Protección contra Resolución Exenta NUM001

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de diciembre de dos mil veinticinco.

A los escritos folios 19 y 20: a todo, téngase presente.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don Rodrigo Ojeda Garrido, abogado, y deduce acción de protección en favor de doña nombre reservado y contra de la Tesorería General de la República, por haber incurrido en el acto que califica de arbitrario e ilegal, consistente en la Resolución Exenta NUM000, de 2025, que rechazó el recurso de reposición administrativo en contra de la Resolución Exenta NUM001, de 2025, por la cual se declaró la vacancia por salud incompatible del cargo que servía en el grado 14 EUS, de la planta administrativa de la Tesorería Provincial del Maipo. Dicho acto vulnera, a su juicio, los derechos que garantizan los N°s. 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que ingresó al Servicio de Tesorería General de la República en el año 1998, desempeñándose ininterrumpidamente por más de veintiséis años en diversas unidades, incluyendo funciones de alta responsabilidad como Encargada de Administración de la Tesorería Provincial del Maipo, donde asumió sobrecarga laboral por suplencias y reemplazos.

Agrega que el veinticinco de julio de 2025 fue notificada de la Resolución Exenta NUM000 de 2025, que rechazó su recurso de reposición y declaró la vacancia de su cargo por aplicación del artículo 151 de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, fundado en la acumulación de más de 180 días de licencias médicas continuas o discontinuas en los últimos dos años.

Precisa que su caso fue derivado a la denominada “Mesa 107”, órgano colegiado previsto en la Circular N° 107 del servicio, cuyo informe se limitó a una reseña mínima sin ponderar su historial funcionario ni la naturaleza recuperable de sus diagnósticos.

Señala que su salud mental se vio gravemente afectada por una causa penal derivada de hechos en que su participación fue colateral, debido a la vulneración de los derechos de sus 2 hijas menores de edad por un tercero; no obstante, existen antecedentes médicos y psicológicos que acreditan diagnósticos de carácter ansioso y adaptativo recuperables, lo que torna improcedente aplicar la causal de salud irrecuperable del artículo 151 del Estatuto Administrativo, fundamentalmente porque su afección no le impide el desempeño de sus funciones.

Además, destaca que la Asociación Nacional de Funcionarios de Tesorería ha cuestionado públicamente la aplicación de la Circular N° 107 por estimar que los derechos de los funcionarios no estaban resguardados.

En cuanto a los fundamentos de derecho, sostiene que la resolución impugnada adolece de falta de motivación, puesto que limita su fundamentación a constatar el hecho de contar con licencias médicas en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, el que por sí solo no permite determinar la incompatibilidad de su salud con el cargo que desempeña, como se desprende de la modificación introducida al artículo 151 de la Ley N° 18.834 por la Ley N° 21.050, que introdujo la obligatoriedad de solicitar un informe previo de la COMPIN para determinar si la salud del funcionario es o no recuperable.

Resalta que, en la especie, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -COMPIN- declaró como recuperable su salud, lo que implica que su condición le permite seguir desempeñando funciones para el servicio. Por consiguiente, afirma que la autoridad debía efectuar una revisión de compatibilidad entre el diagnóstico de salud de la recurrente y las tareas que desarrolla en el servicio, análisis que no realizó, provocando una ilegalidad al no haberse establecido la incompatibilidad que la ley exige como requisito para la declaración de vacancia y una arbitrariedad por carecer de sustento fáctico la decisión de terminar el vínculo por el mero transcurso del tiempo en reposo laboral.

Reclama que la decisión impugnada desconoce su trayectoria laboral y aplica una medida extrema que afecta a una trabajadora con historial de sobrecarga de trabajo.

Apoya su argumentación con jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC Rol 2024-11 INA, de 13 de diciembre de 2012) y de la Excelentísima Corte Suprema (recurso de apelación ROL 3.806- 2022), que establecen que el solo uso de licencias médicas no habilita per se para declarar salud incompatible si esta es recuperable.

Denuncia la vulneración del principio de confianza legítima, citando el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema (rol 26.301- 2023), que protege la expectativa de permanencia en el servicio de funcionarios con varios años de renovaciones sucesivas.

Plantea que el artículo 151 del Estatuto Administrativo, al ser facultativo, no autoriza una desvinculación automática sin explicar explícitamente la incompatibilidad de la salud con el cargo, criterio reforzado por la Ley N° 21.050 y la jurisprudencia constitucional.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene la reincorporación inmediata de la recurrente a su cargo en la Tesorería Provincial del Maipo, con pago íntegro de remuneraciones y beneficios dejados de percibir y expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que informando al tenor del recurso comparece el abogado Rafael Ignacio Di Pillo Sanhueza, en representación de la Tesorería General de la República, quien solicitó no se diera lugar a la presente acción de cautela constitucional por ser extemporánea y se rechazara debido a que ese servicio no ha cometido ningún acto u omisión arbitraria o ilegal que lesione los derechos constitucionales de la recurrente.

En lo relativo a la alegación de extemporaneidad, postula que si bien el presente arbitrio se dirige formalmente en contra de la Resolución Exenta NUM000, de 2025, el verdadero acto que habría generado el agravio es la Resolución Exenta NUM001, de 27 de enero de 2025, que declaró la vacancia del cargo de la funcionaria por causal de salud incompatible, siendo interpuesto casi siete meses después de ese acto terminal.

Añade que el acto administrativo que se pronuncia sobre la reposición de la servidora pública es de mero trámite, pues se limita a confirmar lo resuelto previamente.

Asevera que aceptar la impugnación de la resolución que rechazó el recurso de reposición reabriría el plazo fatal, sujetándolo a la voluntad de la reclamante, lo que desnaturalizaría la acción cautelar.

Complementariamente, esgrimió que el recurso de reposición fue presentado por la actora de forma extemporánea, el día 24 de abril de 2025, excediendo el plazo de 5 días hábiles del artículo 59 de la Ley N°19.880, dado que aquella reconoció haber tomado conocimiento de la decisión impugnada el 14 de abril de 2025.

NUM000 fue notificada en el domicilio que la recurrente registraba en el servicio el día 17 de julio de 2025, y en el domicilio señalado en su reposición el día 21 del mismo mes y año, por lo que, al 24 de agosto de 2025, fecha de presentación de la de acción de protección, habían transcurrido con creces los 30 días corridos que establece el Auto Acordado respectivo.

En cuanto al fondo expone que la Resolución Exenta NUM001, de 2025, tomada de razón por la Contraloría General de la República se fundó en que la funcionaria nombre reservado acumuló 595 días de licencias médicas en el período comprendido entre el 1° de octubre de 2022 y el 30 de noviembre de 2024, cifra que supera ampliamente el umbral previsto en el artículo 151 del Estatuto Administrativo.

Puntualiza que, conforme al inciso tercero del artículo 151 del Estatuto, se solicitó previamente la evaluación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -COMPIN-, la que, mediante Resolución Exenta NUM002 de 21 de agosto de 2024, resolvió que la salud de la funcionaria presentaba un estado “Recuperable”.

Declaración que, a juicio de la recurrida, habilitó al Jefe Superior del Servicio para ejercer la facultad discrecional que la ley le confiere en orden a calificar su salud como incompatible, por configurarse los presupuestos legales y reglamentarios.

Subraya que esta normativa se inserta en el principio de servicialidad de la Administración del Estado, que exige contar con personal efectivamente disponible para asegurar la continuidad operativa y que, en la especie, la reiterada ausencia de la servidora generó un impacto operativo concreto, con redistribución de funciones entre sus compañeros y sobrecarga laboral, afectando la gestión eficiente y oportuna de ese organismo.

Menciona que, en contra de la anotada decisión, la actora dedujo recurso de reposición el 24 de abril de 2025, argumentando que su notificación fue defectuosa al haberse remitido al domicilio de su suegra y mediante “courier”, en subsidio, pidió reconsiderar la vacancia por fundarse en licencias relacionadas con una situación familiar grave, invocando además que la COMPIN calificó su salud como “recuperable”.

Sostiene que la Resolución Exenta NUM000, de 12 de junio de 2025, rechazó dicho recurso por haber sido presentado extemporáneamente pues, previo estudio de los antecedentes, se concluyó que la notificación fue válida, porque se envió al único domicilio registrado en el servicio y por carta certificada en los términos del artículo 46 de la Ley N°19.880, sin que el uso comercial del término “courier” por Correos de Chile invalidara el acto.

Adicionalmente, este se fundó indicando que el estado de Salud “recuperable” informado por la COMPIN no impide, sino que, por el contrario, habilita la aplicación del artículo 151 del Estatuto Administrativo.

Descarta la ilegalidad y arbitrariedad del acto, enfatizando que el pronunciamiento de la COMPIN sobre la recuperabilidad no es vinculante de forma estricta para la declaración de vacancia por salud incompatible, sino un antecedente técnico.

Rechaza la falta de fundamentación que se predica respecto del acto administrativo impugnado, alegando que este cumple sobradamente el estándar de motivación, al fijar su marco normativo y procedimental (Circular Normativa N°107), dar cuenta del requerimiento previo a la COMPIN y su conclusión de salud “recuperable”, y consignar la intervención y análisis del Comité Técnico Asesor. Asimismo, la resolución incorpora la Ficha Técnica Sociolaboral con cifras concretas de las licencias y el detalle secuencial de las mismas, además de considerar antecedentes sociales y de gestión interna, dando cuenta de que la decisión se adoptó con conocimiento suficiente de los factores personales y organizacionales.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que el acto recurrido consiste, en síntesis, en el hecho de haberse declarado la vacancia del cargo de la actora debido a salud incompatible con el cargo, mediante la Resolución Exenta NUM001, de 2025, confirmada por la Resolución Exenta NUM000, de 2025, no obstante haberse declarado por COMPIN que mantenía una salud recuperable y la enfermedad diagnosticada no le impedía desempeñar sus funciones.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad esta será desestimada, teniendo para ello presente que el acto terminal impugnado corresponde a la Resolución Exenta NUM000, de 2025, que rechazó el recurso de reposición interpuesto por la actora, en la medida que a partir de su notificación aquella adquirió certeza respecto de la declaración de vacancia de su cargo.

Asimismo, de los antecedentes acompañados al proceso, consta el correo electrónico de 25 de julio del presente, por el cual se remite a la recurrente la resolución señalada, precisando que la comunicación fue devuelta por correo, hecho que no fue controvertido por la contraria, lo que conduce a concluir que la acción fue impetrada dentro del plazo contemplado en el Auto Acordado que regula la materia.

SEXTO: Que, en relación con la declaración de salud incompatible con el desempeño del cargo, de los antecedentes acompañados por las partes se desprende que Tesorería General de la República se limitó a declarar la vacancia del cargo, conforme a la atribución que le otorga el artículo 151 de la Ley N° 18.834, lo que realizó previo informe de la COMPIN, de fecha 21 de agosto de 2024, que declaró que la salud de la actora era recuperable y, por tanto, no le era aplicable lo dispuesto en el artículo 152 de la misma normativa; y del Comité Técnico Asesor, de fecha 31 de diciembre de 2024, previsto en la Circular Normativa N°107, de 2013, de ese servicio.

Asimismo, tuvo en consideración que había gozado de licencias médicas por los periodos que allí singulariza, y que arrojan un total de 595 días en el periodo que media entre 1° de octubre de 2022 y el 30 de noviembre de 2024, con un promedio de 22 días en los últimos dos años SÉPTIMO: Que, de lo consignado en el motivo que precede y constando que la COMPIN concluyó que la salud de la servidora era recuperable, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad alguna en la dictación de la resolución, máxime que el acto se encuentra debidamente fundamentado, encontrándose dentro de las causales de vacancia que establece el Estatuto Administrativo.

OCTAVO: Que no se opone a lo anterior la confianza legítima que pudiese amparar a la actora en su cargo de planta, desde que tal calidad solo importa la necesidad de desvincularla mediante una decisión fundada y por causa legal, lo que, según se precisó en el motivo precedente, sí aconteció en la especie.

NOVENO: Que descartada ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado, resulta innecesario hacerse cargo de las garantías denunciadas como vulneradas por ausencia de los supuestos básicos de la acción interpuesta.

DÉCIMO: Que, conforme a lo anteriormente expuesto, el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado y en contra de la Tesorería General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-18791-2025.