Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de noviembre de dos mil veinticinco.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado y deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la negativa a dar debida tramitación a la solicitud de refugio de la recurrente, así como el envío de los antecedentes a la secretaria técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, expresados en la Resolución Exenta N° NUM000 de 23 de julio de 2025, que tuvo por desistida a la recurrente de la solicitud, pidiendo que dicha resolución sea dejada sin efecto y se ordene la concesión de la respectiva visa temporaria de refugio.

Expone que la actora se vio forzada a escapar de Venezuela e ingresar por paso no habilitado al país, ya que su libertad y seguridad estaban siendo amenazadas por la violencia generalizada en su país, arribando a Chile el 29 de agosto de 2021, acudiendo el 7 de abril de 2025 a la oficina de la Dirección Regional de Santiago del Servicio recurrido, para solicitar el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiada. Sin embargo, añade, con fecha 23 de julio de 2025 recibió la resolución recurrida, que resolvió tenerla por desistida de la solicitud, sin haber realizado la correspondiente derivación de los antecedentes a la Secretaria Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado.

La resolución justifica su decisión en que se había excedido el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante la autoridad, conforme al artículo 26 de la Ley N° 20.430 y presentar ingreso por paso no habilitado, sin acompañar los antecedentes que acrediten el cumplimiento de los plazos establecidos en los artículos 8 y 35 del Reglamento de la Ley N° 20.430.

Sostiene que en la especie no ha habido desistimiento alguno de la solicitud de refugio por parte de la recurrente, de manera tal que la resolución recurrida es ilegal y arbitraria, desconociendo además su situación humanitaria y migratoria, siendo una decisión desproporcionada.

Segundo: Que el Servicio recurrido evacúa informe, señalando que la actora habría ingresado por paso fronterizo no habilitado en Colchane con fecha 29 de agosto de 2021, sin que existan registros de que hubiese manifestado, a la autoridad contralora su intención de solicitar refugio en frontera, pese a que dicha posibilidad se encuentra contemplada en el artículo 36 del Decreto N° 837, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Luego, con fecha 7 de abril de 2025, solicitó la condición migratoria de refugiada, y mediante Oficio Ordinario Folio N° NUM001, de 7 de abril de 2025, se le indicó a la recurrente que debía concurrir a la oficina del Departamento de Refugio y Protección Internacional el día 18 de junio de 2025, para poder dar inicio a su solicitud. En dicha atención, el funcionario habilitado levantó un acta en donde la recurrente acompañó copia de su pasaporte venezolano y copia de su tarjeta de identificación de extranjero infractor de la Policía de Investigaciones de Chile, de fecha 16 de junio de 2025, y ese mismo día, se le realizó a la extranjera la entrevista de admisibilidad.

Luego de la primera revisión de los documentos aportados, por medio de Resolución Exenta N° NUM002, de 18 de junio de 2025, se informó que no se había podido dar lugar a la solicitud, toda vez que no cumplía con los requisitos formales mínimos de la Ley y Reglamento de Refugio, por exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio, según lo establecido en el artículo 26 de la Ley N° 20.430, y por mantener ingreso al país por paso no habilitado, y no presentar los antecedentes que permitan acreditar cumplimiento de los plazos establecidos en los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo N° 837, Reglamento de la Ley N° 20.430; según lo establecido en el N° 5 del artículo 26 de la señalada ley.

Según consta en los registros, la actora acompañó, a modo de subsanación, imagen certificado de egreso de residencia sanitaria de la SEREMI de Salud del año 2021, imagen de cédula de identidad para extranjeros de nombre reservado, imagen por ambos lados de cédula de identidad para extranjeros del menor nombre reservado, imagen de tarjeta de extranjero infractor de la recurrente, cartas de recomendación de trabajadores y la imagen de una tarjeta de don nombre reservado de la empresa PDVSA de Venezuela.

Luego, mediante Resolución Exenta N° NUM000, de 23 de julio de 2025, se hizo efectivo el apercibimiento teniéndose por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, toda vez que no se presentó documentación que permitiera entender por subsanados los requisitos formales faltantes mencionados, sin que se haya dictado ninguna sanción migratoria en su contra.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que el acto impugnado en estos autos es la Resolución Exenta N° NUM000 de 23 de julio de 2025, que tuvo por desistida a la recurrente de la solicitud de reconocimiento de su condición de refugiada.

De lo indicado en la misma acción constitucional intentada, fluye que la actora ingresó al país el 29 de agosto de 2021, mientras que su solicitud de refugio solamente tiene lugar el 7 de abril de 2025.

Quinto: Que el artículo 6° de la Ley N° 20.430, establece que “no se impondrán a los refugiados sanciones penales ni administrativas con motivo de su ingreso o residencia irregular, siempre que se presenten, dentro de los diez días siguientes a la infracción a la legislación que establece normas sobre extranjeros en Chile, ante las autoridades, alegando una razón justificada.”

Esta norma luego es reproducida en similares términos por el artículo 8° del Reglamento, contenido en el Decreto N° 837, que dispone que “los extranjeros que hubieren ingresado irregularmente al país o cuya residencia actual fuere irregular y deseen formalizar una solicitud de refugio, deberán presentarse ante la autoridad migratoria correspondiente, dentro de los 10 días siguientes de producida la infracción, alegando una razón justificada para ello.”

Por su parte, el artículo 26 de la Ley N° 20.430, consigna que “la solicitud de reconocimiento deberá ser presentada en el plazo de siete días hábiles, contado desde el ingreso del solicitante al territorio nacional.

De manera excepcional, se podrá dar curso a la solicitud cuando existan antecedentes suficientes que den cuenta de cambios en las situaciones descritas en el artículo 2º, posteriores a su ingreso a Chile, que pongan en riesgo la vida, la libertad o la integridad física del solicitante. En este caso, la solicitud de reconocimiento deberá presentarse en el mismo plazo del inciso precedente, contado desde que ocurrió el hecho que funda la solicitud.”

Sexto: Que de las normas antes citadas se concluye que fue la autoridad migratoria competente la que resolvió la solicitud de la amparada y dictó la Resolución Exenta impugnada.

Como informó la recurrida, la recurrente no hizo presentación de su solicitud de refugio dentro de los plazos establecidos en las normas legales y reglamentarias anteriormente transcritas, por lo que no cumplía con los requisitos necesarios para que se diera tramitación a ella, al haber incumplimientos formales que obstan la procedencia de lo requerido, sin que se haya entregado, ni ante la autoridad recurrida ni en esta instancia, ningún motivo razonable que permita explicar la demora en la presentación de la solicitud de reconocimiento de su condición de refugiada, excediendo largamente los plazos establecidos en la ley y en el reglamento.

Luego, cabe aclarar que la resolución no tiene por desistida a la recurrente de su solicitud porque ella haya presentado desistimiento, sino que por efecto del incumplimiento en requisitos formales de su requerimiento.

Séptimo: Que, de esa forma, esta Corte no advierte que la actuación de la recurrida incurra en alguna ilegalidad que ponga en peligro o lesione las garantías fundamentales de la actora, habiendo obrado en todo momento de conformidad con las normas que le son aplicables al proceso de solicitud de permanencia definitiva, de lo que se desprende que lo resuelto por el Servicio recurrido se ajusta a la normativa vigente sobre la materia.

Por estas razones y visto, además, los dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido en favor de nombre reservado y en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese y archívese.

Protección N°18.716-2025.