nombre reservado con FISCO CHILE - C.D.E.

Santiago, veinte de julio de dos mil veinte.

Visto:

Con fecha 26 de diciembre del año 2019, comparecen ante esta Corte los abogados Daniel Antonio Gaete Véliz, cédula de identidad N° RUT reservado; Rocío Toro Bravo, cédula de identidad N° RUT reservado, y nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, todos con domicilio en domicilio reservado, quienes deducen acción constitucional de protección en favor de doña nombre reservado, chilena, médico, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, en contra del Hospital de Carabineros General Humberto Arriagada Valdivieso, persona jurídica de derecho público, RUT N° RUT reservado, representado legalmente por el Fisco de Chile, y este a su vez por el Consejo de Defensa del Estado, representado por doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, por haberse dictado la Resolución Exenta R.A. Nº 1274, de 21 de noviembre de 2019, de la Dirección Nacional del Personal de Hospital de Carabineros, que resuelve la no renovación de su contrata para el año 2020.

Exponen que la señora nombre reservado fue contratada el 11 de diciembre de 2000, como médico del Hospital de Carabineros, para desempeñar dicha función en la especialidad de Cirugía General y Medicina de Urgencia, la que en principio se extendería hasta el día 31 de diciembre de dicho año. Sin embargo, desde el año 2000, la contrata fue objeto de múltiples y sucesivas renovaciones que se extendieron hasta el pasado 31 de diciembre de 2019, con un sueldo bruto de $3.375.300 (tres millones trescientos setenta y cinco mil trescientos pesos), prestando servicios para el mencionado establecimiento de salud de forma ininterrumpida, en calidad jurídica de C.P.R. (Contrato Por Resolución) durante 19 años.

Después de 19 años de servicio funcionario intachable, y entrega profesional al Hospital de carabineros, con fecha 28 de noviembre de 2019, es notificada de la Resolución Exenta R.A. N° 1274, de fecha 21 de noviembre de 2019 emanado de la Dirección Nacional del Personal de Hospital de Carabineros, que en lo pertinente señala: “… 2. Conforme a lo anterior, esta Dirección Nacional de Personal, dispuso a la Dirección de Salud efectuar una revisión del personal contratado bajo la modalidad de C.P.R., fundado en las condiciones de desempeño profesional, aptitudes y condiciones en el desarrollo de sus labores; funciones suprimidas o asumidas por el personal de Planta y en su mérito, proponer el o los cargos que se estiman prescindibles, conforme a las necesidades del servicio, con la finalidad de ajustarse al Presupuesto año 2020, según la formulación presupuestaria asignada a Carabineros de Chile, en materia de contrataciones de personal que no integra su Planta 3. Además, efectuar una revisión del personal contratado bajo la modalidad de C.P.R., de aquellos casos de no renovación a requerimiento de la Alta Repartición y/o Unidades, según el resultado de las respectivas comisiones evaluadoras y comisión revisora de las evaluaciones de desempeño de este recurso humano 4. De acuerdo con el mencionado razonamiento y la ejecución de las nuevas condiciones dispuestas en el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2020, se determina la no renovación del contrato, por vencimiento del mismo”.

Así las cosas, en la especie su representada fue cesada en sus funciones de forma irregular, improcedente y en desatención de las más elementales normas y principios que regulan y resguardan el empleo y la estabilidad en la función pública, siendo procedente que en conocimiento de la presente acción de protección de garantías constitucionales, esta Corte haga lugar a esta y restablezca el imperio del derecho.

Sostienen que la acción u omisión arbitraria e ilegal está constituido por el acto administrativo denominado Resolución Exenta R.A. N° 1274, de fecha 21 de noviembre de 2019, emanado de la Dirección Nacional del Personal de Hospital de Carabineros, que resuelve terminar la contrata después de 19 años de sucesivas e interrumpidas renovaciones de la calidad funcionaria de la señora nombre reservado, sin cumplir con las exigencias del bloque normativo derecho público que rigen la materia, compuestos por Leyes, circulares, Dictámenes, y basta jurisprudencia judicial y administrativa. Acusan la falta de motivación del acto administrativo, por fundarse en circunstancias vagas, genéricas e imprecisas, y no obstante que la amparaba la “confianza legítima” de ser renovada su contrata nuevamente para el año 2020. Agregan que la resolución impugnada se limita a mencionar que, por razones de desempeño generales, y el Proyecto de Ley de Presupuesto del año 2020, la contrata no sería renovada. Sin embargo, afirman que no existe un desarrollo del fundamento de la decisión, ya que no se explican montos del referido presupuesto para 2020. Asimismo, en cuanto a las evaluaciones de desempeño del recurso humano, señalan que tampoco existe una explicación certera de posibles problemas de desempeño, y no se contrasta con las últimas evaluaciones de la profesional, quien durante los años 2017, 2018 y 2019 fue calificada con nota 4 en todos los factores de evaluación (que según el criterio del establecimiento corresponde a una valorización “sobre lo esperado”).

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, estiman que el actuar de la recurrida ha afectado aquellas consagradas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, por cuanto se ha desvinculado a la funcionaria en forma contraria a derecho y por impedírsele usar, gozar y disponer de las prerrogativas propias de su cargo y que pertenecieron a su patrimonio durante 34 años.

Solicitan en definitiva se disponga que la recurrida reincorpore en sus labores a la señora nombre reservado por todo el año 2020, y además proceda al pago de todas las remuneraciones y emolumentos que no haya percibido hasta la fecha de su reincorporación.

Por resolución del tres de enero de dos mil veinte, se declaró admisible el recurso, y se pidió informe a la recurrida, Hospital de Carabineros.

Si bien la recurrida alegó falta de legitimación pasiva, porque el recurso se debía dirigir en contra de la Dirección Nacional del Personal de Hospital de Carabineros, encontrándose mal direccionado, por resolución del cuatro de enero último, se pidió informe a esta última, quien mediante oficio Ordinario N° 562 del 10 de marzo de 2010, solicitó el rechazo del presente recurso, con costas, señalando que efectivamente a través de la Resolución Exenta N° 1274, de 21 de noviembre de 2019, se determinó la no renovación del contrato de la recurrente, en atención a las nuevas condiciones dispuestas en el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2020, invocando las facultades que detenta dicho organismo para contratar personal en forma transitoria, por el periodo que la resolución respectiva determine o mientras sean necesarias sus funciones, pudiendo durar como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año. Agrega que en aquellos casos en que al funcionario asista el principio de confianza legítima, la autoridad debe emitir un acto administrativo fundado, por medio del cual exprese en sus consideraciones los fundamentos legales y técnicos para adoptar tal resolución, debiendo notificarse al funcionario de la decisión adoptada, lo que su parte cumplió.

Respecto a los cuestionamientos que se efectúan de sus motivaciones, indica que el presupuesto en virtud del cual se contrata al personal bajo la modalidad Contratado por Resolución, corresponde al de Carabineros de Chile y no al del Hospital de la institución. Asimismo, señala que no obstante que la ley de presupuesto determinó una dotación de funcionarios mayor a la del año anterior, estableció un tope en dinero que no existía anteriormente, lo que genera una restricción en cuanto al presupuesto disponible respecto del personal en calidad de contrata y/o jornal, cual es el caso de la recurrente. Por otro lado, en relación a la consideración de las evaluaciones de desempeño, arguye que ellas no implican una obligación de renovar la contrata. Finalmente, niega haber afectado las garantías constitucionales que por el recurso se denuncia y considera que, en la especie, no estamos frente a un derecho indubitado de la recurrente que justifique la interposición de la presente acción cautelar.

Por resolución del 24 de junio último, se ordena agregar de manera extraordinaria y preferente.

El día fijado para la vista de la causa, el día 02 de julio de 2020, se anunciaron los abogados de las partes, escucharon relación y alegaron, a través de videoconferencia. Por el recurso, la abogada doña Rocío Toro Bravo, y contra el mismo, el abogado don Luis Barrientos Paredes.

Considerando:

Primero: Que, por la acción constitucional de protección de garantías fundamentales interpuesta por tres abogados en favor de doña nombre reservado, en contra del Hospital de Carabineros General Humberto Arriagada Valdivieso, persona jurídica de derecho público, representado por el Fisco de Chile, y este a su vez por el Consejo de Defensa del Estado, se solicita se disponga que la recurrida reincorpore en sus labores a la recurrente por todo el año 2020, y además se ordene el pago de todas las remuneraciones y emolumentos que no haya percibido hasta la fecha de su reincorporación, alegándose infringidas las garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, porque se ha desvinculado a la funcionaria en forma contraria a derecho e impedírsele usar, gozar y disponer de las prerrogativas propias de su cargo y que pertenecieron a su patrimonio durante 19 años.

Segundo: Que, la acción u omisión arbitraria e ilegal que atribuye a la recurrida está constituido por el acto administrativo denominado Resolución Exenta R.A. N° 1274, de fecha 21 de noviembre de 2019, emanado de la Dirección Nacional del Personal de Hospital de Carabineros, que resuelve terminar la calidad jurídica de C.P.R. (Contrato Por Resolución) -que jurídicamente corresponde a una contrata- de la doctora nombre reservado, después de 19 años de sucesivas e interrumpidas renovaciones de la calidad funcionaria de ella, sin haberse cumplido la exigencia de motivar el acto administrativo, ni considerar las exigencias que ha establecido el bloque normativo del derecho administrativo que rige la materia, compuestos por Leyes, circulares, Dictámenes, y jurisprudencia judicial y administrativa.

Tercero: Que, lo que se impugna por esta vía cautelar, está referido en particular, a que existiría una infracción al deber de fundamentación o motivación del acto administrativo, que corresponde a uno de sus elementos de legitimidad, conforme lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 8° de la Constitución y el artículo 2° de la Ley N° 18.575, actuación que debe tener una exposición clara y precisa de los motivos y razones fácticas y jurídicas que indujeron al órgano de la administración, obligación que contempla la ley 19.880 en sus artículos 11 inciso segundo y 41 inciso cuarto, y que ha sido desarrollado en los Dictámenes Nº 22.766 de 2016, Dictamen N° 85.700 de 2016, y Dictamen N° 6.400 de 2018, que actualiza y sistematiza los dos textos anteriores, y que a grandes rasgos recuerdan a los órganos de la administración del Estado, que la Resolución que resuelve la no renovación de la contrata de un funcionario público, es un acto administrativo, y como tal, debe ser un acto motivado de forma clara y precisa, exponiendo los fundamentos de hecho y derecho en que se funda, con respeto al principio de confianza legítima que ampara a todo aquel funcionario que ha sido objeto de dos o más renovaciones sucesivas e interrumpidas. Todo lo cual además, ha sido adoptado por jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia.

Cuarto: Que, la recurrente acompañó con su recurso los siguientes documentos: 1.- Copia simple de Resolución Exenta N° 1274, de la Dirección Nacional de Personal de Carabineros de Chile, registrado con fecha 21 de noviembre de 2019, que resuelve poner término anticipado a la designación a contrata de doña nombre reservado. 2. Copia de Acta de Notificación, del Departamento de Personal, Subdirección de Salud de Carabineros de Chile, en donde consta que la Dra. nombre reservado fue notificada con fecha 28 de noviembre de 2019 de la resolución que determinó no renovar su contrato C.P.R para el año 2020. 3. Copia Resolución Nº 139 del 11 de diciembre de 2000 que contrató a la doctora nombre reservado con el Hospital de Carabineros. 4. Copia de Evaluación de Desempeño del Personal Contratado por Resolución de los años 2017, 2018 y 2019. 5.- Proyecto de Ley de Presupuesto año 2020, partida Ministerio del Interior y Seguridad Publica, paginas 1- 26. Página relevante número 2. 6.-Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2020, cuadro analítico años 2019- 2020 Dirección de Presupuesto del Gobierno de Chile. Dos páginas. 7.- Ley de presupuesto del Sector Público 2019. Paginas relevantes 89 y 139.

Quinto: Que, por su parte la recurrida, además de señalar en su informe los motivos por los cuales dictó la resolución impugnada, cuya síntesis se ha expuesto anteriormente, acompañó copia del proyecto de ley de presupuesto año 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, partida 05, capítulo 31, Programa 01, correspondiente a Carabineros de Chile; y el del año 2020, en el que constaría el tope establecido para el gasto de personal a contrata y/o jornal, limitándose con ello el presupuesto Institucional recaído en el mismo.

Sexto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Séptimo: Que, conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado -privación, perturbación o amenaza- contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Octavo: Que, respecto a la existencia de acto en contra del cual se recurre, es posible establecer, atendido lo expuesto por la recurrente, los documentos acompañados y lo que señaló la recurrida, que efectivamente la Dirección Nacional del Personal de Hospital de Carabineros de Chile dictó el acto administrativo que se impugna por medio de esta acción cautelar, el que corresponde a la Resolución Exenta R.A. N° 1274, de fecha 21 de noviembre de 2019, que resolvió terminar la contrata de la doctora nombre reservado, después de 19 años de sucesivas e interrumpidas renovaciones en ese servicio público.

Noveno: Que, sin embargo, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, esta Corte considera que no existe un acto arbitrario e ilegal, porque los recurrentes no desconocen que la Resolución Exenta R.A. Nº 1274 de fecha 21 de noviembre de 2019, emanada de la Dirección Nacional del Personal de Hospital de Carabineros, fue pronunciada por una autoridad que tenía facultades para dictarla; y en lo que respecta a la falta de motivación del acto administrativo que particularmente se impugna, de su análisis es posible advertir que la exigencia de fundamentación se cumple, siendo el argumento de la recurrente respecto al contenido y determinación de ella, una cuestión de apreciación porque no comparte dichos motivos. En lo que respecta a la vaguedad que se alega, en la especie esa circunstancia no se divisa, porque la Resolución impugnada señala expresamente que se fundó en las condiciones de desempeño profesional, aptitudes y condiciones en el desarrollo de sus labores, lo que naturalmente está referido a la recurrente, porque la resolución se dictó respecto a su situación laboral y funcionaria. Agrega la Resolución que “las funciones fueron suprimidas o asumidas por el personal de Planta y en su mérito, proponer el o los cargos que se estiman prescindibles, conforme a las necesidades del servicio, con la finalidad de ajustarse al Presupuesto año 2020, según la formulación presupuestaria asignada a Carabineros de Chile, en materia de contrataciones de personal que no integra su Planta”, siendo concordante esta fundamentación, con lo que consigna el proyecto de ley de presupuesto para el año 2020, en relación al año anterior, según lo alegó en su informe y consta de los documentos que acompañó la recurrida.

Décimo: Que, la circunstancia que el cargo a contrata de la recurrente se haya prolongado por varios años, generando la confianza legítima que se esgrime, no afecta la facultad legal que tiene la autoridad, en este caso, la Dirección Nacional del Personal de Hospital de Carabineros, para haber decidido su no renovación para el año 2020, conforme a sus facultades y a las disposiciones legales que rigen este tipo de vínculo, cuando en la especie, según ha sido posible establecer además en esta causa, el acto administrativo impugnado explicitó los fundamentos que avalaron esa determinación, detallando los antecedentes que la sustentaron, no siendo esta la vía para analizar su mérito y conveniencia.

Undécimo: Que, conforme lo anterior, es posible sostener que el acto administrativo impugnado se encuentra fundado, independiente que la recurrente no comparta sus argumentos, por lo que no existe un acto ilegal o arbitrario que se pueda considerar, por lo que no cumpliéndose este presupuesto básico para que pueda prosperar esta acción constitucional, basta para su rechazo, no siendo necesario entrar a analizar las demás alegaciones que realiza la recurrente, respecto a las garantías que se invocan vulneradas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas la acción de protección deducida por los abogados Daniel Antonio Gaete Véliz; Rocío Toro Bravo, y nombre reservado, en favor de doña nombre reservado, en contra del Hospital de Carabineros General Humberto Arriagada Valdivieso, persona jurídica de derecho público, representado legalmente por el Fisco de Chile.

Acordada con el voto en contra del Fiscal Judicial, quien fue de opinión de acoger el recurso de protección y dejar sin efecto la resolución que dispuso la no renovación de su contrata y en su lugar decidir que la Dirección Nacional de Personal de Carabineros de Chile recurrida, deberá dictar la resolución pertinente que renueve la contrata de la recurrente hasta el 31 de diciembre de 2020, en las mismas condiciones que la última renovación, y como medida reparativa, que la recurrente pueda recibir su remuneración íntegra por el tiempo que se ha mantenido separada de sus funciones con motivo del acto recurrido, hasta la fecha de su reincorporación, considerando para ello lo siguiente:

a).- Que, si bien la resolución impugnada cita antecedentes para fundar el acto administrativo, se considera que al no singularizar ningún hecho concreto atribuible a la recurrente, realiza consideraciones vagas e imprecisas, aludiendo de manera genérica a la Ley de Presupuesto del año 2020 y a evaluaciones de desempeño del recurso humano, lo que le ha permitido invocar este mismo motivo respecto de diferentes funcionarios, soslayando realizar alguna consideración particular y determinada aplicable a la real situación funcionaria de la recurrente, siendo racionalmente esperable que después que ella sirvió 19 años, la administración haya tenido la deferencia de señalar hechos y circunstancias concretas que permitieron evaluar la conveniencia y la proporcionalidad del acto por el cual se la desvinculó, máxime si ese “desempeño genérico” que se atribuye y aplicable a cualquier otra funcionaria, contrasta con las últimas evaluaciones como profesional que hizo la misma administración en los años anteriores.

b).- Que, ese tipo de consideraciones genéricas de un acto administrativo, es indiciario de una motivación desviada y arbitraria, constituyendo la forma como la administración oculta -en algunas oportunidades- el verdadero fundamento para desvincular a un servidor público, detrás de cuyo velo se oculta algún tipo de discriminación por motivos de sexo, género, edad, políticos u otra categoría similar vulneratoria de la garantía fundamental de igualdad ante la ley, todo lo cual se encuentra proscrito por el derecho laboral, no correspondiendo que el Estado se encuentre sometido a un estándar diferente al que se tutela en el Código del Trabajo, el que establece como exigencia mínima para desvincular a cualquier trabajador, invocar una causal determinada, la que debe fundarse en hechos reales, debiendo probarlos quien se vale de ellos ante los tribunales de justicia, cuando el trabajador impugna de ilegal ese despido, siendo siempre en estos casos, la carga de la prueba del empleador.

c).- Que, bajo la exigencia de este estándar mínimo, “la ejecución de las nuevas condiciones dispuestas en el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2020”, y la prueba de la existencia de una Ley de Presupuesto (más bien el mero proyecto de la misma), no corresponde a un fundamento que legitime el acto administrativo impugnado, porque además que como tal, la ley se presume conocida por todos los habitantes de la República, este tipo de consideraciones no se refiere a un hecho cierto y determinado imputable a la recurrente, sino que más bien podría aplicarse indiscriminadamente respecto de cualquier otro funcionario del servicio, no permitiendo esta forma de fundar un acto administrativo, conocer cuál fue la real motivación que tuvo la autoridad administrativa para desvincular a la recurrente, en relación a otros funcionarios que se encontraban sujetos a esa misma condición o bajo la regulación de esa ley.

d).- Que, bajo este estándar de garantías mínimas exigibles al Estado, en favor de la estabilidad en el empleo de los funcionarios públicos, cobra fuerza y vigor la existencia del bloque normativo que ha establecido la jurisprudencia en el derecho administrativo que invoca la recurrente, el que se ha gestado en base a situaciones similares de vaguedad y generalidades, fundándose en leyes, Dictámenes y en la recta razón, que ha establecido la jurisprudencia judicial y administrativa, señalando que si bien en la definición del Estatuto Administrativo, el empleado a contrata es aquél de carácter transitorio, que se consulta en la dotación de una institución, y dura sólo hasta el 31 de diciembre de cada año, fecha que expiran sus funciones por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos, tal facultad debe ejercerse mediante un acto motivado, que se debe expedirse 30 días antes del fin de año, si esta calidad ya se había renovado -desde la segunda renovación al menos-, en virtud del deber derivado del principio de la confianza legítima, a partir de los Dictámenes Nº 22.766 de 2016, Dictamen N° 85.700 de 2016, y él Dictamen N° 6.400 de 2018, que actualiza y sistematiza los dos textos anteriores.

e).- Que, la confianza legítima se define en este ámbito, como “la legitima expectativa que se produce en un servidor público, cuando su contrata ha sido objeto de dos o más de renovaciones anuales sucesivas e ininterrumpidas, creando la confianza legítima de que esa conducta se va a repetir en el futuro”, y se busca preservar por el mismo, la legítima expectativa que tienen los funcionarios de la administración del Estado, para que la autoridad tome decisiones que sean armónicas con los criterios manifestados con anterioridad en situaciones semejantes. Por lo mismo, el Estado de Chile, en cuanto ente administrativo empleador, debe ser coherente con lo que disponen las normas laborales que han establecido el principio de estabilidad en el empleo y el respeto a las garantías fundamentales de todo trabajador, porque se encuentra vinculado con sus propios actos que ha realizado en el orden legislativo laboral.

f).- Que, bajo este estándar mínimo, la jurisprudencia administrativa ha sido aceptada por la Corte Suprema, en la causa Rol 6803-2019 y Rol 6783- 2019, estableciéndose en ambas en el considerando cuarto: “Que la circunstancia que la parte recurrente ha sido nombrada en el cargo a contrata por más de dos anualidades –15 años-, generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculada con la Administración, de modo tal que sólo se puede terminar esa relación estatutaria por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución, o por una calificación anual que así lo permita, de manera que al no concurrir en la especie dichos supuestos, hace necesario revocar la decisión que se analiza”.

g).- Que, en el presente caso, las funciones como médico de la señora nombre reservado, fueron renovadas por un término bastante superior al que ha establecido dicha jurisprudencia unificada, por lo que la ampara el principio de la confianza legítima que ha reconocido la jurisprudencia administrativa y la Excelentísima Corte Suprema, luego de haber sido objeto de 19 renovaciones anuales, sucesivas, continuas e ininterrumpidas, que se iniciaron mediante Resolución Nº 139 del 11 de diciembre de 2000, cuando fue contratada como médico del Hospital de Carabineros, para desempeñar dicha función en la especialidad de Cirugía General y Medicina de Urgencia, lo que se extendió hasta el 31 de diciembre del año 2019.

h).- Que, es en virtud de esa confianza legítima que la recurrente esperaba razonablemente que su vínculo contractual con el Hospital de Carabineros fuera prorrogado íntegramente para el año 2020, después de todos esos años que trabajó como médico de la especialidad de Cirugía General y Medicina de Urgencia, en el Hospital de Carabineros, no pudiendo la autoridad administrativa desvincularla de su calidad de funcionaria pública, sin que el acto administrativo se funde en la existencia de algún hecho grave, que hayan sido previamente investigados e imputables a la misma; o bien, en haber obtenido una calificación deficiente. Su situación de estabilidad funcionaria que le reconoce el estatuto laboral que la rige, interpretado acorde al principio pro persona y al de confianza legítima, se refuerza además porque la profesión médica ejercida por la recurrente, es una labor de la esencia y propiedad del giro de un Hospital, por lo que difícilmente podrían calificarse sus funciones como transitorias y prescindibles, menos en la situación sanitaria actual, con motivo de la pandemia del Covid19.

i).- Que, por último también se considera que la resolución contra la cual se recurre ha vulnerado la garantía fundamental de la igualdad ante la ley, en tanto la señora nombre reservado fue objeto de un trato discriminatorio en relación a aquellas personas que, contratadas en similares o iguales condiciones, no se vieron sometidas a una decisión como la que se consigna, por la sola circunstancia de haberse dictado una Ley de Presupuesto. Asimismo, la actuación del Departamento de Personal de Carabineros de Chile, vulnera la garantía fundamental consagrada en el artículo 19 N° 24 de nuestra Carta Magna, ya que la ha privado, al margen de la ley y del estándar que se ha establecido por la jurisprudencia administrativa y de los tribunales superiores de justicia, de recibir sus remuneraciones por el período correspondiente al año 2020, que corresponde al lapso por el cual se le debió haber renovado su contrata, por no existir mérito, como ya se dijo para no hacerlo, considerando, además, que se le había extendido su vínculo laboral por 19 años.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Redacción del Fiscal Judicial señor nombre reservado.

N°Protección-187356-2019.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada por el Ministro (S) señor Juan Carlos Silva Opazo y por el Fiscal Judicial señor nombre reservado- No firma el Fiscal Judicial señor nombre reservado por encontrarse ausente.