nombre reservado con MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GRAL. DE OO.PP DCYF

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de mayo de dos mil veinte.

A los escritos folios 17 y 18: téngase presente.

Vistos:

1°: Que recurrió de protección constitucional el abogado don nombre reservado, funcionario a contrata, estamento profesional, asimilado al grado 6 Escala Única de Sueldos -E.U.S.-, del Nivel Central de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, en contra de don nombre reservado, en su calidad de Director Nacional de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, ambos domiciliados en domicilio reservado° comuna de Santiago, Región Metropolitana, contenida en Oficio Reservado N° 50 de 29 de noviembre de 2019, por la que se le notifica la no renovación de su contrata para el año 2020, lo que, a su juicio, vulnera sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que ingresó a la Dirección de Vialidad el 8 de junio de 1992, en calidad de obrero transitorio regido por el Código del Trabajo, grado 22°, cargo en que me desempeñé como analista informático, hasta el año 1994, fecha en que fue designado a contrata como Técnico Programador, grado 15º de la EUS, habiéndose renovado su contratación sucesiva e ininterrumpidamente durante los últimos veintisiete años, hasta la decisión que origina esta acción constitucional.

Destaca diversos hitos en su carrera en cuanto a su capacitación y perfeccionamiento, desde que ingresó en calidad de técnico hasta que el 2018 se tituló como abogado, lo que le permitió la homologación con el grado 6º de la EUS. 3, siendo siempre calificado en lista 1.

Asegura que, a la fecha de la decisión de no renovación de su contrata, se desempeñaba en calidad de Analista Legal en la Unidad Sumarios dependiente de la División Jurídica del servicio y que, además de sus funciones de control de sumarios disciplinarios, debía ejercer, entre otras, las de encargado de la unidad por no haberse provisto el cargo.

Refiere que, en atención a las sucesivas e ininterrumpidas renovaciones de su contrata entre 1994 y 2019, tenía la confianza legítima de que ésta sería prorrogada para el año 2020, como ha ocurrido en los últimos veintisiete años.

Alude al principio de estabilidad en el empleo para concluir que se han vulnerados las garantías constitucionales contempladas en los numerales 2 y 24 del artículo 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se acoja su recurso, ordenando que la autoridad adopte las medidas para que continúe vigente la contratación de la recurrente.. Se ordene además el pago íntegro de todas las remuneraciones devengadas en el tiempo que medir entre la desvinculación y la efectiva reincorporación al servicio. Todo, con expresa condenación en costas.

Refiere, asimismo, que la decisión del Director Nacional de no prorrogar su contrata para el año 2020, carece de un acto formal que dé cuenta de los antecedentes de hecho y de derecho que la sustenten y excede el marco de sus facultades legales en los términos dispuestos en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política.

Finalmente, solicita a esta Corte que se acoja su recurso, reestableciendo el imperio del derecho, ordenando que se deje sin efecto la decisión impugnada ,y en su lugar, se disponga la prórroga de su contrata para el año 2020, ordenando su reincorporación al servicio con el pago de todas las remuneraciones, feriados y bonos, y todo otro emolumento que legalmente le hubiere correspondido percibir en el tiempo intermedio, o, en subsidio, que se adopten las medidas que se estimen pertinentes, con costas.

2°: Que evacuó informe don nombre reservado, Director Nacional (S) de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y aclara, en primer lugar, que el acto administrativo que resuelve la no renovación de contrata del recurrente es la Resolución Exenta N°3.895 de 29 de noviembre de 2019, no pudiendo ser su notificación un acto ilegal o arbitrario. Asimismo, aclara que las funciones del recurrente eran mucho más delimitadas de lo expresado por el actor.

Añade que luego, mediante los decretos respectivos, se prorrogó el nombramiento de la recurrente, estando vigente el último decreto de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2019, en las mismas condiciones y con el mismo grado jerárquico-remuneracional.

Estima que, la Resolución Exenta N°3.895 es un acto administrativo y, en esa calidad, goza de una presunción de legalidad, imperio y exigibilidad desde su entrada en vigencia, además, se encuentra dictada en el ámbito de las atribuciones del Jefe Superior del Servicio, el Director Nacional de Vialidad y constituye un acto debidamente fundado, todo ello, en conformidad al artículo 3° letra c) de la Ley N°18.834, que consagra el carácter transitorio de los empleos a contrata.

Añade que dentro de los antecedentes que se tuvieron a la vista para no renovar la contrata están las dos calificaciones parciales efectuadas en el año 2019, donde el funcionario fue evaluado de manera deficiente teniendo presente para ello que, en su función de encargado de sumarios, incumplió sus deberes funcionarios, en especial los indicados en las letras b) y c) del artículo 61 del DFL N°29/2004. Así, siendo nombrado fiscal instructor en 11 sumarios, 4 de ellos se encuentran prescritos y 7 están afinados por sobreseimiento por prescripción. Asimismo, las regiones que eran supervisadas por el recurrente, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Araucanía, manifestaron su molestia por la extrema dilación de parte del señor nombre reservado respecto a los procesos sumariales, con sumarios enviados hace más de un año al recurrente y que aún no tienen respuesta de su parte. Todo aquello determinó que en sus últimas pre calificaciones fuera calificado de forma deficiente.

Concluye señalando que ninguna de las garantías constitucionales referidas por el recurrente ha sido vulnerada pues no se ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno, por lo que solicita el rechazo del recurso.

3º.- Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República;

4°.- Que el artículo 3° del Estatuto Administrativo, al definir conceptos básicos de dicho régimen legal, señala en su letra b) que “el Personal de Planta”, es el conjunto de cargos permanentes asignados por ley a cada institución, en tanto que en su letra c) define el “Empleo a Contrata”, como aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de la institución; a su turno, en la letra d) se refiere a la “Carrera Funcionaria” como un sistema integral de regulación del empleo, aplicable al personal de planta…, que garantiza la igualdad de oportunidades para el ingreso, la dignidad de la función pública, la capacitación y el ascenso, la estabilidad en el empleo y la objetividad en las calificaciones en función del mérito y la antigüedad;

5°.- Que, por su parte, refiriéndose a los “empleos a contrata”, el artículo 10° del citado Estatuto, señala que éstos “durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con 30 días de anticipación a lo menos”;

6°.- Que, concordante con lo anterior, el artículo 146 del mismo cuerpo legal contempla entre las causales de cesación en el cargo, la de “término del período legal por el cual se es designado” y, en cuanto a sus efectos, precisa el artículo 153 que éste o el cumplimiento del plazo por el cual el funcionario es contratado, “produce la inmediata cesación de funciones”, sin perjuicio de señalar que “continuará ejerciéndolas si fuere notificado previamente y por escrito, de encontrarse en tramitación el decreto o resolución que renueva su nombramiento o contrato”;

7°.- Que, así las cosas, el examen de las normas que regulan la institución del “empleo a contrata”, permite establecer que, efectivamente, se trata de una función marcada por su carácter transitorio, a diferencia de lo que ocurre con el personal de planta, cuyos cargos son permanentes y a quienes se garantiza la estabilidad en el empleo. De la esencia del empleo a contrata, es que está sujeto a un plazo máximo de duración, es decir, a un término extintivo, lo que significa que mientras se encuentra pendiente el vínculo produce todos sus efectos, pero a su vencimiento, por el solo ministerio de la ley, se produce la extinción del empleo y los funcionarios que los sirven cesan de inmediato en sus funciones, a menos que se manifieste previamente la voluntad de prorrogarlo por un nuevo período;

8°.- Que, el marco legal precedentemente expuesto es absolutamente claro, entonces, respecto al hecho que el empleo “a contrata”, se extingue o expira por el solo ministerio de la ley, con la llegada o cumplimiento del plazo, por lo que quienes lo ejercen cesan en sus funciones de pleno derecho, sin que la autoridad administrativa esté obligada a renovar el contrato. La recurrente, por otra parte, estaba en conocimiento de las condiciones -precarias - en que se la contrataba año a año;

9°.- Que, sin perjuicio de todo lo razonado precedentemente, esta Corte advierte que en la especie pese al marco legal vigente, al no haberse emitido una resolución objetivamente fundamentada sobre la decisión de no renovar la contrata del recurrente -que vencía el 31 de diciembre de 2019 - para el período 2020, a la luz del deber que impone a la administración el artículo 11 de la Ley 19.880, se ha incurrido en un acto arbitrario, pues sin perjuicio que la expiración de la contrata es un acto que opera por el solo transcurso del plazo, tal como lo ha señalado la Contraloría General de la República en diversos dictámenes, en el evento de una segunda o nuevas renovaciones procede que la Administración del Estado notifique su negativa y dicte el acto administrativo suficientemente fundado que lo decrete, lo que no ha ocurrido en la especie.

En efecto en el caso subjudice, no se advierte la necesaria fundamentación de la actuación administrativa que dispuso la no renovación del nombramiento a contrata del recurrente para el 2020, pues no pueden considerarse suficientes los hechos que se invocan en el acto en cuestión, a efectos de rebasar la confianza legítima que después de veintisiete años y de haber sido reiteradamente calificado de modo sobresaliente, asistía razonablemente al actor, de ser mantenido en su cargo.

En efecto, el recurrente ingresó a la repartición recurrida el año 1994, extendiéndose por ende su vinculación por más de veintisiete años, circunstancia que natural y razonablemente generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculado con la Administración en los mismos términos en que venía haciéndolo, de modo tal que su relación estatutaria sólo puede terminar por sumario administrativo derivado de una falta grave que motive su destitución o por una calificación anual que así lo permita, supuestos fácticos que no concurren en este caso en el que, de contrario, es posible constatar que ha sido reiteradamente calificado en lista 1 sobresaliente, incluso hasta el último periodo en que se examinó su conducta funcionaria y del que se tiene conocimiento -al 31 de diciembre de 2018-, dado que se desconoce, incluso, la calificación final correspondiente al año 2019.

Por ello, más allá de las razones que se esgrimen en sustento de la medida adoptada -en orden a relevar un intempestivo cambio en su comportamiento y en la calidad de su trabajo durante el año pasado-, lo que aparece por cierto inexplicable, no son suficientes para legitimarla, de modo que la decisión de poner término anticipado a la contrata de este recurrente deviene en la vulneración de las garantías constitucionales por él invocadas, específicamente, por vulnerarse la garantía de igualdad ante la ley, prevista en el numeral 2° del artículo 19 de la Carta Fundamental, lo que conlleva necesariamente a que este arbitrio constitucional deba ser admitido.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de 24 de junio de 1992 de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, la acción constitucional por nombre reservado en contra de la Dirección de Vialidad y, consecuentemente, se dispone la reincorporación del recurrente a sus funciones y el deber de la recurrida de hacerle pago de la totalidad de remuneraciones y estipendios devengados y que no hubiese percibido durante el tiempo que permaneció separado de sus funciones.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-187986-2019.