro años, contando con arraigo familiar y laboral en Chile, solicitando en definitiva que la acción deducida sea acogida, y con su mérito, le sea reconocida la condición de refugiada, o en subsidio, que se le otorgue protección complementaria, y en subsidio de lo anterior, que se le otorgue un permiso de residencia temporal, o lo que determine esta magistratura en justicia y derecho;

SEGUNDO: Que, informa la abogada María Paz Fuenzalida García, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, quien solicitó el rechazo de la acción deducida en todas sus partes.

Refiere que la recurrente ingresó al país por paso no habilitado el 26 de agosto de 2021, y que posteriormente, el 4 de octubre del mismo año, formalizó su petición de refugio ante la Sección de Refugio y Reasentamiento del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, conforme lo establece el artículo 26 de la ley N° 20.430, en relación al artículo 37 del Decreto N°837, que Aprueba Reglamento de la Ley N°20.430.

Sostiene que durante la tramitación de su solicitud, se realizaron diversas diligencias para determinar su condición, otorgándole en diversas oportunidades prórrogas de visa temporaria hasta la conclusión del procedimiento administrativo, puntualizando que dentro de estas diligencias se encuentra la entrevista de elegibilidad, informando la actora los fundamentos para solicitar se reconozca su condición de refugiado, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 de la Ley N°20.430.

Agrega que tras la respectiva entrevista, la Secretaría Técnica de la Sección de Refugio elaboró un informe, teniendo a la vista las declaraciones de la solicitante, información del país de origen y demás antecedentes del caso, proponiendo a la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado el rechazo de dicha solicitud, exponiendo los argumentos de hecho y derecho de su recomendación, en virtud de lo cual se dictó la Resolución Exenta N°NUM000, de fecha 15 de julio de 2025, por la que la Secretaría del Interior resolvió el rechazo de la solicitud, por estimar que la actora no se encuentra bajo ninguna de las situaciones previstas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, como tampoco en aquellas hipótesis previstas en el artículo 2 de la Ley N° 20.430 que Establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados, o de su Reglamento.

Hace presente que la solicitud fue rechazada debido a que, a partir de los antecedentes presentados por la actora, no pudo acreditarse una verdadera situación de riesgo a su vida, seguridad o libertad por las circunstancias ocurridas en su país de origen, reservándose expresamente a la recurrente la posibilidad de deducir los recursos administrativos establecidos en el artículo 43 de la Ley N° 20.430, sin que fuesen interpuestos por la protegida.

Expone que la presentación de una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado se encuentra especialmente regulada en la Ley N° 20.430, enfatizando en cuanto al concepto de refugiado que para ello deben existir fundados temores de que la vida, seguridad o libertad del solicitante hayan sido amenazados por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en dicho país, debiendo ser el riesgo de afectación grave y actual, haciendo intolerable la vida en el país de origen, de modo tal que no cualquier tipo de violencia, agresión o amenaza hace procedente la protección internacional, sino que deben cumplirse ciertos presupuestos específicos.

Precisa que en el caso de autos, y conforme lo dispuesto la citada Ley N° 20.430, se realizó con fecha 4 de octubre de 2021 la entrevista de elegibilidad a la recurrente, y en cuanto a los fundamentos de rechazo de su solicitud, se tuvo presente que sin perjuicio del relato y los hechos descritos, los mismos no permiten inferir que haya existido un ánimo persecutorio particular en su contra, por el contrario, estos eventos parecen haberse desarrollado en un contexto de delincuencia común, motivados exclusivamente por el deseo de obtener un lucro ilícito por parte de delincuentes, dirigido contra cualquier persona que dispusiera de los recursos económicos necesarios para satisfacer ese afán, apreciando el recurrido que su salida de Venezuela se debió a un asalto del que fue víctima en el que se intentaron sustraer especies de la empresa que administraba, lo que no se enmarca en las hipótesis legales de la definición de refugiado.

Argumenta que en estas circunstancias no fue posible establecer la existencia de una amenaza o riesgo a la vida, seguridad o libertad de los extranjeros, derivada de las circunstancias actuales y existentes en su país de origen, de modo tal que al no acreditarse suficientemente la concurrencia de hipótesis fácticas exigidas por la ley, y como éstas han puesto en riesgo la vida, seguridad o la libertad de la solicitante, se rechazó su petición conforme lo dispuesto en la resolución exenta impugnada, lo que se ajusta a derecho.

Concluye que no resulta procedente utilizar la vía judicial para forzar a la administración a otorgar beneficios migratorios, y en particular la determinación por la vía judicial de la condición de refugiado de un extranjero constituiría una infracción al principio de juridicidad establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones, solicita en definitiva a esta Corte el rechazo de la acción deducida en todas sus partes;

TERCERO: Que, informa el abogado Diego Valenzuela Esparza, en representación del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior, quien solicitó el rechazo de la acción deducida en todas sus partes, con costas.

Sostiene que como resultado del análisis efectuado en la solicitud de refugio en cuestión, y atendido los argumentos expuestos por la peticionaria, los antecedentes del caso y la información país de origen disponible, advirtió el recurrido que los hechos expuestos, sin perjuicio de las causas o motivos que los generaron, no alcanzan, en su conjunto, a configurar persecución en los términos previstos en la definición de refugiado, de conformidad con las características y umbral de persecución exigido en los términos de nuestro ordenamiento jurídico. En tal contexto, y atendiendo a lo dispuesto en los numerales primero y segundo del artículo 2 de la ley N° 20.430, la Subsecretaría de Interior tomó fundadamente la decisión de rechazar la solicitud de la parte recurrente mediante la resolución exenta N° NUM000, de fecha 15 de julio de 2025, de la Subsecretaría del Interior.

Hace presente que el hecho de que la parte recurrente no comparta los fundamentos contenidos en la resolución impugnada se erige como una cuestión de mérito, situación que no puede derivar en el cuestionamiento de la legalidad o razonabilidad del acto, y menos en la instrumentalización de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado por medio de la presente acción, desvirtuando la naturaleza cautelar y excepcional de este remedio constitucional, distrayendo además indebidamente a la judicatura y al personal de la Administración del Estado, al solicitar que su caso sea revisado nuevamente.

Precisa que la acción de protección no es la vía idónea para resolver la controversia de autos, puesto que constituye un mecanismo excepcional y de emergencia, cuya finalidad es subsanar manifiestas amenazas, violaciones o atropellos flagrantes de determinados derechos fundamentales. No obstante, afirma que la actora cuestiona el mérito de la decisión adoptada por la autoridad competente, pretensión que excede la naturaleza cautelar de la acción de protección, y las atribuciones de los tribunales de justicia, especialmente considerando que existen recursos administrativos para impugnar la decisión de la autoridad.

Detalla que conforme al artículo 19 de la ley N° 20.430, la única autoridad competente para pronunciarse sobre una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado es el Ministerio del Interior, resultando improcedente que la judicatura se refiera a la forma en que la recurrida ha ejercido las facultades que le han sido conferidas por mandato legal.

Argumenta que la resolución impugnada en estos autos fue dictada por autoridad competente, en el uso de las facultades que el ordenamiento jurídico le confiere, y luego de efectuar el debido análisis técnico y jurídico de los antecedentes del caso, sustentada en una serie de argumentos de hecho y de derecho debidamente expresados, tal como lo exigen los artículos 35 de la ley N° 20.430 y 46 de su reglamento.

Por estas consideraciones, solicita en definitiva el rechazo de la acción deducida en todas sus partes, con costas;

CUARTO: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la mera voluntad. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley;

QUINTO: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de haber dictado la Subsecretaría de Interior la Resolución Exenta N° NUM000, por la que se rechazó la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada de la actora, así como el otorgamiento de protección complementaria, declarándose la caducidad de su visa de residencia temporaria, lo que a su juicio vulnera la garantía establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, correspondiendo a esta Corte determinar si dicha acción se ajusta o no a derecho;

SEXTO: Que el artículo 2 de la Ley N° 20.430 dispone en relación con el concepto de refugiado que “Tendrán derecho a que se les reconozca la condición de refugiado las personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 1. Quienes, por fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentren fuera del país de su nacionalidad y no puedan o no quieran acogerse a la protección de aquél debido a dichos temores. 2. Los que hayan huido de su país de nacionalidad o residencia habitual y cuya vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en dicho país. 3. Quienes, careciendo de nacionalidad y por los motivos expuestos en los numerales anteriores, se encuentren fuera del país en que tenían su residencia habitual y no puedan o no quieran regresar a él. 4. Los que, si bien al momento de abandonar su país de nacionalidad o residencia habitual no poseían la condición de refugiado, satisfacen plenamente las condiciones de inclusión como consecuencia de acontecimientos ocurridos con posterioridad a su salida.

Solo tendrán derecho a que se les reconozca la calidad de refugiado de conformidad con los numerales 1 y 2 quienes lleguen directamente desde el territorio en que su vida o libertad esté amenazada. Se entenderá que llegan directamente quienes lo hacen en un viaje con escalas siempre que la estadía en un tercer país no se haya extendido por más de sesenta días. En casos calificados, el Subsecretario del Interior podrá ampliar este plazo”.

SÉPTIMO: Que, en este sentido, del mérito de los antecedentes expuestos, aparece que el recurso no puede prosperar, toda vez que la Resolución Exenta impugnada manifiesta los fundamentos que tuvo en consideración para el rechazo del requerimiento de la actora, los que resultan claros de la simple lectura de sus razonamientos, en los que se concluye en síntesis que la recurrente solicitó su regularización migratoria por vía de un mecanismo de especial aplicación, aludiendo a situaciones y circunstancias de carácter genérico y aplicables a una multiplicidad de personas, lo que resulta inconsistente y por esencia contrario a un caso calificado o que pueda enmarcarse dentro de hipótesis de especial aplicación conforme al artículo 2 de la Ley N° 20.430, a efectos de que se reconozca la condición de refugiada de la actora.

En efecto, cabe destacar que resulta un hecho no controvertido que la recurrente invocó situaciones de delincuencia como fundamento principal para abandonar su país de origen, que fueron consideradas como de origen común por la autoridad recurrida, lo que no se condice con el artículo 2 antes citado. En concreto, es la propia recurrente quien manifestó que el hecho que motivó su salida del país “es debido a la masiva delincuencia que en la actualidad se encuentra en mi antigua localidad. Dicho esto cabe acotar que fui violentada con robos y acechada para posibles secuestros debido a que mi familia posee una pequeña empresa”.

Luego, lo que subyace a la impugnación del acto administrativo por el cual se rechazó su solicitud, por falta de fundamentación, es en realidad el mérito de la decisión adoptada, lo que desconoce que el ejercicio de la potestad de la autoridad respecto de este tipo de solicitudes corresponde a materias de política pública que exceden con creces los límites del presente arbitrio cautelar, y que efectivamente los fundamentos de la solicitud de autos no representan la existencia de un riesgo grave para su vida, integridad física y/o libertad personal, en los términos exigidos por la normativa vigente;

OCTAVO: Que, por otra parte, no se explica ni se desprende de las alegaciones de la parte recurrente, ni de los antecedentes expuestos en la presente acción cautelar, de qué manera se han vulnerado las garantías constitucionales invocadas en el recurso. En efecto, no se ha acreditado que alguna persona, en condiciones similares a las de la protegida, haya recibido un trato desigual. En consecuencia, no se ha demostrado que la resolución impugnada haya privado, perturbado o amenazado a la recurrente en el ejercicio de alguno de sus derechos fundamentales;

NOVENO: Que, al tenor de lo razonado precedentemente, y no advirtiendo esta Corte un acto arbitrario o ilegal de parte del Servicio Nacional de Migraciones, procede el rechazo del presente arbitrio.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la Subsecretaría de Interior del Ministerio del Interior.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-18815-2025.