nombre reservado con JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de mayo de dos mil veinte.

A los escritos folios 20, 21 y 22: téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, chilena, soltera, ingeniero de ejecución en finanzas y auditoría, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, RUT N° RUT reservado, representada legalmente por su Secretario General, don nombre reservado, chileno, divorciado, ingeniero agrónomo, cédula de identidad N° RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en haber dictado la Resolución Exenta N° 3.125, de 28 de noviembre de 2019, por medio de la cual se dispuso la no renovación de su contrata para el año 2020.

Refiere que a través de Resolución Exenta N° 665, de 9 de abril de 2019, la recurrida puso término anticipado a su contrata, lo que motivó la interposición de un recurso de protección en el Ingreso N° 30317-2019, el que fue acogido por esta Corte de Apelaciones y confirmando el fallo la Excma. Corte Suprema.

Indica que con fecha 21 de noviembre pasado se le informó telefónicamente que debía reincorporarse a sus funciones y que además mantenía días de feriado legal, permiso administrativo y días de horas compensatorias, de los que podía hacer uso, comunicándosele también que su contrata no sería renovada para el año 2020.

Acusa que la resolución impugnada cita jurisprudencia de la Contraloría General de la República contradictoria, por cuanto, mientras en los Dictámenes N°s 22.766 de 2016 y 6.400 de 2018 establecen que es necesario explicitar los fundamentos que avalan la decisión de no renovar la contrata a quienes asiste el principio de confianza legítima, por otro lado invoca los Dictámenes N° 19.920 de 2007 y 30.295 de 2008, que disponen que los empleos a contrata son aquellos que tienen un carácter transitorio y duran máximo hasta el 31 de diciembre de cada año (…). Asimismo, señala que se arguye en la resolución que se aprecia la necesidad de no renovar su contrata, “fundada en una serie de conductas que pueden englobarse en las labores del funcionario ya no sean necesarias ya que han sido absorbidas por el resto de los servidores de su unidad”. Por último, hace presente que la recurrida no dictó acto administrativo alguno que dejara sin efecto la Resolución N° 665.

En definitiva, estima que la decisión de la recurrida es arbitraria e ilegal por carecer de la debida fundamentación que se exige a la Administración, asistiéndole la confianza legítima de que se contrata sería renovada.

Respecto a la vulneración de garantías constitucionales, sostiene que el actuar de la recurrida ha afectado sus derechos a la integridad física y psíquica -atendida la forma en que se le comunica la decisión y su edad, pronta a jubilar-, de igualdad ante la ley -por haber sido sometida a un trato desigual y carente de justificación-, a la honra -como persona y profesional- y de propiedad, consagrados en el artículo 19 N°s 1, 2, 4 y 24 de la Constitución Política de la República.

Por lo antes expuesto, solicita en definitiva se acoja el presente recurso y se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 3.125, ordenándose la renovación de su contrata durante el año 2020, debiendo pagársele las remuneraciones y otros pagos a que tenga derecho durante el periodo que ha permanecido separada de sus funciones, con costas;

Segundo: Que informando la parte recurrida, solicita el rechazo del presente recurso, con costas.

Alude en primer término al carácter transitorio de la contrata, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, argumento que fue plasmado en el voto en contra de la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema a propósito del primer recurso de protección de la señora nombre reservado. En consecuencia, estima que no ha vulnerado en ningún sentido la normativa administrativa vigente, al disponer la no renovación de la contrata de la recurrente.

En lo que se refiere a la concurrencia del principio de confianza legítima, indica que lo establecido por la Contraloría General de la República no obsta a la transitoriedad como un elemento esencial de la contrata, y no constituye una “obligación de renovación” por parte de la administración, sino que simplemente plantea que, dándose las circunstancias previamente señaladas, en caso de tomarse la decisión de no renovar la contrata debe ser realizado mediante el respectivo acto administrativo que establece tanto la decisión de no renovación de la contrata, como además los fundamentos que permiten arribar a ello.

Refiere que, en el caso particular, la resolución N° 3.125 de 2019, en su considerando 13° señala expresamente que, analizada la situación particular de la funcionaria nombre reservado, su contrata no será renovada atendido a que las labores del funcionario ya han sido absorbidas por el resto de los servidores de su unidad. Agrega que abril de 2019 la recurrente no ha prestado servicios a JUNAEB, atendida la dictación de la resolución N° 665 de 2019 que dispuso el término anticipado de su contrata, y si bien dicha resolución fue dejada sin efecto, en la práctica el Servicio ha debido cumplir con sus objetivos institucionales sin contar con la presencia de la recurrente.

En efecto, indica que las labores que en algún momento desempeñó la recurrente previo a abril de 2019, fueron efectivamente absorbidas por distintos funcionarios de su unidad, no generando ningún tipo de merma en el desempeño de su equipo, por lo que manifiestamente no era necesario renovar su contrata, tal como lo señala la resolución impugnada por este acto, más aún atendida la imposibilidad de darle otras funciones acordes en la institución, atendido su grado.

Sostiene haber dado cabal cumplimiento a la sentencia dictada en el recurso de protección anterior, y al contrario de lo planteado por la recurrente, bajo ningún punto de vista ese fallo implicaría una obligación del Servicio de renovar la contrata por un nuevo periodo, menos aún cuando sus servicios ya no son necesarios. Considera que entenderlo de otra manera implicaría que en la práctica el funcionario goza de un fuero laboral, y privaría a la Administración de su facultad organizar y distribuir funciones, obligando a mantener a funcionarios vinculados de manera indefinida, pese a no ser necesarios sus servicios.

Finalmente, afirma no haber incurrido en la afectación de garantías que por el recurso se denuncia;

Tercero: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República;

Cuarto: Que el artículo 3° del Estatuto Administrativo, al definir conceptos básicos de dicho régimen legal, señala en su letra b) que “el Personal de Planta”, es el conjunto de cargos permanentes asignados por ley a cada institución, en tanto que en su letra c) define el “Empleo a Contrata”, como aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de la institución; a su turno, en la letra d) se refiere a la “Carrera Funcionaria” como un sistema integral de regulación del empleo, aplicable al personal de planta…, que garantiza la igualdad de oportunidades para el ingreso, la dignidad de la función pública, la capacitación y el ascenso, la estabilidad en el empleo y la objetividad en las calificaciones en función del mérito y la antigüedad;

Quinto: Que, por su parte, refiriéndose a los “empleos a contrata”, el artículo 10° del citado Estatuto, señala que éstos “durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con 30 días de anticipación a lo menos”;

Sexto: Que, concordante con lo anterior, el artículo 146 del mismo cuerpo legal contempla entre las causales de cesación en el cargo, la de “término del período legal por el cual se es designado” y, en cuanto a sus efectos, precisa el artículo 153 que éste o el cumplimiento del plazo por el cual el funcionario es contratado, “produce la inmediata cesación de funciones”, sin perjuicio de señalar que “continuará ejerciéndolas si fuere notificado previamente y por escrito, de encontrarse en tramitación el decreto o resolución que renueva su nombramiento o contrato”;

Séptimo: Que, luego de lo dicho, el examen de las normas que regulan la institución del “empleo a contrata” permite establecer que, efectivamente, se trata de una función marcada por su carácter transitorio, a diferencia de lo que ocurre con el personal de planta, cuyos cargos son permanentes y a quienes se garantiza la estabilidad en el empleo. De la esencia del empleo a contrata es que está sujeto a un plazo máximo de duración, es decir, a un término extintivo, lo que significa que mientras se encuentra pendiente el vínculo produce todos sus efectos, pero a su vencimiento, por el solo ministerio de la ley, se produce la extinción del empleo y los funcionarios que los sirven cesan de inmediato en sus funciones, a menos que se manifieste previamente la voluntad de prorrogarlo por un nuevo período;

Octavo: Que el marco legal precedentemente expuesto es absolutamente claro, entonces, respecto al hecho que el empleo “a contrata”, se extingue o expira por el solo ministerio de la ley, con la llegada o cumplimiento del plazo, por lo que quienes lo ejercen cesan en sus funciones de pleno derecho, sin que la autoridad administrativa esté obligada a renovar el contrato. La recurrente, por otra parte, estaba en conocimiento de las condiciones -precarias- en que se la contrataba año a año;

Noveno: Que sin perjuicio de todo lo razonado precedentemente, esta Corte advierte que en la especie, pese al marco legal vigente, al haberse emitido una resolución objetivamente fundamentada sobre la decisión de no renovar la contrata del recurrente -que vencía el 31 de diciembre de 2019- para el período 2020, a la luz del deber que imponen a la administración los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, que les obliga a exteriorizar los fundamentos que se tienen en vista para dictar tal acto que afecta potestades particulares, no se ha incurrido en un acto arbitrario, pues, sin perjuicio que la expiración de la contrata es un acto que opera por el solo transcurso del plazo, tal como lo ha señalado la Contraloría General de la República en diversos dictámenes, en el caso de una segunda o nuevas renovaciones procede que la Administración del Estado notifique su negativa y dicte el acto administrativo fundado que lo decrete, lo que ha ocurrido en la especie.

En el caso subjudice, es claro que el acto que se dice arbitrario e ilegal por el recurrido, que dispone y notifica la no renovación de nombramiento a contrata para el 2020, cumple además con la preceptiva de la Ley N° 19.880, sobre Bases de Administración del Estado.

Lo anterior pues, la resolución que se impugna por esta vía constitucional resulta ser fundada, desde que precisamente en ella se motiva la no renovación de la contrata del recurrente, conforme a antecedentes objetivos que se precisan;

Décimo: Que, tampoco altera lo que se viene razonando en la especie, el llamado principio de “confianza legítima”, esgrimido por el recurrente en su favor, pues tal principio cede ante un acto de la administración de no renovación de contrata debidamente fundado y notificado con la antelación debida al actor, ello por cuanto además, tal proceder ha sido reconocido por la propia Contraloría General del República, en su Dictamen N° 22.755, de 24 de marzo de 2016;

Undécimo: Que, así las cosas, no puede reprochársele nada al acto administrativo señalado, puesto que como ya se dijera, él no es ilegal, ya que ha sido dictado por la autoridad competente y dentro de sus facultades legales; y, tampoco arbitrario, esto es, no es fruto del mero capricho, sino que fundamentado, expresándose en él, las razones por las cuales se pone término por expiración del tiempo a la contrata, esto es, que analizada la situación particular de la señora nombre reservado, se aprecia la necesidad de no renovar su contrata, fundada en una serie de conductas que pueden englobarse en que sus labores ya no son necesarias, habiendo sido absorbidas por el resto de los servidores de su unidad.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de 24 de junio de 1992 de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional impetrada por doña nombre reservado en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

Acordada con el voto en contra del Fiscal Judicial señor nombre reservado, quien fue de opinión de acoger el recurso de protección a favor de la funcionaria pública recurrente, doña nombre reservado, considerando para ello lo siguiente:

1).- Que, sin perjuicio de los indicios respecto a la existencia de una represalia ejercida en contra de la recurrente nombre reservado, en los términos del artículo 485 inciso 3° y 493 del Código del Trabajo, atendido a que esta Corte y la Excelentísima Corte Suprema habían ordenado su reincorporación por un actuar similar en que incurrió anteriormente la administración, también la resolución contra la cual ahora se recurre es arbitraria e ilegal, porque carece de un fundamento real y serio que permita justificar la no renovación de la contrata para el año 2020.

2).- Que, el fundamento que se esgrime en la resolución recurrida, se relaciona con que las funciones de la funcionaria recurrente fueron absorbidas por otros funcionarios durante el período en que ella estuvo desvinculada, situación que no puede atribuirse a la recurrente, sino que a la propia recurrida, porque fue ella quien la desvinculó anteriormente, de manera arbitraria e ilegal, según fue establecido por sentencia firme y ejecutoriada, por esta Corte y la Excelentísima Corte Suprema; es más, en la presente causa se ha indicado que para cumplirse lo anteriormente ordenado por la justicia, sólo se le permitió reincorporarse por un día, “recomendándole” su jefe inmediato de la autoridad administrativa recurrida, que hiciere uso de su feriado legal que mantenía pendiente.

3).- Que, por otro lado, contrariamente a lo que arguye la recurrida, conforme a lo que se ha resuelto por la Contraloría y la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia, las contratas ya no son transitorias cuando el servidor público tiene confianza legítima; y en el presente caso, no es posible desconocer que la funcionaria recurrente cumple con este requisito, porque tal situación fáctica ya fue establecida en la sentencia anterior, por lo que lo único que era necesario determinar en esta causa, es si la nueva resolución recurrida, tenía un motivo real y legítimo, que permitiera calificar la resolución exenta N° 3125, de 28 de noviembre de 2019, como un acto debidamente fundado, el que, como se ha indicado carece del mismo, porque se funda en circunstancias inexistentes y en conductas que sólo son atribuibles a la recurrida.

4).- Que, por último, el actuar de la recurrida no solo atenta contra la integridad psíquica de la funcionaria recurrente, al no permitírsele reincorporarse a su trabajo más que un día, sin adoptarse por la administración pública, medidas adecuadas para el restablecimiento de su puesto de trabajo, para que ella pudiera retomar sus funciones de manera digna, de la misma forma como lo ejercía antes de la existencia del acto arbitrario e ilegal, declarado por esta Corte y la Corte Suprema, sino que también se vulnera el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, porque el derecho de propiedad se debe considerar en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, siendo determinante para que la recurrente quedara desvinculada en definitiva de la Institución y despojada de su fuente laboral, la resolución contra la cual se recurre.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-187290-2019.