Protección contra una persona que ha cometido un acto que resulta socialmente reprochable

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de marzo de dos mil veinte.

Al escrito folio N° 10: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 24 de diciembre del 2019 compareció don nombre reservado, quien interpone acción de protección contra nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario que consiste en la publicación y difusión de mensajes difamatorios por diversas redes sociales en internet, además de la realización de una “funa” realizada junto a otras personas fuera de su local comercial, hechos que trasgreden a su entender, las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 números 1, 4 y 24.

En relato de los hechos señala es socio de dos sociedades propietarias del bar “Rock y Guitarras” de Avenida José Pedro Alessandri, el que existe desde el 2005, y otro bar con el mismo nombre en Vicuña Mackenna, en funciones desde el 2017, ambos en la comuna de Ñuñoa.

Indica que en marzo del 2018 la recurrida ingreso a trabajar como mesera en el bar “Rock y guitarras” solo dos días a la semana, hasta mediados de abril del mismo año. La relación laboral termino por mutuo acuerdo, no quedaron prestaciones laborales adeudadas y no volvió a saber de ella.

Sucede que, intempestivamente, un año y medio después, la recurrida realiza una “funa” en su contra, ya que el día jueves 19 de diciembre del 2019, a las 22 horas acudió con un número indeterminado de personas al local de trabajo del recurrente, ubicado en Vicuña Mackenna, y realizó una performance con el tema que se hizo muy popular en Chile después del estallido social llamada “un violador en tu camino”, con parlantes, música y cantos.

Señala que la recurrida realizo acusaciones difamatorias en su contra, por medio de mensajes que luego fueron replicados por otras personas a quienes ni siquiera conoce, los que su vez le dedican duros mensajes.

Dice que estos hechos han ocasionado una baja importantísima de clientes en su local, llegando al punto de evaluar la posibilidad de cerrarlo definitivamente. Además destruyó su familia, pues su relación de pareja termino el 21 de diciembre del 2019, producto de esta situación. A raíz de todo ello el recurrente ha requerido asistencia psicológica profesional.

Indica que no existe denuncia o querella en su contra por el supuesto delito de violación, lo que le ha impedido defenderse y acreditar su inocencia. Por ello, el actuar de la recurrida constituye un ejercicio de autotutela. Indica además que la denunciada ha persistido con los mensajes difamatorios contra el recurrente.

Refiere que el video de la “funa” realizado fuera de su local fue subido por la misma recurrida en su cuenta de Instagram, al igual que un “comunicado” donde relata el hecho de la violación, el que se habría producido en la madrugada del sábado 7 de abril del 2018, cuando el recurrente estaba celebrando su cumpleaños en el local donde ambos trabajaban, y en circunstancias que la recurrida estaba en estado de ebriedad. Acompaña a este comunicado fotos del recurrente, de la performance fuera del local y varias otras con mensajes difamatorios contra el recurrente. Se repiten tanto en Instagram como en otras redes sociales como Facebook y Twitter, cuyos mensajes el recurrente inserta en su recurso.

Indica que estos actos no se pueden enmarcar dentro del derecho establecido en el artículo 19 número 12 pues se ha difamado y denigrado a su persona, sin existir siquiera una denuncia ante la justicia penal. También ha trasgredido la ley 19628 ya que ha dado todos los datos personales del recurrente en sus mensajes.

Todo ello vulneraría sus derechos a la integridad psíquica, a la honra y el derecho de propiedad a la propia imagen.

Pide se ordene a la recurrida eliminar definitivamente los mensajes difamatorios y que en lo sucesivo se abstenga de realizar más del mismo tenor, tanto en persona, por redes sociales o por cualquier otro medio. Ordenando las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho y proteger derechos fundamentales, con costas.

Segundo: Por su parte la recurrida evacuó informe y pidió se rechazara el recurso de protección por las siguientes razones.

En primer lugar sobre los hechos confirma los expuestos por el recurrente, señala que el día del cumpleaños de este se emborrachó, que tiene pocos recuerdos de lo sucedido, pero los ha ido armando con testimonios de otras personas y asistencia de psicólogo y siquiatra. Indica que luego del acto de violación el recurrente la dejó desnuda y sangrando en el suelo de la cocina del local, lugar de donde fue rescatada por compañeras de trabajo. Por tal razón renunció y así se lo hizo saber al socio del recurrente. Por otro lado, a los pocos días de ocurrido el hecho envió mensaje por Facebook al recurrente, diciéndole que lo ocurrido era un delito.

Luego de esta experiencia la recurrida ha debido someterse a tratamientos psicológicos y psiquiátricos, con secuelas que se mantienen hasta el día de hoy.

Señala que efectivamente realizo la performance descrita por el recurrente, por la necesidad que tenía de tomar poder frente al hombre que la violó, lo que fue grabado por varias personas y subida a redes sociales. Por ello no entiende por qué recurre solo contra ella.

Señala que los actos descritos no son ilegales; primero porque no es necesario que exista una norma que permita actuar de la forma que se hizo, ya que se trata de particulares y en derecho privado es posible realizar todo aquello que no está prohibido. Por otro lado, el ataque no es gratuito, porque lo que se le imputa es la comisión de un delito, por lo que están en juego otros bienes jurídicos, además del derecho a la honra y según su estimación, priman sobre éste. No hay autotutela tampoco porque las consecuencias de una denuncia pública no tienen nada que ver con las de acciones civiles o criminales. Tampoco hay arbitrariedad porque se basa en la comisión del delito, ya descrito, por el recurrente.

Por otro lado afirma que el recurrente no ha probado que la afectación de sus derechos se deba a actuaciones de la recurrida, ya que como se dijo anteriormente, los mensajes fueron compartidos por muchos usuarios de las redes sociales.

En el detalle tampoco acreditó haber sufrido daño en su integridad psíquica, tampoco se le ha afectado el derecho de propiedad sobre su imagen como asevera.

En cuanto al daño a la imagen del recurrente, la niega, pero en caso de existir se trata de una afectación amparada por el derecho nacional y por tratados internacionales. Señala que se trata de un asunto de interés público, y aún de aceptarse que hay una afectación al sujeto, se trata de una afectación proporcional si se pondera con la integridad psíquica de la víctima, su derecho a la libertad de opinión ye información y derecho a obtener una reparación integra.

Finalmente indica que la pretensión del recurrente no reestablecería el imperio del derecho ya que las publicaciones fueron compartidas por muchos otros usuarios. Indica que este recurso es una nueva manera de afectar el recurrente a la recurrida, mediante demostración de poder por sobre ella.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, del mérito de los hechos narrados en el recurso, los que por lo demás no fueron desmentidos en el informe de la recurrida, y fueron corroborados por las copias de las publicaciones efectuadas en la red social Instagram, acompañadas a la acción cautelar, se puede adquirir convicción sobre la efectividad de haberse practicado tales publicaciones, cuyo contenido se encontraba destinado a que se verificara una “funa” contra el recurrente, como se le conoce coloquialmente a las manifestaciones masivas por vías virtuales en contra de una persona que ha cometido un acto que resulta socialmente reprochable.

En tal orden de ideas, resulta acreditado que la recurrida imputó al recurrente en sus publicaciones un delito de violación, causándole daño psicológico; y que asimismo tales publicaciones se masificaron al ser compartidas en línea hasta llegar al entorno social y educacional que hoy frecuenta el recurrente.

Asimismo, de los videos y documentos acompañados por ambas partes, y de lo expuesto por la misma recurrida, se tiene por acreditado que la recurrida junto a otras personas acudió el día 19 de diciembre del 2019 fuera del local comercial del recurrente, realizando una “funa” que consistió en gritos y cantos en el cual le imputaron la comisión de un delito de violación contra la recurrida, hecho del cual se hicieron videos y fueron subidos a la red social Instagram por la propia recurrida, desde donde fue replicada por otras personas.

Quinto: Que, al mérito de los hechos que se estimaron acreditados, se puede concluir que efectivamente las publicaciones efectuadas afectaron el derecho a la honra del recurrente, garantizado en el artículo 19 N°4 de la Constitución, dado que se le ha imputado conductas reñidas con la ética, socialmente reprochables en el contexto actual de la sociedad y el respeto a la dignidad de la mujer, y que eventualmente podrían constituir ilícitos en contra de la libertad sexual de una mujer, lo que ha provocado que su imagen se vea afectada en sus círculos sociales y educacionales, constituyendo en consecuencia una conducta ilegal. En cuanto al derecho a la integridad psíquica y derecho a la propiedad, en virtud de lo que se resolverá, esta Corte estima innecesario entrar en mayores consideraciones a su respecto.

Sexto: Que, lo aseverado en el informe de la recurrida, en cuanto a que efectivamente ocurrió una violación en su contra, no resulta justificativa de las publicaciones efectuadas, las que en la especie vienen a configurar una especie de auto tutela, en circunstancias que el Derecho ofrece vías institucionales para perseguir la responsabilidad de los hechos imputados.

Séptimo. Que, al mérito de lo razonado, procede acoger el presente recurso de protección, en los términos que se expondrán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado y, consecuentemente, se ordena a la recurrida eliminar inmediatamente las publicaciones que aluden al recurrente de sus redes sociales, esto es Instagram, Facebook y twitter, así como abstenerse de incurrir en conductas similares por cualquier medio de comunicación social en contra del mismo, así como también de manera presencial en el domicilio comercial o personal del recurrente.

Habiendo tomado conocimiento esta Corte, durante el transcurso de la tramitación de la presente acción cautelar, de hechos que eventualmente podrían constituir alguno de los ilícitos consagrados en los artículos 361 y siguientes del Código Penal, y conforme lo dispone el artículo 369 del mismo cuerpo normativo, en relación al artículo 175 del Código Procesal Penal, se ordena remitir los antecedentes al Ministerio Público para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-186983-2019.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada por el Ministro (S) señor Juan Carlos Silva Opazo y por el Abogado Integrante señor Rodrigo Asenjo Zegers.