nombre reservado con INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (INDAP)

C.A. de Santiago Santiago, veinte de marzo de dos mil veinte.

A los folios N°s 9 y 10: Téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Instituto de Desarrollo Agropecuario, representado por su Director Nacional don Carlos Eduardo Recondo Lavanderos y su nombre reservado don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, por haber incurrido en un acto ilegal y arbitrario mediante la dictación de la Resolución Exenta N° 172.981 de fecha 28 de noviembre de 2019, que dispuso la no renovación de su contrata a contar 01 de enero del año 2020, por no ser necesario sus servicios, lo que vulnera sus derechos fundamentales del artículo 19 Nº 2, 16, y 24 todos de la Constitución Política de la República, solicita que invalide dicho acto, con expresa condenación en costas.

Fundando su recurso, señala que comenzó a prestar funciones en el Instituto de Desarrollo Agropecuario, desde el año 2014, en calidad de honorario como profesional de apoyo para los Programas de Fomento Productivo. Luego, por su notable desempeño, lo designaron como encargado Regional del Programa de Desarrollo Local y paralelamente desarrollo funciones de apoyo en asesoría técnica en el marco de la ley de compras pública, siendo acreditado en Chile Compra, tras lo cual la nueva administración gubernamental le reasignó funciones a desempeñar en el área de fomento de dicho programa. Sostiene, que las funciones referidas precedentemente se mantuvieron hasta el mes de octubre del año 2018, fecha en la que fue trasladado al área norte como ejecutivo de servicios integrales, situación que se mantuvo hasta que lo enviaron al área de Melipilla.

Afirma, que tiene la calidad de contrata grado 12, desde el 1 de abril de 2015, fecha en la que se prorrogaron sucesiva e ininterrumpidamente las mismas hasta el año 2019.

Refiere, que durante su desempeño como funcionario a contrata, siempre fue sido calificado en lista N°1 de distinción y, en una sola oportunidad, en lista N° 2 buena, lo que da cuenta de su excelente desempeño.

Indica, que la resolución recurrida en los párrafos quinto y sexto, señala que la no renovación de la contrata se justifica por su supuesto deficiente desempeño en sus funciones, lo que generó el incumplimiento de sus obligaciones, dado que en su labor diaria cometió errores de manera frecuente, perjudicando la gestión institucional; entre otras consideraciones. Alega, que dicha resolución goza de importantes falencias, tales como, falta de veracidad empírica en circunstancias esgrimidas, ausencia de argumentos normativos, subjetividad desbordante. Afirma, que ello revestiría de suma gravedad, toda vez que no puede esgrimirse como fundamento de una no renovación de contrata meras percepciones subjetivas, carentes de veracidad objetiva, lo que infringe lo dispuesto en el artículo 32 del Estatuto Administrativo norma que prescribe un procedimiento objetivo de calificación.

Por otra parte, el acto infringe el principio de estabilidad en el empleo y el de confianza legítima, dado que la recurrida ha creado la razonable expectativa de seguir en sus funciones, atendida la renovada sistemática de su contrata; y sus buenas calificaciones durante toda su carrera funcionaria.

Hace presente, que en la realidad las contratas no son cargos excepcionales porque constituyen la mayoría del empleo público en los servicios centralizados y descentralizados y el vínculo existente entre ambos generalmente es estable y se prolonga por años.

En cuanto a la acción arbitraria, señala que la decisión de la no renovación de la contrata no puede descansar someramente en que el nombramiento del funcionario se prolongue “mientras sean necesarios sus servicios”. Así las cosas, la arbitrariedad resulta evidente, pues de la simple lectura de la resolución se advierte la ausencia de fundamento racional evidente, pues en la resolución recurrida nada se señala respecto a alguna posible causal de mérito para justificar la decisión del ente administrativo.

Agrega, que el acto de que se trata infringe la garantía de la motivación consagrada a nivel constitucional en el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política de la República y en el artículo 11 de la Ley N° 19.880, la que está vinculada a la realización de los principios de legalidad, la probidad, la transparencia y la publicidad de las actuaciones de los entes públicos.

Refiere que en el caso concreto, la fundamentación de la no renovación del recurrente, no se origina en la necesidad del servicio, o el mal desempeño de las funciones, ni mucho menos la extinción de las mismas, por lo que ni siquiera es posible intuir qué criterio justifica el acto administrativo, lo que transgrede el Dictamen 6400 y 85.700, que disponen la necesidad de fundamentar el acto administrativo en un criterio acreditado y objetivo.

Respecto de las garantías constitucionales vulneradas, señala que se conculcaría su derecho del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, pues ha sido sometido a un trato desigual, carente de justificación racional o razonable, basado en diferencias arbitrarias, y en ausencia de proporcionalidad, cuestiones todas, que infringen gravemente la garantía constitucional en comento.

Por otro lado, refiere que también fue afectado el derecho de propiedad del recurrente, dado que la estabilidad en el empleo constituye un bien resguardado por el derecho y que pertenece al orden público económico. Finalmente, alega que se vulneró la libertad de trabajo, entendiendo por tal la posibilidad de continuar ejerciendo las funciones como personal a contrata como lo desempeñó históricamente.

SEGUNDO: Comparece Leonardo Ojeda Pino, abogado, en representación del Instituto de Desarrollo Agropecuario, quien evacuando el informe requerido, solicita el rechazo de la acción de protección en todas sus partes.

Informa que el recurrente prestó servicios en calidad de contrata asimilado al grado 13° EUR desde el mes de abril de 2015 sin mediar concurso alguno, siendo renovada su contratación de manera continuada entre esa fecha hasta el año 2019, según consta de Resolución Exenta RA N°166/315/2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, y mientras sus servicios sean necesarios, con desempeño en su Dirección Regional Metropolitana.

Afirma, que los fundamentos de la resolución recurrida fueron conocidos con la debida anticipación por el recurrente, cada vez que se le notificaba un Informe de Desempeño y Precalificación en el periodo 2018-2019, lo que fue ratificado por la Junta Calificadora, en el proceso de calificaciones año 2018-2019. En los fundamentos de cada factor se anuncian claramente las argumentaciones de la baja calificación.

Es así, como en todos los factores de calificación, expresados en las Precalificaciones e Informes de Desempeño que cuatrimestralmente se elaboran, tiene observaciones relacionadas a su calidad funcionaria, todas las cuales le fueron notificadas legalmente, naciéndole el derecho a impugnar y contra argumentar, lo que no hizo oportunamente hasta este momento.

Señala que, como puede advertirse, el acto administrativo de no renovación o prórroga del funcionario, contiene los fundamentos de hecho y de derecho que le exige la normativa pública vigente.

Afirma que la no renovación o prórroga de la contrata se enmarca dentro del marco de la legalidad, de conformidad con el artículo 7° de la Constitución Política de la República, y los artículos 4 y 5 de la Ley Nº 18.910 de su ley Orgánica, ya que el contrato del recurrente tenía la naturaleza transitoria de las contratas, y porque el alcance de la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”, dice relación con que la duración de la mismas es siempre limitada en el tiempo, y durarán, como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada .

Así las cosas, la Contraloría General de la República reconoce la posibilidad de poner término anticipado al vínculo de carácter estatutario del recurrente con el Instituto de Desarrollo Agropecuario.

En cuanto a la confianza legítima esgrimida por la recurrente, señala que, tal como lo sostiene el profesor Pierry, es improcedente su aplicación dado que el recurrente no ingresó al servicio por concurso público. Asimismo, añade que aquella protección no garantiza en ningún caso inamovilidad, cediendo la misma ante circunstancias que permitan a la autoridad prescindir o alterar el vínculo con el funcionario.

Sostiene, que la acción de protección no es la vía jurídicamente idónea para el asunto que se discute., atendido su naturaleza extraordinaria, y que cuyo objetivo es restaurar el imperio del derecho frente a vulneración de derechos fundamentales, lo cual no ha ocurrido en la especie.

Respecto a las garantías constitucionales presuntamente vulneradas, afirma que no se conculcó el principio de igualdad ante la ley, dado que ha procedido de la misma manera para todos aquellos funcionarios en la misma situación. En cuanto a la libertad de trabajo y su protección, sostiene que el hecho de ser desvinculado no importa una afectación a la libertad de trabajo de la recurrente, cuando nada le impide ejercer libremente su actividad.

Finalmente, respecto al derecho de propiedad, indica que el mismo no se vulnera ya que no existe el pretendido derecho sobre el empleo o calidad de funcionario público.

TERCERO: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal – esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil – o arbitrario – producto del mero capricho de quién incurre en él – y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

CUARTO: Que, para la resolución de la presente acción constitucional, es del caso tener presente que, de conformidad a la Ley N° 18.834 sobre el Estatuto Administrativo, los empleados de la Administración del Estado se clasifican en “empleados de planta” o “empleados a contrata”, y que la diferencia esencial radica en la permanencia de las funciones de los primeros y en la transitoriedad de los segundos, de conformidad a lo dispuesto en su artículo 3° letra c), que define el empleo a contrata como “aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”. En este sentido, el artículo 10° de la Ley, dispone que “los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”. En armonía con el precepto anterior, el artículo 146 letra f) del mismo texto legal, señala que el funcionario cesará en el cargo por el término del período lega por el cual ha sido designado y el artículo 153 dispone que produce la inmediata cesación de funciones el término del período legal por el cual es nombrado el funcionario o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado.

QUINTO: Que, la expresión “mientras sean necesarios sus servicios”, está en armonía con el carácter transitorio que tienen los empleos a contrata, que según señala el artículo 3° de la Ley N° 18.834, contienen implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleo a contrata incluso antes de la fecha máxima de su vigencia. En efecto, la autoridad administrativa puede ponerle término en el momento que estime conveniente, a través de un acto fundado, lo que ha ocurrido en la especie respecto de la recurrente, toda vez, que teniendo a la vista la resolución impugnada, puede constatarse que ella expresa los motivos que se tuvieron en cuenta para la adopción de la decisión, indicando los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustentan.

SEXTO: Que, de todo lo expresado, no es posible formar el convencimiento que la recurrida haya incurrido en actos u omisiones arbitrarias o ilegales que permitan a esta Corte adoptar alguna medida de resguardo a favor de la recurrente, ni es posible advertir la vulneración que se denuncia a los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental, al constatarse la inexistencia de un comportamiento antijurídico atribuible al actuar de la recurrida, lo que resulta suficiente para desestimar la acción de protección.

SÉPTIMO: Que, además de lo expresado, no cabe examinar por esta vía la justificación, mérito o conveniencia en términos de la contratación, porque tales extremos exceden el propósito de una acción cautelar o de tutela de urgencia y porque en los términos que viene propuesta la acción constitucional se traduciría en la pretensión de que esta Corte sustituya a la Administración en gestión de sus recursos.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, a lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra del Instituto de Desarrollo Agropecuario.

Regístrese, comuníquese y archívese si no se apelare.

N°Protección-188041-2019.