Protección contra Instituto de Previsión Social

C.A. de Santiago Santiago, diez de julio de dos mil veinte.

VISTOS:

PRIMERO: Que se deduce recurso de protección en favor de don nombre reservado, chileno, abogado, funcionario público a contrata, grado 8° del escalafón de profesionales, del Departamento de Administración e Inmobiliaria (DAI) del Instituto de Previsión Social, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado; y en contra del Instituto de Previsión Social (en adelante, IPS), representado legalmente por su director, Patricio Coronado Rojo, y en contra de los funcionarios del IPS nombre reservado, Jefe del Departamento de Administración e Inmobiliaria; y nombre reservado, nombre reservado y Administración, todos domiciliados en domicilio reservado, en razón de haber incurrido la Institución y los mencionados funcionarios, en actos arbitrarios e ilegales, constituidos por un acoso laboral sostenido, una discriminación arbitraria y una no renovación de contrata ilegal, que le han causado perturbación y privación en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías consagrados en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que ingresó, por primera vez, al Instituto de Previsión Social en febrero del año 2015, como abogado, grado 10° del Departamento de Administración e Inmobiliaria. Desempeñó tal cargo, de manera proba, correcta y bien evaluada, hasta julio de 2016, fecha en que renuncié voluntariamente al servicio por estudios de postgrado.

Reingresó al Servicio el año 2018, detentando el cargo de abogado del Departamento de Administración e Inmobiliaria, grado 8° del escalafón profesional.

En cuanto a su historial como funcionario, sostiene que tal como lo acredita su hoja de vida, durante toda la permanencia en la Institución ha sido bien evaluado y cumplido con sus deberes de modo diligente, probo, y eficiente. Por ello, ha sido calificado en “Lista 1, de Distinción”, los años 2018 y 2019.

Arguye que, en octubre de 2019, nombre reservado fue removido de la Jefatura del Departamento de Administración e Inmobiliaria, y en su lugar asumió nombre reservado.

Luego de una primera entrevista con la nueva jefatura, se inició el acoso laboral, aislamiento, remoción de responsabilidades, retiro de trabajos habituales y no asignación de tareas o labores.

Posteriormente, hubo un intento arbitrario e ilegal de forzar una renuncia anticipada. El día 5 de noviembre, luego de tres semanas y fracción de incomunicación total, nombre reservado lo citó a su oficina, con el propósito de solicitarle una renuncia inmediata, en efecto, nombre reservado, colega de despacho, momentos antes venía regresando de la oficina de la Jefatura DAI, y le indicó que a él le acababan de pedir la renuncia, sin posibilidad de diálogo o traslados dentro de la Institución.

Al solicitar se le explicitaran fundamentos a tal petición, se le señaló que se trataba de una reestructuración, lo cual a su juicio es sólo una excusa para materializar una persecución de carácter política.

Finalmente se concretó su desvinculación, mediante un llamado de nombre reservado para notificarle de tal acto el día viernes 29 de noviembre de 2019, en su oficina, dónde aguardaba el señor nombre reservado, junto al abogado Jaime Azócar, quien hizo las veces de Ministro de Fe, siendo el primero quien hizo entrega de la carta que le comunicaba la no renovación de su contrata para el año 2020, y según reza la carta que, por el sólo ministerio de la ley cesaba en su funciones el 31 de diciembre de 2019. Nada firmó en ese momento, máxime cuando la carta contiene un error en orden a que no es su primera renovación.

Señala que el motivo real del despido radica en su opinión y cercanías políticas, pues el Jefe DAI y el nombre reservado, lo asocian a autoridades nombradas durante el gobierno anterior, siendo todas las reestructuraciones, hipótesis o divagaciones respecto a reestructuraciones internas falsas, sin asidero alguno, salvo servir como mera pantalla de una feble apariencia de legalidad. Estos hechos, dan cuenta de un hostigamiento selectivo, silencioso, reiterado y con intenciones de obtener primeramente su renuncia, para luego derechamente desvincularlo de forma discriminatoria.

Luego cita jurisprudencia y desarrolla las garantías conculcadas, específicamente los numerales 1, 2 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, junto a preceptos legales que estima infringidos, artículo 2 inciso segundo del Código del Trabajo, junto al artículo 2 de la Ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación.

Por otra parte, advierte Infracciones y responsabilidades de nombre reservado, Jefe DAI., quien con su actuar Infringió el artículo 61 letra g), puesto que el acoso laboral y la discriminación arbitraria constituyen, en sí mismas, acciones contrarias al principio de probidad administrativa. De igual modo, y en su calidad de Jefatura Directa, vulneró el artículo 64, letra c), que obliga a los jefes a “desempeñar sus funciones con ecuanimidad”, y lo preceptuado en las letras l) y m) del artículo 84.

A su vez el señor nombre reservado infringió los artículos 61, letras b) y g); 64 en todas sus letras; y 84 en sus letras a), g), h), l) y m).

Por su parte el Director Nacional del IPS, Patricio Coronado, en su concepto, incumplió los deberes más obvios y fundamentales de la Superioridad Jerárquica de cualquier Servicio Público y, en específico, infringió los artículos 61, letras b) y g); 64 en todas sus letras; y 84 en sus letras g), h) y l).

Acusa también una falta de motivación de la decisión administrativa de la no prórroga de contrata para el año 2020 en el Instituto de Previsión Social, aclara que la ausencia de “confianza legítima” no autoriza a la Administración del Estado a tomar decisiones irracionales, incoherentes, ineficientes y basadas en discriminaciones arbitrarias y asociadas a conductas de acoso laboral.

Concluye solicitando, que se acoja el recurso y se ordene la renovación de su contrata para toda la anualidad 2020 y la inmediata reincorporación al Instituto de Previsión Social, en el mismo grado y con las mismas funciones que detentó. Se ordene se le pague íntegramente las remuneraciones, bonos, asignaciones y cualquier otra prestación dineraria y/o previsionales a que tenga derecho en función del cargo, durante todo el periodo en que ha permanecido y eventualmente permanezca alejado del mismo. Dejar sin efecto la no renovación, notificada por carta el 29 de noviembre de 2019 y Declarar la existencia de un acoso laboral y una discriminación arbitraria ejecutada contra su persona, perpetrados por el Director Nacional de IPS Patricio Coronado Rojo, en ejercicio de sus funciones, y los funcionarios nombre reservado y nombre reservado, sin perjuicio de disponer las demás medidas para reestablecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que, comparece Rubén Gutiérrez Ayala, abogado, funcionario del Instituto de Previsión Social, en representación de la parte recurrida, quien evacuó informe.

Aseguró que el Servicio ha actuado dentro de las facultades legalmente concedidas y no ha vulnerado garantía alguna del recurrente. Lo anterior, fundamentado en que a través de la Resolución Exenta RA N° 954/11/2019, la contrata del recurrente fue prorrogada hasta el 31 de diciembre del año 2019, y conforme a lo sostenido en el dictamen N° 6.400, de 2018, de Contraloría General de la República, la práctica que origina la confianza legítima exige al menos dos renovaciones, lo que en la especie no ocurre. La desvinculación del recurrente se produjo por la llegada del plazo dispuesto en su designación para el año 2019, o dicho de otra forma, el término de la contrata se produjo por el solo ministerio de la Ley, al llegar el plazo previsto en la correspondiente designación, acorde con el artículo 153 del Estatuto Administrativo.

Cita jurisprudencia que en conclusión, siendo el empleo a contrata esencialmente transitorio, no poseyendo el actor lo que se ha denominado “Confianza Legítima”, debe descartarse la irregularidad, arbitrariedad e ilegalidad denunciada, toda vez que la contrata lisa y llanamente tuvo su vencimiento natural, no siendo necesario la dictación de un acto administrativo por el cual se determine la no renovación en cuestión.

Sin perjuicio de aquello, la autoridad administrativa así como la jefatura directa expresaron al funcionario los motivos y argumentos que fundaban esta decisión, lo que incluso es reconocido por el actor (aunque lógicamente no los comparte).

En cuanto a las calificaciones, advierte que este sistema de evaluación de los funcionarios públicos presenta serias deficiencias, y en consecuencia, cada día pierde credibilidad en cuanto a su objetividad.

En cuanto al supuesto acoso laboral, sostiene que con el advenimiento de cada nueva jefatura, al asumir sus funciones se efectúa una revisión de los procesos y equipos a su cargo, acompañado de entrevistas individuales, en el marco del control jerárquico que asiste.

Como resultado de este proceso, se decide por motivos y necesidad institucional, implementar una modificación de la estructura, funciones y programación de las unidades que componen el Departamento.

Advierte que resulta a lo menos extraño que el recurrente, abogado, pese a todo lo que describe, no haya utilizado los canales formales, por lo que no existen antecedentes ni elementos de juicio que permitan deducir o inferir la efectividad de sus alegaciones.

Luego señala que el recurso de protección no es el medio idóneo para resolver sobre la pretensión del actor, máxime cuando se imputa hechos supuestamente ocurridos con anterioridad a 30 días desde la fecha de interposición del recurso, por lo que puede incluso rechazarse la acción por extemporánea, pero lo que es más grave, estas imputaciones severas, que por supuesto no comparte y controvierte, no pueden ser calificadas en esta sede, por constituir el recurso de protección una acción cautelar de urgencia, que carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

Cita el fallo de esta Corte de Apelaciones de Santiago, en Rol 70.325-2019, con fecha 3 de enero de 2020, que rechaza la acción cautelar.

En consecuencia, no existe acto arbitrario e ilegal de su parte, puesto que la decisión de no renovar la contrata del recurrente ha emanado de la autoridad competente, dentro de plazo y notificado legalmente, expresando además los motivos, razonamientos y antecedentes de hecho y de derecho que le sirvieron de sustento para su decisión de no renovar su contrata.

En cuanto a las garantías supuestamente transgredidas, señala que no ha vulnerado las garantías constitucionales del artículo 19 relativas a la integridad física, psíquica y honra.

En la especie, se trata de un profesional que estaba en pleno conocimiento de que los empleos a contrata duran, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año, de forma que el Instituto ha hecho uso de una facultad legal.

Finaliza señalando que, para el improbable caso que se acoja la acción, alega la improcedencia de la condena en costas.

TERCERO: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que el artículo 3° del Estatuto Administrativo, define conceptos básicos de dicho régimen legal, en su letra b) señala que “el Personal de Planta”, es el conjunto de cargos permanentes asignados por ley a cada institución; en su letra c) define el “Empleo a Contrata”, como aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de la institución; y, en la letra d), se refiere a la “Carrera Funcionaria” como un sistema integral de regulación del empleo, aplicable al personal de planta…, que garantiza la igualdad de oportunidades para el ingreso, la dignidad de la función pública, la capacitación y el ascenso, la estabilidad en el empleo y la objetividad en las calificaciones en función del mérito y la antigüedad.

QUINTO: Que, por otra parte, el artículo 10° del citado Estatuto, señala que los “empleos a contrata”, “durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con 30 días de anticipación a lo menos”.

SEXTO: Que, en concordancia con lo anterior, el artículo 146 del mismo cuerpo legal contempla, entre las causales de cesación en el cargo, la de “término del período legal por el cual se es designado” y, en cuanto a sus efectos, precisa el artículo 153 que éste o el cumplimiento del plazo por el cual el funcionario es contratado, “produce la inmediata cesación de funciones”, sin perjuicio de señalar que “continuará ejerciéndolas si fuere notificado previamente y por escrito, de encontrarse en tramitación el decreto o resolución que renueva su nombramiento o contrato”.

SÉPTIMO: Que, del examen de las normas que regulan la institución del “empleo a contrata”, permite establecer que, efectivamente, se trata de una función marcada por su carácter transitorio, a diferencia de lo que ocurre con el personal de planta, cuyos cargos son permanentes y a quienes se garantiza la estabilidad en el empleo. De la esencia del empleo a contrata, es que está sujeto a un plazo máximo de duración, es decir, a un término extintivo, lo que significa que mientras se encuentra pendiente el vínculo produce todos sus efectos, pero a su vencimiento, por el solo ministerio de la ley, se produce la extinción del empleo y los funcionarios que los sirven cesan de inmediato en sus funciones, a menos que se manifieste previamente la voluntad de prorrogarlo por un nuevo período.

OCTAVO: Que, el marco legal precedentemente expuesto es absolutamente claro, entonces, respecto al hecho que el empleo “a contrata”, se extingue o expira por el solo ministerio de la ley, con la llegada o cumplimiento del plazo, por lo que quienes lo ejercen cesan en sus funciones de pleno derecho, sin que la autoridad administrativa esté obligada a renovar el contrato. La recurrente, por otra parte, estaba en conocimiento de las condiciones -precarias - en que se la contrataba año a año.

NOVENO: Que, en la especie, los antecedentes allegados a este proceso, permiten concluir que la vinculación entre la parte recurrida y el recurrente, era mediante un empleo a contrata y que tenía como fecha de vencimiento el día 31 de diciembre del año 2019, siendo notificado el día 29 de noviembre del mismo año, que sus servicios no serían prorrogados para el año 2020.

DECIMO: Que, esta Corte concluye que no se ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno, atendido el marco legal vigente, pues se trata de servicios transitorios , por lo que , su efecto natural es que, llegada la fecha de vencimiento del plazo se extingue naturalmente, siendo improcedente que se le imponga a la autoridad administrativa la obligación de renovarla para un periodo posterior, como pretendía el recurrente, pues tales servicios siempre se encuentran supeditados a las necesidades temporales del servicio.

UNDÉCIMO: Que, cabe descartar que en la especie se haya vulnerado el llamado principio de “confianza legítima”, pues este cede ante un acto de la administración de no renovación de contrata notificado con la antelación debida a la recurrente.

DUODÉCIMO: Que, así entonces, no existe el acto arbitrario e ilegal que se le imputa a la parte recurrida, siendo inoficioso emitir pronunciamiento sobre un eventual quebrantamiento de las garantías que se denunciaron como vulneradas.

DECIMO TERCERO: Que, por último, en cuanto a las alegaciones formuladas por el recurrente respecto de un eventual acoso laboral, estas no pueden ser analizadas mediante la presente vía cautelar, ya que para ello requeriría de un proceso declarativo, naturaleza ajena a la presente via.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de 24 de junio de 1992 de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que, se rechaza, sin costas, la acción constitucional impetrada por don nombre reservado.

Redacción de la ministra señora Marisol Andrea Rojas Moya Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-187830-2019.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada por el Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez y por el Ministro (S) señor Juan Carlos Silva Opazo. No firma el Ministro señor Poblete por encontrarse suspendido de sus funciones.