nombre reservado con MINISTERIO DE ENERGÍA

6 Santiago, diecinueve de mayo de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que, en estos autos rol N°187.880-2019 comparece doña nombre reservado, funcionaria pública, quien interpone recurso de protección en contra del Ministerio de Energía, representado por su Ministro titular don Juan Carlos Jobet Eluchans, a raíz de la dictación y posterior notificación de la resolución exenta N°34, de 29 de noviembre de 2019, que dispone la renovación parcial de su contrata hasta el día 20 de abril de 2020, actuación que califica de ilegal y arbitraria y que, además, vulnera los derechos establecidos en los numerales 2°, 16° y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Explica que se desempeña como funcionario público de forma ininterrumpida desde el año 2001, en que fue contratada por el Ministerio de Salud, bajo la modalidad de honorario a suma alzada y a contar del año 2003 bajo la modalidad de contrata; a contar del año 2013 fue contratada en la Subsecretaría de Energía bajo el primer mecanismo, siendo traspasada en el mes de mayo de 2015 a la modalidad de contrata, grado 5° de la E.U.S. del estamento profesional, que se ha mantenido en el tiempo y que configura la denominada teoría de la confianza legítima. Informa que sus calificaciones han sido siempre en lista 1 de distinción, haciendo presente que su última evaluación de desempeño no fue realizada, con motivo de una denuncia por acoso laboral que efectuó en contra de sus superiores jerárquicos, nombre reservado y nombre reservado, manteniéndose entonces sus calificaciones del período anterior, instruyéndose un sumario administrativo producto de la aludida denuncia.

Previa reseña de las felicitaciones que dice haber recibido con motivo de su trabajo, agrega que se decretó la renovación parcial de la contrata, que cuestiona, que en lo pertinente refiere que las denuncias fueron desestimadas, unido a que pese a no haber sido sometida al proceso de calificación correspondiente, la evaluación del desempeño por parte de su jefatura resulta deficiente, acorde los pasajes que detalla. Reprocha de ellos la falta de veracidad en las circunstancias aludidas, como también la ausencia de argumentos normativos, lo que es revelador de una falta de fundamentación, como también una vulneración de la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República y de aquella contenida en sentencias dictada por las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema.

La recurrente sostiene que la única explicación lógica es la persecución que motivó su denuncia, reparando que al momento de declarar con motivo de la instrucción del sumario respectivo, la propia Fiscal a cargo le habría indicado que no estaba en juego ni estaba averiguando en torno a la calidad técnica de su trabajo, sino que se investigaba un posible acoso laboral.

En cuanto a los derechos fundamentales que estima amagados, desarrolla la igualdad ante la ley, que exige un tratamiento idéntico a personas que se encuentran en un mismo supuesto, premisa que no se cumple puesto que la decisión se funda únicamente en una persecución que devino tras el acoso laboral denunciado, como se ha explicado. Respecto de la libertad de trabajo y su protección y el derecho de propiedad, sostiene que se ven afectados al impedirse que siga prestando sus funciones hasta finales del mes de diciembre del año en curso.

Así, solicita se invalide el término anticipado de contrata al día 30 de abril de 2020, ordenándose su continuidad hasta el día 31 de diciembre del mismo año, con expresa condena en costas.

2°) Que evacuando el informe requerido, previa reseña de antecedentes del caso concreto y los fundamentos del recurso entablado, explica que si bien es efectivo que a raíz de la denuncia la actora no fue objeto de un proceso de calificación, con anterioridad al mes de septiembre de 2019 fue objeto de los procesos de precalificación que son realizados anualmente respecto de todos los funcionarios de la repartición. En ese contexto, alude al considerando 8° de la resolución que cuestiona, subrayando que tuvo un desempeño que se caracterizó por problemas de concentración en el desarrollo de sus tareas, lo que fue informado en la reunión de retroalimentación del mes de marzo de 2019. Igualmente, se indica que no ha tenido un desempeño adecuado en lo que respecta a relaciones interpersonales y de coordinación para las labores que desempeña. También, requiere de apoyo y monitoreo constante para dar oportuna respuesta a los plazos y calidad de información solicitada, además de identificarse incumplimientos en el desempeño como coordinadora de convenios.

Así, la resolución exenta que se cuestiona cumple con la debida fundamentación exigidas en el dictamen N°6400 de 2018 de la Contraloría General de la República, sin que pueda estimarse que obedezca a una animadversión en su contra con motivo de la explicada denuncia, lo que queda patente con el cambio de funciones a que se accedió formalmente en el mes de noviembre de 2019, a la División de Administración y Finanzas, en la que actualmente se encuentra.

3°) Que la recurrente acompañó al recurso los siguientes antecedentes: 1.- cartas de agradecimiento de entidades ejecutoras y colegas; 2.- denuncia de suceso; 3.- investigación sumaria por acoso y relación de servicio lista 1; 4.-procedimientos y resoluciones de trabajo; 5.- recomendaciones médicas; 6.- trabajo encomendado y gratitudes de jefatura, recordatorio para jefes; 7.- presentación DES y presentación equipo objetivo.

4°) Que, por su parte, la recurrida adjuntó al informe los siguientes antecedentes: 1.- copia de la resolución exenta N°34 de 2019; 2.- copia de la resolución N°42 de 2018, que aprueba el texto que fija la organización interna del Ministerio de Energía; 3.-copia de dictamen N°6400 de 2018 de la Contraloría General de la República.

5°) Que para el análisis del asunto planteado en autos, resulta conveniente recordar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

6°) Que, como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Es importante recalcar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que esté presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

7°) Que, ya desarrollando el asunto puesto en conocimiento de esta Corte, hay que señalar que en conformidad con lo dispuesto en la letra c) del artículo 3° de la Ley N° 18.834, que contiene el Estatuto Administrativo, para los efectos de esta normativa se entiende por empleo a contrata aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución. El inciso primero del artículo 10 del mismo texto de ley prescribe que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.

Como es de toda evidencia, el que las normas transcritas consagren de manera explícita la transitoriedad de la contrata, no constituye una circunstancia que habilite a la Administración -en el caso de la especie al Ministerio de Energía- para poner término anticipado a la misma por las razones que esgrimió.

8°) Que, en efecto, la adecuada interpretación de las disposiciones citadas conduce a concluir que la transitoriedad de la contrata no dice relación con la persona que sirve el cargo, sino con el cargo mismo, esto es, que lo circunstancial o precario es el tipo o clase de trabajo que se desarrolla en la institución, mas no el funcionario específico o determinado que lo sirve.

De otro lado, las más elementales normas sobre respeto al trabajador, en cualquiera de las calidades que pueda revestir y ante cualquier empleador que se preste la labor, señalan que a quien emplea a una persona no le es lícito poner fin a la relación si no es por alguno de los motivos o en alguna de las hipótesis que establezca la ley.

En este escenario, el término anticipado de la contrata será procedente en tanto el servicio que motivó la contratación haya dejado de ser necesario, pero no lo será si se pretende obtenerlo porque la persona que desempeña la labor lo hace en forma deficiente. En este último caso el servicio sigue siendo necesario y el trabajo sigue existiendo, pero lo que se busca es que sea desempeñado por otra persona que lo haga de mejor forma. Especialmente en el presente caso, en que las conductas que se han reprochado a la funcionaria recurrente, según es fácil comprender, derivan de la situación de acoso que denunció. La afirmación anterior se funda en el hecho de que no es comprensible que el desempeño de una persona, que ingresó al sistema público, al menos en la entidad recurrida, durante el año 2013, ahora presente las conductas que se la imputan, precisamente luego que formulara una denuncia por acoso laboral.

9°) Que cabe añadir que, si un funcionario a contrata desempeña deficientemente su labor, pero ésta sigue siendo necesaria, no puede la Administración, invocando la transitoriedad de la contrata, poner término anticipado al servicio específico de ese funcionario y reemplazarlo por otro. Un correcto proceder indica que, en este evento, la autoridad podrá evaluar en términos deficientes el desempeño y fundado en eso y observándose las normas que gobiernen la materia, separar de sus funciones al empleado, o bien iniciar los sumarios administrativos correspondientes, que pueden eventualmente culminar con la destitución. Lo que se quiere significar es que la autoridad administrativa no puede invocar la transitoriedad de la contrata para separar al empleado que considera deficiente, o como en el presente caso, dando la impresión de que hace como represalia por haber formulado una denuncia. La autoridad debe utilizar solo los mecanismos que, específicamente, se han previsto para tal finalidad, a fin de evitar cualquier sospecha de arbitrariedad, provocada por una denuncia que se desestimó.

10°) Que en el caso de la especie se recurrió a una calificación de desempeño funcionario distinta a la que prevé la ley -que por lo demás no se condice con la efectuada en cumplimiento de ésta (que ubicó previamente, a la recurrente, en los períodos en que fue calificada, en Lista N°1)- y sobre esta base ilegítima se dispuso la renovación de la contrata de quien recurre, en forma parcial, solo hasta el 30 de abril del año 2020 en curso, en términos que nada se ha dicho por la recurrida en cuanto a que el trabajo desempeñado por la recurrente ya no resulte necesario. Efectivamente, si se revisa la resolución N°34, los reproches dicen relación con circunstancias que habrían impedido a la funcionaria recurrente “desempeñarse adecuadamente”, incluyendo dentro de los regaños el hecho de que habría efectuado una denuncia, concluyéndose “que los hechos y circunstancias contenidas en la denuncia no son constitutivos de acoso y/o maltrato laboral, por cuanto no reúnen las características que definen el acoso laboral, sino que se trata de situaciones que obedecen a aquellas que se derivan del desarrollo de la gestión interna de una organización”.

De este modo, se advierte con claridad que la disminución del período de la contrata, constituye una represalia por el hecho de haber efectuado la recurrente, la señalada denuncia, quien pasó de esta manera de tener la calidad de acusadora, a quedar en categoría de acusada y sancionada, dadas las conclusiones obtenidas en la indagación.

11°) Que, de este modo, basta con revisar y estudiar someramente la resolución Exenta N°34, de 29 de noviembre de 2019, para concluir en la ilegalidad y arbitrariedad de la decisión adoptada por el Ministerio de Energía, que no se acomoda a la normativa legal previamente indicada y que se visualiza como una represalia por lo ya señalado. Además, el proceder de la Administración ha producido la vulneración de la garantía fundamental de igualdad ante la ley, que la Carta Fundamental de la República reconoce a la recurrente en el N°2 de su artículo 19, todo lo que justifica que el recurso sea acogido.

Por lo anterior, no resulta necesario analizar si ha habido o no transgresión de las demás garantías constitucionales invocadas en el recurso.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la E. Corte Suprema sobre tramitación de recursos como el de la especie, se declara que se acoge el recurso de protección presentado por doña nombre reservado, ya individualizada, contra el Ministerio de Minería, representado por su Ministro titular don Carlos Jobet Eluchans, disponiéndose que la señalada autoridad administrativa debe dictar un nuevo Decreto o Resolución, que disponga la renovación de la contrata hasta el periodo máximo permitido por la ley, esto es, hasta el 31 de diciembre próximo, dejando sin efecto el anterior, objeto del recurso, o bien ampliándolo en los términos indicados.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense los antecedentes.

Redacción del Ministro Mario D. Rojas González.

Rol N°187.880-2019.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mario Rojas González e integrada por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz y el Ministro (s) señor Juan Carlos Silva Opazo.