Protección contra Inspección Comunal del Trabajo de Providencia

Foja:50 Cincuenta C.A. de nombre reservado

nombre reservado, veintiocho de diciembre del año dos mil once.

Vistos y teniendo presente:

1º) Que, en estos autos rol Nº 18.691-2011 comparece don José María Hurtado Fernández, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación del Colegio de Cirujano Dentistas de Chile S.A. domiciliado en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia, y de la fiscalizadora de dicha institución doña nombre reservado “toda vez que éstos han incurrido en un actuar ilegal y/o arbitrario que priva y perturba al Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G. en el legítimo ejercicio de los derechos garantizados por la Constitución Política de la República en su artículo 19 Nº3 inciso quinto, 19 Nº21 y 19 Nº24, respectivamente, solicitando a US. Iltma. que adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los derechos que han sido conculcados a mi representada y, en particular, disponer se deje sin efecto y valor la resolución administrativa de multa Nº3885/11/69, extendida por los recurridos, con costas”;

2º) Que el recurrente expone que con fecha 5 de septiembre último, el Colegio fue notificado de la Resolución de Multa Administrativa Nº3885/11/69, dictada por los recurridos por un monto de una unidad tributaria mensual, y de acuerdo a lo consignado en dicho documento, el 30 de agosto del año en curso, la fiscalizadora Sra. nombre reservado, de la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia, señala constatar la siguiente supuesta infracción: “(i) No escriturar el contrato de trabajo respecto del trabajador Sra. nombre reservado (sic) del nombre reservado, contratada con fecha:01/08/2011”. Ello importaría una supuesta infracción a lo previsto en el artículo 9º incisos 1º y 2º en relación al inciso 4º del artículo 506 del Código del Trabajo.

Aduce que los recurridos incurren en un accionar ilegal, que implica constituirse en una verdadera comisión especial que desconoce la existencia de relaciones contractuales de naturaleza civil, pues pasan a calificar y determinar por sí y ante sí mismos el alcance y extensión de dichas convenciones consensuales civiles, entendiendo que las mismas son de carácter laboral.

Agrega que la referida prestadora de servicios se dedica a recaudar externamente cuotas de los asociados a su Asociación Gremial, sin subordinación ni dependencia, ni cumplimiento de horarios, siendo su única obligación rendir cuenta mensual de la recaudación efectuada, respecto de la cual se calculan sus honorarios, en razón de determinada comisión, emitiendo la señora nombre reservado la respectiva boleta de honorarios, y el Colegio pagando dichos servicios civiles, actuando como agente retenedor del 10% respectivo para pagos provisionales mensuales al Servicio de Impuestos Internos.

Luego se extiende sobre la arbitrariedad e ilegalidad de lo actuado, sobre la falta de potestad de los recurridos, la falta de racionalidad y justicia en el procedimiento administrativo incoado, y sobre las garantías constitucionales que se habrían perturbado por el acto que califica de arbitrario e ilegal, solicitando finalmente que se acoja el recurso, dejando sin efecto o invalidando el acto administrativo referido, y que se ordene a los recurridos abstenerse, en lo sucesivo, de calificar jurídicamente los contratos, ya sea de carácter civil o laboral, y que se condene en costas a los recurridos;

3º) Que a fs.42 informa el recurso don nombre reservado, confirmando que el día 30 de agosto del año en curso la fiscalizadora doña nombre reservado constató lo siguiente: “No escriturar el contrato de trabajo respecto del trabajador Sra. nombre reservado, contratado con fecha: 01/08/2011”.

Agrega que tal constatación concluyó en la resolución de multa administrativa Nº13.12.3885.2011.69-1, de fecha 30 de agosto de 2011, objeto del recurso de protección.

Añade que mediante Resolución Nº423 de fecha 14 de noviembre de 2011, emitida por don nombre reservado, en su calidad de Inspector Comunal de Providencia Subrogante, notificada a la recurrente con igual fecha, en virtud de las atribuciones que entrega el artículo 53 de la Ley Nº19.880, se dejó sin efecto la resolución de multa ya aludida.

Indica que en esta causa no existe, por lo dicho, oportunidad en la cautela requerida al Tribunal, al haberse corregido la situación descrita por la recurrente como atentatoria de las garantías constitucionales que indica el recurso, por lo que debe éste rechazarse en todas sus partes. Argumenta que el recurso carece de todo fundamento para su interposición, al no existir una acción arbitraria o ilegal;

4º) Que para analizar el asunto planteado en estos autos, resulta conveniente consignar, primeramente, que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

5º) Que, además, se ha expresado en numerosas sentencias, que es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto;

6º) Que, expuesto lo anterior, es pertinente ahora recordar que, para el acogimiento del recurso, es necesario que el tribunal se encuentre en situación de poder adoptar alguna de las medidas correctivas que se pide; esto es, que subsistan los efectos dañosos o lesivos del acto u omisión de que se reclama. En el presente caso, sin embargo, el recurso no puede prosperar en cuanto a las peticiones formuladas, desde que la resolución que impuso multa administrativa y respecto de la cual se ha reclamado fue dejada sin efecto administrativamente, por la propia entidad que la habría expedido, de tal modo que, actualmente, no cabe tomar alguna medida al respecto.

Y en lo tocante a las demás peticiones, que importan declaraciones destinadas a surtir efectos para el futuro, ellas son improcedentes, porque como es obvio, de la propia naturaleza jurídica de la acción constitucional de protección se desprende que su finalidad es poner atajo a situaciones o eventos ya producidos, que vulneren alguna garantía constitucional de aquellas que se encuentran protegidas por este arbitrio, y que, por cierto, ocasionan perjuicio o agravio a quien busca amparo en los órganos jurisdiccionales. Más no puede servir para imponer conductas a futuro, resultando una pretensión de tal clase fuera del alcance de dicho recurso;

7º) Que, por lo dicho, la acción intentada no puede prosperar, debiendo ser desestimada.

Por estas consideraciones y en virtud de lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la E. Corte Suprema sobre la materia, se declara que se rechaza con costas el recurso de protección interpuesto en lo principal de la presentación de fs.15.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense los autos.

Redacción del Ministro Mario D. Rojas González.

NºProtección-18691-2011.

Pronunciada por la Séptima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de nombre reservado presidida por el Ministro señor Mario Rojas González e integrada por la Ministro señora Pilar Aguayo Pino y por el abogado integrante señor Rodrigo Asenjo Zegers.