nombre reservado con FISCO CHILE - C.D.E.

CERTIFICO: Que, se anunciaron, escucharon relación y alegaron, por el recurso, el abogado don Gabriel Nieto Muñoz, por 15 minutos; y contra el mismo, el abogado del Consejo de Defensa del Estado por 7 minutos. Santiago, 1 de julio de 2020.

nombre reservado

Relator C.A. de Santiago Santiago, uno de julio de dos mil veinte.

Proveyendo escritos folios 16, 17 y 18: A todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparecen don nombre reservado, doña nombre reservado y don nombre reservado, abogados, todos con domicilio en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, médico, domiciliado en domicilio reservado, quienes interponen recurso de protección en contra del Hospital de Carabineros General Humberto Arriagada Valdivieso, persona jurídica de derecho público, representado por el Fisco de Chile y este a su vez por el Consejo de Defensa del Estado, representado por doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, por la dictación de la Resolución Exenta R.A. Nº1251 de 21 de noviembre de 2019 de la Dirección Nacional del Personal de Hospital de Carabineros, notificada el 28 de noviembre pasado, que resuelve la no renovación de la contrata del recurrente para el año 2020, decisión tomada en desatención de las normas que regulan la materia, incurriéndose en un actuar arbitrario e ilegal.

Piden que se ordene a la recurrida que reincorpore en sus labores al recurrente, por la totalidad del año 2020, y además proceda al pago de todas las remuneraciones y emolumentos que no haya percibido desde el día 1° de enero de 2020 a la fecha en que sea reincorporado.

Fundan su pretensión cautelar señalando que por Resolución Nº57 de 27 de febrero de 2006, el actor fue contratado como médico del Hospital de Carabineros, en la especialidad de Traumatología y Ortopedia, contratación que, en principio se extendería hasta el 31 de diciembre de ese año. Sin embargo, desde el año 2006, la contrata del recurrente fue objeto de múltiples y sucesivas renovaciones que se extendieron hasta el pasado 31 de diciembre de 2019.

En consecuencia, indican que el actor ha prestado servicios para el establecimiento de salud de forma ininterrumpida, en calidad jurídica C.P.R. (Contrato Por Resolución) durante 13 años y pese a ser un funcionario intachable y con entrega profesional al Hospital de Carabineros, el 28 de noviembre de 2019, fue notificado de la Resolución Exenta R.A. N° 1251, de 21 de noviembre de 2019, de la Dirección Nacional del Personal de Hospital de Carabineros, que en lo pertinente se señala: “… 2. Conforme a lo anterior, esta Dirección Nacional de Personal, dispuso a la Dirección de Salud efectuar una revisión del personal contratado bajo la modalidad de C.P.R., fundado en las condiciones de desempeño profesional, aptitudes y condiciones en el desarrollo de sus labores; funciones suprimidas o asumidas por el personal de Planta y en su mérito, proponer el o los cargos que se estiman prescindibles, conforme a las necesidades del servicio, con la finalidad de ajustarse al Presupuesto año 2020, según la formulación presupuestaria asignada a Carabineros de Chile, en materia de contrataciones de personal que no integra su Planta 3. Además, efectuar una revisión del personal contratado bajo la modalidad de C.P.R., de aquellos casos de no renovación a requerimiento de la Alta Repartición y/o Unidades, según el resultado de las respectivas comisiones evaluadoras y comisión revisora de las evaluaciones de desempeño de este recurso humano 4. De acuerdo con el mencionado razonamiento y la ejecución de las nuevas condiciones dispuestas en el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2020, se determina la no renovación del contrato, por vencimiento del mismo”.

Exponen que, el actor fue cesado en sus funciones de forma irregular, improcedente y en desatención de las más elementales normas y principios que regulan y resguardan el empleo y la estabilidad en la función pública.

Indican que el deber de fundamentación o motivación del acto administrativo es uno de sus elementos de legitimidad, conforme lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 8° de la Constitución y el artículo 2° de la Ley N°18.575 LOCBGAE. El elemento de motivación consiste en la exposición clara y precisa de los motivos y razones fácticas y jurídicas que indujeron al órgano de la administración, a la emisión del acto administrativo terminal. La ley 19.880 dispone expresamente en sus artículos 11 inciso 2° y 41 inciso 4°, la obligación de fundar y motivar sus actuaciones.

Agrega que, el deber de fundamentación del acto administrativo, ha sido desarrollado en los Dictámenes Nºs 22.766 de 2016, 85.700 de 2016 y 6.400 de 2018, que actualiza y sistematiza los dos textos anteriores, y que precisan que la Resolución que resuelve la no renovación de la contrata de un funcionario público, es un acto administrativo que debe ser motivado de forma clara y precisa, exponiendo los fundamentos de hecho y derecho en que se funda, con respeto al principio de confianza legítima que ampara a todo aquel funcionario que ha sido objeto de dos o más renovaciones sucesivas e interrumpidas.

Exponen que, en el caso del actor, la normativa y jurisprudencia ha sido infringida flagrantemente, mediante el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, el que se tradujo en poner término a la contrata de nuestro representado, al resolver la no renovación.

Señalan que el acto recurrido no tiene un fundamento claro y preciso, que cite los antecedentes de hecho en los que se funda, ya que se limita a mencionar que por razones de desempeño generales y el Proyecto de Ley de Presupuesto del año 2020, la contrata no sería renovada, sin que exista un desarrollo del fundamento de la decisión, ya que no se explican montos del Presupuesto para el año 2020.

En cuanto a las evaluaciones de desempeño del recurso humano, señala que tampoco existe una explicación certera de posibles problemas de desempeño y no contrasta con las últimas evaluaciones del profesional, debido a que el actor durante los años 2017, 2018 y 2019 fue calificado con nota 4 en todos los factores de evaluación que, según el criterio del establecimiento corresponde a una valorización “sobre lo esperado”.

Dentro de los Informes de Opinión Técnica de Personal Profesional C.P.R., se señaló que el Dr. nombre reservado era un “Profesional con amplios conocimientos técnicos en su área de especialidad”. Expone que, el actor no pudo conocer el motivo del término de sus funciones como médico del mencionado establecimiento, desconociendo, además, si existen o si fueron ocultos. En este sentido, encontramos un error en los motivos de hecho y la falta de antecedentes de derecho que los respalden, lo que convierte al acto administrativo en uno ilegal y arbitrario, que no encuentra ensimismo proporcionalidad, ni racionalidad, lo que determinada su ilegalidad y arbitrariedad.

Cita una sentencia de la E. Corte Suprema en causa rol 19.585-2016.

Reitera que la Resolución impugnada esgrime como fundamento dos argumentos principales: a) Condiciones de desempeño profesional, aptitudes y condiciones en el desarrollo de las labores del actor, las que serán suprimidas o asumidas por el personal de planta, en atención a que se estiman prescindibles, basado en el resultado obtenido por comisiones evaluadoras; y b) Nuevas condiciones presupuestarias en el Proyecto de Ley para el año 2020, que determinan la no renovación del contrato.

Sobre el primer argumento, reiteran que el actor en 13 años de servicio público en el Hospital de Carabineros posee una intachable hoja de vida funcionaria, sustentada con la obtención de evaluaciones de desempeño profesional destacadas, las que se respaldan en procedimientos calificatorios regulados por Ley, reconocido a través de informes técnicos de opinión emitidos por sus superiores jerárquicos que elogian su labor médica y compromiso con el Hospital, las que acompaña. El fundamento es tan vago e impreciso, que no cumple con los mínimos requisitos legales de motivación y los parámetros impuestos a la Administración por el órgano Contralor, sino que además no se condice con la realidad funcionaria del recurrente, que no ha sido objeto de sumarios o investigaciones sumarias, ni ha obtenido calificaciones de desempeño desfavorables.

En cuanto a la necesidad de terminar la contrata del recurrente atendido las nuevas condiciones del Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2020, agregar que, revisados el Proyecto de Ley de presupuesto para el año 2020 y la Ley de Presupuesto para el Sector Público en la Dirección de Presupuesto del Gobierno de Chile se puede acceder a los emolumentos asignados a Carabineros de Chile, en específico al presupuesto otorgado en materia de gastos en personal a los Hospitales de Carabineros en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2020, y los emolumentos asignados la misma institución en los mismos ítems en el año 2019, asignándose para el 2020 una cantidad mayor de recursos, como se aprecia en las fuentes de transparencia activa.

En relación con la confianza legítima, exponen que ampara al actor, quien ha sido objeto de 13 renovaciones anuales, sucesivas, continuas e ininterrumpidas, que inician en el año 2006, mediante Resolución Nº57 del 27 de febrero del mismo año, y que se extienden hasta el 31 de diciembre de 2019. Hacen presente que el recurrente esperaba razonablemente que su vínculo contractual con el Hospital de Carabineros fuera prorrogado íntegramente para el año 2020, después de 13 años de servicio público, trabajando como médico cirujano en el Hospital de Carabineros, confianza que se vio reforzada no sólo por la conducta reiterada en el tiempo de su empleador estatal, sino por la racional consideración de que la profesión médica ejercida por el recurrente es una labor de la esencia y propiedad del giro de un Hospital. Por tanto, difícilmente podrían calificarse las funciones ejercidas por el actor de transitorias y prescindibles.

Cita al efecto, variada jurisprudencia del máximo Tribunal.

En cuanto a las garantías constitucionales amagadas, denuncia la conculcación de la igualdad ante la ley, señalando que todo acto que disponga el cese de un empleo a contrata debe sustentarse en una resolución lo suficientemente fundada, notificada e incluso, emitirse con un mes de anticipación a la respectiva fecha en la cual, en este caso, la recurrida hubiera pretendido el cese de las funciones del actor.

En el caso del recurrente, estiman que no se actuó de manera igualitaria y justa, toda vez que se dispuso el cese de su trabajo como médico con infracción a las reglas y disposiciones que rigen este tipo de actuaciones, desde que no existe un acto motivado. Además, el acto es ilegal pues desatiende los mandatos entregados tanto por el legislador, los Tribunales Superiores de Justicia y el organismo Contralor, lo que provoca la vulneración de la legítima confianza que tenía en que su contrato fuera nuevamente renovado, atendidas las anteriores prórrogas del mismo por más de 10 años.

En cuanto al derecho de propiedad, sostienen que a través de la comunicación que se le notificó a nuestro representado, se le expone que, sin mayores antecedentes ni razones, es cesado en sus funciones, viéndose por tanto vulnerado el legítimo derecho a usar, gozar y disponer de las prerrogativas propias de su cargo y que como señalaba, pertenecieron a su patrimonio durante 13 años.

Segundo: Que, en apoyo de su pretensión cautelar, el recurrente acompañó los siguientes documentos: 1. Copia simple de Resolución Exenta N° 1251, de la Dirección Nacional de Personal de Carabineros de Chile, registrado el 21 de noviembre de 2019, que resuelve poner término anticipado a la designación a contrata de don nombre reservado; 2. Copia de Acta de Notificación, del Departamento de Personal, Subdirección de Salud de Carabineros de Chile, en donde consta que nuestro representado, el Dr. nombre reservado fue notificado el 28 de noviembre de 2019 de la resolución que determinó no renovar su contrato C.P.R para el año 2020; 3. Copia de la Resolución Nº57 del 27 de febrero de 2006 que contrata a don nombre reservado para los servicios del Hospital de Carabineros; 4. Copia de Evaluación de Desempeño del Personal Contratado por Resolución de los años 2017, 2018 y 2019; 5. Proyecto de Ley de Presupuesto año 2020, partida Ministerio del Interior y Seguridad Publica paginas 1- 26. Página relevante número 2; 6. Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2020, cuadro analítico años 2019- 2020 Dirección de Presupuesto del Gobierno de Chile. Dos páginas; 7. Ley de presupuesto del Sector Público 2019. Páginas relevantes 89 y 139; 8. Liquidaciones de sueldo de junio a noviembre de 2019.

Tercero: Que, evacua el informe requerido el General Inspector de Carabineros y Director Nacional de Personal don nombre reservado, quien solicita el rechazo del recurso.

Funda sus alegaciones señalando que informado por el Departamento Personal Civil (P.5.), el recurrente fue contratado como médico 28 horas A.P. a contar del 1 de marzo de 2006 para prestar servicios en el Hospital de Carabineros, siendo prorrogada su contratación hasta al 31.12.2019, por cuanto, a través de Resolución Exenta N°1251, de 21 de noviembre de 2019, de la Dirección Nacional de Personal, se determinó la no renovación de su contrato, en atención a las nuevas condiciones dispuestas en el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2020, en cuyo Subtítulo 21-02-001, denominado “Gastos en Personal”, Glosa 01, se estableció una dotación y un monto máximo presupuestario que restringían los contratos de personal a nivel Institucional.

Expone que, conforme a lo anterior, se dispuso a la Dirección de Salud que efectuara una revisión del personal contratado bajo dicha modalidad, de acuerdo a las condiciones en su desempeño profesional y aptitudes, como asimismo, en cuanto a las funciones que serían suprimidas o asumidas por personal de planta, a fin de proponer aquellos cargos que fueran estimados prescindibles, conforme a las necesidades del servicio, a fin de ajustarse al presupuesto para el año 2020.

Señala que la Dirección de Salud de Carabineros estableció las áreas críticas afectadas en el sistema de salud institucional por la no renovación de personal contratado bajo modalidad C.P.R., con el objeto de dar preferencia a la atención clínica de pacientes y de personal lesionado y/o en tratamiento, determinando que, de acuerdo a las funciones efectuadas por el recurrente era posible mantener la continuidad operacional sin sus servicios, por lo que se determinó poner término al contrato del C.P.R. nombre reservado, por vencimiento del plazo del mismo, de acuerdo a la causal contenida en el artículo 57, N°4, de la Orden General N°1.957, de 18.02.2010 que aprueba la Directiva del Personal Contratado por Resolución (C.P.R).

Expone que el citado acto administrativo, le fue notificado al afectado a través de Oficio N°833, de 28.11.2019, del Departamento Personal de la Dirección de Salud de Carabineros, haciendo presente que el actor a contar del 2 de noviembre de 2019 tiene la calidad de Coronel (S) de Carabineros en situación de retiro absoluto, por lo que, adicionalmente, al contrato por resolución que mantenía con la Institución, es pensionado de Dipreca.

Cita el artículo 7° de la Ley N°18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros que faculta a la Dirección General para contratar en forma temporal, cuando las necesidades del servicio lo requieran, a profesionales, técnicos, administrativos y trabajadores a jornal o a trato, quienes quedarán sometidos a la jerarquía y disciplina de Carabineros de Chile.

Sostiene que el artículo 1°, de la Orden General N°1957, de 18.08.2010, que aprueba la Directiva del Personal Contratado por Resolución (C.P.R), prescribe que este personal es aquel que desempeña determinadas funciones en Carabineros de Chile en forma transitoria, por el lapso o periodo que la resolución respectiva determine o mientras sean necesarias sus funciones, pudiendo durar como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año, coligiendo que es de la esencia de este tipo de contratación, la transitoriedad del vínculo y la satisfacción de determinadas necesidades institucionales.

Refiere que el artículo 56 de la directiva en comento, prescribe que aquel personal respecto del cual no se renueve su contratación, será notificado de la decisión adoptada a más tardar el 30 de noviembre de cada año.

En cuanto a la confianza legítima cita los dictámenes de la Contraloría General de la República N°s 22.766, de 2016 y 6400, de 2018 y expone que el acto administrativo que materialice la decisión de no renovar la designación deberá dictarse a más tardar el 30 de noviembre del respectivo año y notificarse conforme a lo señalado en la Ley N°19.880, el que debe explicitar los fundamentos que avalan esa determinación, detallando el razonamiento y los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustenta.

En cuanto al supuesto aumento del presupuesto del Hospital de Carabineros, de acuerdo a la información publicada en la página web de la Dirección de Presupuesto del Gobierno de Chile, del Ministerio de Hacienda, precisa que el gasto en personal al cual alude el recurrente radica en el contratado con fondos propios del Hospital de Carabineros y no al gasto en razón del cual se contratan como C.P.R., que corresponde al subtítulo 21 del Presupuesto de Carabineros de Chile y contrariamente a lo sostenido por el recurrente, en la Ley de Presupuesto del año 2020, sí se efectuó una restricción al presupuesto asignado a la glosa 01, relativa al personal en calidad de contrata y/o jornal, correspondiente al subtítulo 21, denominado “Gastos en Personal”.

Señala que si bien en la Ley N°21.192, de Presupuesto de 2020, específicamente en la partida 05, capítulo 31, programa 01, subtítulo 21, glosa 01, si bien se determinó como dotación máxima 6.439, la cual resulta mayor a la del año 2019 (6.379), se estableció un tope de $70.784.590.000, el cual no existía anteriormente, generándose, con ello, una restricción en cuanto al presupuesto disponible respecto del personal en calidad de contrata y/o jornal, dentro del cual, se encuentra el personal contratado por resolución (C.P.R).

En cuanto a que no se tuvo en consideración para su renovación sus evaluaciones de desempeño, indica que, la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General contenida en sus dictámenes 69.294 de 2010 y 82.694 de 2014, entre otros, ha precisado que “(...) la calificación obtenida por un empleado no es una circunstancia que obligue a disponer la renovación que se pretende”.

Aclara que la no renovación obedeció a la restricción presupuestaria, declarando las funciones que cumplía el recurrente como prescindibles, por no ser esenciales para el normal funcionamiento del servicio, tal como fuere precisado en el informe.

En relación con la garantía de igualdad ante la ley, precisa que la Institución, en cumplimiento con la Ley N°19.880 dictó una resolución debidamente motivada, que se enmarca dentro del estándar establecido para el caso concreto, siendo el referido acto notificado al recurrente, sin que éste tenga alguna diferencia con otro procedimiento de no renovación de una designación de personal.

En cuando al derecho de propiedad, sostiene que no existe el pretendido derecho sobre el empleo o función pública, toda vez que el vínculo contractual existente entre el ex C.P.R nombre reservado y Carabineros de Chile es esencialmente transitorio, encontrándose la Dirección Nacional de Personal facultada para no renovarlo, por configurarse una de las causales expresamente contemplada en la normativa que regula la materia, a saber, el vencimiento del plazo de la contratación.

Así, la garantía establecida en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política no contempla una supuesta propiedad del empleo o función ni resulta admisible confundir la estabilidad funcionaria con una expresión del derecho de dominio, porque la estabilidad de la carrera funcionaría no puede obstaculizar el ejercicio de las atribuciones que por ley son otorgadas a las autoridades competentes.

Estima que la acción incoada por el recurrente busca impugnar el acto administrativo por el cual se determinó no renovar su contratación, por el vencimiento del plazo establecido para la misma, siendo que ésta es, en esencia transitoria, contando Carabineros de Chile con la facultad privativa para determinar su cese, a través de un acto administrativo debidamente fundado, como ocurrió en la especie, no advirtiéndose ilegalidad ni arbitrariedad alguna.

Menciona que para que el actor promueva su alegación, debe estar en posesión de un derecho indubitado, cuya titularidad no dé lugar a dudas o interpretaciones, pero en el caso de autos no lo posee, toda vez que desconoce la naturaleza jurídica de su vínculo contractual transitorio, así como la facultad de la Institución poder poner término al mismo, de conformidad a la ley. De este modo, la hipótesis del actor resulta errónea, verificándose la ausencia de uno de los requisitos esenciales de esta acción. Al efecto, cita dos sentencias dictadas por las E. Corte Suprema en los autos roles N°s 25.12-2015 y 3013-2013.

Cuarto: Que, en apoyo de sus alegaciones, el recurrido acompañó los siguientes documentos: ido acompañó los siguientes documentos: 1. Resolución Exenta N°1251 de 21 de noviembre de 2019, de la Dirección Nacional de Personal, con su respectiva acta de notificación; 2. Oficio N°833 de 28 de noviembre de 2019, del Departamento de personal de la Subdirección de Salud; 3. Resolución N°57 de 27 de febrero de 2006; 4. “Proyecto de Ley de Presupuestos año 2019” del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Partida 05, Capítulo 31, Programa 01, correspondiente a Carabineros de Chile, en el cual consta que la Glosa 01, correspondiente a personal en calidad de contrata y/o jornal no tenía tope, obtenido de la página web https://www.dipres.gob.cl/597/articles- 178084_doc_pdf.pdf, visitada por última vez el día 04.03.2020 a las 11:15 horas; 5. “Proyecto de Ley de Presupuestos año 2020” del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Partida 05, Capítulo 31, Programa 01, correspondiente a Carabineros de Chile, en el cual, en la Glosa 01, consta el tope establecido para gastos de personal a contrata y/o jornal, limitándose con ello el presupuesto Institucional recaído en el mismo, obtenido de la página web http://www.dipres.gob.cl/597/articles- 192857_doc_pdf.pdf, visitada por última vez el día 04.03.2020 a las 11:20 horas.

Quinto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Sexto: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Séptimo: Que, para una correcta decisión del asunto sometido a decisión de esta Corte, conviene dejar asentado que son hechos reconocidos durante la tramitación del presente arbitrio los siguientes:

a) El recurrente don nombre reservado, fue contratado como médico especialista en Traumatología y Ortopedia, a contar del 1 de marzo de 2006 para prestar servicios en el Hospital de Carabineros, siendo prorrogada su contratación hasta al 31.12.2019.

b) Por medio de la Resolución Exenta N°1251, de 21 de noviembre de 2019, de la Dirección Nacional de Personal, se determinó la no renovación de su contrato, en atención a las nuevas condiciones dispuestas en el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2020.

c) El citado acto administrativo, fue notificado al afectado a través de Oficio N°833, de 28 de noviembre de 2019, del Departamento Personal de la Dirección de Salud de Carabineros.

Octavo: Que, en el presente caso, se puede advertir, inequívocamente, que el extenso período de 13 años y 10 meses servido por el recurrente en la Institución recurrida, deja entrever que el vínculo existente entre ambos no se condice con el concepto que de “empleo a contrata” suministra el artículo 3, literal c), del Estatuto Administrativo, ni en el artículo 1° de la Orden General N°1957, de 18.08.2010, invocada como sustento de las alegaciones de la recurrida para justificar la decisión de término del empleo de los servicios del actor. En efecto, del análisis de los documentos acompañados, se puede establecer que han transcurridos 13 años y 10 meses de vigencia de la relación laboral estatutaria, situación especialísima, que la hace diversa a los demás recursos de protección que ha resuelto esta Sala y que, por ello, merece un tratamiento particular.

Fundado en lo anterior, esta Corte hace suyos los razonamientos plasmados en una sentencia dictada en una causa de protección por la E. Corte Suprema, la que en una situación fáctica similar, e incluso de menor tiempo de duración, estableció que: “(…) transcurridos más de diez años de vigencia de la relación laboral estatutaria, resulta contrario a la razón sostener que se trata de una función meramente ‘transitoria’, sino que, por el contrario, queda en evidencia que la necesidad pública que se pretende satisfacer a través de aquella prestación de servicios ha devenido en permanente, alejándose con ello de la naturaleza y fines propios de los empleos a contrata.

En consecuencia, al aplicar las reglas inherentes a la precariedad de los empleos a contrata a una relación jurídica que sustancialmente no posee tal calidad, debe concluirse que la conducta de la recurrida es ilegal”. (V. sentencia E. Corte Suprema, Rol 3886-2019)

Noveno: Que, la circunstancia de haber permanecido el actor en su cargo a contrata por más de 13 años generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculado con el Hospital de Carabineros, de modo tal que su relación estatutaria sólo puede terminar por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así lo permita, supuestos fácticos que no concurren en la especie. Por ello, la decisión de no renovar la contrata del actor ha devenido en una vulneración de las garantías constitucionales por él invocadas.

Décimo: Que, por otra parte, no resultan atendibles las circunstancias relacionadas con la nueva Ley Presupuestaria año 2020, desde que no se da razón alguna por las cuales se prescindirá del empleo de una persona que lo viene desarrollando por más de 13 años y no se haya preferido poner término a relaciones contractuales de menor tiempo. De ello, no hay explicación alguna y las meras justificaciones en informes internos que tampoco fueron explicitados al actor, no sirven de razón suficiente para despojar de su empleo a contrata a un servidor que ha desarrollado una carrera funcionaria dentro del Hospital de la recurrida, lo que conlleva a establecerse que el acto es arbitrario, por ausencia de razón justificante relacionada con el cargo, competencias y tiempo desarrollado en el empleo por parte del actor; e ilegal, por contravenir las exigencias de fundamentación fáctica y jurídica de todo acto administrativo, como lo exigen los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se acoge, con costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, doña nombre reservado, y don nombre reservado, en representación de don nombre reservado, en contra del Hospital de Carabineros General Humberto Arriagada Valdivieso y, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta R.A. Nº1251 de 21 de noviembre de 2019 de la Dirección Nacional del Personal de Hospital de Carabineros, debiendo la recurrida, dictar un acto administrativo que disponga la renovación anual de la contrata del actor, ordenando el pago de todas las remuneraciones que se hayan devengado y se encuentren adeudadas por todo el período correspondiente al presente año 2020, debiendo mantener, mediante renovaciones anuales, su vinculación estatutaria a contrata para los años siguientes, mientras ésta no cese por calificación deficiente o con motivo de una medida disciplinaria impuesta luego de tramitado el pertinente sumario administrativo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-187.366-2019.

Pronunciada por la Undécima Sala de esta I. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Manuel Muñoz Pardo, e integrada por el Ministro señor Fernando Ignacio Carreño Ortega y la Abogado Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida. Autoriza la ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. En Santiago, uno de julio de dos mil veinte, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.