nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Santiago Santiago, tres de julio de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que con fecha 27 de febrero de 2020 comparece el señor nombre reservado e interpone acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, exponiendo que con fecha 27 de febrero de 2020 se ha enterado de que su reclamo en contra del Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) fue rechazado por la Superintendencia de Seguridad Social, pues, a juicio de los médicos de dicha institución no existía pérdida de ganancia y a que su afección no era considerada degenerativa producto de un accidente de trayecto ocurrido en el año 2012.

En cuanto a los hechos en los que se funda el recurso, expone que el día 19 de octubre de 2012 sufrió un accidente de trayecto en el cual cayó de cabeza y sufrió múltiples heridas, además de traumatismo encéfalo craneano (TEC), y pérdida de conciencia. Refiere que producto del accidente quedó con varias secuelas, las que incluyen, dolor las 24 horas del día, adormecimiento de brazos, desde los dedos de las manos hasta el hombro, dolor de cara, cuello y brazos. Señala que al solicitar al Instituto de Seguridad del Trabajo a través de la Superintendencia de Seguridad Social para que se hiciera cargo de esta situación, esta rechazó su solicitud y procedió de forma negligente.

Dicha negligencia, según explica, tiene su origen en la no realización de los exámenes pertinentes por parte del Instituto de Seguridad del Trabajo. Señala, de esta manera, que el daño provocado por su accidente es discal, por lo que, al ser tejido blando solo era visible a través de electromiografías, ecografías o resonancias magnéticas, señala que ninguno de dichos exámenes le fue practicado por el IST. Además, señala que la Superintendencia de Seguridad Social, teniendo conocimiento de esto, nunca evaluó su daño discal y la correspondiente evolución sino que solamente se limitaron a buscar fracturas o daño óseo mediante rayos X.

En lo que se refiere a los antecedentes en los que funda su denuncia, además de los ya expuestos, el recurrente señala que con fecha 5 de mayo de 2017 en la causa número 9748-2017 de la Excelentísima Corte Suprema, se ingresó el oficio ordinario N° C.M.C 144/2017 de la comisión médica central, en cuyo párrafo 3 de la página 3 se hace referencia al accidente de trayecto que ha reclamado ante la Superintendencia de Seguridad Social, en él se indica “El paciente evolucionó con cérvico braquialgia derecha, con dolor de características neuropáticas, pero sin distribución radicular clara”. Según el recurrido, con este oficio se confirma el daño en los discos vertebrales de su columna cervical producto del ya referido accidente.

Refiere el recurrido que la Superintendencia de Seguridad Social, indica que él reclamaba por un TEC cerrado, sin embargo, señala que su reclamo no consistía en el ello sino que tiene su causa en el dolor crónico que siente en su columna cervical, lo que además, lo obliga a consumir, en forma permanente 25 gotas diarias de Tramadol, pregabalina cada 8 horas y paracetamol cada 8 horas. Además, señala que la ya referida Superintendencia señala que ha sufrido dos accidentes cuestión que es errada. Refiere que la Superintendencia indicó que no existió pérdida de ganancia pero que se le certificó una invalidez, lo que consta en informe que acompaña.

Finalmente señala que la comisión médica central no considera que la afección que padece sea de origen laboral, no obstante que al informar a la Excelentísima Corte Suprema, informó que sí lo era.

En lo que se refiere al perjuicio causado, el recurrente señala que en la actualidad debe asumir el costo asociado a un accidente del trabajo, que se ha visto limitado en muchas de sus actividades laborales producto del dolor crónico que siente y de la falta de medicamentos necesarios que por le debieron ser otorgados por el Instituto de Seguridad del Trabajo y a los que Superintendencia de Seguridad Social no le permite acceder debido a un dictamen, en su parecer, injusto, mal redactado, que desconoce fechas relevantes y el origen de la lesión. Finalmente, en cuanto al perjuicio, señala que debido al actuar ilegal de la Superintendencia, al desconocer los informes médicos emitidos por la Comisión de Medicina Central a la Excelentísima Corte Suprema, no ha podido tener acceso al tratamiento médico que por ley le correspondería.

Señala que a causa de los antecedentes anteriores, se verían vulnerados sus derechos constitucionales de protección a la salud (Artículo 19 N°9) y el derecho a la seguridad social (Artículo 19 N°18).

Por los antecedentes anteriormente expuestos, solicita lo siguiente:

1. A fin de evitarse graves perjuicios, ruega a US. ILTMA. se sirva ordenar a la Superintendencia de Seguridad Social cumplir con lo establecido en la ley, para que le devuelvan el beneficio que le fue arbitrariamente arrebatado.

2. Tener a la vista la causa número 9748-2017 de la Excelentísima Corte Suprema donde se ingresó el oficio ordinario N° C.M.C 144/2017 de la comisión médica central en el cual en la página 3, párrafo 3, se hace referencia al accidente de trayecto indicando que éste evolucionó con una cérvico braquialgia derecha.

3. Establecer si la Superintendencia de Seguridad Social actuó dolosamente al entregar el informe en la causa número 9748-2017 de la Excelentísima Corte Suprema donde se ingresó el oficio ordinario N° C.M.C. 144/2017 de la comisión central en el cual en la en la página 3, párrafo 3, se hace referencia al accidente de trayecto indicando que éste evolucionó con una cérvico braquialgia derecha. Ya que si niegan el origen laboral del accidente habrían mentido a la Excelentísima Corte Suprema.

2°) Que comparece el señor nombre reservado, Superintendente de Seguridad Social en representación de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, solicitando se le tenga por parte en la respectiva acción de protección. Evacuando el respectivo informe la recurrida alega, en lo principal, la extemporaneidad de la acción de protección debido a que, a su entender, la acción ha sido interpuesta una vez vencido el plazo fatal de 30 días corridos para ejercer dicha acción.

La recurrida señala, como consta en expediente administrativo que acompaña a su escrito, que el señor nombre reservado ha reclamado ante la Superintendencia por presentación del 14 de febrero de 2019, exponiendo que en el año 2012 sufrió un accidente, a consecuencia del cual resultó con “TEC cerrado”, siendo atendido en las dependencias del Instituto de Seguridad del Trabajo, para posteriormente indicarle el alta y ser derivado a su sistema de salud común.

Refiere que el ya citado IST remitió el correspondiente informe y demás antecedentes que obraban en su poder, haciendo presente que el señor nombre reservado, consultó en sus servicios asistenciales el 19 de octubre de 2012, refiriendo que ese mismo día, en el trayecto desde su trabajo hacia su habitación sufrió un accidente en bicicleta, resultando policontuso y siendo tratado conforme al Seguro Social de la Ley N°16.744, por tratarse de un accidente de trayecto. Sin perjuicio de lo anterior, en dicha oportunidad pudo determinarse que el paciente padecía de una discopatía c5-c6, dolencia que no era atribuible al accidente señalado, siendo derivado a su sistema previsional de salud común.

Que posteriormente, el recurrente, registró un nuevo ingreso el 20 de julio de 2013, por un accidente del trabajo ocurrido el día anterior, manifestando dolor lumbar, luego de haber resbalado en su lugar de trabajo. En dicha oportunidad se le diagnosticó una discopatía L5-S1 y espondilosis lumbar, lesiones que no guardan relación con el referido accidente, rechazándose el otorgamiento de la cobertura del Seguro Social de la mencionada Ley N°16.744. En dicho contexto, el señor nombre reservado ha recibido las prestaciones del referido Seguro Social conforme a las lesiones laborales evidenciadas, pero no le corresponde la cobertura por las dolencias de origen común que presenta.

Teniendo en consideración lo anterior, señala, que la Superintendencia, mediante resolución exenta N° R-01-ISESAT-30394-2019 de 07/08/2019, dictaminó, luego de someter los antecedentes acompañados a revisión de profesionales médicos, que las afecciones de columna cervical y lumbar que presentaba el señor nombre reservado “son de origen común, toda vez que no es posible establecer una relación de causalidad entre el cuadro clínico que presenta y el mecanismos lesional descrito para los accidentes de los años 2012 y 2013, encontrándose en los estudios clínicos realizados alteraciones degenerativas de la columna con diagnóstico de discopatía c5-c6 y L5 y S1 y espondilosis lumbar, no atribuibles a los eventos antes señalados.”

Por esta razón, el mencionado oficio concluyó: “..Rechazase, la reclamación por calificación formulada por nombre reservado, por cuanto los infortunios que sufrió en los años 2012 y 2013, no guardan relación con el cuadro clínico que ha evidenciado en la columna cervical y lumbar, no siendo, por ende, procedente otorgarle la cobertura del Seguro Social de la Ley N°16.744…”

Posteriormente, mediante presentación de 12 de agosto de 2019, el señor nombre reservado solicitó la reconsideración de la Resolución Exenta N° R-01-ISESAT-30394-2019, ya citada. A este respecto, mediante Resolución Exenta N° R-01-ISESAT-15777-2020 de 27/02/2020, la Superintendencia resolvió que las afecciones de columna cervical y lumbar que presentaba el recurrente son de origen común y que no es posible establecer una relación de causalidad entre ellas y los accidentes sufridos en 2012 y 2013, además, la referida resolución exenta señala que los profesionales a cargo del estudio de los antecedentes precisaron, que de los antecedentes aportados por el trabajador, es claro que es portador de una “poliradioculopatía cervical crónica” que derivaría de las afecciones degenerativas que afectan su columna cervical y no de un TEC. Además, se señala que la Comisión Médica Central, no considera dicha afección como de origen laboral, sino que señala que el recurrente no presenta incapacidad de ganancia. Por lo anterior, el oficio anterior rechaza la solicitud de reconsideración y confirma la resolución cuya reconsideración se solicitó.

Por otra parte, la recurrida considera que, al ejercer la acción constitucional con fecha 27 de febrero ya habría expirado con creces el plazo fatal de 30 días para accionar de protección pues el señor nombre reservado, ya tenía conocimiento de la situación planteada, al menos, con fecha 14 de febrero de 2019 cuando realizó la primera presentación a la Superintendencia por la materia recurrida, por lo que habría transcurrido más de un año desde que el recurrente tuvo conocimiento cierto de la situación por la cual recurre, máxime, señala el recurrido, si la primera resolución sobre la materia de este servicio es la resolución exenta N° R-01-ISESAT-30394-2019 de 07/08/2019.

Por lo anterior, solicita la recurrida se rechace la acción de protección ejercida por haber sido ejercida de forma extemporánea, con costas.

En subsidio, la recurrida alega la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social. Solicita se declare improcedente el recurso por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el N°18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no se encuentra amparado por la acción de protección al no encontrarse en la numeración taxativa de derechos protegidos establecidos en el artículo 20.

Finalmente, en subsidio de las alegaciones anteriores, el recurrido informa respecto del fondo del asunto que motiva la acción de protección. Luego de exponer acerca del marco legal regulador y de las competencias de la Superintendencia de Seguridad Social establecidas en la ley N°16.395, principalmente, como señala el artículo 1° de dicho cuerpo normativo en lo que respecta a “la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y en conformidad a la ley”. Se refiere la recurrida al Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, señalando, que las contingencias cubiertas por dicho seguro son los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en los términos señalados en la ley N°16.744 en sus artículos 5° y 7°.

Señala que conforme al citado artículo 5°, se entiende por accidente del trabajo “toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte”. Por su parte, el artículo 7° señala que las enfermedades profesionales son las “Causadas de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produce incapacidad o muerte”, luego, de dicho precepto legal se infiere que debe existir una relación causal directa entre el quehacer laboral y la patología que provoca incapacidad, sea temporal o permanente.

En lo que se refiere a las prestaciones contempladas por el Seguro Social de la Ley N°16.744, es posible distinguir las prestaciones médicas y las económicas o pecuniarias. Las prestaciones médicas son las contempladas en el artículo 29 del citado cuerpo legal, las que incluyen atención médica, quirúrgica y dental en forma ambulatoria u hospitalaria, fármacos, prótesis, aparatos ortopédicos, rehabilitación física y reeducación profesional y gastos de traslado.

Las prestaciones económicas, por su parte, se otorgan de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la ley N° 16.744, según el grado de incapacidad laboral y clase (temporal o permanente) que el accidente del trabajo o la enfermedad profesional causen, y están contempladas a partir del artículo 30 del cuerpo legal ya citado.

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, la recurrida señala que para que una enfermedad sea calificada de “enfermedad profesional” es necesaria la concurrencia de los siguientes elementos:

1. Alteración de la Salud.

2. Relación directa de causa a efecto entre el trabajo realizado y dicho estado de alteración de la salud.

3. Que el estado de alteración de la salud produzca la incapacidad o muerte del trabajador.

En cuanto al procedimiento para determinar el grado de incapacidad, el artículo 58 de la Ley 16.744 dispone que la declaración, evaluación, reevaluación y revisión de las invalideces producidas por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales será de competencia de las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), excepto si se trata de incapacidades permanentes derivadas de accidentes del trabajo de afiliados a Mutualidades de Empleadores, en cuyo caso la competencia corresponderá a estas instituciones.

En seguida, el artículo 77 de dicho cuerpo legal contempla la facultad de los afiliados, sus causa-habientes y organismos administradores para reclamar en el plazo de 90 días ante la COMISIÓN MÉDICA DE RECLAMOS (COMERE) de las decisiones de los Servicios de Salud o Mutualidades, en su caso, recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico. El inciso segundo del citado artículo, por su parte, dispone que las resoluciones emitidas por la COMERE son en todo caso apelables ante la Superintendencia de Seguridad Social en un plazo de 30 días hábiles, la que resuelve con competencia exclusiva y sin ulterior recurso.

A este respecto y teniendo en consideración las normas legales citadas, la recurrida señala que ha actuado dentro de sus atribuciones, dictaminando que las afecciones del recurrente, son de origen común, toda vez que, como se mencionó anteriormente no es posible establecer una relación de causalidad entre el cuadro clínico que presenta y el mecanismo lesional descrito para los accidentes de los años 2012 y 2013, encontrándose en los estudios clínicos realizados alteraciones degenerativas de columnas con diagnóstico de discopatía C5-C6 y L5-S1 y espondilosis lumbar, no atribuibles a los eventos señalados. Por lo anterior, la recurrida, según expone, no habría incurrido en acto ilegal alguno. Señala la recurrida, que la recurrente no menciona norma legal o reglamentaria alguna vinculante o atingente que haya sido infringida por la Superintendencia, pues esta, no ha infringido norma alguna sino que únicamente se ha limitado a calificar, en ejercicio de sus atribuciones legales fiscalizadoras, una afección como de “origen común”, con las consecuencias que de ello se deriva.

La recurrida señala que la interposición del recurso por parte de la recurrente desborda los límites de la aplicación de la Acción de Protección, que fue concebida por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados y preexistentes, señala que en la especie, el origen laboral o común no reúne la condición de un derecho preexistente o indubitado sino que por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudió se llegó a la conclusión que no era procedente la calificación como de origen laboral y la pérdida de capacidad de ganancia en favor del trabajador. Señala, además, que en caso en que lo que se busque es una correcta interpretación de la norma en favor del recurrente, esto es materia de un juicio de lato conocimiento y no una acción de protección como la entablada.

Finalmente, la recurrida descarta la realización de un acto arbitrario por parte de la Superintendencia, pues señala que en el dictamen aludido, se exponen detalladamente las razones por las cuales se llegó a las conclusiones reclamadas por el recurrente, de esta manera, no se trataría de un acto carente de fundamento racional o nacido del solo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que del estudio y ponderación de los elementos que se han señalado, que, por lo demás, está en concordancia con criterios jurisprudenciales desde largo tiempo vigentes. Señala que la dictación de la resolución impugnada es una manifestación del cumplimiento del mandato constitucional que tiene el Estado en orden a supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, de conformidad a los dispuesto en el artículo 19 N°18 de nuestra Carta Fundamental, en consecuencia, si no se hubiese dictado dicha resolución, la Superintendencia estaría infringiendo los artículo 6° y 7° de la Constitución Política de la República.

Por lo anteriormente expuesto, la recurrida, en subsidio de las peticiones anteriores, solicita tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por el señor nombre reservado y solicita sea desestimada en todas sus partes con expresa condenación en costas.

3°) Como reiteradamente se sostiene el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

4°) El acto que la recurrente califica de arbitrario e ilegal es la Resolución Exenta de 26/02/2020, por la cual la Superintendencia desestimó un recurso de reposición presentado por el actor con fecha 12 de agosto de 2019 respecto de la resolución 30394-2019 de 7 de agosto de 2019 que determinó que las afecciones del recurrente no guardan relación con los accidentes de origen laboral que sufrió.

5°) Corresponde pronunciarse, en primer término, sobre las alegaciones formales en cuanto se sostuvo la improcedencia de la acción por estar referida a un aspecto específico del derecho a la seguridad social que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Política. Sin embargo, tal alegación debe rechazarse por cuanto el acto recurrido puede afectar otras garantías constitucionales que sí se encuentran comprendidas en la enumeración que realiza el artículo 20, como es el derecho a la integridad física o psíquica del actor sin perjuicio del análisis de procedencia que se hará en los razonamientos posteriores.

6°) En segundo término se alegó la extemporaneidad de la acción. Sabido es, que el plazo para recurrir es de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto u ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

Sobre el particular, la recurrente funda su reclamo a partir de la Resolución de 26 de febrero del año en curso, por el cual se rechazó un recurso de reposición en contra de la decisión del órgano recurrido que declaró que las afecciones del actor no guardan relación con los accidentes de origen laboral que ha sufrido. En estas condiciones, cabe desechar la extemporaneidad alegada por cuanto, la resolución del recurso de reposición puso término a la vía administrativa, no siendo efectivo que la resolución resuelva una “reconsideración” sino una “reposición” siendo este último un recurso de naturaleza administrativa, por lo que el plazo para acudir de protección debe contabilizarse desde la resolución del mismo lo que se hizo el 26 de febrero de 2020 por lo que al recurrir de protección el día 27 del mismo mes, la acción resulta oportuna y en consecuencia, la alegación de extemporaneidad debe rechazarse.

7°) Que en cuanto al fondo, cabe señalar que no se advierte la existencia de un acto arbitrario o ilegal por parte de la recurrida, porque para proceder a desechar que las dolencias del actor tengan una relación con los accidentes laborales que sufrió, tomó en consideración los antecedentes médicos del recurrente que daban cuenta de “alteraciones degenerativas de columna con diagnóstico de discopatía C5-C6 y L5-S1 y espondilosis lumbar no atribuibles a los eventos antes señalados”, indicándose además que el informe del especialista a que alude el actor indica que este es portador de una “poliradiculopatía cervical crónica” la que deriva de las afecciones degenerativas que afectan su columna cervical y no de un TEC, sin que esta Corte se encuentre en condiciones de desestimar dichas conclusiones técnicas a falta de antecedentes que así lo permitan.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, y en su oportunidad archívese.

Rol N° 18.796-2020