nombre reservado con nombre reservado

Santiago, veinticuatro de abril de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Comparece Ignacio Andrés Ferrari Ramírez e interpone recurso de protección en favor de CYMMA SpA, representada por don nombre reservado, y en favor de éste como persona natural y de doña nombre reservado, accionista, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, e interpone acción de protección en contra nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado.

Funda el recurso señalando nombre reservado prestó servicios a CYMMA SPA. en calidad de Supervisor de Obras Civiles en proyecto denominado “cierre perimetral Edificio Abtao”, entre el 24 de enero y el 30 de mayo de 2019, fecha esta última de terminación de los servicios del trabajador, por la causal del artículo 159 N°1 del Código del Trabajo, esto es, Mutuo Acuerdo de las partes. Como finiquito el recurrido recibiría la suma de $2.317.623 de acuerdo al documento de fecha 01 de junio de 2019, dinero que el recurrido recibiría en efectivo a la firma del documento, salvo que se fue con el dinero sin firmar el finiquito.

Refiere que posteriormente a la terminación de los servicios del trabajador, el recurrido comenzó a enviar correos electrónicos a los jefes, gerentes y representantes de las empresas que contratan con la empresa CYMMA SPA., con amenazas de demandarlos por supuestas responsabilidades laborales de CYMMA SPA., por adeudarle cotizaciones previsionales, recriminándoles su responsabilidad en avalar actos ilegales, no accionando o haciendo valer su derecho en un proceso judicial reglado por el Código del Trabajo.

En concreto -continúa- el 15 de octubre de 2019 el recurrido envió a nombre reservado, administrador de Contrato de Inmobiliaria Armas, contratista de la empresa recurrente, un correo en el cual le señala que los demandará como empresa principal y mandante en razón que CYMMA le adeuda finiquito e imposiciones.

Agrega que el 2 de diciembre de 2019 el recurrido envía a inmobiliaria HAY, Inmobiliaria Siena e Inmobiliaria Armas, todos contratistas de la empresa recurrente, un correo electrónico con asunto: IMPOSICIONES IMPAGAS, señalándoles que el administrativo de obras no realizó la revisión de documentos y de todas formas se visaron los pagos a CYMMA SpA. Además de lo anterior, el recurrido estaría enviando correos electrónicos a los contratistas de la empresa recurrente, haciéndose pasar por el Gerente General de CYMMA SPA, don nombre reservado.

Señala que estos actos ilegales y arbitrarios se han reiterado en el tiempo desde su desvinculación a la empresa, afectando con ello el derecho contemplado en el artículo 19 número 1: “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”, ya que el recurrido ha ejercido una coerción psicológica ilegal en los gerentes y jefes de las empresas contratistas de CYMMA SPA., como en aquellas jefaturas que deben dar explicaciones por parte de CYMMA SPA. a las empresas contratistas que han recibido los correos electrónicos con amenazas del recurrente, lo que ha provocado no solo que accionistas de la empresa CYMMA SPA., y sus jefaturas, sino también sus empleados, se vean con la presión e incertidumbre constante de perder sus trabajos, debido a los actos arbitrarios e ilegales del recurrido que dañan la imagen de CYMMA SPA.

Se afecta también el derecho contemplado en el artículo 19 número 4 de la Carta Fundamental, esto es, “el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”, puesto que ha perjudicado la imagen que tiene la empresa frente a sus clientes, dañándola, denostándola, acusándola continuamente de actos que no ha cometido. Y el contemplado en el artículo 19 número 2 inciso 4 en cuanto a que “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales”, ya que la ley ha establecido la competencia y un procedimiento para demandar a la empresa CYMMA SPA., como para sus contratistas, enmarcando estas acusaciones en un proceso legalmente establecido, donde se deberá probar las acusaciones realizadas, derechos pretendidos y obligaciones de las interpeladas, permitiéndole a la recurrida ejercer su derecho a defensa como establece la ley. Igualmente se vulnera el derecho contemplado en el artículo 19 número 21: “El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraría a la moral, al orden público o a la seguridad nacional”, toda vez que el recurrido se encuentra constantemente interfiriendo con el trabajo que realizan los recurrentes, afectando el normal funcionamiento de la empresa CYMMA SPA., sus oportunidades de negocio, y su estabilidad financiera, lo que finalmente ha provocado que la imagen de CYMMA SPA., sea gravemente comprometida para con sus clientes, arriesgando la fuerte laboral de todos quienes trabajan y dependen de ella.

Pide, se acoja el recurso, y en definitiva que se adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados, con costas.

Segundo: Informando el recurso nombre reservado, constructor civil, contestó el recurso negando que su actuar sea arbitrario e ilegal. Señala que en el mes de agosto del 2017, fecha de constitución de la empresa CYMMA Spa, fue contratado para ejercer la función de jefe de operaciones, relación laboral que se extendió hasta octubre del 2019.

Refiere que en marzo del año 2018, renegoció su sueldo con CYMMA Spa, en el siguiente sentido: Tendría un sueldo de $1.300.000 más bonificación a negociar por cada obra o trabajo que se fueran presentando. Entre el mes de marzo del año 2018 y septiembre del año 2019, se ejecutaron 9 obras acordándose una bonificación por cada una de ellas que suma $16.100.000.

Explica que después de varias conversaciones, le pagaron $2.000.000 entre los meses de marzo y junio de 2019 y $2.000.000 el día 30 de junio del 2019, es decir, el dinero que recibió corresponde al pago de lo adeudado por este concepto (bonificación) y no al pago del finiquito a que se refiere el recurrente. En el mes de junio la empresa CYMMA Spa finiquitó, sin previo aviso, a todos los trabajadores que laboraban en la obra “AEROPUERTO PUDAHUEL”, entre los que estaba incluido.

Le señaló a la empresa que no firmaría el finiquito porque contenía varias irregularidades, entre ellas, los pagos de las cotizaciones estaban mal calculadas -sobre la base de una remuneración inferior a la real (por el sueldo mínimo)- por lo que el monto del finiquito era inferior a lo que le correspondía, dinero que tampoco recibió. Se dio cuenta además que existían varias anomalías en el cumplimiento del contrato laboral con CYMMA SPA, como el pago de las cotizaciones previsionales en base al sueldo mínimo, y no al sueldo que realmente percibía que era por $1.300.000, existían varios meses impagos y el no pago del seguro de cesantía. Para solucionar estas irregularidades, se comunicó con el gerente de CYMMA SPA, don nombre reservado, quien le señaló “se tiene que haber equivocado la secretaria”. Como pasaban los meses sin solución, se comunicó con los administrativos de las empresas mandantes de CYMMA a fin de dar cuenta de su situación, ya que de acuerdo al contrato que estas celebraron con la recurrente “A.- Se debe informar sobre el monto y estado del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones laborales y previsionales respecto de los trabajadores del contratista o de sus subcontratistas. B.- Derecho a retener de las obligaciones pendientes que tenga a favor del contratista o subcontratista los montos correspondientes a incumplimientos por parte de estos de sus obligaciones laborales respecto de sus trabajadores. C.- Derecho a pagar por subrogación, con el importe de las retenciones indicadas en el punto anterior al o los trabajadores e instituciones previsionales del caso”.

Por ello, la única finalidad del envío de estos correos, a que aluden los recurrentes, fue poner al tanto a la empresa principal de las irregularidades de su situación laboral y comunicarles que iniciaría acciones legales para reclamar sus derechos como trabajador y el pago de todas las prestaciones adeudadas.

Concluye que no era imprescindible y necesario en recurrir por esta vía, toda vez que existen acciones ordinarias que son de conocimiento jurisdiccional de los tribunales de primera instancia, ya sea en lo civil, ya sea en lo punitivo, ya sea en lo laboral.

Tercero: Que para dilucidar el asunto sometido a la decisión de esta Corte, es preciso señalar, que la acción de protección contenida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, debe ser ejercida ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que provoquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías con resguardo constitucional, para que en su caso, se adopten las providencias necesarias en el restablecimiento del imperio del derecho, asegurándose la debida protección del perjudicado. De lo anterior se sigue, que se trata de un procedimiento extraordinario, de emergencia, cuyo objetivo es remediar pronta y eficazmente los efectos lesivos de un actuar ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento o caprichoso, reparándose así el amago provocado a derechos o prerrogativas derivadas de situaciones ciertas y definidas y, por ello, con resguardo constitucional preferente. Todo ello sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los Tribunales correspondientes.

Cuarto: Que atendido lo anterior, es necesario determinar si ha existido de parte del recurrida un acto arbitrario o ilegal que amenace, perturbe o prive a los reclamantes de protección del legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías establecidos en la Constitución Política de la República, en este caso, los previstos en los numerales 1, 4 y 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Quinto: De los antecedentes de la causa resulta que el recurrido acepta haber enviado correos electrónicos a las empresas contratistas de CYMMA SpA, recurrente de autos, pero se excusa señalando que lo hace como mera información acerca de su situación laboral. Sin embargo, lo cierto es que de los antecedentes acompañados a la causa se observa que no solo alude a la falta de pago de prestaciones laborales, sino además imputa actos ilegales al aludir a “falsificación de firma” en documentos supuestamente enviados por la recurrente para el pago de sus servicios; y, por otro lado, afirma que iniciará acciones judiciales que al parecen no ha concretado, a lo anterior se agrega que el recurrido estaría enviando correos a las contratistas cuando ya había dejado de ser trabajador de la empresa recurrente.

En el escenario descrito, es dable concluir que si el recurrente estima que sus derechos como trabajador han sido desconocidos por la empresa recurrente, el ordenamiento jurídico reconoce las vías procesales para obtener su declaración y pago, no siendo el mecanismo usado la herramienta adecuada para hacer imputaciones de supuestas conductas ilegales de su empleador, las que deben ser planteadas y resuelta en sede jurisdiccional.

Sexto: Que el actuar arbitrario del recurrido afecta el derecho a la imagen de la empresa y en particular de sus accionistas, por cuanto las sociedades receptores de los mensajes remitidos han solicitado explicaciones sobre los hechos denunciados -no pago de cotizaciones y documentos no fidedignos- vulnerado con ello la garantía del artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental, pues de esa forma se afecta la consideración que terceros tenían o puedan formarse de la empresa recurrente, la que se ha visto impedida de rebatir las imputaciones en un procedimiento que le permita exponer sus planteamientos y aportar prueba en defensa de sus derechos.

Séptimo: De lo que se viene razonando, procede hacer lugar a la acción constitucional intentada, sin perjuicio de los derechos que el recurrido puede hacer valer en la sede correspondiente.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el interpuesto en favor de empresa CYMMA SpA y de don nombre reservado y doña nombre reservado, accionistas de la primera y se dispone que nombre reservado, deberá abstenerse de remitir a la reclamante y a empresas vinculadas con ésta, correos electrónicos o cualquier otra comunicación en descrédito de los recurrentes.

Redacción de la Ministra señora González Troncoso.

Regístrese y comuníquese.

Protección Nº 186981-2019.-