nombre reservado con JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFATILES (JUNJI)

1 Santiago, diez de julio del año dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que, con fecha 27 de diciembre de 2019, comparece don Santiago Trincado Moreno, abogado, en representación de doña nombre reservado, educadora de párvulos, quien interpone recurso de protección en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), representada por su Directora Regional, doña Mónica Morales Seguel, por el acto arbitrario e ilegal consistente en no renovar su contrata para el año 2020, lo que vulnera las garantías constitucionales del artículo 19 de la Constitución Política, numerales 2, que consagra la igualdad ante la ley; 3 relativa al debido proceso; 16, relativo a la libertad de trabajo y 24, que consagra el derecho de propiedad.

Funda el recurso señalando que la recurrente ingresó al servicio en la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) el 7 de marzo de 2011, llevando actualmente 8 años de ejercicio de sus funciones, en calidad de educadora en párvulos grado 17 EUR, vínculo que fue renovado sucesivamente durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, realizándolo de manera ininterrumpida.

Indica que a través de la Resolución Exenta Nº015/8837 de 28 de noviembre de 2019, notificada el 29 del mismo mes, se le informó del cese de funciones debido a la no prórroga de su nombramiento, señalando en sus motivos cuarto, quinto y sexto lo que sigue:

“4. En ese sentido su jefatura directa, la Encargada del establecimiento, en informe emitido en el mes de noviembre del año en curso, evidenció que el desempeño profesional de doña nombre reservado, no se ajusta al perfil del cargo para que fue contratada debido a que se evidencia que no tiene las cualidades adecuadas, teniendo un rendimiento deficiente y un desempeño funcionario contrario al lineamiento institucional y al estatuto administrativo para el cargo que desempeña.

“5. Que, debido a lo anterior, la funcionaria antes señalada, carece de las habilidades requeridas en el perfil del cargo exigido para el trabajo técnicopedagógico, que debe realizar con los niños y niñas del establecimiento en que ejerce sus labores.

“6. Que, por lo señalado, el desempeño de doña nombre reservado no se encuentra alineado a la misión institucional, que es entregar Educación Parvularia de calidad y bienestar integral a los niños y niñas”.

Sostiene que con dichos argumentos la resolución indicada resuelve el cese de las funciones desde el 1° de enero de 2020, en circunstancias que como educadora en párvulos ha desempeñado sus funciones por más de 8 años.

Destaca que la contrata fue sucesivamente renovada desde el año 2011 y la resolución impugnada señala que existiría un informe en el cual se establecería que doña nombre reservado no se ajustaría al perfil del cargo; sin embargo, su desempeño desde el ingreso al servicio ha sido siempre el mismo, de educadora de párvulos, debiendo fundar dicha no renovación en hechos y antecedentes concretos para llegar a esa conclusión, lo que en la especie no ocurre. Agrega que contiene frases genéricas que no se respaldan con hechos ni razones concretas, y que en las cartas de apoyo de apoderados y Directora puede advertirse que no son reales, sin considerar que si el desempeño funcionario es contrario al estatuto administrativo, la vía idónea para establecer la responsabilidad es a través de los procedimientos disciplinarios, no existiendo ninguno pendiente.

Precisa que si bien la autoridad administrativa no está obligada a renovar la contratación de los servicios, lo cierto es que desde el momento en que pone término anticipado a los mismos, se encuentra obligada a fundamentar dicho término anticipado, exponiendo las razones del mismo. Reitera que se trata de una funcionaria que fue objeto de 8 renovaciones de contrata, prestando ya servicios a la JUNJI desde el año 2011, entendiéndose que la fundamentación entregada es débil, tomando en consideración que la exigencia de fundamentar se hace presente desde el momento en que han existido ya más de dos renovaciones, resultando incomprensible que, respecto de una funcionaria con dicha antigüedad y por consiguiente, estabilidad laboral, de pronto resulten innecesarios los servicios, haciendo presente que no se le notificó la resolución exenta sino que simplemente se le hizo firmar un acta, en la que se le informaba que no serían necesarios sus servicios y por consiguiente no se renovaría su contrata.

Señala que el acto impugnado vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política, por cuanto establece una diferencia arbitraria en el igual tratamiento que debe adoptarse para un procedimiento de esta naturaleza, pues en otros casos similares se ha mantenido a los funcionarios en sus cargos, sin que las contratas hayan sufrido modificaciones dentro del plazo originalmente determinado.

Indica que, además, se vulnera la garantía del artículo 19 número 3 de la Constitución Política relativa a un “procedimiento racional y justo”, señalando que todo acto de la administración debe cumplir con los requisitos establecidos en la Ley N°19.880 y, en particular, aquellos que se derivan de la garantía del debido proceso. Agrega que el acto transgrede específicamente lo dispuesto en el artículo 41 de la ley 19.880, esto es, que los actos de la administración deben ser “fundados” y se requiere que los hechos de dicho acto sean verdaderos o, al menos, estén apegados a ellos. También infringe por su falta de aplicación el artículo 16 de la ley 19.880, que trata el “Principio de Transparencia y Publicidad”.

Por otra parte, dice, se vulnera el derecho a la libertad de trabajo, consagrado en el artículo 19 Nº16 de la Constitución Política, entendiendo dicha garantía como la posibilidad de continuar ejerciendo sus funciones como personal a contrata, tal como lo ha hecho ya por años, mientras cumpliese los requisitos para hacerlo y cuente con los elementos que lo permiten, circunstancias avaladas en la aplicabilidad del principio de confianza legítima, citando el artículo 89 de la Ley Nº18.834 que consagra el principio en cuanto todo funcionario tiene derecho a gozar de estabilidad en el empleo, lo que resulta aplicable a su condición de funcionaria a contrata, citando Dictámenes de la Contraloría General de la República y jurisprudencia en apoyo de su posición.

Finalmente, señala que el acto impugnado vulnera el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 Nº24 de la Constitución, toda vez se le ha impedido ejercer su función laboral, con acceso a los beneficios que dicho cargo considera, esto es, el dominio sobre la remuneración que la función otorga.

Previas citas legales y constitucionales, solicita que se acoja el recurso y se declare: 1.- Dejar sin efecto la Resolución Exenta Nº015/8837 de 28 de noviembre de 2019 y notificada el 29 de noviembre de 2019; 2.- Ordenar el reintegro inmediato de la recurrente a su respectivo puesto de trabajo en la Junta Nacional de Jardines, ordenando al Jefe Superior del respectivo Servicio dictar de inmediato el acto administrativo que restablezca su contrata hasta el día 31 de diciembre del año 2020; 3.- Disponer además el pago de sus remuneraciones y cotizaciones previsionales por el tiempo en que ha estado desvinculada del servicio y hasta el momento en que se reintegre efectivamente; 4.- Se condena en costas a la recurrida.

2°) Que, con fecha 20 de enero de 2020, comparece doña Carol Córdova Ormazábal, abogada, en representación de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, quien informa al tenor del recurso, solicitando su rechazo, con costas.

Como cuestión previa, manifiesta que la Resolución Exenta N°015/4059, de 29 de noviembre de 2019, referente a la no prórroga de la contratación de la recurrente, fue sometida al control de legalidad del Organismo de Control, de acuerdo a las facultades que le corresponden, conforme al artículo 98 de la Carta Fundamental y 1° y 6° de la Ley N°10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, resultando registrada sin observaciones por esa entidad de control.

Agrega que el recurso de protección no ha sido creado para solucionar conflictos que se encuentran sometidos a normas y procedimientos preestablecidos y entregados al conocimiento de organismos competentes, que actúan dentro de la esfera de sus atribuciones legales y, consecuentemente, bajo el imperio del derecho, citando jurisprudencia en apoyo de tal posición.

En cuanto al fondo del recurso, se refiere en primer término, a las diferencias entre el empleo de planta, contrata y honorarios, señalando que éstas vinculaciones se definen como estatutarias y no se entregan a las normas laborales comunes, sino que se rigen por estatutos especiales.

A continuación se refiere en particular al empleo a contrata, indicando que es aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una Institución. (DFL N°29/2005, Art. 3°). El empleo a contrata dura como máximo sólo hasta el 31 de diciembre de cada año, y el empleado que lo sirva expira en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos (DFL N°29/2005, Art. 10). Los empleos a contrata se rigen por las disposiciones del Estatuto Administrativo. (D.F.L. N°29, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo).

Explica, en relación a la atribución de las autoridades en materia de no renovación, renovación en condiciones diversas (esto es, en grado, estamento o carga horaria inferior, o plazo menor a un año) y término anticipado, que la Contraloría General de la República ha consagrado estas facultades, limitándolas sólo a la circunstancia de que dichos actos deben estar debidamente fundados, como señalan los dictámenes N°s 85.700 de 2016 y 6.400 de 2018. A su vez, cuando a las contrataciones se ha agregado la fórmula “mientras sean necesarios sus servicios” ha concluido la jurisprudencia administrativa que la autoridad puede ponerle término en el momento que estime conveniente, siempre que lo materialice a través de un acto administrativo fundado.

Más adelante señala que la recurrente cuestiona su no prórroga en el cargo a contrata, fundado en lo señalado en la parte considerativa, numeral 4 al 6 de la Resolución impugnada. Sobre el particular, dice, consta informe de la directora del establecimiento, Lliu Llui, Sra. nombre reservado, el que considera las deficiencias detectadas en el ejercicio del cargo, de parte de la exfuncionaria nombre reservado. Entre las dificultades que presenta hace referencia a sus reiteradas conductas agresivas hacia el personal de sala, las que se traducen en gritos, descalificaciones a viva voz, en algunos casos frente a los párvulos, portazos y en general manifestaciones de alteración durante la jornada laboral.

Agrega que la funcionaria ha sido sancionada en virtud de resolución exenta 15/6037 de 06 de agosto de 2019, en sumario administrativo instruido en su contra por resolución exenta 15/9755 de 19 de diciembre de 2017, con la medida de multa de un porcentaje de su remuneración. En dicho proceso la funcionaria fue objeto de diversos cargos, en los que se contemplan conductas como las mencionadas previamente y específicamente, se le formula un cargo por increpar mediante garabatos a una compañera de labores en el aula y en presencia de párvulos. Igualmente es sancionada por permitir extensas horas de colación, uso de celular en aula y no activar el Protocolo de detección en situaciones de maltrato infantil, al recibir una denuncia de maltrato a un párvulo, efectuada por un apoderado en contra de una funcionaria del jardín, todo ello cuando permaneció en la subrogancia del jardín Lliu Lliu, durante el año 2017.

Aduce que el comportamiento de la funcionaria se ha caracterizado, en el transcurso de los años, por presencia de conflictos interpersonales que han deteriorado el quehacer pedagógico del establecimiento.

Agrega que las conductas descritas transgreden la misión institucional, y las disposiciones referidas a la convivencia y buen trato en el establecimiento, según la resolución exenta 15/314 de 2019 que, entre otras, Aprueba el Manual de Convivencia de la Comunidad Educativa de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la que pretende que los funcionarios generen espacios nutritivos de convivencia, a fin de favorecer el aprendizaje de los niños y niñas asistentes a los jardines.

Sostiene que por lo señalado y lo descrito en relación a las conductas de la funcionaria, queda de manifiesto que no cumple con la misión institucional del servicio y que su comportamiento no se condice con el perfil de cargo en que se desempeñó.

A continuación, alega la inexistencia de ilegalidad o arbitrariedad en las actuaciones de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, denunciadas en el recurso, por cuanto la no prórroga de funciones obedece exclusivamente a las deficiencias en el desempeño de la función de parte de la recurrente, deficiencias que se manifestaron no solo en cuanto a su comportamiento con los integrantes de la comunidad educativa del jardín infantil, sino que también respecto de supervisores del establecimiento.

Finalmente sostiene que no existe en ningún caso una vulneración efectiva en grado de amenaza, perturbación o privación de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

3°) Que para el análisis del asunto planteado en autos, resulta conveniente recordar, como se hace habitualmente, que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

4°) Que, como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Es importante recalcar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que esté presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

5°) Que, desarrollando el asunto puesto en conocimiento de esta Corte, hay que señalar que lo que se reprocha en el presente caso por la recurrente, esto es, la acción que estima arbitraria e ilegal, está constituida por una Resolución Administrativa que dispuso el término del cargo que servía a contrata en la entidad conocida como JUNJI, Junta Nacional de Jardines Infantiles, en calidad de Educadora de Párvulos, cargo que desempeñó durante ocho años, concretamente, a partir del 7 de marzo de 2011, fecha en la que ingresó al indicado servicio.

Sobre el particular, se debe hacer presente, para comenzar el análisis el problema, que en conformidad con lo dispuesto en la letra c) del artículo 3° de la Ley N°18.834, que contiene el Estatuto Administrativo, para los efectos de tal normativa se entiende por empleo a contrata aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución. El inciso primero del artículo 10 del mismo texto de ley prescribe que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.

La recurrente, como se ha indicado, ha servido para la recurrida, durante varios años, concretamente, ocho años, en la calidad señalada, esto es, a contrata, siendo siempre calificada en lista 1.

Sin embargo, como es de toda evidencia, el que las normas transcritas consagren de manera explícita la transitoriedad de la contrata, así como el de otras formas de trabajo precarias que se dan en el sector público en razón de políticas que no es del caso analizar en este fallo, no constituye una circunstancia que habilite a la Administración -en el caso de la especie la JUNJI-, para poner término anticipado a la misma por las razones que se esgrimieron en la Resolución que se reprocha y se recurre de protección, que se han repetido en el informe evacuado.

6°) Que, en efecto, la correcta interpretación de las disposiciones citadas, conduce a concluir que la transitoriedad de la contrata no dice relación con la persona que sirve el cargo, sino que con el cargo mismo, esto es, que lo circunstancial o precario es el tipo o clase de trabajo que se desarrolla en la institución, mas no respecto del funcionario específico o determinado que lo sirve, quien no puede quedar sujeto al mero arbitrio de sus superiores jerárquicos o de quienes deban efectuar los nombramientos o renovaciones y, mucho menos, al mero arbitrio de simples informes de algún superior, que pueden estar influidos por consideraciones de cualquier tipo, que podrían escapar del adecuado o inadecuado desempeño que pueda tener el empleado que sirve bajo alguna de las modalidades precarias de prestación de servicios que se dan en el sector público.

De otro lado, las más elementales normas sobre respeto al trabajador, en cualquiera de las calidades que pueda revestir y ante cualquier empleador que se preste la labor, dictan que a quien emplea a una persona no le es lícito poner fin a la relación si no es por alguno de los motivos o en alguna de las hipótesis que establezca la ley.

En este escenario, el término anticipado de la contrata o de otra forma precaria de trabajo será procedente, en tanto el servicio que motivó la contratación haya dejado de ser necesario, pero no lo será si se pretende llevarlo a cabo porque la persona que desempeña la labor lo hace en forma deficiente, o porque se le atribuyen conductas que no se condicen con las políticas institucionales. En este último caso el servicio sigue siendo necesario y el trabajo continúa existiendo, pero lo que se busca es que sea desempeñado por otra persona que lo haga de mejor forma. Especialmente en el presente caso, en que las conductas que se han reprochado a la funcionaria recurrente en la resolución recurrida, y se han repetido en el contenido del informe provienen de meras consideraciones de un superior, en concreto la Directora de un colegio donde la recurrente prestó servicios, en una subrogación, y durante el año 2017.

La afirmación anterior se funda en el hecho de que no es comprensible que recién ahora, después de más de ocho años, se haga la constatación de que el desempeño de la funcionaria recurrente padezca de las deficiencias que se le han imputado, en circunstancias que dicha persona ingresó al sistema público, al menos en la entidad recurrida, esto es, que ingresó a trabajar para la Junta Nacional de Jardines Infantiles o JUNJI, bajo la modalidad de contrata, el 7 de marzo de 2011, cumpliendo, como ya se señaló, ocho (8) años de ejercicio de sus funciones, en calidad de educadora de párvulos grado 17 EUR, vínculo que fue renovado sucesivamente durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, realizándolo de manera ininterrumpida.

Dichas deficiencias se pueden repetir y fueron efectuadas en un informe emitido por la Directora del establecimiento educacional Lliu Lliu, según se dice en el informe expedido y se reproducen:

“Sobre el particular, consta informe evacuado por la directora del establecimiento, Lliu Llui, Sra. nombre reservado, el que considera las deficiencias detectadas en el ejercicio de su cargo de parte de la exfuncionaria nombre reservado. Entre las dificultades que presenta se hace referencia, a sus reiteradas conductas agresivas hacia el personal de sala, las que se traducen en gritos, descalificaciones a viva voz, en algunos casos frente a los párvulos, portazos y en general manifestaciones de alteración durante la jornada laboral.

“Consta a su vez que la funcionaria ha sido sancionada en virtud de resolución exenta 15/6037 de 06 de agosto de 2019, en sumario administrativo instruido en su contra por resolución exenta 15/9755 de 19 de diciembre de 2017, con la medida de multa del 0% de su remuneración.

“En dicho proceso la funcionaria fue objeto de diversos cargos en los que se contemplan cargos por conductas como las mencionadas previamente específicamente, se le formula un cargo por increpar mediante garabatos a una compañera de labores en el aula y en presencia de párvulos.

“Igualmente es sancionada por permitir extensas horas de colación, uso de celular en aula y no activar el Protocolo de detección en situaciones de maltrato infantil al recibir una denuncia de maltrato a un párvulo, efectuado por un apoderado en contra de una funcionaria del jardín, todo ello cuando permaneció en la subrogancia del jardín Lliu Lliu, durante el año 2017.

“Que el comportamiento de la funcionaria se ha caracterizado en el transcurso de los años, por presencia de conflictos interpersonales que han deteriorado el quehacer pedagógico del establecimiento.

“Las conductas descritas transgreden la misión institucional, y las disposiciones referidas a la convivencia y buen trato en el establecimiento según lo dispuesto en la resolución exenta 15/314 de 2019 que, entre otras, Aprueba el Manual de Convivencia de la Comunidad Educativa de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

“Que, en virtud de la disposición mencionada, se pretende que los funcionarios generen espacios nutritivos de convivencia a fin de favorecer el aprendizaje de los niños y niñas asistentes a los jardines.”

7°) Que cabe añadir que, si un funcionario a contrata o que sirva otra forma precaria de contratación desempeña deficientemente su labor, en los términos antes consignados, pero la función sigue siendo necesaria, no puede la Administración, invocando la transitoriedad de dicha forma de laborar en la Administración Pública, poner término anticipado al servicio específico de ese funcionario y, eventualmente, reemplazarlo por otro. Un correcto proceder indica que, en este evento, la autoridad podrá evaluar en términos deficientes el desempeño y fundado en eso y observándose las normas que gobiernen la materia, separar de sus funciones al empleado, o bien iniciar los sumarios administrativos correspondientes, que pueden eventualmente culminar con la destitución.

Lo antes dicho significa que la autoridad administrativa no puede invocar la transitoriedad de la contrata para separar al empleado que considera deficiente, o como en el presente caso, dando la impresión de que se hace simplemente debido a un repentino cambio de criterio en torno al desempeño de la recurrente, que fue invariablemente calificada en forma positiva y cuya desvinculación incluso se produjo cerca del último período calificatorio. La autoridad debe utilizar solo los mecanismos que, específicamente, se han previsto para tal finalidad, a fin de evitar cualquier sospecha de arbitrariedad, como en el caso de autos, en que el fundamento del término de la actual contrata es un mero informe de un jefe de la empleada recurrente, curiosamente negativo y antiguo, en circunstancias que sus calificaciones previas son positivas. Incluso, en el sumario administrativo que se le siguió, se indica que la sanción fue pecuniaria, esto es, se le impuso una multa.

8°) Que, en el caso de la especie, se recurrió a un mero informe de desempeño funcionario distinto al que prevé la ley, que por lo demás no se condice con la efectuada en cumplimiento de ésta (que en sus calificaciones en los ocho años que trabajó obtuvo siempre calificaciones positivas) y sobre esta base ilegítima se dispuso la no renovación de la contrata de quien recurre, en términos que nada se ha dicho por la recurrida en cuanto a que el trabajo desempeñado por la recurrente ya no resulte necesario. Efectivamente, si se revisa la resolución recurrida, así como los informes evacuados, los reproches dicen relación con circunstancias que habrían impedido a la funcionaria recurrente continuar desempeñando un cargo que servía por más de ocho años, en la calidad ya dicha, atribuyéndole diversas deficiencias, producto de un informe funcionario.

Se trata de situaciones, las que se le imputan, que, de ser efectivas, son difíciles de ignorar durante ocho años y queda la impresión de que fueron advertidas sólo al cabo de dicho período, para el único efecto de poner término a la relación laboral.

9°) Que, de este modo, basta con revisar y estudiar someramente la Resolución Exenta Nº015/8837 de 28 de noviembre de 2019 y notificada el 29 de noviembre de 2019, que dispuso el cese de funciones debido a la no prórroga de su nombramiento a contrata, para entender lo errado del procedimiento de desvinculación usado en el presente caso.

Señala en sus motivos cuarto, quinto y sexto:

“4. En ese sentido su jefatura directa, la Encargada del establecimiento, en informe emitido en el mes de noviembre del año en curso, evidenció que el desempeño profesional de doña nombre reservado, no se ajusta al perfil del cargo para que fue contratada debido a que se evidencia que no tiene las cualidades adecuadas, teniendo un rendimiento deficiente y un desempeño funcionario contrario al lineamiento institucional y al estatuto administrativo para el cargo que desempeña.

“5. Que, debido a lo anterior, la funcionaria antes señalada, carece de las habilidades requeridas en el perfil del cargo exigido para el trabajo técnicopedagógico, que debe realizar con los niños y niñas del establecimiento en que ejerce sus labores.

“6. Que, por lo señalado, el desempeño de doña nombre reservado no se encuentra alineado a la misión institucional, que es entregar Educación Parvularia de calidad y bienestar integral a los niños y niñas”.

Por estos fundamentos se resolvió el término de la contrata que ejercía la recurrente en la JUNJI, no disponiéndose de una nueva renovación para el año 2020, y dicha circunstancia es suficiente como para concluir en la ilegalidad y arbitrariedad de la decisión adoptada por la recurrida, que no se acomoda a la normativa legal previamente indicada y que se visualiza como una mera intención de desprenderse, laboralmente, de la funcionaria recurrente, y cuyas verdaderas razones no están a la vista, pues no han sido expuestas ni informadas.

La conducta del Servicio recurrido, al expedir una resolución o Decreto para poner término a las funciones que a contrata desempeñaba la recurrente, constituye un acto arbitrario, pues no tiene sustento alguno ni en la ley ni en los hechos, no se ha entregado una justificación adecuada para dicha terminación, como no sea el parecer subjetivo de un superior, que emitió un informe negativo respecto de la manera como desempeñaba sus funciones, al margen del proceso normal de calificación, propio de toda función de empleados del Estado, e incluso, de algún sumario administrativo, ya que como se indicó, en el que se le incoó, se le impuso solo sanción de multa.

Además, el proceder de la Administración ha producido la vulneración de la garantía fundamental de igualdad ante la ley, que la Carta Fundamental de la República reconoce al recurrente en el N°2 de su artículo 19, todo lo que justifica que el recurso sea acogido.

10°) Que, por lo anterior, no resulta necesario analizar si ha habido o no transgresión de las demás garantías constitucionales invocadas en el recurso, el cual, por lo expuesto, debe ser acogido.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la E. Corte Suprema sobre tramitación de recursos como el de la especie, se declara que se acoge el recurso de protección presentado por don SANTIAGO EDUARDO TRINCADO MORENO, abogado, en favor de doña nombre reservado en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), Representada en la Región Metropolitana por su Directora Regional Metropolitana dona Mónica Morales Seguel, por haber expedido dicha autoridad la Resolución Exenta Nº015/8837 de 28 de noviembre de 2019 y notificada el 29 de noviembre de 2019, por medio del cual se dispuso el cese de funciones debido a la no prórroga de su nombramiento.

Asimismo, se dispone que la autoridad administrativa correspondiente debe dictar un nuevo Decreto o Resolución, que disponga la renovación de la contrata de dicha persona hasta el periodo máximo permitido por la ley durante el presente año 2020, dejando sin efecto el anterior, objeto del recurso. Asimismo, se declara que el recurrido deben efectuar el reintegro a sus funciones de la recurrente en forma inmediata, debiéndosele pagar las remuneraciones y demás montos devengados por todo el período que la decisión impugnada la haya privado de su empleo y hasta el vencimiento de la prórroga de contrata, el 31 de diciembre de 2020, con los accesorios y demás beneficios que legalmente le correspondan.

Asimismo, se impone a la recurrida el pago de las costas del recurso.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense los antecedentes.

Redacción del Ministro Mario D. Rojas González.

Rol N°187.709-2019.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mario Rojas González e integrada por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz y el Ministro (s) señor Rafael Andrade Díaz.