Protección contra Colegio nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de diciembre de dos mil veinticinco.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, el 22 de agosto de 2025, comparece a través de formulario dispuesto al efecto doña nombre reservado, quien interpone acción constitucional de protección en favor de su hijo, nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en disponer la expulsión del actor, lo que vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 N°s 1, 2, 11 y 12 de la Constitución Política de la República.

Expone que es apoderada de su representado, quien es estudiante de cuarto año de enseñanza media, y que fue expulsado del establecimiento educacional recurrido.

Asevera que han existido diferencias y altercados entre el actor y un profesor de nombre nombre reservado, sin embargo, la medida adoptada resulta desproporcionada.

Hace presente que el aludido profesor: (i) una vez le lanzó un pelotazo en la cara a su representado; (ii) en repetidas oportunidades no revisó las tareas del actor, lo que afectó su rendimiento académico y; (iii) amenazó a este con “mandarlo a descansar una semana”, lo que resulta revelador de un trato hostil.

Asegura que su representado ha intentado dar a conocer las situaciones aludidas en el colegio, pero no se han resuelto.

En definitiva, solicita que se ordene la reincorporación del aludido estudiante al establecimiento educacional.

Segundo: Que, el 19 de septiembre de 2025, el abogado don Ricardo Alejandro Manzi Jones, en representación de la Fundación Educacional Belén, administradora del Colegio nombre reservado, evacuó el informe requerido, a través del cual solicita el rechazo del presente arbitrio, por estimar que no existe acto u omisión ilegal o arbitrario cometido por su representada.

Expone que el alumno en cuyo favor se recurre fue derivado a Convivencia Escolar luego de que interrumpiera destemplada e incomprensiblemente el normal desarrollo de una clase, arrastrando una mesa a través de la sala para posicionarla cerca de un enchufe al cual conectó su teléfono celular, sin respeto por la clase que se impartía, el profesor que exponía ni sus compañeros.

Refiere que, ante la actitud descrita, el profesor de la asignatura procedió a retirar el dispositivo móvil del estudiante y comunicarle que debía retirarlo en la oficina de “TP” o en la Convivencia Escolar, sin embargo, éste insistió en que le fuera devuelto el aparato con un tono amenazante y acercándose en forma agresiva y hostil al profesor, lo que fue presenciado por, entre otros, tres docentes que se encontraban en las inmediaciones, quienes intervinieron a fin de evitar la verificación de un hecho de mayor gravedad, como fue consignado en las declaraciones prestadas en el proceso sancionatorio respectivo.

Indica que la situación fue abordada por el encargado de convivencia escolar, quien le solicitó al apoderado del alumno que se acercara al establecimiento educacional para retirar al estudiante quien, informado de esto, salió enojado de la oficina, fuera de sí, insultando al docente que lo denunció y lanzando improperios constantemente.

Hace presente que los hechos descritos fueron denunciados ante la Fiscalía local, por cuanto afectaron gravemente la convivencia escolar del establecimiento educacional.

Señala que el día 23 de julio del presente año, encontrándose citado el apoderado del estudiante a fin de abrir el proceso sancionatorio, concurrió éste sin aquel, razón por la que se le manifestó que no podría ingresar a clases hasta que llegara el apoderado, lo que motivó que el alumno profiriera improperios, dejara al encargado de convivencia hablando solo y entrara a la sala de clases sin autorización.

Puntualiza que, ante lo expuesto, el recurrente debió ser llevado a la oficina de convivencia escolar, sin embargo, nuevamente se dirigió a la sala de clases, donde se encontró con el profesor con quien mantuvo el altercado el día anterior, a quien lo chocó y le dijo un improperio, lo que fue presenciado por la subdirectora de enseñanza media y el encargado de “TP”, quienes nuevamente intentan llevarlo a la oficina de convivencia escolar, sin embargo, el alumno se arrancó al baño, donde fue calmado y finalmente accedió a esperar la llegada de su apoderado en la oficina de convivencia escolar.

Asegura que la situación descrita generó una afectación grave a la convivencia escolar del establecimiento educacional y al afectado en particular, generando inseguridad en la comunidad educativa.

Afirma que (i) se les comunicó al estudiante y su apoderado el inicio del proceso sancionatorio, la posible medida disciplinaria a aplicar, los plazos respectivos al procedimiento, la posibilidad de presentar descargos, medios de prueba y los recursos existentes; (ii) se siguieron todas las etapas del procedimiento de investigación y sancionatorio, dejándose registro de las notificaciones respectivas; (iii) el alumno y su apoderado ejercieron su derecho de presentar descargos y medios de prueba y; (iv) se dispusieron múltiples medidas de apoyo pedagógico y psicosocial en favor del alumno.

Explica que, finalmente, se consignó que el estudiante cometió cuatro faltas graves, una falta gravísima y dos faltas de extrema gravedad, y que debido a su comportamiento indebido, el 12 de junio de 2025 ya le había sido impuesta la medida disciplinaria de condicionalidad, razón por la cual, el 31 de julio de 2025, una vez concluido el proceso, se le comunicó al estudiante y su apoderado, mediante carta certificada, la resolución que impone la medida disciplinaria de expulsión, por haberse verificado las faltas de agredir moral y verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa, amenazar y ofender de manera reiterada a los mismos y haber hecho uso de violencia, actitudes amenazadoras, desafiantes, irrespetuosas y de menosprecio dentro del establecimiento.

Hace presente que, el 5 de agosto de 2025, el estudiante y su apoderado ejercieron el derecho a reconsiderar la medida disciplinaria, y que el 7 de agosto de 2025, el Consejo de Profesores se reunió y, por votación unánime, resolvió mantener la medida sancionatoria de expulsión, decisión que fue comunicada el 8 de agosto del mismo año en entrevista y mediante carta certificada.

Conforme a lo expuesto, asegura que en el caso de autos no existe acto u omisión ilegal o arbitrario de la recurrida, así como tampoco vulneración a las garantías constitucionales del actor, toda vez que se siguió el estatuto docente, sus normas complementarias y el reglamento de convivencia escolar, conforme lo exige el Ministerio de Educación.

Tercero: Que cumpliendo con lo ordenado por esta Corte, evacúa informe la Superintendencia de Educación, señalando luego de referirse a la normativa aplicable al colegio y al caso de marras, concluye que en la expulsión del niño de autos, se ha cumplido con la misma, ajustándose al procedimiento contemplado en el artículo 6 letra d) del DFL N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación.

Ampliando informe, refiere que no ha habido ninguna denuncia ante esa Superintendencia, por los hechos referidos en el recurso respecto al alumno en cuyo favor se recurre.

Cuarto: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que cuando la norma del artículo 20 de la Carta Fundamental se refiere a actos u omisiones “ilegales”, ciertamente no sólo está aludiendo a aquellos actos u omisiones que contravienen la ley propiamente tal, la ley formal, sino también a los que atentan contra la reglamentación interna que se ha dado una determinada institución, como un club deportivo, un partido político o, como en este caso, un establecimiento educacional. De este modo, menester será, para esclarecer el conflicto, constatar las normas que el colegio recurrido se ha dado a propósito del ejercicio de su facultad disciplinaria que, desde luego y sin lugar a dudas, le asiste.

Sexto: Que, en relación a este tema, aparece de autos que la decisión que la recurrente dice ilegal o arbitraria fue adoptada por el establecimiento educacional conforme lo dispuesto en el “Manual de Convivencia Escolar”, decisión que por lo demás fue informada a la parte afectada, respecto de la cual esta última tuvo la posibilidad de presentar sus descargos y una apelación ante el consejo de profesores.

Esa instancia, el citado consejo de profesores, conociendo de la apelación interpuesta, resolvió finalmente mantener la medida de expulsión para el alumno en cuyo favor se recurre.

Séptimo: Que, en consecuencia, la actitud desplegada por el colegio respecto del alumno se ha ajustado a la juridicidad interna del establecimiento, es decir, ha sido adoptada en el marco de su propia institucionalidad, y se funda en hechos objetivos graves de indisciplina, sin que esta Corte pueda convertirse en una segunda o tercera instancia de las decisiones adoptadas por el recurrido. En consecuencia, ninguna ilegalidad se advierte y tampoco arbitrariedad, desde que no ha sido el mero capricho lo que ha llevado al Colegio nombre reservado a tomar la decisión impugnada, lo que se corrobora con el informe la Superintendencia de Educación, en cuanto a que el procedimiento adoptado por el establecimiento educacional se ajustó al artículo 6 letra d) del DFL N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación.

Octavo: Que debe reiterarse que esta Corte, conociendo de un recurso de estas características, no está reemplazando a la autoridad escolar en sus decisiones disciplinarias ni tampoco constituye una segunda instancia de aquellas decisiones, sólo examina la legalidad del acto impugnado, esto es, comparando lo hecho por la recurrida y la normativa que ésta se ha dado y, en tal labor, no puede sino concluirse que en la medida adoptada respecto del alumno en cuyo favor se recurre se ajustó a derecho y no fue la consecuencia de la mera arbitrariedad sino fundado en datos que demuestran una conducta inapropiada y grave.

Noveno: Que a mayor abundamiento, como consecuencia de la orden de no innovar decretada por esta Corte, el alumno pudo reanudar su cuarto año de enseñanza medio en el colegio recurrido, por ello la pretensión de la recurrente ha perdido oportunidad.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida en estos antecedentes en favor de nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-18693-2025.