nombre reservado con SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

Santiago, diez de julio de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero:

Comparece Pedro Ahumada Mateluna, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de doña nombre reservado, chilena, casada, abogada, C.I. N° RUT reservado, ex funcionaria contrata grado 8° del Servicio de Registro Civil e Identificación, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, Región Metropolitana, deduce recurso de protección en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, para estos efectos representado por don nombre reservado, Director Nacional, abogado, ignoro estado civil, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por haber puesto término a la contrata de la recurrente, mediante Resolución Exenta N° 1840 de fecha 28 de noviembre del año 2019, notificada con fecha 29 de noviembre del año en curso, dictada en forma arbitraria e ilegal, puesto que los fundamentos de hecho y de derecho, en que se funda no cumplen con los requisitos mínimos para que un acto administrativo sea fundado y motivado, ya que se basa en consideraciones que omiten indicar aspectos que son fundamentales para contextualizar lo allí expresado.

Expone que ingresó a prestar servicios para la recurrida desde el 15 de marzo de 2004, en calidad jurídica a contrata, desempeñándose el último tiempo como abogada del Subdepartamento de Filiación Penal, asimilado al grado 8° de la E.U.S., de la Planta de Profesionales del Servicio de Registro Civil e Identificaciones, prorrogándose anual y sucesivamente su contrata hasta un último período renovado al 31 de diciembre de 2019.

Señala que la recurrida tomó la decisión de no prorrogar su contrata para el año 2020, mediante la Resolución Exente N° 1840, de 28 de noviembre de 2019, la que esencialmente invoca: “Que la funcionaria nombre reservado, presenta ausencias reiteradas y prolongadas en el tiempo, cuya ocurrencia ha alterado el normal funcionamiento del Subdepartamento de Filiación Penal, recargando las labores de sus compañeros de trabajo los que, con el fin de cautelar el principio de la continuidad de la función pública, deben asumir de manera constante la ejecución de las tareas que debería cumplir la Sra. nombre reservado.”

“Que la redistribución del cumplimiento de las funciones de la funcionaria doña nombre reservado, entre sus compañeros de labores, afecta el clima laboral del Subdepartamento de Filiación Penal, porque los mencionados funcionarios deben asumir la recarga de trabajo, de manera constante.”

“Que esta autoridad considera que las ausencias reiteradas de la funcionaria Sra. nombre reservado han afectado el buen funcionamiento del Subdepartamento de Filiación Penal, y su clima laboral, considerándose conveniente a los intereses institucionales y al cumplimiento de sus funciones, no prorrogar la contrata como funcionaría del Servicio, a partir del 1 de enero de 2020, por no ser necesarios sus servicios…”

Explica que concurre en su favor el principio de la confianza legítima, atendido que se ha prorrogado por más de dos años su contrata, lo que es incluso reconocido por la resolución impugnada.

En ese orden de ideas, la resolución que no prorroga su contrata para el año 2020 constituye un acto ilegal, ya que indica que si bien es efectivo que la recurrente ha tenido un largo periodo de ausencia a su trabajo, tales ausencias se encuentran justificadas, por cuanto se encontraba haciendo uso de licencia médica, por problemas de salud que le impiden ejercer sus funciones, consistentes en trastorno mixto de ansiedad y depresión, neurosis laboral, déficit vitamina A, D y B1 y Tiroiditis Hachimoto, condiciones que son producto de la persecución laboral que ha sido objeto la recurrente, desde a lo menos tres años.

Indica que la Resolución Exenta N° 1840 le imputa a la recurrente que sus ausencias han creado un mal clima laboral en el departamento, en circunstancias que la sobrecarga de trabajo en sus compañeros que alude la resolución no le resulta imputable, atendido tanto que las ausencias se encontraban justificadas, como que el Estatuto Administrativo le otorga la facultad a la autoridad administrativa de contratar a un funcionario en calidad de suplente, conforme lo dispone el artículo 4°, incisos 3° y 4°, de la ley 18.834, en aquellos casos en que el titular deba hacer uso de licencia médica.

Sostiene que, desvirtuados los argumentos contenidos en la Resolución Exenta N°1840 para justificar la no prórroga de la contrata, conforme lo anteriormente razonado, es que el acto resulta infundado, y por tanto arbitrario, transgrediendo la confianza legítima que tenía la funcionaria de que su contrata fuera prorrogada para el año 2020, no conteniendo el acto fundamentación suficiente que lo justifique, en contravención a los diversos dictámenes de la Contraloría General de la República que exigen un acto motivado para no renovar la contrata, criterio que por demás ha sido refrendado por la Excma. Corte Suprema, entre otros, en los recursos roles 3598 – 2017 y 58971 – 2016.

Agrega que, por lo demás, sus evaluaciones de desempeño siempre estuvieron en lista de distinción, y que no ha existido sumario administrativo alguno llevado en su contra, no existiendo ningún criterio objetivo, fundado en la evaluación de su desempeño, que permita sostener la decisión adoptada por la autoridad.

Estima vulnerada la garantía de igualdad ante la ley, en primer lugar, atendido que se le discriminó en relación a aquellas personas que estando en iguales condiciones no se adoptó la decisión de no renovar su contrata, y, en segundo lugar, por cuanto la Resolución Exenta N°1840 omite que las ausencias que imputa a la recurrente son justificadas.

A su juicio se encuentra también vulnerada la libertad de trabajo, en el sentido de poder continuar ejerciendo sus funciones como personal a contrata, mientras no existiera motivo para el cese de la misma, situación recogida en el concepto de confianza legítima.

Finalmente indica vulnerado el derecho de propiedad, al impedirle ejercer su función pública, con acceso a los beneficios propios de su cargo, entre ellos la remuneración.

Solicita declarar que la no prórroga de la contrata de la recurrente constituye un acto ilegal y arbitrario, dejándolo sin efecto, restituyendo a la recurrente al ejercicio de sus funciones, ordenando cancelarle las remuneraciones correspondientes al tiempo que estuvo privada de ejercer su función, con costas.

Segundo:

Informando el recurso el Servicio de Registro Civil señala que es efectivo que desde el año 2004 la recurrente se desempeña en calidad jurídica a contrata, la que se prorrogó en forma anual y sucesiva, hasta un último vencimiento al 31 de diciembre 2019, período en el que se desempeñó como funcionaria del Subdepartamento de Filiación Penal, asimilado al grado 8° E.U.S. de la Planta de Profesionales.

Indica que mediante la Resolución Exenta N°1840, de 28 de noviembre de 2019, el Servicio dispuso la no prorroga de su contrata para el año 2020, acto debidamente fundado, en la circunstancia que en el año 2019 la recurrente prácticamente no prestó servicio alguno, al hacer uso consecutivo de 28 licencias médicas, totalizando 397 días de ausencia.

Expone que estas ausencias obligaron al Servicio a reasignar sus labores y redistribuirlas en el resto del equipo, lo cual generó una sobrecarga para éstos y una incertidumbre en torno a su regreso, por lo que, en la consecución del bien común, y conforme a los principios de continuidad en el Servicio, eficiencia y eficacia, se decidió no prorrogar su contrata.

A lo anterior, se suma el hecho que la recurrente fue sancionada en Procedimiento Sumario ordenado por la Resolución Exenta N°2691, del 22 de noviembre de 2017, instruido con el fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de la funcionaria nombre reservado, quien se desempeñaba en el Subdepartamento de Registros Especiales, por cuanto no se presentaba regularmente a su trabajo, llevándose además el sumario contra la recurrente en calidad de jefa del departamento antedicho, quien debía velar por el control jerárquico en cuanto a la ausencia y omisión en la implementación de un control eficiente que permitiera controlar la asistencia y licencias médicas presentadas por nombre reservado; procedimiento que concluyó con la dictación de la Resolución Exenta N°1733 que aplicó la medida disciplinaria de censura a la recurrente, lo que implicaba una pérdida de confianza en la recurrente.

Argumenta que la calidad a contrata tiene un carácter esencialmente transitorio, en concordancia al artículo 10 del Estatuto Administrativo; y si bien se reconoce que la recurrente cumple los requisitos para concurrir en su favor la doctrina de la confianza legítima, en los términos del dictamen N°6400 – 2018 de la CGR, señala que esta no concede inamovilidad en el cargo, sino que únicamente regula que la decisión de no renovar al funcionario debe materializarse a través de un acto administrativo fundado y debidamente comunicado al interesado.

Sostiene que el Servicio no ha incurrido en actos que constituyan un desconocimiento del legítimo derecho a hacer uso de las licencias médicas por parte de la recurrente, sin embargo tiene una obligación de velar por la correcta administración de los recursos públicos y por la satisfacción de las necesidades de la población, finalidades que se vieron seriamente afectadas producto de las ausencias sistemáticas de la recurrente, y que perturbaron el normal funcionamiento del Servicio, lo que obligó a tomar una decisión al respecto, la que en caso alguno puede estimarse arbitraria o infundada, citando al particular el dictamen N°24.506, de 10 de septiembre de 2019, emitido por la Contraloría General de la República, que, frente a un caso de similares características, determinó que la ausencia por 177 días de una funcionaria a contrata, justificada en licencias médicas, justificaba adecuadamente que los servicios de la funcionaria no fueran necesarios, ya que prestó servicios sin la continuidad requerida por el servicio, causándole perjuicios.

Alega que, por lo demás, el recurso de protección no es procedente para reclamar contra la resolución que no prorroga la contrata de un funcionario público, al no existir un derecho indubitado que proteger.

Finalmente, no ha incurrido en ilegalidad o arbitrariedad alguna, ni ha conculcado las garantías fundamentales que invoca el recurso; no habiendo existido discriminación arbitraria alguna, no resultando posible una comparación objetiva con otro par en su misma situación, ya que nadie ha presentado una ausencia tan prolongada; ni se ha afectado su garantía a la libertad del trabajo, que es distinto al derecho a la estabilidad en el mismo; y finalmente no existe un derecho de propiedad sobre los cargos públicos a contrata, como pretende la recurrente.

Tercero:

Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil– o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él– y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Cuarto:

Que no es discutido que doña nombre reservado ingresó a prestar servicios para la recurrida desde el 15 de marzo de 2004, en calidad jurídica a contrata, desempeñándose el último tiempo como abogada del Subdepartamento de Filiación Penal, asimilado al grado 8° de la E.U.S., de la Planta de Profesionales del Servicio de Registro Civil e Identificaciones, prorrogándose anual y sucesivamente su contrata hasta un último período renovado al 31 de diciembre de 2019.

Tampoco es discutida la existencia de la Resolución Exenta N°1840, de 28 de noviembre de 2019. En la resolución se esgrimen como razones para la no prorroga de su contrata para el año 2020, la circunstancia que en el año 2019 la recurrente prácticamente no prestó servicio alguno, al hacer uso consecutivo de 28 licencias médicas, totalizando 397 días de ausencia, lo que afecto necesariamente el buen funcionamiento del Servicio. Como un segundo argumento, el Servicio de Registro Civil sostuvo que por Resolución Exenta N°1733 se aplicó la medida disciplinaria de censura a la recurrente, lo que implicaba una pérdida de confianza en la recurrente.

Quinto:

Que conforme el principio de confianza legítima, sin desconocer las facultades que el ordenamiento jurídico le otorga al jefe del Servicio, es necesario enfatizar en que las determinaciones que en este sentido pronuncie deben ser debidamente fundadas, es decir, el acto administrativo que de ella surja debe encontrarse motivado a fin de conocer las razones en base a las cuales se adopta la decisión.

En el presente caso nos encontramos ante una funcionaria que en el año 2019 prácticamente no prestó servicio alguno, al hacer uso consecutivo de 28 licencias médicas, totalizando 397 días de ausencia, además de haber sido sancionada en un sumario administrativo.

De esta forma, resulta procedente, a juicio de esta Corte, que en esta situación concreta la administración cambie su práctica, mantenida por diversos actos jurídico anteriores a la no renovación de la contrata, aun cuando dicha actuación haya generado en la persona la convicción que se le tratará en lo sucesivo, bajo circunstancias similares, de igual manera a como lo ha sido anteriormente.

Sexto: Que, a su vez, el asiento normativo de la exigencia de fundamentación de los actos administrativos se encuentra en la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos, al disponer en su artículo 11 inciso segundo que "Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos". Tal idea es reiterada en sus artículos 16 y 41.

Sobre el particular, conviene recordar que la Excma. Corte Suprema ha manifestado que “…la causa o motivación es un elemento del acto administrativo que puede ser entendido como la razón que justifica su dictación por la Administración del Estado, en la que se encuentran elementos fácticos y de derecho. La causa o motivo debe expresarse en el acto de la Administración y ello deriva precisamente de que el actuar de la misma debe ser razonable, proporcionado y legalmente habilitado, a fin de posibilitar su comprensión frente a los destinatarios y evitar ser tachada de arbitraria, puesto que la inexistencia o error en los motivos de hecho, determina la existencia de un vicio de abuso o exceso de poder”. (Corte Suprema, Rol 19.585-2016, 22 de junio de 2016).

Séptimo:

Por otra parte, la Contraloría General de la República en su Dictamen N° 24.506 de fecha 10 de septiembre de 2019, estableció como fundamento para la no renovación de una contrata y su término “por no ser necesarios los servicios”, el hecho que el funcionario presento ausencia laboral justificada en licencias médicas, lo que impidió el funcionamiento normal del Servicio donde se desempeñaba, lo que perturbó la atención eficiente de los usuarios de este.

En ese orden de ideas, la Contraloría General de la República establece que el uso prolongado del derecho de licencias médicas por parte de un funcionario, en la medida que afecta el normal funcionamiento del Servicio, satisface la exigencia de motivación del acto administrativo que pone fin a su contrata, por cuanto, se expresaron en ella las razones que se tuvieron en cuenta a fin de poner término a la misma.

Octavo: Que, en consecuencia, las menciones contenidas en el acto administrativo cuestionado resultan suficientes para explicar, en el caso particular, los motivos por los cuales se decidió no renovar su contrata, toda vez que las razones se tornan suficientes para la decisión adoptada por la Administración.

Noveno: Que, según lo razonado, la decisión de la autoridad administrativa en orden a poner término a la contrata de la recurrente al contener la suficiente fundamentación, no se aviene en ilegal y arbitraria, pues cumple a cabalidad con la exigencia del artículo 11 de la ley 18.834 y no contraviene en modo alguno el principio de confianza legítima. De modo que no se vulnera el estatuto de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política, ni tampoco los derechos consagrados en los numerales 16 y 24 del citado artículo 19.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo establecido artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que SE RECHAZA sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, representado por don nombre reservado

nombre reservado a cargo del ministro (S) señor Carlos Juan Carlos Silva Opazo.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-187889-2019.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada por el Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez y por el Ministro (S) señor Juan Carlos Silva Opazo. No firma el Ministro señor Poblete por encontrarse suspendido de sus funciones.