nombre reservado con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

Santiago, veintiséis de mayo de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el 24 de diciembre de 2019 compareció doña Alejandra Miranda Delgado, abogado, e interpuso recurso de protección en favor de don nombre reservado y en contra de la Tesorería General de la República, representada legalmente por doña nombre reservado, por haber dictado, con fecha 29 de noviembre de 2019, un acto administrativo, que estima arbitrario e ilegal, que dispuso la no renovación de la contrata de su parte, vulnerando las garantías constitucionales consagradas en los números 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Fundando su recurso expresa que ingresó a prestar servicios en las dependencias de la recurrida el “14 de junio de 2018” -en realidad comenzó el 5 de enero de 2018- en calidad de contrata asimilado al grado 12° del estamento profesional. Expone que el 19 de junio de 2018 se le diagnosticó a su parte cáncer a la próstata, por lo que empezó a asistir a diversas sesiones de radioterapia, hecho que, en lugar de despertar la sensibilidad de su jefatura, terminó provocando enojo. Agrega que el 29 de noviembre de 2019 recibió la notificación de la Resolución N° 783, de 28 de noviembre de 2019, que dispuso que no sería renovada su contrata para el año 2020, arguyendo una serie de razones genéricas asociadas a un supuesto mal desempeño. Sostiene que el acto es arbitrario e ilegal, explicando, en primer término, que, conforme lo dispone la Circular 21 de 28 de noviembre de 2018 (y ratificada mediante Circular 25 del 5 de diciembre de 2019) del Ministerio de Hacienda, la “no renovación” de una contrata, debe estar materializada en un acto administrativo formal. Esta Circular imparte instrucciones a los jefes superiores de servicio, señalando en el número 2 que “En particular, en los procesos de renovación del personal a contrata ser debe dar especial atención a los años de servicio, situaciones de funcionarios/as en edad de jubilar o próximos a cumplirla, o con enfermedades graves, catastróficas y/o terminales, estableciendo criterios que permitan su aplicabilidad”. Refiere que dicha Circular, que es obligatoria para todos los servicios, presta especial consideración a las personas (como es el caso de su parte, el señor nombre reservado, de 71 años de edad) que padecen enfermedades catastróficas, porque es evidente que el nivel de afectación que produce el desempleo para ellos, es mucho mayor. Afirma que, por otra parte, la ley 19.880, específicamente su artículo 3°, establece que la Administración debe expresarse a través de actos administrativos, lo que exige su motivación, lo que significa que deben contener la expresión de hechos y derechos que le den sustento, no bastando explicaciones vagas o genéricas. Expone que su parte fue calificado por el período comprendido entre el 31 de agosto de 2018 y el 1 de septiembre de 2019 en lista 1, de distinción. Agrega que no se menciona ni existe informe especial o técnico que diga relación con su desempeño y las imputaciones que se le hacen están fuera del marco de las calificaciones anuales. Explica que, en este caso, el supuesto desempeño deficiente tiene por fundamento una suerte de atrasos en el cumplimiento de la jornada, factor que está expresamente contemplado en el proceso anual de calificaciones. Pide que sea coja su recurso y se deje sin efecto el acto recurrido.

Segundo: Que el 27 de enero de 2020, don nombre reservado, abogado, por la recurrida Tesorería General de la República, informó al tenor del recurso, solicitando su rechazo. Expone los antecedentes laborales del recurrente y señala que ingresó al Servicio de Tesorerías el 5 de enero de 2018, en grado 12° Profesional, en calidad jurídica de contrata, conforme a la Resolución TRA N° 258/239/2018, desempeñando la función de Analista de Estudios en la Unidad de Planificación y Control de Gestión institucional (actual Unidad de Gestión Institucional). Posteriormente, mediante Resoluciones Exentas números 258/833/2018 y 258/109/2019, se le prorrogó la contrata desde el 1 de mayo al 31 de diciembre de 2018 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, respectivamente, en las mismas condiciones contractuales. Menciona que el ex funcionario en cuestión fue contratado en forma directa y que desempeñó las siguientes funciones: a) Analista de Estudios, desde el 5 de enero de 2018, conforme a Ordinario N° 157 de 29/01/2018 y; b) Analista de Sección Normativa y Transparencia, desde el 14 de marzo de 2019, conforme a Ordinario N° 301 del 20/03/2019. Agrega que fue destinado desde la Unidad de Gestión Institucional a la División Jurídica/Sección Normativa y Transparencia, a contar del 14/03/2019, mediante Resolución Exenta N° 258/563/2019. Afirma que el recurrente fue objeto de una sola calificación, conforme al procedimiento de calificaciones del Servicio de Tesorerías, obteniendo una nota que, para los estándares de su parte, resulta deficiente. En efecto, obtuvo nota 5,8 de un máximo de 7. Refiere que mediante Resolución Exenta N° 783/2019, y pese a que el funcionario no contaba con “confianza legítima”, de manera que por el sólo ministerio de la ley cesaba su contrata al 31 de diciembre de 2019, el Servicio de Tesorerías dictó el acto administrativo y la notificó personalmente al recurrente. Agrega que, al negarse a firmar, se le remitió por carta certificada la resolución íntegra. A continuación se refiere al empleo a contrata, que es esencialmente transitorio y la normativa que lo regula, citando el artículo 3° de la ley N° 18.834, que regula los cargos públicos y define el empleo a contrata como aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución y el artículo 10, que establece que "los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos". Agrega que el inciso primero del artículo 153, dispone que el cumplimiento del plazo por el cual un servidor es contratado, produce la inmediata cesación de sus funciones. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema que señala que la principal característica de las designaciones a contrata, de acuerdo a lo establecido por los artículos 3° y 10 del Estatuto Administrativo, “es la precariedad en su duración, supeditada a las necesidades de la entidad empleadora, de manera que al acudir la recurrida precisamente a esta causal sólo ha hecho uso de la facultad antes descrita.” También cita jurisprudencia de esta Corte de Apelaciones de Santiago, en el mismo sentido. Agrega que la Contraloría General de la República, a través de su Dictamen N° 85.700, de 2016, ha establecido un procedimiento especial para la no renovación de contratas de funcionarios de un Servicio Público, cuando han acaecido dos renovaciones por períodos anuales, lo que permitiría al funcionario tener una confianza legítima de que su contrata iba a ser renovada en estos términos para un nuevo período, cuestión que, no ocurre en el caso de autos, toda vez que el recurrente sólo fue objeto de una renovación anual, para el período 2019. Explica que cuando se determinó la no renovación de la contrata del recurrente para el año 2020, se dictó la Resolución Exenta N° 783, de 28 de noviembre de 2019, que fue debidamente notificada al Sr. nombre reservado, fundamentándose la misma, conforme lo requerido por el órgano contralor y sin perjuicio de que en este caso legalmente no era necesario dictar acto administrativo fundado, toda vez que, atendido que el recurrente no contaba con “confianza legítima”, su cese se producía por la llegada del plazo de su contratación. Afirma que, de esta forma, no existe ilegalidad, arbitrariedad ni desviación de poder alguna como sostiene el recurrente. Agrega que el tenor de la decisión adoptada y sus fundamentos pueden no ser del gusto del recurrente, pero no por ello puede sostenerse una supuesta falta de motivación del acto administrativo, problemática jurídica que en todo caso excede con creces el ámbito de aplicación de una acción cautelar.

Expone, en cuanto a las razones por las cuales la Jefatura Superior del Servicio de Tesorerías determinó la no renovación de la contrata del recurrente, que los principales fundamentos están contenidos en la referida Resolución N° 783, de 2019, y en correo electrónico de la Jefa Directa del recurrente, dirigido al Jefe de la División Jurídica, solicitando su no renovación.

Tercero: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que la Tesorería General de la República no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno. En efecto, de la lectura del acto impugnado se desprende que dicha repartición sí fundó su actuar, contiene el acto administrativo aludido todos los razonamientos que llevó a la recurrida a no renovar la contrata del recurrente por no ser ya necesarios sus servicios, cumpliéndose entonces con lo que exige el inciso segundo del artículo 11 de la ley 19.880, sin que la judicatura pueda reemplazar su juicio. Lo cierto es, entonces, que el acto está motivado -se lee de dicha Resolución: “Que, el referido servidor, en el período evaluatorio que va desde el 1 de abril de 2018 al 31 de marzo de 2019, obtuvo calificaciones que no resultan satisfactorias para un funcionario público, y que se encuentran bajo los estándares que obtiene y que se les exige a los funcionarios al interior del Servicio de Tesorerías. Que, de acuerdo a lo informado por su Jefatura directa, el Sr. nombre reservado durante el ejercicio de sus labores no demostró poseer conocimientos en el área de la Administración Pública, considerando a su vez que el cargo establece como un requisito deseable el que cuente con a lo menos 3 años de experiencia en servicios públicos, experiencia de la que carece el Sr. nombre reservado… A lo anterior, y en lo que respecta a las funciones que realiza, el Sr. nombre reservado, no alcanza los resultados esperados en las tareas encomendadas, no acata las instrucciones y órdenes proporcionadas para el desempeño de sus labores, lo que conlleva a que el resto de los funcionaros que forman parte del equipo de trabajo deban destinar su tiempo para reiterarle las pautas de trabajo previamente entregadas. Por ello, su trabajo no refleja los resultados deseados, debiendo muchas veces reasignar las labores que se le han encomendado a otros miembros de la sección, lo cual a su vez se refleja en la evaluación de su jefatura y en las calificaciones obtenidas en el período anterior… Adicionalmente, cabe hacer presente que el Sr. nombre reservado en forma frecuente se ausenta injustificadamente de su jornada de trabajo, extendiendo igualmente el tiempo destinado al almuerzo sin dar aviso en forma previa a su Jefatura”- y el hecho que el señor nombre reservado no comparta los argumentos de la Tesorería General de la República no lo torna en infundado. Y claramente no pueden los tribunales revisar la fundamentación pues en tal caso abandonaría su papel de juzgador y se convertiría en administrador, lo que ni la Constitución Política de la República ni la ley permiten. Se trata de un cargo a contrata que, según lo informado por el recurrente, se tiene desde el 5 de enero de 2018, mientras eran necesarios sus servicios, decidiendo la misma repartición, por un acto motivado, que procedía no renovar la última contrata, que venció el 31 de diciembre de 2019.

Quinto: Que, por lo demás, toda designación de funcionarios “a contrata” en la administración pública, de acuerdo con la ley 18.834, es esencialmente transitoria y no puede exceder del 31 de diciembre del año correspondiente en que la contrata empieza a regir. No se ha discutido que el recurrente fue nombrado “a contrata” para desempeñar funciones en la Tesorería General de la República “y mientras sean necesarios sus servicios”, primero por un lapso que iba del 5 de enero de 2018 al 30 de abril del mismo año, luego por el lapso que va del 1 de mayo al 31 de diciembre del año 2018 y, finalmente, por el período que va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. La resolución impugnada decidió no renovar dicha contrata para el período siguiente, esto es, a contar del 1 de enero de 2020, pero, en realidad, fue el sólo transcurso del tiempo lo que puso fin a su empleo a contrata, y bien pudo la Tesorería General de la República no dictar decreto alguno y se hubiera producido el mismo efecto jurídico.

Sexto: Que, en consecuencia, la contrata del recurrente no se terminó por decisión de la Administración, esto es, no es la Resolución Exenta 783 de 28 de noviembre de 2019 la que puso fin a su empleo, sino el simple transcurso del tiempo, pues la letra c) del artículo 3° de la ley 18.834 señala que empleo a contrata es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución y que, conforme al artículo 10 de la misma ley, nunca pueden durar más allá del 31 de diciembre de cada año, según se encarga de señalar el artículo 10 de la citada ley, de suerte que ni siquiera ha debido la Tesorería General de la República dictar la resolución impugnada, bastaba para terminar la contrata el que se cumpliera el plazo del último día del mes de diciembre de 2019.

Séptimo: Que, por todo lo expresado, sólo corresponde rechazar el recurso de protección intentado pues, se reitera, la decisión de la Administración plasmada en la resolución impugnada de no renovar la contrata del señor nombre reservado, no es ni ilegal ni arbitraria y se plasmó en una resolución debidamente fundada, cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 2° letra c) y 10 de la ley 18.834 y 11 inciso segundo de la ley 19.880 y, en realidad, obedece al sólo transcurso del tiempo y consecuente vencimiento de la última renovación.

Octavo: Que, en todo caso, ninguna de las garantías que se dicen amagadas merecen este adjetivo. En efecto, el derecho a la vida e integridad física y psíquica no se advierte cómo ha podido ser amenazado por la Tesorería General de la República al decidir no renovar la contrata del señor nombre reservado; en cuanto a la igualdad ante la ley -N° 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República- debería haberse acreditado demostrando que la Administración ha obrado de una manera distinta con alguna persona en iguales circunstancias que el recurrente, lo que no ha sucedido; y el N° 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental no se refiere a la llamada “propiedad en el empleo” sino al derecho real de dominio, aquel que señala el artículo 582 del Código Civil.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional deducida en estos autos, sin costas.

Se previene que la Ministra señora Leyton concurre a la decisión, pero sin compartir lo razonado en los fundamentos quinto y sexto del fallo.

Acordado, en cuanto a la decisión de absolver del pago de las costas al recurrente, con el voto en contra del Ministro señor Mera, quien estuvo por condenarlo a soportar esa carga.

Redacción del Ministro señor Mera.

Regístrese y comuníquese.

N° 186.870-2019.