nombre reservado con UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de junio de dos mil veinte.

Vistos y Teniendo Presente:

Primero: Que, con fecha 24 de diciembre de 2019, el abogado Gonzalo Pérez Coronado interpone recurso de protección en favor de don nombre reservado y en contra de la Universidad Tecnológica Metropolitana (en adelante UTEM), representada legalmente por don nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario de impedir al recurrente completar su proceso de titulación como ingeniero civil industrial, resultando en razón de dicha actuación vulneradas las garantías del actor establecidas en los numerales 2° y 10º del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente ingresó a la institución el primer semestre de 2015 al programa de prosecución de estudios superiores, contando con el requisito de poseer un título anterior de una carrera de a lo menos 8 semestres, en su caso Ingeniería de Ejecución en Mecánica Automotriz. El recurrente egresó del programa el segundo semestre del año 2017 realizando su defensa de título en marzo de 2018 finalizando con nota 6,4 dicha evaluación.

Agrega que sin embargo la recurrida ha declinado completar su proceso de titulación toda vez que el actor mantiene una deuda arancelaria con la universidad correspondiente al período de agosto de 2017 a junio de 2018, ascendiente a $7.461.708.- la que señala no haber podido pagar por problemas económicos familiares.

Expresa que el día 10 de noviembre de 2019 ha consultado la posibilidad de continuar con su proceso de titulación y sobre la obtención de un certificado de aranceles, recibiendo como respuesta de parte de doña nombre reservado, encargada de la Unidad de Títulos de la recurrida, que para completar su trámite requiere de dicho certificado, ya que es un requisito indispensable para continuar con el proceso de titulación.

Alega que dicha situación ha repercutido negativamente en su patrimonio al impedirle buscar trabajo como ingeniero civil industrial al no poder acreditar su condición de titulado.

En cuanto a los fundamentos de su acción, señala que los artículos 3 y 4 de la Ley Nº20.370 General de Educación dispone que el sistema educativo chileno descansa sobre bases constitucionales y sobre los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, agregando que la educación es un derecho fundamental e inherente a todas las personas, cuestión que resulta armónica con lo dispuesto en el numeral décimo del artículo 19 de la Constitución. Es en razón de lo anterior, que el recurrente argumenta que el actuar de la recurrida es ilegal por contravenir las normas citadas, y que además vulnera la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 Nº2 de la Carta Fundamental, ya que se le ha dado un trato distinto al de los estudiantes que se encuentran en su misma situación académica, al impedírsele culminar con su proceso de titulación.

Agrega, además, que el ordenamiento jurídico no desampara los intereses de la entidad recurrida ya que existen mecanismos idóneos para que haga valer su acreencia, expresando el recurrente que su intención es servir esa deuda.

Por los fundamentos expuestos y citando además distinta normativa internacional sobre la materia, solicita en definitiva se acoja su recurso de protección y se declare que el actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario, ordenando a la recurrida entregar el título de Ingeniero Civil Industrial al recurrente dentro de tercer día de ejecutoriado el fallo o en el plazo que esta Corte determine, disponiéndose además las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas del recurso.

Segundo: Que en representación de UTEM, el abogado Pablo Cañón Thomas evacúa el informe al tenor de lo ordenado, solicitando el rechazo del recurso impetrado con costas, o en subsidio, que se ordene la entrega del título una vez que el recurrente acredite haber cumplido con todos los requisitos legales y reglamentarios para la obtención del mismo, en consideración a los antecedentes de hecho y derecho que expone.

Expresa que conforme a la Ley Nº19.239, la UTEM es una entidad autónoma de educación superior del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. En consideración a ello su actuar ha de ajustarse a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental y al artículo segundo de la Ley Nº18.575. Su finalidad, por tanto se encuadra en el artículo 2 de la ley citada y a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Nº21.094 sobre Universidades Estatales, agregando que su autonomía en cuanto su fase económica se encuadra en el artículo 4 de la norma precitada, que dispone que “La autonomía económica autoriza a las universidades del Estado a disponer y administrar sus recursos y bienes para el cumplimiento de su misión y de sus funciones, sin la intervención de autoridades u órganos públicos ajenos a la universidad. Con todo, el ejercicio de esta autonomía no exime a las universidades del Estado de la aplicación de las normas legales que las rijan en la materia”, la que en su caso deberá ejercitarse con acuerdo a sus propios estatutos y las leyes.

En cuanto a sus estatutos, aprobados mediante el DFL 2 de 1994 del Ministerio de Educación, le habilitan para otorgar los grados académicos correspondientes, emitir los certificados que den cuenta del grado de conocimientos alcanzado por el titular y para prestar servicios remunerados y celebrar contratos con el fin de contribuir a su financiamiento e incrementar su patrimonio, conforme a la ley.

En cuanto al recurso mismo, señala que por medio de la Resolución Exenta N°03157 de fecha 24 de septiembre de 2015 se autorizó el ingreso del recurrente al Plan de Prosecución de Estudios conducente al título de Ingeniero Civil Industrial y al grado académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería (código 4052), firmándose el correspondiente contrato de prestación de servicios el 29 de diciembre de 2015. En dicho contrato la UTEM se compromete a prestar la formación académica conducente a la obtención del título de Ingeniero Civil Industrial por parte del recurrente, comprometiéndose este por su parte a cumplir con el programa de la carrera a la que opta y a cumplir en forma oportuna los compromisos pecuniarios adquiridos.

En cuanto a la oportunidad del recurso, alega la extemporaneidad del mismo, ya que el proceso de titulación del recurrente comienza en junio del 2018 con la apertura de su expediente, fecha en que se le comunica los requisitos que debía cumplir. Por ello, señala que no es efectivo que éste haya tenido conocimiento del actuar de la recurrida el 25 de noviembre recién pasado, agregando que el recurrente obtuvo su certificado de egreso y de bibliotecas fueron obtenidos en marzo y mayo de 2018, respectivamente, esto es, aproximadamente 1 año y 6 meses antes de la interposición del recurso.

En razón de lo anterior, señala que el recurso es completamente extemporáneo, según lo dispuesto en el numeral primero del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

En cuanto al fondo del recurso, alega la inexistencia de un acto ilegal o arbitrario de parte de la UTEM que produzca perturbación o amenaza de las garantías del recurrente, señalando que el actuar de ésta se ha sujetado a su marco normativo reseñado precedentemente.

Agrega además que la obtención del certificado de arancel no implica que el egresado se encuentre al día en el pago de éste, sino que se traduce en la debida documentación de la deuda mantenida para resguardar los fondos públicos de la institución y asegurar la titulación misma del alumno. Añade que ha sido el mismo recurrente el que se ha negado a efectuar esta documentación.

En el mismo sentido desecha una posible arbitrariedad en el actuar de la recurrida, señalando que el contrato de prestación de servicios educacionales cuenta con sello SERNAC y es aplicable a todos los alumnos que se encuentren en la misma posición académica del recurrente.

En razón de lo expuesto, niega que su actuar resulte vulneratorio de las garantías constitucionales del recurrente, existiendo igualdad de trato aplicable al recurrente como a todos los alumnos que se encuentren en su misma situación, existiendo un procedimiento formal y regulado con respecto a la titulación y donde se establecen expresamente los requisitos copulativos que el alumno egresado debe cumplir para obtener su certificado de título. Consecuentemente, estima que al recurrente no le asiste un derecho indubitado que pueda ser cautelado por la vía de la acción de protección.

Tercero: Que en lo que atañe al asunto que es materia de este arbitrio, aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamenta, debiendo interponer dicha acción en el plazo que establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema dictado al efecto.

Quinto: Que, en primer lugar, corresponde analizar la extemporaneidad alegada por la recurrida. En este aspecto, del análisis de los antecedentes, en especial de la lectura del libelo pretensor y documentos acompañados al mismo, resulta que el recurso de protección de marras, ha sido deducido fuera del plazo que establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que lo regula, puesto que dicho término debe contarse desde la época en que el actor tomó conocimiento de las exigencias para obtener su titulación, esto es en el mes de junio de 2018 época en la que abrió expediente para titularse, acompañado a su expediente los diversos certificados y antecedentes requeridos, faltándole solo aquel referido a la situación arancelaria, lo que aparece comunicado el 25 de noviembre de 2019, cuando el actor recibió como respuesta de parte de doña nombre reservado, encargada de la Unidad de Títulos de la recurrida, que para completar su trámite de titulación, requiere del certificado de finanzas, ya que es un requisito indispensable para continuar con el proceso de titulación, exigencia de la que el actor estaba en conocimiento desde junio de 2018.

Sexto: Que, sin perjuicio de lo dicho, esta Corte se hará cargo del fondo de la cuestión, señalando que del estudio de los antecedentes, no aparece que exista un acto arbitrario ilegal de parte de la recurrida.

En efecto, la exigencia que efectúa la recurrida al actor para obtener su titulación no está constituida por el pago de lo adeudado, sino que el requerimiento efectuado se traduce en la debida documentación de la deuda mantenida para resguardar los fondos públicos de la institución y asegurar la titulación misma del alumno, lo que resulta razonable y fundado en la normativa que rige la materia.

Séptimo: Que, en atención a lo hasta aquí razonado y, por haberse constatado en el presente caso la inexistencia del elemento esencial para la procedencia de un recurso de protección, esto es, un acto o una omisión ilegal o arbitraria, resulta innecesario analizar la presunta violación de las garantías constitucionales denunciadas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado y en contra de la Universidad Tecnológica Metropolitana.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redactó la ministra señora María Soledad Melo Labra.

N° Protección 186961-2019.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por las Ministros señora nombre reservado.Soledad Melo Labra, señora nombre reservado y señora nombre reservado.

En Santiago, diecisiete de junio de dos mil veinte, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.