nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Santiago Santiago, cinco de diciembre de dos mil veinticinco.

Al folio 24: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece la abogada Fernanda de Ugarte Vallejos, en representación de don nombre reservado, chileno, divorciado, empleado, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada legalmente por don nombre reservado, y en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, representada legalmente por don nombre reservado, por haber efectuado descuentos extrajudiciales, ilegales, arbitrarios, abusivos y antojadizos sobre las remuneraciones del recurrente sin aviso ni notificación previa, así como por haber traspasado unilateralmente el crédito entre ambas instituciones, todo ello en circunstancias de existir un juicio ejecutivo pendiente en tramitación. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que constituye un ejercicio extemporáneo y abusivo de las facultades establecidas en la ley de cajas de compensación, ignorando la existencia de un procedimiento judicial en curso y omitiendo las vías procedimentales legales para obtener el pago del crédito, vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N°3 y N°24 de la Constitución Política de la República, relativos a la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita el reintegro y devolución de las sumas descontadas, la abstención de realizar futuros descuentos y el restablecimiento del imperio del derecho.

Expone el recurrente que don nombre reservado es trabajador de la empresa “Marco Salgado y Compañía Limitada”, cuya fecha de vinculación data del día 25 de febrero del año 2025, obligándose el empleador a pagar mensualmente sus remuneraciones conforme a derecho.

Señala que el actor tiene una relación convencional con la recurrida CCAF Los Andes, cuyo origen es el otorgamiento de una suma de dinero por la recurrida en favor del recurrente, lo cual se materializó mediante la suscripción de un pagaré N°014CON103978755, que fue suscrito con fecha 21 de abril de 2023 por la suma de $9.800.807, cuyo capital e intereses se pagarían por el suscriptor en cuarenta y ocho cuotas mensuales iguales y sucesivas de $338.685 cada una, venciendo la primera de ellas el día 30 de junio de 2023.

Agrega que el actor se constituyó en mora a partir de la cuota de fecha de vencimiento 30 de septiembre de 2023, y que la recurrida CCAF Los andes iniciado acción judicial efectiva tendiente a obtener el pago y/o recupero del saldo adeudado, lo cual consta en causa ROL C-91-2025, caratulada “Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes/nombre reservado”, seguida ante el Juzgado de Letras y Garantía de Quirihue. Sostiene que en dicha causa se presentaron excepciones a la ejecución del demandado oportunamente, las cuales, hoy se están tramitando con normalidad y en plena etapa probatoria.

Sin perjuicio de lo anterior, manifiesta que la recurrida CCAF Los Andes ha decidido unilateralmente traspasar el crédito a otra entidad, la CCAF La Araucana, comenzando esta última a efectuar descuentos extrajudiciales, ilegales, arbitrarios, abusivos y antojadizos, sin aviso ni notificación previa al recurrente de su remuneración mensual. Sostiene que las recurridas han ido en contra de toda norma y/o vía procedimental para obtener el pago de su crédito, yendo incluso en contra de las propias normas que las rigen, cuestión que han obviado presuntamente amparadas en una norma de la Ley de Cajas de Compensación, sin considerar el inciso tercero del artículo 16 de la Ley 19.539.

Argumenta que, en concreto, al día de hoy, el representado se ve aquejado por estar sufriendo un doble cobro del crédito adeudado, por un lado, tiene una demanda ejecutiva en plena etapa de tramitación frente al primitivo acreedor, CCAF Los Andes, y paralelamente, está sufriendo descuentos en su liquidación de sueldo por parte del nuevo acreedor, CCAF La Araucana. Enfatiza que en ningún momento le fue informado el traspaso del crédito a otra institución, acto que se llevó a cabo sin ningún tipo de aviso, teniendo las consecuencias que se expresan al día de hoy, en el presente recurso.

Señala que se visualiza en la liquidación de remuneración del mes de julio del presente año 2025 un descuento de la CCAF La Araucana bajo la nomenclatura “Préstamo Caja La Araucana”, por un monto de $334.049, siendo un descuento totalmente arbitrario e ilegal, toda vez que existe un juicio pendiente y en tramitación con el primitivo acreedor. Sostiene que, luego del traspaso arbitrario y unilateral del crédito, la CCAF La Araucana ha decidido ignorar por completo que existe un juicio pendiente, y ha comenzado a descontar sin ningún tipo de miramiento el monto señalado anteriormente de las remuneraciones del representado.

Argumenta que lo anterior evidentemente implica que las recurridas buscan obtener un “doble pago” respecto de lo adeudado, siendo lo anterior totalmente contrario a la ley y a un debido proceso de cobro, motivo por el cual es procedente el presente recurso de protección. Sostiene que, al no haber agotado instancia judicial, la recurrida CCAF La Araucana debió descontar ni debe seguir descontando extrajudicialmente de manera arbitraria e ilegal el saldo adeudado, ya que no puede pretender por la vía de estos “descuentos ilegales” corregir la desidia y negligencia con que han actuado en el ejercicio de sus acciones legales tendientes al cobro del crédito, omitiendo y obviando la resolución pertinente vía judicial y las propias normas que rigen el caso.

En consecuencia, sostiene que las recurridas han decidido forzar de manera unilateral un beneficio que la ley contempla para un cobro oportuno, lo cual priva al recurrente de su derecho de propiedad sobre parte de su retribución económica obtenida con motivo de su actividad laboral que desempeña. En otras palabras, las recurridas han hecho oídos sordos a su derecho para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios únicamente, buscando y obteniendo un eventual doble cobro de lo adeudado.

Manifiesta que la conducta de la recurrida CCAF La Araucana, resulta aún más gravosa, toda vez que ha ignorado por completo el juicio pendiente que existe respecto del mismo crédito social, y ha comenzado a llevar a cabo unilateralmente los descuentos. Para finalizar, hace presente que el saldo descontado de la remuneración del mes de julio del presente año equivale a la suma de $334.049, solicitando la restitución y devolución del mismo.

En cuanto a los fundamentos de derecho, expone el recurrente que la presente acción constitucional de protección es entablada porque estima se han vulnerado las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en sus numerales 3 y 24.

Respecto de la igualdad ante la ley y de la forma en que se ha vulnerado la garantía establecida en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, sostiene que todas las personas tienen derecho a que les sea reconocida igualdad ante la ley, ante las autoridades y órganos jurisdiccionales y tienen igual derecho a reclamar la protección del sistema jurídico. Argumenta que el hecho arbitrario e ilegal de las recurridas ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley, toda vez que sin fundamento legal han puesto al recurrente en una situación desventajosa, distinta y precaria en relación con todos los otros deudores civiles, pues para obtener el pago de un crédito, se los debe demandar en los tribunales ordinarios, cuestión que las recurridas han obviado presuntamente amparadas en una norma de la ley de cajas de compensación, todo con la finalidad de proceder al cobro ilegal, abusivo y extemporáneo de una eventual deuda.

En relación con el derecho de propiedad, de la libertad contractual y de la forma en que se ha vulnerado la garantía establecida en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, sostiene que el actuar de las recurridas no solo va en abierta contradicción a la invariabilidad de los términos del contrato laboral, sino que, además, priva al recurrente del legítimo derecho a percibir su remuneración completa resultado de su trabajo honesto.

Argumenta que de lo dicho se desprende que sobre las remuneraciones y sobre los dineros que la conforman el representado tiene el derecho de dominio, y que tales remuneraciones deben ser ingresadas a su patrimonio, motivo por el cual su descuento ilegal y extrajudicial por parte de las recurridas importan una clara vulneración de lo dispuesto en el artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política de la República.

Respecto del ejercicio abusivo por parte de las recurridas de la facultad establecida en la ley de cajas de compensación, sostiene que la doctrina y jurisprudencia adoptadas universalmente, es que este proceder extemporáneo y sorpresivo de las Cajas de Compensación no aparece revestido de la necesaria racionalidad y fundamento, pues ni siquiera ha informado ni mucho menos acreditado frente a esta parte, los antecedentes judiciales formales que puedan sostener el descuento de la deuda.

Argumenta que en el caso de marras, las recurridas no fundamentan ni siquiera contractualmente este descuento abusivo, lo que en criterio de esta parte adolece de falta de razonabilidad y verosimilitud y por lo tanto la decisión adoptada no puede sino ser declarada como arbitraria y, por lo tanto, no la habilita para ejercer la facultad excepcional establecida en la ley de cajas de compensación, debiendo esta Ilustrísima Corte adoptar las medidas tendientes al restablecimiento del derecho.

Conforme a lo expuesto, el recurrente estima que el actuar de las recurridas vulnera el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, al poner al recurrente en una situación desventajosa, distinta y precaria en relación con todos los otros deudores civiles, procediendo al cobro ilegal, abusivo y extemporáneo de una eventual deuda sin haber agotado las instancias judiciales correspondientes, y sin otorgar al recurrente la oportunidad de hacer valer sus defensas en un debido proceso. Asimismo, vulnera el derecho de propiedad establecido en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, al privar al recurrente de su derecho de dominio sobre parte de su remuneración mediante descuentos ilegales y extrajudiciales, forzando de manera unilateral un beneficio que la ley contempla para un cobro oportuno en circunstancias en que existe un juicio ejecutivo pendiente, configurando además un eventual doble cobro del mismo crédito, todo lo cual constituye un ejercicio abusivo, arbitrario, antojadizo, caprichoso y carente de razón de las facultades establecidas en la ley de cajas de compensación.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a las recurridas: primero, el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas de las remuneraciones del recurrente, con los intereses que legalmente correspondan y debidamente reajustadas hasta el momento de dicha devolución, los cuales al día de hoy ascienden al monto total de $334.049; segundo, abstenerse de realizar por sí y/u ordenar que se realicen por terceros, especialmente por parte de "Marco Salgado y Compañía Limitada", o por cualquier otro empleador que tenga o tuviere en el futuro el recurrente, o por cualquier otro organismo público o privado, descuentos de remuneraciones del representado; todo lo anterior con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe ordenado por esta Corte, comparece el abogado Julio César Villalobos Villarroel, en representación convencional de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto en su contra.

Señala que se interpone la presente acción constitucional en atención a que en el año 2023 el recurrente solicitó un crédito a Caja Los Andes por $9.800.807, pagadero en 48 cuotas de $338.685, con vencimiento de la primera cuota el 30 de junio de 2023. Indica que el recurrente señala que en septiembre de 2023 dejó de pagar, por lo que Caja Los Andes inició un juicio ejecutivo en su contra ante el Juzgado de Letras y Garantía de Quirihue, Rol C-91-2025, el que se encuentra en tramitación. Sin embargo, sostiene que se realiza la gestión del descuento de su remuneración de la cuota del crédito moroso, lo que el recurrente considera un doble cobro, percatándose en el mes de julio de 2025 de un descuento en su remuneración de parte de Caja La Araucana, lo que considera arbitrario e ilegal, vulnerándose su derecho de igualdad ante la ley y de propiedad.

Manifiesta que es del caso señalar que, según consta en los sistemas de Caja La Araucana, el señor nombre reservado no mantiene un crédito moroso con Caja La Araucana. Por el contrario, se pudo constatar que mantiene un crédito vigente y moroso con Caja Los Andes, número de pagaré 014CON103978755.

Sostiene que en atención a esta deuda, y al mandato recíproco existente entre todas las Cajas de Compensación, es que en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, Caja La Araucana le solicita al empleador afiliado a esta, Marco Salgado y Cía. Ltda., RUT N°RUT reservado, el descuento de las cuotas morosas del crédito otorgado por Caja Los Andes. Agrega que, luego, Caja La Araucana ha realizado las remesas de dinero, encontrándose este en el patrimonio de Caja Los Andes, según detalle que acompaña en tabla adjunta que indica las fechas de pago, fechas de envío, montos cobrados, montos remesados, montos recaudados, operación de crédito externo y estado de las remesas.

En cuanto a los antecedentes de fondo, expone la recurrida que conforme lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N°18.833, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social instituidas como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo único objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, relacionadas con los siguientes regímenes: legales de carácter previsional y de prestaciones de bienestar social, en este último se encuentran los créditos sociales.

Argumenta que los créditos, conforme al Compendio de Normas que Regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar del 2023, emanado de la Superintendencia de Seguridad Social, se definen como “un beneficio de bienestar social consistente en préstamos de dinero, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer necesidades del trabajador y del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar, relativas a: vivienda, bienes de consumo durables, trabajo, educación, salud, recreación, contingencias familiares y otras necesidades de análoga naturaleza”.

Por su parte, sostiene que el artículo 1.546 del Código Civil señala que los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella, en concordancia con el artículo 1.545 del Código Civil que dispone que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes. Por lo que es claramente sabido que al celebrar un contrato del cual emanan obligaciones, la deuda existe y puede ser cobrada como en derecho corresponde a menos que haya prescrito el derecho de cobrarla, mediante la declaración de prescripción que es de exclusiva competencia de los tribunales de justicia o que haya operado respecto de la obligación alguno de los otros modos de extinguirlas conforme lo dispuesto en el artículo 1.567 del Código Civil, lo cual no ha acontecido, atendido que la recurrente no acompaña documento demostrativo al efecto.

Agrega que este argumento lo comparte la Superintendencia de Seguridad Social conforme Dictamen 2659-2020 de 12 de agosto de 2020, que dispone en su inciso final que en cuanto a la obligación que le asiste al empleador de continuar efectuando los descuentos de cuotas de créditos sociales en aquellos casos en que han transcurrido más de cinco años desde el último pago del deudor de crédito social, debe indicarse que de acuerdo a la normativa vigente en la materia, en especial, el artículo 2493 del Código Civil, quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, no siendo posible declararla de oficio, por lo que en tanto no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social y del pagaré respectivo, deben continuar practicándose los referidos descuentos.

Además, sostiene que este criterio tiene sustento, como ha sido reconocido en la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, en causa Rol N°464-2025 de fecha 30 de abril de 2025, en la cual la Excelentísima Corte Suprema confirma la sentencia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 16758-2024 de fecha 06 de diciembre de 2024, la que rechaza recurso de protección presentado en contra de esta parte. Cita extensamente los considerandos quinto a octavo de dicha sentencia, los cuales señalan que resolver el conflicto planteado mediante este arbitrio importa determinar primero, la existencia del acto impugnado, esto es, el descuento de las cuotas de un préstamo social por parte de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por encargo de la Caja de Compensación La Araucana, en virtud del denominado Convenio Intercajas y, posteriormente, si aquella acción constituye, a esta fecha, un actuar ilegal y/o arbitrario de la recurrida y, por tanto, si ese proceder afecta o amenaza la garantía constitucional invocada.

Continúa citando que en cuanto a la alegación de encontrarse prescrita la deuda, el recurrente no acreditó de modo alguno que dicha circunstancia se hubiera declarado judicialmente, de acuerdo con lo previsto en los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, de manera que, al no operar de pleno derecho la extinción de la deuda por el plazo del tiempo, esta sigue siendo actualmente exigible.

Que, asentado lo anterior y conforme a los antecedentes allegados a la causa, se observa que la Caja de Compensación de Asignación Los Andes dio cumplimiento a un mandato dispuesto en virtud de un Convenio suscrito entre las diversas Cajas de Compensación, el que se encuentra ajustado a derecho y visado en cuanto a su cumplimiento por la Superintendencia de Seguridad Social, por lo que el proceder de la recurrida no podría calificarse de ilegal o arbitrario, sobre todo considerando que su actuar se enmarca dentro de las normas de la diputación para recibir el pago, a las que se refieren los artículos 1580 a 1586 del Código Civil. Que, por lo anotado no aparece que la recurrida haya incurrido en un acto ilegal o arbitrio que importe la vulneración de las garantías que dice conculcadas, razón por la cual procede que la acción constitucional intentada sea rechazada.

A su vez, sostiene que se reitera este criterio en sentencia Rol N°2462-2024 de esta Ilustrísima Corte de Santiago, que en su considerando sexto y siguientes señala que en primer término, cabe destacar que el acto que la recurrente califica como ilegal y arbitrario consiste en el descuento que la Caja de Compensación recurrida ha solicitado y efectuado de sus remuneraciones, a través del Sistema Intercajas por medio de la CCAF Los Andes, con el objeto de obtener el pago de dos créditos sociales que aquella le concedió, cuyo incumplimiento ha motivado tal proceder. Pues bien, para determinar si dicha conducta reviste o no el carácter de ilegal o arbitraria que se le atribuye, es preciso analizar las particulares características del denominado “descuento por planilla”, en su calidad de mecanismo especial para garantizar el pago de los créditos sociales que las Cajas de Compensación otorgan a sus afiliados. Sobre este punto, es un hecho asentado que, conforme a lo preceptuado en el artículo 22 de la Ley N°18.833, lo adeudado por concepto de estos créditos debe ser descontado por el empleador directamente de las remuneraciones del trabajador deudor y enterado en arcas de la Caja acreedora, siguiendo el mismo procedimiento previsto por la ley para la declaración y pago de las cotizaciones previsionales.

Continúa citando que, de este modo, el descuento por planilla constituye una modalidad de cobro que la ley expresamente contempla y que opera con independencia de la voluntad del deudor, en atención a la naturaleza de entidades de previsión social que ostentan las Cajas de Compensación y la finalidad de interés público a que se encuentran afectos los fondos con cargo a los cuales se otorgan los créditos de esta clase. Dicho mecanismo envuelve un imperativo para el empleador, quien está obligado a practicar la deducción tan pronto la Caja acreedora le notifique la existencia de una deuda vencida e impaga por parte de alguno de sus trabajadores afiliados. De este modo, no cabe sino colegir que la recurrida, al comunicar a la empleadora del actor la morosidad en el pago de las cuotas del crédito social que éste mantiene vigente, se ha limitado a ejercer una prerrogativa que el ordenamiento jurídico le confiere de manera expresa, por lo que su proceder se ha ajustado a derecho y no puede ser tachado de ilegal.

Agrega que, a mayor abundamiento, no se advierte que el proceder de la recurrida pueda ser calificado como arbitrario o antojadizo, desde que los antecedentes acompañados al proceso, no existe declaración judicial que haya determinado que los créditos sociales cobrados de esta forma estén prescritos. Que de este modo, al no haberse aportado antecedente alguno que permita sostener la concurrencia de alguna causal de extinción o ineficacia de la acción de cobro respecto de los créditos sociales que ha motivado los descuentos impugnados, no cabe sino concluir que éstos se mantienen plenamente vigentes y que, en consecuencia, no existe mérito para entender que la conducta de la recurrida al requerir el pago a través del mecanismo del descuento por planilla por el Sistema Intercajas implique una vulneración del derecho de propiedad de la actora sobre sus remuneraciones.

Que, por las razones antes expuestas, no verificándose el presupuesto básico de la existencia de una acción ilegal o arbitraria que conculque las garantías constitucionales invocadas, el presente recurso de protección deberá necesariamente ser desestimado. Sentencia que fue confirmada por la Corte Suprema en sentencia Rol N°37.972-2024 de fecha 08 de mayo de 2025.

En el mismo sentido, cita la sentencia Rol N°3350-2025 de esta Ilustrísima Corte de Santiago, la que en sus considerandos sexto y siguientes señala que según estatuye el inciso primero del artículo 22 de la Ley 18.833, lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

En consecuencia, la recurrida ha procedido en conformidad a la normativa vigente, lo que descarta un actuar ilegal de su parte, al igual que la arbitrariedad por cuanto no ha sido el capricho el motivo del descuento de remuneración que le fue requerido al actual empleador del recurrente, sino el hecho cierto de que dicho trabajador dependiente mantiene actualmente con la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, una deuda que corresponde al saldo insoluto de un crédito social.

Que, en cualquier caso, lo cierto es que del mérito de los antecedentes asoma incuestionablemente que lo reclamado en autos no es la tutela de un derecho indubitado, inferencia que impone ineludiblemente concluir que la presente acción cautelar se ve impedida, por este solo motivo, de prosperar, ya que la presente acción cautelar no es la vía procesal a través de la cual es posible constituir, declarar, ni mucho menos extinguir un derecho. En estas circunstancias, descartada la ilegalidad y/o arbitrariedad del acto impugnado, no procede sino desestimar el presente arbitrio.

Argumenta que es en virtud de lo expuesto que CCAF La Araucana no ha privado, perturbado, o amenazado los derechos y garantías constitucionales del actor, ya que, en todo momento, esta entidad ha obrado conforme a derecho y salvaguardando además la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N°2, 22 y 24 de la Constitución, relativo a la igualdad ante la ley, igualdad de trato en materia económica, y derecho de propiedad, por cuanto en este caso no hay un descuento ilegal que afecte ya sea la igualdad o la esfera de dominio de la recurrente, ni expropiación alguna de parte de su pensión, por cuanto el cobro de lo adeudado se funda en una normativa que tiene por objeto asegurar el pago efectivo de los créditos sociales que tiene evidente carácter social al ser una prestación de seguridad social y cuya modalidad de descuento no es otra que la de facilitar el cobro de los dineros dados en préstamo contra un fondo social, en virtud del Orden Público Económico.

En estas circunstancias, solicita el rechazo de la acción de protección incoada en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por cuanto los cobros realizados no son arbitrarios o injustificados, en atención de que las obligaciones existen y se mantienen vigentes, al no existir una sentencia que declare que los mismos se encuentran extintos, y los mismos se encuentran ajustados al máximo permitido.

Por tanto, en mérito de los antecedentes expuestos y en conformidad a lo dispuesto en el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección de las Garantías Constitucionales, solicita tener por evacuado el informe requerido, rechazando la acción de protección incoada.

TERCERO: Que, evacuando el informe ordenado por esta Corte, comparece la abogada Inés Riquelme Arao, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto en su contra.

En relación con los créditos sociales otorgados al recurrente, señala la recurrida que con fecha 21 de abril de 2023 otorgó al señor nombre reservado la operación de crédito código N°014CON103978755, por un capital inicial de $9.800.807, a una tasa de interés mensual de 2,15%, pagadero en un plazo de 48 meses, con una cuota mensual de $338.685, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 30 de junio de 2023.

Agrega que, de dicho crédito, la cuota de junio de 2023, N°01, fue diferida al final del crédito en cuestión, posterior a la última cuota.

Posteriormente, las mensualidades de julio de 2023 a enero de 2025, cuotas de la N°02 a la N°20, se pagaron entre 16 de agosto de 2023 y el 28 de julio de 2025, además se recibió un abono de $245.013 el que fue imputado en la cuota de febrero de 2025, N°21.

Sostiene que, a la fecha, la presente operación de crédito se encuentra en mora, por la diferencia de la mensualidad de febrero de 2025, N°21, más las cuotas que van de marzo a julio de 2025, de la N°22 a la N°27.

Argumenta que si bien es cierto que la representada inició una demanda en contra del recurrente, esta no fue por capricho, sino por una obligación establecida en el compendio de normas de la Superintendencia de Seguridad Social que regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, donde se obliga a iniciar acciones de cobranza judicial a los deudores de un crédito social, y señala que la cobranza judicial deberá iniciarse no más allá del sexto mes de morosidad tratándose de deudas que superen las 50 UF, no existiendo otra opción para las Cajas que iniciar el juicio ejecutivo.

En consecuencia, sostiene que en la especie nos encontramos frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo con el mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

En cuanto a las consideraciones contextuales y jurídicas, respecto del carácter social de los créditos otorgados por las Cajas de Compensación y mecanismo de cobro según el artículo 22 de la Ley N°18.833, expone la recurrida que en sus inicios las Cajas de Compensación tuvieron como objeto compensar las asignaciones que eran pagadas por los empleadores con las cotizaciones previsionales que los trabajadores debían enterar, las que fueron denominadas “Cajas de Compensación de Asignación Familiar Obrera”.

Con la dictación del Decreto con Fuerza de Ley N°245 de 1953, tales entidades fueron reconocidas en el mundo del Derecho. En la actualidad, estas entidades de previsión social se encuentran reguladas por la Ley N°18.833, que establece un nuevo estatuto para las CCAF, publicada en el Diario Oficial de 26 de septiembre de 1989. El artículo 1° de este cuerpo legal las define como “Corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social”.

Agrega que durante su evolución histórica se les ha asignado un objeto genérico, cual es la administración de prestaciones de seguridad social, para cuyo cumplimiento desempeñan funciones obligatorias y otras facultativas, establecidas todas por la ley.

Entre las primeras se encuentran las asignaciones familiares, los subsidios por cesantía y por incapacidad laboral. Las facultativas corresponden a prestaciones destinadas al bienestar social, como los bonos por fallecimiento, matrimonio, escolaridad, becas de estudio, convenios médicos y, a su vez, los créditos sociales.

Sostiene que, en el caso de las Cajas de Compensación, es la ley la que determina sus funciones, específicamente éstas se encuentran detalladas en el artículo 19 de la Ley N°18.833. En su número 3° se indica que las Cajas de Compensación pueden “administrar, respecto de los trabajadores afiliados, el régimen de prestaciones de crédito social, el régimen de prestaciones adicionales y el régimen de prestaciones complementarias que se establezcan en conformidad a la presente ley”.

Por su parte, el artículo 21 del mismo cuerpo legal señala que “las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regido por un reglamento especial”.

Estos créditos constituyen un beneficio de bienestar social, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, del trabajador independiente, del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar.

Argumenta que, si bien en la actualidad las Cajas de Compensación intervienen como agentes económicos en el mercado financiero otorgando préstamos en dinero, su sistema crediticio, a diferencia de otras instituciones, se encuentra indisolublemente unido al objeto genérico que la Ley N°18.833 les ha determinado.

Cabe recordar que las Cajas de Compensación no tienen fines de lucro y, por lo mismo, sus beneficios económicos están destinados a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales. El régimen de prestaciones de estas se financia principalmente con recursos provenientes del fondo social que, de acuerdo al artículo 29 del citado cuerpo legal, se forma a través de las comisiones, reajustes e intereses de los capitales dados en préstamos, rentas de inversiones, multas, intereses penales, productos de venta de bienes y servicios, donaciones, herencias, legados y demás recursos que establezca la ley.

En otras palabras, en cuanto a su financiamiento, administración e inversiones, se trata de un patrimonio de afectación sujeto a una normativa especial, pues está destinado al cumplimiento de fines específicos establecidos por la propia ley. Por ello el artículo 26 N°3 de la ley ya citada expresamente prohíbe a las Cajas de Compensación destinar sus recursos a finalidades no autorizadas por ella.

Sostiene que, dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N°18.833 dispone que: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

En consecuencia, argumenta que los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero que pueden obtenerse en el sistema financiero, son otorgados por entidades de previsión social. Su carácter social no está dado por la finalidad que el deudor le otorga al dinero entregado, o el tipo de instrumento que hayan suscrito las partes, sino deriva de la naturaleza de la entidad que lo otorga, citando al efecto jurisprudencia de la Corte Suprema en Recurso de Casación en el Fondo Rol 97812-2016.

En base a todo lo anterior, sostiene que queda claro que el mecanismo del “descuento por planilla” tiene varias particularidades que SS. Iltma no debe perder de vista al momento de decidir sobre este asunto. Primero, se trata de un “mecanismo especial de pago”, inherente al régimen de “crédito social” otorgado por las cajas de compensación, lo que tiende a disminuir el riesgo de éstas y, con ello, permite que el costo del crédito sea menor porque el pago del mismo se descuenta directamente de la remuneración del trabajador. Segundo, se trata de un mecanismo que no depende de la voluntad o decisión de las cajas de compensación, porque las reglas del caso lo establecen de forma perentoria u obligatoria, teniendo exactamente el mismo grado de obligatoriedad que el pago de las cotizaciones previsionales.

Tercero, afirma que la obligatoriedad del “descuento por planilla” recae sobre el empleador y precisamente por eso es que el sistema legal establece que se entiende que el trabajador paga el crédito al momento de aplicársele el descuento, según se sigue del artículo 22 inciso 2° de la Ley N°18.833, que dispone que practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas.

Agrega, que lo mismo se sigue del Punto 3.1.17.1.1 párrafos 3° y 4° del Compendio que señala que por ello, respecto del trabajador el pago de lo debido por concepto de crédito social se produce cuando la entidad empleadora le paga la remuneración mensual, que es el momento en que por disposición legal corresponde que le efectúe el descuento, oportunidad a partir de la cual se entiende extinguida total o parcialmente su obligación, según sea el caso, de acuerdo a lo señalado por el N°1 del artículo 1.567 del Código Civil, esto es, por la solución o pago efectivo de ella. La circunstancia que la entidad empleadora no dé cumplimiento a la obligación de remesar a la CCAF las sumas descontadas a sus trabajadores por crédito social, no habilita a la CCAF para accionar en contra del trabajador, ya que, respecto de él la obligación se extinguió. Lo que procede en tal caso es cobrar a la entidad empleadora las sumas adeudadas por dicho concepto, conforme a las normas de cobro de las cotizaciones previsionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan contra la empresa.

En cuarto lugar, el trabajador no puede oponerse ni negarse al “descuento por planilla”, porque la obligatoriedad misma es un mecanismo normativo y propio del específico tipo de crédito otorgado. Si un trabajador no quisiera quedar sometido al “descuento por planilla”, entonces tendrá que obtener el crédito del sistema financiero bancario o de casas comerciales, el que (de seguro) será más caro debido al riesgo del repago.

Finalmente, argumenta que es técnica y fácticamente imposible que pueda sostenerse que el funcionamiento del “descuento por planilla” constituya una gestión de cobro por parte de Caja Los Andes, puesto que dicho mecanismo aplica y funciona aun en el evento que la representada no haga nada o no lo desee, porque, como ya se dijo, no obedece ni depende de la voluntad del acreedor, sino que se trata de una obligación legal y reglamentaria para este especial tipo de “créditos sociales”.

Respecto de la obligación actualmente exigible y la prescripción que debe ser declarada judicialmente, sostiene la recurrida que tal como se ha señalado anteriormente, la representada está efectuando el cobro, conforme al mecanismo dispuesto en la Ley N°18.833, de una deuda vigente, actualmente exigible y cuya prescripción no ha sido declarada, la cual emana de un contrato de mutuo de dinero celebrado entre la representada y el recurrente.

Argumenta que la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, de cuya lectura se desprende -con toda claridad-, que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente, y que no opera de pleno derecho. Así, la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que esta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible. A lo anterior agrega que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos.

Sostiene que este punto también ha sido objeto de pronunciamientos de la Superintendencia de Seguridad Social, entidad fiscalizadora de las Cajas de Compensación, que regula los créditos sociales, y que ha señalado, en Dictamen N°2659-2020 de fecha 12 de agosto de 2020, que en cuanto a la obligación que le asiste al empleador de continuar efectuando los descuentos de cuotas de créditos sociales en aquellos casos en que han transcurrido más de cinco años desde el último pago del deudor de crédito social, debe indicarse que de acuerdo a la normativa vigente en la materia, en especial, el artículo 2493 del Código Civil, quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, no siendo posible declararla de oficio, por lo que en tanto no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social y del pagaré respectivo, deben continuar practicándose los referidos descuentos.

Por otro lado, insiste en que cualquier alegación de la recurrente en relación con la supuesta falta de exigibilidad del crédito en cuestión excede latamente el objeto de la acción de protección y deberá ser planteada en la sede jurisdiccional dispuesta por el legislador y ser resuelta en un juicio de lato conocimiento.

Por ende, afirma que mal puede la recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene para con la representada a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

En relación con la supuesta vulneración a garantías constitucionales, argumenta que respecto a la supuesta vulneración al artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, relativo al derecho de propiedad, no es procedente debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley 18.833. A partir de lo anterior, afirma que una CCAF sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, y que no han sido declaradas en favor del recurrente.

Enfatiza que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 18.833.

Así, mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de CCAF, sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa, pues, si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción basado en dicho paso del tiempo, deberá accionar para conseguir tal declaración. En este sentido, el descuento efectuado malamente puede constituir una situación arbitraria por parte de la Caja, como pretende hacer ver la recurrente, pues dicha institución de seguridad social sólo está cumpliendo con su mandato legal de proteger su fondo social, mediante la recuperación de un crédito por la vía legal para ello, esto es, el descuento en las remuneraciones del deudor afiliado.

En cuanto a la jurisprudencia, cita la recurrida sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol 131-2024, que indica que Caja actúa de acuerdo a la Ley 18.833, que los descuentos por medio de la remuneración no es un acto ilegal o arbitrario desde que se limitó a hacer uso del derecho de prenda general del acreedor, habiéndose por lo demás, frustrado la acción civil intentada por la recurrida ya que la actora carece de bienes con cargo a los cuales satisfacer el pago de lo adeudado, no existiendo por ello doble cobro.

Asimismo, cita sentencia de fecha 25 de abril de 2025 de esta Ilustrísima Corte de Santiago que rechaza un recurso de protección de la misma naturaleza que el presente, señalando que el acto que se tacha de ilegal y arbitrario está constituido por la realización de descuentos efectuados a la remuneración del recurrente, derivados de la contratación de un mutuo o crédito de carácter social, de acuerdo con las disposiciones del artículo 22 de la Ley N°18.833. Que de los antecedentes se puede colegir que la recurrida se ha limitado en su proceder a hacer uso de la facultad que le confiere el artículo citado, pues no está discutido que el recurrente mantiene una deuda con la Caja de Compensación recurrida.

Que de lo anterior se colige que la Caja recurrida al disponer el descuento pertinente en las remuneraciones del recurrente, no incurrió en un acto ilegal o arbitrario desde que se limitó a hacer uso del derecho de prenda general del acreedor, habiéndose por lo demás, frustrado la acción civil intentada por la recurrida ya que la actora carece de bienes con cargo a los cuales satisfacer el pago de lo adeudado, no existiendo por ello doble cobro. Que por lo razonado precedentemente la presente acción constitucional no puede prosperar.

Agrega que las sentencias que confirman el criterio de los tribunales de alzada ha sido mantenido por la Excma. Corte Suprema durante los últimos años, citando el Recurso Rol 87663-2023, que confirmó aquella dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt (Rol 374-2023) que rechazó el recurso de protección interpuesto en contra de Caja Los Andes.

Por tanto, en mérito de lo expuesto y de las disposiciones legales citadas, ruega tener por evacuado el informe solicitado, y en mérito de los argumentos planteados, rechazar el recurso de protección intentado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por ésta última en relación con los hechos expuestos.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley– o arbitrario –producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el– y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

QUINTO: Que, en el caso sub lite, el hecho que motiva la presente acción constitucional son los descuentos de las remuneraciones efectuados por la Caja de Compensación recurrida al empleador del protegido, realizados desde julio de 2025, pese a la existencia de una demanda ejecutiva previa, en tramitación. El recurrente considera que esto vulnera su derecho de propiedad al tratarse de un acto ilegal y arbitrario.

SEXTO: Que, del mérito de los antecedentes aportados, especialmente del expediente del Juzgado de Letras y Garantía de Quirihue, Rol C-91-2025, se ha podido verificar que, con fecha 11 de marzo de 2025, se interpuso demanda ejecutiva por la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes en contra de don nombre reservado por el pagaré N°014CON103978755.

Asimismo, consta en el proceso que dicha demanda fue notificada el 7 de agosto de 2025 y que la causa se encuentra con término probatorio vencido. No obstante, no consta en los antecedentes la existencia de una sentencia judicial firme y ejecutoriada que declare la prescripción de las acciones cambiarias u ordinarias emanadas de dicho pagaré.

SÉPTIMO: Que, en el caso de autos, conforme los antecedentes presentados, no existe una declaración judicial de prescripción de la deuda por parte de un tribunal de la República.

El hecho de que la demanda ejecutiva Rol C-91-2025 se haya deducido excepción de prescripción no implica la extinción de la acreencia, sino que requiere de dicha alegación y declaración judicial expresa en tal sentido. En efecto, conforme al artículo 2493 del Código Civil, quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, no pudiendo ser declarada de oficio por el tribunal.

OCTAVO: Que, de acuerdo con lo que se viene razonando, la conducta de la recurrida no puede estimarse ilegal. El artículo 22 de la Ley N°18.833 habilita a las Cajas de Compensación para efectuar deducciones directas de las remuneraciones por prestaciones de crédito social, disponiendo que tales descuentos se regirán por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.

En el presente caso, al no existir una sentencia judicial firme y ejecutoriada que declare la prescripción de la deuda, la obligación se mantiene vigente para la recurrida, y su actuación se ampara en una disposición legal expresa que regula el mecanismo de cobro de los créditos sociales.

El acto de la Caja se encuadra en el marco legal de sus atribuciones y no desborda lo decidido por un Tribunal de la República, pues no existe tal pronunciamiento sobre la prescripción.

NOVENO: Que, en consecuencia, este actuar tampoco resulta arbitrario, por cuanto tiene un fundamento legal y razonable en la Ley N° 18.833 para la recaudación de un crédito social que no ha sido judicialmente declarado prescrito. La actitud de la recurrida, al efectuar descuentos amparada en la normativa específica, no constituye un acto caprichoso y desprovisto de razón que vulnere el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.

En efecto, el derecho de propiedad consagrado en el N°24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República no se ve afectado de manera ilegal o arbitraria, ya que los descuentos se fundamentan en una obligación vigente y un mecanismo de cobro establecido por ley, no privándose al recurrente de parte de su remuneración de forma indebida. La jurisprudencia citada por la recurrida, incluyendo dictámenes de la Superintendencia de Seguridad Social, refuerza la interpretación de que, en ausencia de una declaración judicial de prescripción, los descuentos por planilla son procedentes.

DÉCIMO: Que, por lo expuesto, no se cumplen en la especie los requisitos de ilegalidad o arbitrariedad exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República para acoger el recurso de protección, toda vez que el cobro efectuado por la recurrida se encuentra amparado por una disposición legal expresa y no ha sido declarado prescrito judicialmente. La discusión sobre la eventual prescripción de la deuda debe ser planteada y resuelta en la sede jurisdiccional competente, no siendo la acción de protección el mecanismo idóneo para ello.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-18731-2025.