nombre reservado con FISCO CHILE - C.D.E.

Santiago, veinticinco de agosto de dos mil veinte.

Visto:

Con fecha 26 de diciembre del año 2019, comparecen ante esta Corte los abogados Daniel Antonio Gaete Véliz, cédula de identidad N° RUT reservado; Rocío Toro Bravo, cédula de identidad N° RUT reservado, y nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, todos con domicilio en domicilio reservado, quienes deducen acción constitucional de protección en favor de don nombre reservado, chileno, médico, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, en contra del Hospital de Carabineros General Humberto Arriagada Valdivieso, persona jurídica de derecho público, RUT N° RUT reservado, representado legalmente por el Fisco de Chile, y éste a su vez por el Consejo de Defensa del Estado, representado por doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, por haber dictado la Resolución Exenta R.A. Nº 1266, de 21 de noviembre de 2019, de la Dirección Nacional del Personal de Hospital de Carabineros, que resuelve la no renovación de su contrata para el año 2020.

Exponen que el señor nombre reservado fue contratado mediante Resolución Nº 63 del 22 de enero de 1988, como médico del Hospital de Carabineros, en la especialidad de Traumatología y Ortopedia, para desempeñar dicha función. La contratación referida, en principio se extendería hasta el día 31 de diciembre de ese año; sin embargo, desde el año 1988, la contrata fue objeto de múltiples y sucesivas renovaciones que se extendieron hasta el pasado 31 de diciembre de 2019, con un sueldo bruto de $3.794.503 (tres millones setecientos noventa y cuatro mil quinientos tres pesos), por lo que el doctor nombre reservado ha prestado servicios para el mencionado establecimiento de salud de forma ininterrumpida, en calidad jurídica C.P.R. (Contrato Por Resolución) durante 31 años.

Después de 31 años de servicio funcionario intachable y entrega profesional al Hospital de Carabineros, con fecha 27 de noviembre de 2019, su representado es notificado de la Resolución Exenta R.A. N° 1266, de fecha 21 de noviembre de 2019, emanada de la Dirección Nacional del Personal del Hospital de Carabineros, que en lo pertinente señala: “… 2. Conforme a lo anterior, esta Dirección Nacional de Personal, dispuso a la Dirección de Salud efectuar una revisión del personal contratado bajo la modalidad de C.P.R., fundado en las condiciones de desempeño profesional, aptitudes y condiciones en el desarrollo de sus labores; funciones suprimidas o asumidas por el personal de Planta y en su mérito, proponer el o los cargos que se estiman prescindibles, conforme a las necesidades del servicio, con la finalidad de ajustarse al Presupuesto año 2020, según la formulación presupuestaria asignada a Carabineros de Chile, en materia de contrataciones de personal que no integra su Planta 3. Además, efectuar una revisión del personal contratado bajo la modalidad de C.P.R., de aquellos casos de no renovación a requerimiento de la Alta Repartición y/o Unidades, según el resultado de las respectivas comisiones evaluadoras y comisión revisora de las evaluaciones de desempeño de este recurso humano. 4. De acuerdo con el mencionado razonamiento y la ejecución de las nuevas condiciones dispuestas en el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2020, se determina la no renovación del contrato, por vencimiento del mismo”.

Así las cosas, en la especie su representado fue cesado en sus funciones de forma irregular, improcedente y en desatención de las más elementales normas y principios que regulan y resguardan el empleo y la estabilidad en la función pública, siendo procedente, a su juicio, que este Ilustrísimo Tribunal en conocimiento de la presente acción de protección de garantías constitucionales, haga lugar a ésta y restablezca el imperio del derecho.

Sostienen que la decisión de la recurrida constituye un acto ilegal y arbitrario, atendido que se le ha desvinculado después de 31 años de sucesivas e ininterrumpidas renovaciones de su “contrato por resolución”, sin cumplir con las exigencias normativas para ello. Acusan la falta de motivación del acto administrativo, por fundarse en circunstancias vagas, genéricas e imprecisas y no obstante que le amparaba la “confianza legítima” de ser renovada su contrata nuevamente para el año 2020. Agregan que la resolución impugnada se limita a mencionar que, por razones de desempeño generales, y el Proyecto de Ley de Presupuesto del año 2020, la contrata no sería renovada. Sin embargo, afirman que no existe un desarrollo del fundamento de la decisión, ya que no se explican los montos del referido presupuesto para 2020. Asimismo, en cuanto a las evaluaciones de desempeño del recurso humano, señalan que tampoco existe una explicación certera de posibles problemas de desempeño, y ello contrasta con las últimas evaluaciones del profesional, quien durante los años 2017, 2018 y 2019 fue calificado con nota 4 en todos los factores de evaluación (que según el criterio del establecimiento corresponde a una valorización “sobre lo esperado”). Así, dentro de los Informes de Opinión Técnica de Personal Profesional C.P.R., se señaló que el Dr. nombre reservado era un “Excelente profesional. Con mérito, capacidad de trabajo y dirección. Con habilidades técnicas, compromiso institucional y amplio conocimiento de la normativa reglamentaria de Carabineros”. En los términos citados, esta notificación impidió al Dr. nombre reservado conocer el motivo del término de sus funciones como médico del mencionado establecimiento, desconociendo además si dichos motivos existen o si fueron ocultos.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, estiman que el actuar de la recurrida ha afectado aquellas consagradas en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución Política de la República, por cuanto se ha desvinculado al funcionario en forma contraria a derecho y por impedírsele usar, gozar y disponer de las prerrogativas propias de su cargo y que pertenecieron a su patrimonio durante 31 años.

Solicitan en definitiva se disponga que la recurrida reincorpore en sus labores al Dr. nombre reservado, por la totalidad del año 2020 y, además, proceda al pago de todas las remuneraciones y emolumentos que no haya percibido desde el día 1° de enero de 2020 a la fecha en que sea reincorporado.

Por resolución de seis de enero de dos mil veinte, se declaró admisible el recurso, y se pidió informe a la recurrida, Hospital de Carabineros.

Si bien la recurrida alegó falta de legitimación pasiva, porque el recurso se debía dirigir en contra de la Dirección Nacional del Personal del Hospital de Carabineros, encontrándose mal direccionado, se pidió informe a esta última, quien mediante oficio Ordinario N° 527 del 06 de marzo de 2020, solicitó el rechazo del presente recurso, con costas, señalando que efectivamente a través de la Resolución Exenta N° 1266, de 21 de noviembre de 2019, se determinó la no renovación del contrato del recurrente, en atención a las nuevas condiciones dispuestas en el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2020, invocando las facultades que detenta dicho organismo para contratar personal en forma transitoria, por el periodo que la resolución respectiva determine o mientras sean necesarias sus funciones, pudiendo durar como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año. Agrega que en aquellos casos en que al funcionario le asista el principio de confianza legítima, la autoridad debe emitir un acto administrativo fundado, por medio del cual exprese en sus consideraciones los fundamentos legales y técnicos para adoptar tal resolución, debiendo notificarse al funcionario de la decisión adoptada, lo que su parte cumplió.

Respecto a los cuestionamientos que se efectúan de sus motivaciones, indica que el presupuesto en virtud del cual se contrata al personal bajo la modalidad Contratado por Resolución, corresponde al de Carabineros de Chile y no al del Hospital de la institución. Asimismo, señala que no obstante que la Ley de Presupuesto determinó una dotación de funcionarios mayor a la del año anterior, estableció un tope en dinero que no existía anteriormente, lo que genera una restricción en cuanto al presupuesto disponible respecto del personal en calidad de contrata y/o jornal, cual es el caso del recurrente. Por otro lado, en relación a la consideración de las evaluaciones de desempeño, arguye que ellas no implican una obligación de renovar la contrata. Finalmente, niega haber afectado las garantías constitucionales que por el recurso se denuncia y considera que, en la especie, no se está frente a un derecho indubitado del recurrente que justifique la interposición de la presente acción cautelar.

Por resolución del 23 de julio último, se ordenó agregar de manera extraordinaria y preferente.

El día fijado para la vista de la causa, el día 29 de julio de 2020, se anunciaron los abogados de las partes, escucharon relación y alegaron, a través de videoconferencia. Por el recurso, la abogada doña Rocío Toro Bravo, y contra el mismo, el abogado don David Moreno Nilo.

Considerando:

Primero: Que, por la acción constitucional de protección de garantías fundamentales se solicita que la recurrida reincorpore en sus labores al doctor nombre reservado por todo el año 2020, y además se ordene el pago de todas las remuneraciones y emolumentos que no haya percibido hasta la fecha de su reincorporación, porque se infringieron las garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución Política de la República, al haber sido desvinculado después de 31 años de servicios, al no renovarse su calidad jurídica C.P.R. (Contrato Por Resolución), en forma contraria a derecho e impedírsele usar, gozar y disponer de las prerrogativas propias de su cargo y que pertenecieron a su patrimonio durante ese período.

Segundo: Que, la acción u omisión arbitraria e ilegal que atribuye a la recurrida está constituido por el acto administrativo denominado Resolución Exenta R.A. N° 1266, de fecha 21 de noviembre de 2019, emanado de la Dirección Nacional del Personal del Hospital de Carabineros, que resuelve terminar la contrata del doctor nombre reservado, después de 31 años de sucesivas e ininterrumpidas renovaciones de su calidad funcionaria, sin haberse cumplido la exigencia de motivar el acto administrativo ni considerar las exigencias que ha establecido el bloque normativo del derecho administrativo que rige la materia, compuestos por leyes, circulares, dictámenes, y jurisprudencia judicial y administrativa.

Tercero: Que, la recurrente acompañó con su recurso los siguientes documentos: 1.- Copia simple de Resolución Exenta N° 1266, de la Dirección Nacional de Personal de Carabineros de Chile, registrado con fecha 21 de noviembre de 2019, que resuelve poner término anticipado a la designación a contrata de don nombre reservado; 2.- Copia de Acta de Notificación, del Departamento de Personal, Subdirección de Salud de Carabineros de Chile, que da cuenta de notificación realizada al Dr. nombre reservado con fecha 27 de noviembre de 2019 de la resolución que determinó no renovar su contrato C.P.R para el año 2020; 3.- Resolución Nº 63 del 22 de enero de 1988 que contrata a don nombre reservado para los servicios del Hospital de Carabineros; 4.- Copia de Evaluación de Desempeño del Personal Contratado por Resolución de los años 2017, 2018 y 2019; 5.- Proyecto de Ley de Presupuesto año 2020; partida Ministerio del Interior y Seguridad Pública páginas 1 a la 26; página relevante número 2. 6. Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2020; cuadro analítico años 2019- 2020 Dirección de Presupuesto del Gobierno de Chile. Dos páginas. 7.- Ley de Presupuesto del Sector Público 2019. Páginas relevantes 89 y 139; 8.- Liquidaciones de sueldo de junio a noviembre de 2019.

Cuarto: Que, por su parte la recurrida, además de informar los motivos por los cuales dictó la resolución impugnada, cuya síntesis se ha expuesto anteriormente, acompañó copia de la Resolución N° 63, de 22 de enero de 1988, de la Dirección General de Carabineros; Copia de la Resolución Exenta N° 1.266, de 21 de noviembre de 2019, de la Dirección Nacional de Personal; Copia de la Resolución Exenta N° 1.744, de 27 de diciembre de 2019, de la Dirección Nacional de Personal, con su respectiva constancia de notificación; copia del Proyecto de Ley de Presupuesto año 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, partida 05, capítulo 31, Programa 01, correspondiente a Carabineros de Chile; y del Proyecto de Ley de Presupuesto del año 2020, en el que constaría el tope establecido para el gasto de personal a contrata y/o jornal, limitándose con ello el presupuesto Institucional recaído en el mismo, obtenidos ambos de las páginas web que individualiza, del 05 de marzo de 2020.

Quinto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Sexto: Que, conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado -privación, perturbación o amenaza- contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Séptimo: Que, respecto a la existencia del acto en contra del cual se recurre, atendido lo expuesto por los recurrentes, los documentos acompañados y lo señalado por la recurrida, se puede establecer que efectivamente la Dirección Nacional de Personal del Hospital de Carabineros de Chile, dictó el acto administrativo que se impugna por medio de esta acción cautelar, que corresponde a la Resolución Exenta R.A. N° 1266, de fecha 21 de noviembre de 2019, emanado de la Dirección Nacional del Personal del Hospital de Carabineros, que resolvió terminar la contrata del doctor nombre reservado, quien a esa fecha contaba con 31 años de sucesivas e ininterrumpidas renovaciones como funcionario de ese servicio público.

Octavo: Que, si bien la Resolución Exenta R.A. N° 1266, de 21 de noviembre de 2019, se trata de un acto administrativo discrecional que emana de una autoridad facultada para dictarlo, corresponde a un acto arbitrario e ilegal, porque infringe el deber de fundamentación o motivación del acto administrativo, lo que corresponde a uno de sus elementos de legitimidad, según el mandato constitucional de los artículos 6°, 7° y 8° de la Constitución Política de la República el artículo 2° de la Ley N° 18.575, en relación con lo que dispone el artículo 11 inciso segundo, y el artículo 41 inciso cuarto de la Ley N° 19.880, que establece como requisito del mismo, expresar los hechos y fundamentos de derecho en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, lo que implica haber establecido con claridad las razones fácticas y jurídicas que indujeron a actuar a ese órgano de la administración.

Noveno: Que, esta exigencia legal de fundamentación del acto administrativo, resulta además obligatoria para todos los funcionarios públicos, por lo que ha dispuesto reiteradamente a ese respecto la Contraloría General de la República en el Dictamen Nº 22.766 de 2016, el Dictamen N° 85.700 de 2016, y el Dictamen N° 6.400 de 2018, que actualiza y sistematiza los dos textos anteriores, resoluciones que resultan imperativas para el respeto de la garantía fundamental de igualdad ante la ley, que se alega vulnerada en esta causa, y que a grandes rasgos recuerdan a los órganos de la Administración del Estado, que la resolución que resuelve la no renovación de la contrata de un funcionario público, es un acto administrativo, y como tal, debe ser un acto motivado de forma clara y precisa, exponiendo los fundamentos de hecho y derecho en que se funda, con plena vigencia del principio de confianza legítima que ampara a todo aquel funcionario que ha sido objeto de dos o más renovaciones sucesivas e ininterrumpidas. Todo lo cual además, ha sido asentado por jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia.

Décimo: Que, si bien la resolución impugnada cita antecedentes para fundar el acto administrativo, no singulariza ningún hecho concreto atribuible al recurrente, realizando una fundamentación ajena a su situación funcionaria, aludiendo de manera genérica a la Ley de Presupuesto del año 2020 y a evaluaciones de desempeño del recurso humano, lo que le ha permitido invocar este mismo motivo respecto de diferentes funcionarios y funcionarias, soslayando realizar una consideración particular y determinada aplicable a la real situación funcionaria del recurrente, siendo racionalmente esperable que después que él sirvió 31 años, la Administración haya tenido que señalar los hechos y circunstancias concretas que le permitieran evaluar la conveniencia y la proporcionalidad del acto por el cual se le desvinculó, máxime si ese “desempeño genérico” que se atribuye -aplicable a cualquier otro funcionario-, contrasta con las últimas evaluaciones como profesional que hizo la misma Administración en los años anteriores.

Undécimo: Que, bajo la exigencia de este estándar mínimo, “la ejecución de las nuevas condiciones dispuestas en el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2020”, y la prueba de la existencia de una Ley de Presupuesto (más bien el mero proyecto de la misma), no corresponde a un fundamento que legitime el acto administrativo impugnado, porque además que como tal, la ley se presume conocida por todos los habitantes de la República, este tipo de consideraciones no se refiere a un hecho cierto y determinado imputable al funcionario nombre reservado, sino que puede invocarse indiscriminadamente respecto de cualquier otro funcionario del servicio, no permitiendo esta forma de fundar un acto administrativo, conocer cuál fue la real motivación que tuvo la autoridad administrativa para desvincular al funcionario recurrente, en relación a otros funcionarios que se encontraban sujetos a esa misma condición o bajo la regulación de esa misma ley.

Duodécimo: Que, este estándar de garantías mínimas es posible exigir que cumpla el Estado respecto a todos los servidores públicos, porque se ha obligado a respetar, garantizar y promover la garantía fundamental de igualdad ante la ley, siendo al amparo de ella que cobra fuerza y vigor la jurisprudencia del derecho administrativo que ha establecido el instituto de la confianza legítima que invoca el recurrente, gestada por reclamos similares en relación a la falta de motivación de un acto administrativo. Ella establece que si bien en el Estatuto Administrativo el empleado a contrata es aquél de carácter transitorio, que se consulta en la dotación de una institución, que dura sólo hasta el 31 de diciembre de cada año, fecha en que expiran sus funciones por el sólo ministerio de la ley, -salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos-, facultad que debe ejercerse mediante un acto motivado, y expedirse 30 días antes del fin de año, si esa calidad ya se había renovado -desde la segunda renovación al menos-, en virtud del deber derivado del principio de la confianza legítima que ampara a los funcionarios públicos, según lo ha establecido la Contraloría General de la República, en los citados Dictámenes.

Décimo Tercero: Que, la confianza legítima se define en ese ámbito como “la legitima expectativa que se produce en un servidor público, cuando su contrata ha sido objeto de dos o más de renovaciones anuales sucesivas e ininterrumpidas, creando la confianza legítima de que esa conducta se va a repetir en el futuro”, y se busca preservar por el mismo, la legítima expectativa que tienen los funcionarios de la administración del Estado, para que la autoridad tome decisiones que sean armónicas con los criterios manifestados con anterioridad en situaciones semejantes. Por lo mismo, el Estado de Chile, en cuanto ente administrativo empleador, debe ser coherente con lo que disponen las normas laborales que han establecido el principio de estabilidad en el empleo y el respeto a las garantías fundamentales de todo trabajador, porque se encuentra vinculado con sus propios actos que ha realizado en el orden legislativo laboral.

Décimo Cuarto: Que, bajo este estándar normativo que tiene como fundamento constitucional el respeto a la garantía fundamental de igualdad ante la ley, esa jurisprudencia administrativa ha sido aceptada por la Corte Suprema, en la causa Rol 6803-2019 y Rol 6783- 2019, estableciéndose en ambas: “Que la circunstancia que la parte recurrente ha sido nombrada en el cargo a contrata por más de dos anualidades –15 años-, generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculada con la Administración, de modo tal que sólo se puede terminar esa relación estatutaria por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución, o por una calificación anual que así lo permita, de manera que al no concurrir en la especie dichos supuestos, hace necesario revocar la decisión que se analiza”.

Décimo Quinto: Que, en el presente caso las funciones como médico del recurrente nombre reservado, fueron renovadas por un término bastante superior al que ha establecido dicho estándar normativo, por lo que le ampara el principio de la confianza legítima que ha reconocido esa jurisprudencia administrativa para todos los funcionarios públicos y la Excelentísima Corte Suprema, luego de haber sido objeto de 31 renovaciones anuales, sucesivas, continuas e ininterrumpidas, que se iniciaron el año 1988, mediante Resolución Nº 63 del 22 de enero de 1988, como médico del Hospital de Carabineros, en la especialidad de Traumatología y Ortopedia y que se extendieron hasta el 31 de diciembre del año 2019.

Décimo Sexto: Que, es en virtud de esa confianza legítima que el recurrente esperaba razonablemente que su vínculo contractual con el Hospital de Carabineros fuera prorrogado íntegramente para el año 2020, después de todos esos años que trabajó como médico cirujano con especialidad en Traumatología y Ortopedia en el Hospital de Carabineros, no pudiendo la autoridad administrativa desvincularlo de su calidad de funcionario público, sin que el acto administrativo se funde en la existencia de algún hecho grave, que haya sido previamente investigado y sea imputable al mismo; o bien, en haber obtenido una calificación deficiente. Su situación de estabilidad funcionaria que le reconoce el estatuto que lo rige, interpretado acorde al principio de confianza legítima, se refuerza además porque la profesión médica ejercida por el recurrente es una labor de la esencia y propia del giro de un Hospital, por lo que difícilmente podrían calificarse sus funciones como transitorias y prescindibles.

Décimo Séptimo: Que, por lo expuesto, la resolución contra la cual se recurre ha vulnerado la garantía fundamental de la igualdad ante la ley, en tanto el recurrente fue objeto de un trato discriminatorio en relación a aquellas personas que, contratadas en similares o iguales condiciones en ese Hospital, no se vieron sometidas a una decisión como la que se consigna, por la sola circunstancia de haberse dictado una Ley de Presupuesto. Asimismo, la actuación del Departamento de Personal de Carabineros de Chile, vulnera la garantía fundamental consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, ya que lo ha privado de recibir sus remuneraciones por el período correspondiente al año 2020, lapso por el cual debió mantener su contrata.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, con costas, la acción de protección deducida por los abogados Daniel Antonio Gaete Véliz; Rocío Toro Bravo, y nombre reservado, en favor de don nombre reservado en contra del Hospital de Carabineros General Humberto Arriagada Valdivieso, persona jurídica de derecho público, representado legalmente por el Fisco de Chile, y se dispone que la recurrida reincorpore en sus labores al recurrente por todo el año 2020, y además se ordene el pago de todas las remuneraciones y emolumentos que no haya percibido hasta la fecha de su reincorporación.

Se previene que el Fiscal Judicial señor nombre reservado tiene en vista además que consideraciones genéricas para fundar un acto administrativo, es indiciario de una motivación desviada y arbitraria, constituyendo la forma como la administración oculta -en algunas oportunidades- el verdadero fundamento para desvincular a un servidor público, detrás de cuyo velo se oculta algún tipo de discriminación por motivos de sexo, género, edad, políticos u otra categoría similar, que siempre vulnera la garantía fundamental de igualdad ante la ley, todo lo cual se encuentra proscrito en nuestra Constitución Política de la República y en el artículo 2 del Código del Trabajo.

La garantía de igualdad ante la ley, exige interpretar el estatuto legal a que se encuentran sometidos los empleados públicos, bajo un estándar normativo similar al que tutela el Código del Trabajo para el resto de los trabajadores, que establece como exigencia mínima para desvincular a cualquier trabajador, invocar una causal cierta y determinada, la que debe fundarse en hechos reales, debiendo probarlo quien se vale de ellos ante los tribunales de justicia, cuando el trabajador impugna de ilegal ese despido, siendo siempre la carga de la prueba del empleador. Ese mismo cuerpo normativo, establece que la segunda renovación de un contrato de plazo fijo de un trabajador respecto del mismo empleador, lo convierte en un contrato indefinido; ergo, la confianza legítima desarrollado por la Contraloría General de la República deviene en ser una consecuencia necesaria del respeto a la garantía fundamental de igualdad ante la ley, que exige que a todos y todas las personas, se les respete de manera similar sus derechos, en el ámbito laboral en que se desempeñan.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Redacción del Fiscal Judicial señor nombre reservado.

No firma el Fiscal Judicial señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista de la causas y del acuerdo, por encontrarse ausente.

N° Protección 187.347-2019