nombre reservado con FISCO CHILE - C.D.E.

C.A. de Santiago Santiago, once de junio de dos mil veinte.

A los escritos folios 19, 20 y 22: a todo, téngase presente.

Al escrito folio 21: a sus antecedentes.

VISTOS:

Al folio 1, recurrió de protección constitucional Daniel Antonio Gaete Véliz, abogado, quien lo hizo en favor de los intereses de nombre reservado, médico, en contra del Hospital de Carabineros General Humberto Arriagada Valdivieso, por el acto arbitrario e ilegal materializado en la Resolución Exenta N° 1238 de 21 de noviembre del año 2019, que dispuso el término del contrato del recurrente, por el vencimiento de este al 31 de diciembre del año 2019. Hizo presente que el referido actuar afectó las garantías constitucionales de su representado respecto del derecho de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad consagradas en el artículo 19 n°3 y 24 de la Constitución Política de la República. Finalizó pidiendo en su escrito de protección que sean adoptadas todas las medidas conducentes para restablecer el imperio del derecho y en especial para que se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 1238, de 21 de noviembre del 2019, y en consecuencia siga vigente su actual Contrato de Trabajo con el pago íntegro de sus remuneraciones y demás beneficios laborales.

Fundó su recurso en las siguientes consideraciones de hecho y derecho.

Explicó que su representado ingresó a prestar servicios para la recurrida el 29 de noviembre del año 1997 en calidad de médico del Hospital de Carabineros, vínculo que mantuvo de forma ininterrumpida hasta el 31 de diciembre del año 2019. Remarcó que durante toda la relación funcionaria tuvo excelentes calificaciones quedando en listas de distinción.

En ese contexto, y luego de 22 años de carrera funcionaria, refirió que el 29 de noviembre del año 2019 su representado fue notificado personalmente por de la Resolución Exenta N° 1238, a través de la cual se puso término a su contrato por resolución, por haberse verificado el vencimiento del plazo. Detalló que la resolución por la cual se puso término al contrato de su representado adujo un cambio en las partidas presupuestarias lo que restringiría la contratación del personal, pero con una torcida y falsa motivación se puso término de forma ilegal a 22 años de relación laboral.

En cuanto al derecho, cuestionó la falta de motivación del acto recurrido, ya que la resolución por la que se puso término al contrato del recurrente protegido solo tiene una argumentación aparente y artificiosa, la que no se condice con la realidad, contrariando de esta forma lo dispuesto en el artículo 11 y 41 de la Ley N° 19.880. Del mismo modo, la falta de fundamentación deviene en la afectación del principio de la confianza legítima, por la loable expectativa que tenía la recurrente que la Dirección de Carabineros de Chile seguiría mantenido el criterio de renovación de contratos como así lo había realizado por años.

En relación a las garantías que se denunciaron vulneradas, se estimó en el recurso que la igualdad ante la ley se conculcó toda vez que el acto recurrido no fundamentó su actuar, siendo un claro obrar desproporcional y el resultado de un proceder que no siguió el principio de razonabilidad. Del mismo modo, se afectó su derecho de propiedad sobre el cargo y las remuneraciones que recibía.

Culminó pidiendo se decreten los actos que se estimen pertinentes para el restablecimiento del derecho, debiendo en consecuencia dejar sin efecto el término del contrato, con expresa condenación en costas.

Informando el recurrido nombre reservado, Director Nacional de Personal de Carabineros de Chile, pidió el rechazo del recurso. Indicó que el término del contrato del recurrente se sustentó en la aplicación de la causal expresa, contenida en el N° 4 del artículo 57 de la Directiva del Personal Contratado por Resolución, aprobado por la Orden General N° 1957 de 18 de agosto del 2010. Todo lo anterior al tenor de las nuevas condiciones que dispuso la Ley de Presupuesto para el año 2020, la que redujo el presupuesto de Carabineros de Chile, sobre todo las contrataciones de personal externo, en aproximadamente siete mil trescientos millones de pesos. Señaló que el recurrente presentó reconsideración administrativa en contra del término del contrato, la que fue rechazada el 27 de diciembre del 2019 por no haberse aportado nuevos antecedentes que hicieran variar lo resuelto.

Sobre los hechos, aclaró que el actor desde el año 2003 tiene la calidad de Coronel en Retiro de Carabineros de Chile, por lo que adicionalmente al contrato por resolución que mantenía vigente, recibía además su respectiva pensión de jubilación.

Enseguida, explicó el marco normativo que corresponde tener a la vista, enfatizando que el artículo 7 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile establece que La Dirección General podrá contratar en forma temporal, cuando las necesidades del servicio lo requieran, a profesionales, técnicos, administrativos y trabajadores a jornal o a trato que se estimen pertinente. Para concretar la facultad referida en el artículo 7, se dictó la Orden General N° 1957, de 18 de agosto del año 2010, que aprobó el Reglamento del Personal Contratado por Resolución. Sobre la base de la precedente normativa, concluyó que el vínculo del contrato por resolución es transitorio y solo se dispone para suplir determinadas necesidades institucionales.

Manifestó la improcedencia del recurso, ya que la materia puesta en debate es ajena a la naturaleza cautelar, urgente y sumaria de la acción de protección, siendo más acorde lo pedido con una acción de tipo declarativa, toda vez que en el presente recurso existe un derecho que se encuentra precisamente en discusión. Luego, expresó que lo resuelto estuvo conforme a la jurisprudencia administrativa, por lo que no se conculcó la confianza legítima, toda vez que se explicitaron las razones y se dieron fundados argumentos para proceder como se hizo, lo que se aviene a los dictámenes de la Contraloría General de la República N° 85.700 del año 2016 y N° 6.400 del año 2018.

Concluyó señalando que no se afectó ninguna garantía del recurrente, ya que precisamente se obró al alero de las facultades legales conferidas a la Dirección de Carabineros de Chile.

Se trajeron los autos en relación.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Como reiteradamente se ha sostenido por esta Corte, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil – o arbitrario – producto del mero capricho de quien incurre en él – y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

SEGUNDO: Para la resolución de esta acción constitucional, se debe tener presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, la Dirección General podrá contratar en forma temporal, cuando las necesidades del servicio lo requieran, a profesionales, técnicos, administrativos y trabajadores a jornal o a trato, quienes quedarán sometidos a la jerarquía y disciplina de Carabineros de Chile y demás materias que determinen las leyes, en lo que sea pertinente. Este personal no integrará la Planta Institucional y sus remuneraciones u honorarios se pagarán con cargo a la ley de presupuestos, leyes especiales o con fondos propios de sus organismos internos. Enseguida, la Orden General N° 1957, de 18 de agosto del año 2010, establece en su artículo 1° que el personal contratado por resolución es el que se desempeña de forma transitoria por el lapso que la resolución de contratación indica, y en todo caso no podrá exceder el plazo de 31 de diciembre de cada año.

TERCERO: Sobre la base de las normas citadas, se concluye que el personal contratado por resolución es de carácter transitorio, lo que lleva implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleo por aplicación de cualquiera de las causales del artículo 57 de la Orden General N° 1957. En efecto, la recurrida puede ponerle término a través de un acto fundado, lo que ha ocurrido en la especie, toda vez, que teniendo a la vista la resolución impugnada, puede constatarse que ella expresa los motivos que se tuvieron en cuenta para la adopción de la decisión, indicando los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustenta.

CUARTO: De lo expuesto, se descarta que la recurrida haya incurrido en actos u omisiones arbitrarias o ilegales que permita a esta Corte adoptar alguna medida de resguardo a favor de la recurrente, ni es posible advertir la vulneración que se denuncia, lo que resulta suficiente para desestimar la acción de protección.

QUINTO: Además de lo expresado, no cabe examinar por esta vía la justificación, mérito o conveniencia en términos de la contratación, porque tales extremos exceden el propósito de una acción cautelar o de tutela de urgencia y porque en los términos que viene propuesta este arbitrio constitucional se traduciría en la pretensión de que esta Corte sustituya a la recurrida en gestión de sus recursos -artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República-, los que además se han disminuido notoriamente como se lee en la Ley de Presupuesto vigente para el año 2020.

SEXTO: Se tiene presente que el recurrente desde el año 2003 tiene la calidad de Coronel en Retiro de Carabineros, por lo que adicionalmente al contrato por resolución que mantenía vigente, percibe su respectiva pensión de jubilación.

A lo dicho anteriormente cabe agregar como consta de los documentos acompañados en esta instancia, consistente en boletas de honorarios que éste continúa prestando servicios profesionales en su calidad de médico anestesista a la recurrida.

Por estos fundamentos y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE RECHAZA el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de Director Nacional de Personal de Carabineros de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-187352-2019.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Adelita Ravanales Arriagada, conformada por la Ministra señora Jenny Book Reyes y la Ministra señora Verónica Sabaj Escudero.