nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Santiago Santiago, tres de diciembre de dos mil veinticinco.

Al folio 9: atendido el estado procesal de la causa, no ha lugar.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que recurre de protección el abogado Pablo Peñaloza Parra, en representación de doña nombre reservado, en contra de AFP Planvital S.A., por haber rechazado la solicitud de devolución de fondos previsionales el 25 de julio de 2025 regulada en la Ley N°18.156, pese a que la recurrente acompañó mediante la plataforma web toda la documentación exigida, incluyendo contrato de trabajo, título profesional y constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). La administradora fundamentó el rechazo ya que no se acompaña Certificado o Constancia de afiliación, válida, vigente y susceptible de validación, que logre acreditar que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, por todo el período de prestación de servicios en Chile, debidamente apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile La recurrente sostiene que esta exigencia resulta arbitraria y desproporcionada, dado que actualmente existe una imposibilidad material de obtener una certificación actualizada por la ausencia de representación diplomática de Venezuela en Chile, situación que a su juicio constituye un caso fortuito o fuerza mayor. Añade que la afiliación puede verificarse directamente en el portal oficial del IVSS mediante los códigos incorporados en el documento, mecanismo que afirma ha sido reconocido por otras administradoras, como AFP Cuprum, en casos similares.

Señala haber cumplido íntegramente los requisitos establecidos en los artículos 1 y 7 de la Ley Nro.18.156 y que la negativa de Planvital S.A constituye un acto ilegal y arbitrario al imponer exigencias no previstas en la normativa, afectando su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales y vulnerando su igualdad ante la ley al recibir un trato distinto respecto de otros trabajadores extranjeros en idénticas condiciones. Indica que el recurso se interpone dentro del plazo previsto en el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección, por haberse presentado dentro de los 30 días siguientes al rechazo comunicado el 25 de julio 2025.

Añade que la jurisprudencia reciente de diversas Cortes de Apelaciones entre ellas Antofagasta, Valparaíso y Concepción ha resuelto que documentos como los acompañados por la recurrente constituyen prueba suficiente de afiliación a un sistema previsional extranjero y ha calificado como ilegal y arbitrario el rechazo basado en formalidades extremas o imposibles de cumplir. En virtud de lo anterior, solicita que se acoja la acción, se declare la ilegalidad del actuar de la recurrida y se ordene validar la documentación presentada, disponiendo que AFP Planvital emita un nuevo pronunciamiento dentro de un plazo prudencial a fin de restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital SA., al evacuar su informe, solicitó el rechazo íntegro del recurso con costas, sosteniendo que no existe acto ilegal o arbitrario en su actuar, sino fundado en la legislación aplicable y en las instrucciones obligatorias emitidas por la Superintendencia de Pensiones. Cita la Ley N° 18.156, que exige acreditar afiliación a un régimen extranjero que otorgue determinadas coberturas; el DFL N° 101 de 1980, que confiere a la Superintendencia facultades de control; y el DL N° 3.500 y la Ley N° 20.255, que atribuyen a la Superintendencia la facultad de interpretar obligatoriamente la normativa previsional y de impartir instrucciones de cumplimiento obligatorio para todas las Administradoras.

La AFP señala que el Oficio N° 12.954 y el Compendio Normativo del Sistema de Pensiones establecen un procedimiento claro sobre los documentos admisibles, cuyo cumplimiento es obligatorio y no depende de criterios discrecionales. Por ello, PlanVital sostiene que no ha incurrido en ilegalidad ni en arbitrariedad, sino que ha actuado conforme a derecho y en igualdad de trato respecto de todos sus afiliados.

Según explica la AFP, la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio Ordinario N° 12.954 de 15 de julio de 2025, instruyó que para acreditar el requisito del artículo 1 letra a) de la Ley N° 18.156, el trabajador debe presentar una certificación emitida por la autoridad previsional del país de origen, que dé cuenta de la cobertura por todos los riesgos exigidos (enfermedad, invalidez, vejez y muerte) durante el período trabajado en Chile. Dicha certificación debe venir legalizada o apostillada según el Convenio de La Haya.

El mismo oficio establece que las constancias electrónicas no apostilladas, así como las declaraciones juradas del afiliado, aun cuando estén notariadas o apostilladas, no son suficientes para acreditar la cobertura previsional en el extranjero, por no emanar de la autoridad competente. Concluye señalando que los documentos previsionales venezolanos destinados a producir efectos en Chile deben estar apostillados por la autoridad competente de Venezuela.

Asimismo, se afirma que el rechazo no extingue el derecho a solicitar la devolución de fondos, sino que constituye un acto subsanable, pudiendo la afiliada presentar nuevamente los documentos exigidos. Se cita jurisprudencia de la Corte Suprema (Rol N° 54.783-2024, 8 de mayo de 2025), que ha determinado que este tipo de decisiones no generan indefensión y no son aptas para impugnarse por vía de protección, por tratarse de actos intermedios dentro de un procedimiento administrativo. También se enfatiza que existen vías alternativas para que la afiliada plantee su situación ante la Administradora o la Superintendencia, a través de los canales formales disponibles.

TERCERO: Que se ha descrito jurídicamente al recurso de protección de garantías constitucionales consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, como un instrumento o acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar los derechos preexistentes e indubitados que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su libre ejercicio.

CUARTO: Que la naturaleza cautelar y de urgencia de la acción constitucional de protección, hace indispensable que el recurrente invoque la afectación de un derecho preexistente e indubitado.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

QUINTO: Que, conforme a lo señalado, el acto impugnado en estos autos consiste en la comunicación de fecha 25 de julio de 2025 mediante la cual la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por la recurrente en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 18.156, fundándose dicha decisión en el incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios exigidos para acceder a dicha devolución.

SEXTO: Que siendo la materia respecto a la procedencia de la Ley N°18.156, corresponde traer a colación las normas aplicables al caso. Al efecto, el artículo 1° de la Ley N° 18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

A su turno, el artículo 7° de la misma ley señala: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que se den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

SÉPTIMO: En este mismo sentido, es menester señalar que conforme lo indicado en el Oficio Ordinario N° 12.954, emitido con fecha 15 de julio de 2025 por la Superintendencia de Pensiones -que responde a una consulta realizada por distintas administradoras de fondos- se señala que para cumplir con el requisito de la letra a) del artículo 1° de la ley 18.156, el trabajador debe acreditar mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen, que efectivamente contó con cobertura por todos los riesgos exigidos, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, y que dicha certificación debe venir legalizada o apostillada, según las normas del Convenio de la Haya y el Código de Procedimiento Civil.

OCTAVO: Que, en la especie, del mérito de los antecedentes allegados al proceso, se observa que la recurrente acompañó un certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en el cual consta que doña nombre reservado posee 708 semanas cotizadas ante dicho Instituto, siendo su primera fecha de afiliación el 27 de septiembre de 2004, encontrándose actualmente en estatus de asegurado cesante en la empresa Corporación eléctrica Nacional S.A, inscrita bajo el Número Patronal D24120351, con fecha de egreso 15 de mayo de 2018. Sin embargo, si bien este certificado aparece firmado por doña nombre reservado, presidenta de la Junta Directiva del IVSS, el mismo no cuenta con la debida apostilla o legalización exigida por la normativa vigente.

NOVENO: Que, acorde a lo expuesto necesariamente se debe concluir que las exigencias que fundan la negativa de la A.F.P. Planvital, encuentran sustento en la ley, y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente o que constituya una discriminación arbitraria.

Por el contrario, su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N° 18.156, para atender solicitudes de la naturaleza efectuada por la recurrente, motivo bastante para desestimar el recurso de protección que se examina, al no existir actuación alguna que deba ser corregida por este medio.

DÉCIMO: A mayor abundamiento, la presente vía no resulta idónea para la discusión planteada en el recurso, no sólo por existir los procedimientos específicos correspondientes, a los que debe sujetarse la recurrente; sino también porque lo relevante, en definitiva, es que la recurrente carece de un derecho indubitado que pueda ampararse a través del ejercicio de esta acción de protección, la que busca la tutela inmediata y objetiva frente a vulneraciones ostensibles de los derechos establecidos en el artículo 20 de la Carta Fundamental, los que no deben merecer duda alguna en cuanto a su existencia y ejercicio por el afectado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada en favor de nombre reservado y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-18737-2025.