nombre reservado con POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

1 Santiago, dos de julio del año dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que, en estos autos rol N°187.557-2019, ha comparecido don nombre reservado, presentando recurso de protección en contra de la Resolución Exenta N°166, de fecha 25 de noviembre de 2019, que dispuso la no prórroga de su contrato en el cargo de Técnico asimilado a grado 12 de la Policía de Investigaciones de Chile, accionando en contra de don nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, don Eduardo ULIVARRI BAEZ, Prefecto Inspector, Jefe Nacional de Criminalística y doña nombre reservado, Subprefecta, Jefa del Laboratorio de Criminalística Central de la PDI.

En cuanto a los hechos, señala que el 6 de julio de 2018, en su calidad de perito en armamento, de dotación de la Sección Armamento y Munición de la PDI, informó por escrito al Mando Superior y Nacional del Área de Logística, la omisión del entonces Jefe de Unidad Subprefecto nombre reservado, de informar la incautación de un arma de fuego del tipo Pistola, calibre 9x19 mm, perteneciente al patrimonio fiscal institucional, a un grupo de delincuentes en una diligencia policial efectuada en el mes de junio de 2018 por personal de la 51ª Comisaria de Carabineros, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, situación que solo fue informada a la dotación de la sección Armamento el día 6 de julio de 2018.

Refiere que los hechos denunciados ocasionaron la apertura del sumario administrativo N°411-2018, disponiéndose su traslado temporal al Departamento de Apoyo Logístico de la PDI, como una medida de protegerlo de las represalias por parte del mando denunciado.

Asimismo, señala que 10 días después se estableció la perdida, extravío o robo del equivalente a 15 armas de fuego, lo que agravó aún más la situación interna de la unidad de Armamento y Munición de la PDI.

Luego, refiere que, durante el mes de noviembre del año 2018, presentó una solicitud de destinación a la 5ª Región para estar cerca de su familia, la que fue concedida, siendo trasladado al Laboratorio de Criminalística Central, donde la Jefa de la Unidad es la Subprefecto nombre reservado, quien es conviviente del Subprefecto nombre reservado quien fue denunciado por el recurrido.

En dicho sentido, menciona que con fecha 6 de enero de 2019, envió un correo electrónico al Director General aseverando la importancia de reunirse con él, para entregar un detalle pormenorizado de la situación denunciada.

Sostiene que, luego de realizar la denuncia precedentemente señalada, fue objeto de una persecución en su contra por parte de la Subprefecto nombre reservado y del Jefe Nacional de Criminalística, llegando a destruir su profesión, llenando su hoja de vida con sanciones, incluso llegándole a garantizar que sería expulsado de la Institución.

Dicha situación se vería refrendada en el hecho de que, una vez denunciados, los involucrados se investigaron ellos mismos, con actos administrativos de esclarecimiento de los hechos que no duraron más de dos días, en los que se habrían auto exculpado, ocasionando sanciones en su contra, por lo que apeló mediante recursos que aún no habrían sido respondidos por el Director General.

Hace presente que, mediante el Oficio (R) N°183, de la Jefatura Nacional de Criminalística, el Sr. nombre reservado informó que no se estimaba pertinente la prórroga de su contrato de Técnico asimilado a grado 12, afirmando dicha decisión en medidas disciplinarias de propia iniciativa aplicadas en su contra, de forma maliciosa.

A ello agrega que fue calificado con las calificaciones más bajas de su carrera, con abierta animadversión por parte de la Subprefecto nombre reservado.

Luego, indica que mediante Carta de Servicio N°247/I, de 27 de noviembre de 2019, emitida por la Jefatura Nacional de Gestión de las Personas, se comunicó la no prórroga de su contrato en el Escalafón de Técnicos, la que señala: “El personal indicado anteriormente, cesará automáticamente en sus funciones a contar del 01 de enero de 2020”. “Asimismo, el señor nombre reservado que al ser pensionado de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile y en virtud a lo establecido en el D.F.L. N°2/68, Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, Título IV, Capítulo 1°, artículo 70, tiene derecho a pensión de retiro”.

Añade que nunca ha sido pensionado de DIPRECA, ya que hace más de 21 años impone en esa entidad y que dicha Carta de Servicio presenta errores de forma y fondo, que refieren una condición que no existe, que nada tiene que ver con el efectivo derecho a pensión de retiro que el recurrente tiene, por lo que solicita que dicha Carta sea rectificada.

En dicho contexto denuncia vulnerado el Derecho a la protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad.

Finaliza el recurso solicitando que se ordene:

-dejar sin efecto la Resolución Exenta (R) N°166, de fecha 25 de noviembre del 2019, de la Dirección General de la Policía de Investigaciones de Chile y la Carta de Servicio N°247/I, de fecha 27 de noviembre de 2019, de la Jefatura Nacional de Gestión de las Personas.

-ser destinado a una Unidad Policial que no se encuentre al mando de las autoridades denunciadas.

-se prohíba a los recurridos que ejecuten actos de hostigamiento en su contra, como mantener cualquier tipo de contacto con él.

2°) Que comparece doña MARÍA INÉS WISE DÍAZ DE LA VEGA, abogada, en representación convencional de don nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, emitiendo el informe solicitado, la que señala que el actor fue contratado mediante Resolución N°199 de fecha 8 de julio de 1998, como conductor de vehículos policiales asimilado al grado 18, para desempeñarse en el Centro de Capacitación Profesional.

Mediante Resolución N°305, de 24 de septiembre de 2010, se autorizó su ingreso como Técnico asimilado a grado 12, a contar del 01 de octubre de 2010.

Con posterioridad y consecutivamente, fue contratado para desempeñar funciones en la Sección de Armamento y Municiones (año 2017), luego en el Laboratorio de Criminalística Central, mediante la Resolución N°380, de fecha 05 de febrero de 2019.

En cuanto al acto denunciado, hace presente que el término de la contrata que se objeta se produjo al llegar el plazo previsto en la correspondiente designación, acorde con el artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, que permite al Director General contratar, por necesidades del servicio, empleados para ejercer cargos que no tengan el carácter de permanentes.

Puntualizado lo anterior, añade que de acuerdo con los antecedentes tenidos a la vista, la Resolución Exenta (R) N°166, de la Dirección General de la Policía de Investigaciones de Chile, de fecha 25 de noviembre de 2019, es un acto administrativo debidamente fundado y motivado, ya que especificó detalladamente las razones por las cuales se hizo necesario prescindir de los servicios del requirente, cumpliendo con lo exigido por la normativa legal vigente, el criterio de la Contraloría General de la República y lo dispuesto por la Excma. Corte Suprema, toda vez que la citada resolución encuentra su fundamento en una evaluación anual deficiente, la que a su vez, es reflejo de la Hoja de Vida Anual del recurrente.

Expresa que la Resolución Exenta (R) N°166, tuvo en consideración los siguientes antecedentes:

1.- La Hoja de Vida Anual, período 2019, donde constan los siguientes antecedentes:

-Amonestación Severa; aplicada mediante Resolución PRI N° 46-2019 de 26.FEB.019, del LACRIM, por afectarle responsabilidad administrativa en los hechos investigados, al no dar cumplimiento a lo señalado en el Título X, Capítulo IX “Del Conducto Regular” al informar mediante correo electrónico directamente al Subdirector de Investigación Policial y Criminalística, la situación profesional y personal que lo aquejaba. Por Resolución N°1 de 05.MAR.019, de la JENACRIM que rechaza el recurso de reclamo presentado por el funcionario y confirma la medida disciplinaria.

-Un día de Permanencia en el Cuartel; aplicada mediante Resolución PRI N°189-2019 de 23.JUL.019 del LACRIM, y confirmada por Resolución N°2 de 02.AGO.019 de la JENACRIM, toda vez que miente en su cuenta escrita de 12.JUL.019, en relación al maltrato y acoso laboral del cual se considera víctima, no condiciéndose con la realidad, acreditándose esto mediante la declaración de los testigos que dan cuenta que su comportamiento transgrede la normativa institucional, al no realizar su función de acuerdo a las directrices impartidas por su jefatura directa, perjudicando con ello su proceso de formación y capacitación de técnico custodio y al utilizar un vocabulario grosero y vulgar, no acorde a su condición de miembro de la PDI.

-Constancia Negativa; la Resolución Exenta N°3 de 09.AGO.019 de la JENACRIM, que rechaza el recurso de reclamo presentado por el funcionario por no aportar nuevos antecedentes que permitan desvirtuar los hechos que dieron lugar a la constancia negativa ordenada estampar en su H.V.A., por la Jefa del Laboratorio de Criminalística Central, ya que en su cuenta escrita del 30.NOV.017, a la que hace referencia para acreditar que su domicilio se encuentra en la ciudad de Quilpué, señala que su grupo familiar reside en esa ciudad, fijando su domicilio particular, en domicilio reservado, sin que existan antecedentes que digan relación con cambio de domicilio.

-Amonestación Simple; la Resolución N°4 de 23.AGO.019 de la JENACRIM, que rechaza el recurso de reclamo presentado por el funcionario y conforma la medida disciplinaria de “Amonestación Simple”, aplicada mediante Resolución PRI N°208-2019 de 26.FEB.019 del LACRIM, por negarse a firmar la evaluación mensual del mes de julio, consignada con el 02.AGO.019, en su H.V.A., así como también la constancia en la que se estampó su negativa a firmar, por cuanto el procedimiento a seguir ante su inconformidad en la evaluación consignada, era tomar conocimiento de ella y firmar la misma dentro del siguiente día hábil, para a continuación presentar el recurso que le asistía dentro del plazo de dos días hábiles, ante el jefe superior directo de quien la estampó para su pronunciamiento definitivo dentro del mismo plazo.

2.-El Informe Técnico (R) N°355 de fecha 11.JUL.019, de la Jefatura Nacional de Salud, por medio del cual la Comisión Médica Institucional, informa que, con los antecedentes disponibles, no existen elementos para justificar la duración prolongada de las licencias médicas presentadas por el señor nombre reservado (en el período registra un total de 154 días de licencia médica).

3.-El Informe de Evaluación del Técnico asimilado a grado 12,señala que nombre reservado, obtuvo en el período de evaluación 2019, las siguientes calificaciones (de un total de 14 factores): Factor 1 “Espíritu de Cuerpo” nota 4; Factor 2 “Disciplina” nota 3; Factor 3 “Reserva Funcionaria” nota 5; Factor 4 “Compromiso con el Servicio” nota 4; Factor 5 “Respeto a la dignidad humana” nota 5; Factor 6 “Ética Profesional” nota 5; Factor 7 “Capacidad Funcionaria” nota 4; Factor 8 “Criterio”, nota 4; Factor 9 “Iniciativa” nota 4; Factor 10 “Conducta Privada” nota 5; Factor 11 “Cooperación” nota 5; Factor 12 “Sociabilidad” nota 6; Factor 13 “Condición Física” nota 4 y Factor 14 “Asistencia y Puntualidad” nota 5, totalizando 63 puntos y un promedio 4,50, como evaluación final, la que firmó NO conforme, presentando dentro del plazo reglamentario recurso de Reclamación, el cual fue elevado al superior jerárquico para su conocimiento y resolución.

4.-La Resolución (R) N°1 de 14.OCT.019, de la Jefatura Nacional de Criminalística, que acoge PARCIALMENTE, el recurso de reclamo presentado por el recurrente en consideración a que las notas asignadas en algunos factores, no están acordes a lo reflejado en las constancias consignadas en su Hoja de Vida Anual. Por lo que se mantuvieron las notas, elevándose, a Nota 7 en el Factor N°3 “Reserva Funcionaria”, que registraba nota 5 a nota 7; y en el Factor N°5 “Respeto a la Dignidad Humana”, que registraba nota 5 a nota 7. Totalizando 67 puntos y un promedio de 4,78 como evaluación final.

5.- El Oficio (R) N°183 de 16.OCT.019, de la Jefatura Nacional de Criminalística, mediante el cual NO estima pertinente la prórroga de contrato del Técnico asimilado a grado 12, por haber demostrado durante el período poco compromiso institucional, además falta de disciplina y de criterio, al no dar cumplimiento al conducto regular y no respetar las disposiciones superiores, lo cual se refleja en las medidas disciplinarias de propia iniciativa aplicadas, de la misma forma posee poca iniciativa e interés en el desarrollo de sus funciones, sobre todo mala disposición, con el cumplimiento del “Curso de Capacitación para Técnicos Custodios”, privilegiando sus intereses personales por sobre las necesidades institucionales, lo que queda reflejado en sus cuentas escritas del 21.FEB.019 y 12.JUL.019. Asimismo, presenta una condición física desfavorable toda vez que, se ha ausentado a sus labores durante 154 días producto de licencias médicas, sin que existan elementos para justificar la duración prolongada de las mismas, según consta en Informe Técnico de Jefatura Nacional de Salud.

La citada resolución fue notificada al recurrente el 28 de noviembre de 2019. Luego, mediante Carta de Servicio N°247/I de fecha 27 de noviembre de 2019, de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas, se comunicó que no se renovaría su contrato, quien al ser pensionado de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile y en virtud a lo establecido en el D.F.L. N°2/68, Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, Título IV, Capítulo 1°, artículo 70, tiene derecho a pensión de retiro.

En cuanto a la situación de pensión del recurrente hace presente que éste, en virtud a lo establecido en el D.F.L. N°2/68, Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, Título IV, Capítulo 1, artículo 70, tiene derecho a pensión de retiro: “El personal que se reincorpore al servicio en el mismo empleo o plaza, pierde el goce de la pensión que se le haya concedido, pero tiene derecho a que el tiempo anterior de servicio sea de abono para los efectos de su retiro posterior.

“El personal con goce de pensión que haya vuelto al servicio activo por un período no inferior a tres años, en otra plaza o empleo, pero que también dé derecho a obtener pensión de retiro, tendrá derecho a que su pensión sea reliquidada considerándosele el total del tiempo servido, ya sea en relación con su último empleo, o con el empleo en que obtuvo su anterior pensión de retiro.

“Para tener derecho a los beneficios que establece el inciso anterior, el personal deberá efectuar o integrar las imposiciones correspondientes.”

Situación que en la especie se da plenamente, sostiene la informante, razón por la cual se le notificó al recurrente.

En cuanto a las garantías constitucionales supuestamente infringidas, señala que no se vislumbra de qué manera la Policía de Investigaciones de Chile ha vulnerado el derecho a la honra del recurrente, toda vez que las sanciones aplicadas fueron conforme al debido proceso y a la normativa interna.

Referente al derecho a la propiedad, indica que la jurisprudencia ha sido categórica en señalar que no existe derecho de propiedad sobre un cargo público, más aún cuando la inconducta del funcionario es la que lo ha llevado al cese de sus funciones.

En cuanto a que la referida resolución, contravendría el artículo 19 N°16 de la Constitución Política, las personas ingresan voluntariamente a los organismos de la Administración del Estado, y al hacerlo se adscriben a un régimen de derecho público que establece diversas medidas disciplinarias y normativa respecto a la permanencia en el empleo.

Pide, por último, el rechazo de la presente acción constitucional.

3°) Que para el análisis del asunto planteado en estos autos, resulta conveniente recordar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

4º) Que, como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Resulta importante recalcar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

5°) Que en este caso, ha intentado acción de cautela de derechos constitucionales don nombre reservado, respecto de la Resolución Exenta N°166, de fecha 25 de noviembre de 2019, que dispuso la no prórroga de su contrato en el cargo de Técnico asimilado a grado 12 de la Policía de Investigaciones de Chile, dirigiendo la acción contra don nombre reservado, Director General de dicha Policía civil, don Eduardo Ulivarri Baez, Prefecto Inspector, Jefe Nacional de Criminalística y doña nombre reservado, Subprefecta, Jefa del Laboratorio de Criminalística Central de la PDI.

Sin embargo, ha añadido a su recurso una serie de cuestionamientos respecto de actuaciones de superiores jerárquicos suyos, a quienes acusa de persecución, al punto que junto con pedir su reincorporación, solicita ser destinado a una Unidad en la que no se encuentren los funcionarios contra los que recurre, y que cesen los hostigamientos en su contra, todo lo cual escapa de los límites de lo que puede ordenarse en el presente caso, a través de este recurso.

Adicionalmente, se inserta una discusión sobre si tiene o no derecho a pensionarse o a reliquidar una pensión, nada de lo cual es posible discutir en un recurso como el presente.

Se debe recordar que el recurso de protección es una acción cautelar de urgencia o emergencia, para proteger derechos indubitados de quien lo presenta o de la persona en cuyo favor se recurre, que se vean afectados al menos en grado de amenaza, sin que pueda constituir una instancia de generación de derechos. Tampoco puede ser utilizado como medio de impugnación, genérico, contra disposiciones, resoluciones, decretos u otras actuaciones de autoridades administrativas, judiciales o del orden intermedio, que éstas lleven a cabo en el marco de sus legítimas atribuciones, y que se encuentren debidamente fundamentadas.

En el caso de autos, se ha reprochado formalmente no solo la Resolución de no prórroga del contrato, sino que además, actuaciones intermedias, algunas de las cuales impugnó, no haciendo lo mismo con otras. En cualquier caso, no se pueden atacar mediante este recurso, que no es el idóneo para ello, al tiempo que, naturalmente, estaría fuera de plazo para ello.

6°) Que, como se ha venido diciendo, en el caso de la especie, al recurrente no se le prorrogó el contrato anual, mediante el cual prestaba servicios en la Policía de Investigaciones de Chile, lo que hizo durante varios años.

Sin embargo, la referida no prórroga se hizo dentro del marco de la ley.

Efectivamente, de acuerdo con los antecedentes tenidos a la vista, según la autoridad informante, la Resolución Exenta (R) N°166, de la Dirección General de la Policía de Investigaciones de Chile, de fecha 25 de noviembre de 2019, es un acto administrativo debidamente fundado y motivado, ya que especificó detalladamente las razones por las cuales se hizo necesario prescindir de los servicios del requirente, cumpliendo con lo exigido por la normativa legal vigente, además del criterio de la Contraloría General de la República, encontrando la citada resolución su fundamento en una evaluación anual deficiente, la que a su vez, es reflejo de la Hoja de Vida Anual del recurrente.

La Resolución Exenta (R) N°166, tuvo en consideración los siguientes antecedentes:

1.- La Hoja de Vida Anual, período 2019, donde constan los siguientes antecedentes:

-Amonestación Severa; aplicada mediante Resolución PRI N° 46-2019 de 26.FEB.019, del LACRIM, -Un día de Permanencia en el Cuartel; aplicada mediante Resolución PRI N°189-2019 de 23.JUL.019 del LACRIM, y confirmada por Resolución N°2 de 02.AGO.019 de la JENACRIM.

-Constancia Negativa; la Resolución Exenta N°3 de 09.AGO.019 de la JENACRIM, que rechaza el recurso de reclamo presentado por el funcionario por no aportar nuevos antecedentes que permitan desvirtuar los hechos que dieron lugar a la constancia negativa ordenada estampar en su H.V.A., por la Jefa del Laboratorio de Criminalística Central.

-Amonestación Simple; la Resolución N°4 de 23.AGO.019 de la JENACRIM, que rechaza el recurso de reclamo presentado por el funcionario y conforma la medida disciplinaria de “Amonestación Simple”, aplicada mediante Resolución PRI N°208-2019 de 26.FEB.019 del LACRIM, por negarse a firmar la evaluación mensual del mes de julio, consignada con el 02.AGO.019, en su H.V.A., así como también la constancia en la que se estampó su negativa a firmar.

2.-El Informe Técnico (R) N°355 de fecha 11.JUL.019, de la Jefatura Nacional de Salud, por medio del cual la Comisión Médica Institucional, informa que, con los antecedentes disponibles, no existen elementos para justificar la duración prolongada de las licencias médicas presentadas por el señor nombre reservado (en el período registra un total de 154 días de licencia médica).

3.-El Informe de Evaluación del Técnico asimilado a grado 12, que precisa que nombre reservado, obtuvo en el período de evaluación 2019, las siguientes calificaciones (de un total de 14 factores): Factor 1 “Espíritu de Cuerpo” nota 4; Factor 2 “Disciplina” nota 3; Factor 3 “Reserva Funcionaria” nota 5; Factor 4 “Compromiso con el Servicio” nota 4; Factor 5 “Respeto a la dignidad humana” nota 5; Factor 6 “Ética Profesional” nota 5; Factor 7 “Capacidad Funcionaria” nota 4; Factor 8 “Criterio”, nota 4; Factor 9 “Iniciativa” nota 4; Factor 10 “Conducta Privada” nota 5; Factor 11 “Cooperación” nota 5; Factor 12 “Sociabilidad” nota 6; Factor 13 “Condición Física” nota 4 y Factor 14 “Asistencia y Puntualidad” nota 5, totalizando 63 puntos y un promedio 4,50, como evaluación final, la que firmó NO conforme, presentando dentro del plazo reglamentario recurso de Reclamación, el cual fue elevado al superior jerárquico para su conocimiento y resolución.

4.-La Resolución (R) N°1 de 14.OCT.019, de la Jefatura Nacional de Criminalística, que acoge parcialmente, el recurso de reclamo presentado por el recurrente en consideración a que las notas asignadas en algunos factores, no están acordes a lo reflejado en las constancias consignadas en su Hoja de Vida Anual. Por lo que se mantuvieron las notas, elevándose, a Nota 7 en el Factor N°3 “Reserva Funcionaria”, que registraba nota 5 a nota 7; y en el Factor N°5 “Respeto a la Dignidad Humana”, que registraba nota 5 a nota 7. Totalizando 67 puntos y un promedio de 4,78 como evaluación final.

5.- El Oficio (R) N°183 de 16.OCT.019, de la Jefatura Nacional de Criminalística, mediante el cual no estima pertinente la prórroga de contrato del Técnico asimilado a grado 12, por haber demostrado durante el período poco compromiso institucional, además falta de disciplina y de criterio, al no dar cumplimiento al conducto regular y no respetar las disposiciones superiores, lo cual se refleja en las medidas disciplinarias de propia iniciativa aplicadas, de la misma forma posee poca iniciativa e interés en el desarrollo de sus funciones, sobre todo mala disposición, con el cumplimiento del “Curso de Capacitación para Técnicos Custodios”, privilegiando sus intereses personales por sobre las necesidades institucionales, lo que queda reflejado en sus cuentas escritas del 21.FEB.019 y 12.JUL.019. Asimismo, presenta una condición física desfavorable toda vez que, se ha ausentado a sus labores durante 154 días producto de licencias médicas, sin que existan elementos para justificar la duración prolongada de las mismas, según consta en Informe Técnico de Jefatura Nacional de Salud.

Lo anterior, según quedó latamente expuesto al desarrollarse, en el motivo 2° de esta sentencia, el informe de las autoridades recurridas.

Por ende, se reitera la conclusión de que la no prórroga del contrato que le permitía al recurrente servir en las filas de la Policía de Investigaciones de Chile, se fundó en su evaluación anual deficiente, reflejo de su Hoja de Vida Anual, por lo que no ha sido la consecuencia de un acto ilegal o arbitrario, sino el corolario de sus calificaciones deficientes.

7°) Que, además, el recurrente no ha hecho valer un derecho indubitado.

De otro lado, al no haber acto ilegal –ya que no se ha demostrado la conculcación de ninguna norma con rango de ley-, ni arbitrario –ya que tampoco demostró abuso de autoridad o actuar alejado de los parámetros de la razón-, no puede existir infracción de garantías constitucionales, razones todas que conducen al rechazo del recurso entablado.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la E. Corte Suprema sobre tramitación de recursos como el de la especie, se declara que se rechaza la acción de protección entablada por don nombre reservado, contra la Resolución Exenta N°166, de fecha 25 de noviembre de 2019, que dispuso la no prórroga de su contrato en el cargo de Técnico asimilado a grado 12 de la Policía de Investigaciones de Chile, y presentada contra don nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, don Eduardo Ulivarri Báez, Prefecto Inspector, Jefe Nacional de Criminalística y doña nombre reservado, Subprefecta, Jefa del Laboratorio de Criminalística Central de la PDI.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense los autos.

Redacción del Ministro Mario D. Rojas González.

Rol N°187.557-2019.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mario Rojas González e integrada por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz y el Ministro (s) señor Rafael Andrade Díaz.