Protección contra “Comunidad Rondizzoni Dos mil Torre Alfa”

Santiago, treinta de julio de dos mil diecinueve.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 15 de marzo de 2019, comparece Rossana Riveros Maturana, abogado, en representación de don nombre reservado, chileno, casado y separado totalmente de bienes, ingeniero en ejecución eléctrico, con domicilio en domicilio reservado, en contra de la “Comunidad Rondizzoni Dos mil Torre Alfa”, cuya actual administradora es doña nombre reservado, ignora segundo apellido, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en una instrucción en el Libro de Novedades de la Comunidad, de fecha 27 de febrero de 2019, por medio de la cual: (i) prohibió al personal del edificio permitir el acceso de cualquier vehículo al estacionamiento que arrienda su representado; así como (ii) prohibió al personal del edificio permitir el acceso de cualquier persona o proveedor al departamento en el que reside su representada, todo lo cual, según refiere, conculca su derecho a propiedad garantizado en el artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que la administradora de la comunidad ha desconocido totalmente la calidad de residente de su representado, quien por más de 14 años ha habitado en la propiedad que comprende el departamento número 25 y la bodega 107, en su calidad de cónyuge de la dueña de los bienes antes descritos, doña nombre reservado, y además de su calidad de arrendatario del estacionamiento N°99, situado en el mismo edificio, cuyo contrato de arrendamiento estaría vigente.

Agrega que nombre reservado no sólo ha establecido su residencia en el inmueble propiedad de su cónyuge, sino que además lo ha tenido como sede de su actividad profesional de instalador eléctrico, destinando parte del departamento N° 25 del Edificio Rondizzoni Torre Alfa, como oficina, dotándola de computador, impresora y Kardex, sin que ello haya representado mayores inconvenientes para la comunidad.

Refiere que sin perjuicio de lo anterior, y desconociendo las razones o motivos, desde un tiempo a esta parte, la recurrida se ha empeñado en acosar, hostigar y generar conflictos con su representado, por la actividad que ejerce en su departamento, aun sabiendo que el reglamento no prohíbe de modo alguno tal situación, y que no existe acto o reglamento alguno que impida el ejercicio de la actividad intradomiciliaria, que de modo alguno altera la naturaleza residencial del inmueble.

Señala que en circunstancias que ha desarrollado su oficio en la forma indicada por más de 12 años, y con la finalidad de evitar todo conflicto con la administración, inició diversos procedimientos con la finalidad de obtener una patente comercial para el giro menor e inofensivo que implica la mantención en parte de su departamento de una oficina administrativa, obteniendo la correspondiente patente comercial para el giro autorizado por el Servicio de Impuestos Internos, consistente en oficina administrativa de instalaciones eléctricas sin atención de público, lo que se ajusta absolutamente a su necesidad, conforme lo permite la Ley General de Urbanismos y Construcciones y Ordenanza General.

A mayor abundamiento, señala que si bien existen actividades comerciales que no pueden ser ejercidas en edificios de departamentos (tales como moteles, apart hotel, salas de juego, bares, casa de masaje, arrendamiento por horas o por días, etc.), nada impide que se puedan ejercer actividades comerciales menores con el fin de percibir ingresos en forma lícita y sin perjuicio de terceros.

Indica que el acto ilegal y arbitrario de la recurrida le ha privado o turbado ilegalmente y además en forma irracional, desproporcionada, arbitraria y mañosa, su derecho de dominio sobre los derechos personales que emanan del contrato de arrendamiento vigente, derecho de propiedad que le faculta el uso del estacionamiento N°99 en los términos pactados en el contrato, atendida la prohibición absoluta de ingreso a personas totalmente identificadas a su departamento de su propiedad y al estacionamiento arrendado.

Por último, indica que su representado cumple y ha cumplido desde siempre las restricciones de acceso al edificio comunitario, instruyendo a sus visitantes para que -como corresponde- se anuncien y/o registren en Conserjería. Las visitas anunciadas, y cuyos ingresos quedan registrado en Conserjería, se traducen en parientes, familiares y en algunas ocasiones, personas que van a dejar alguna factura o algún cheque. Agrega que es un despropósito considerar que dichas personas les alcanzan la restricción municipal, que claramente dispone “atención de público”.

SEGUNDO: Que la recurrente acompañó al proceso: (i) certificado de dominio vigente de la propiedad consistente en el departamento N° 25 del y de la bodega 107 del Edificio Alfa, inscritos a fojas 76.883 número 69.870 en el Registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2004, a nombre de la actual cónyuge de nombre reservado; (ii) certificado de Matrimonio extendido por el Servicio de Registro Civil, con fecha 08 de marzo de 2019, entre nombre reservado y doña nombre reservado; (iii) autorización notarial, para efectos de tributos, otorgado por doña nombre reservado, de fecha 1 de febrero de 2018, quien autoriza el uso de la propiedad para fines habitacionales y comerciales; (iv) copia de contrato de arrendamiento del estacionamiento N°99 ubicado en el edificio de domicilio reservado, celebrado con fecha 24 de mayo de 2018, entre Propiedades Orbe Ltda., y nombre reservado; (v) copia fotográfica de Libro de Novedades Edificio Alfa, Comunidad Rondizzoni Dos Mil, pagina 105, que contiene la orden a Conserjería de impedir el ingreso a la comunidad de vehículos, personas, proveedores, etc.; (vi) copia de Patente Comercial N° 312175-5, vigente al primer semestre de 2019, otorgada como persona natural a don nombre reservado; (vii) copia autorizada por Archivo Judicial de Reglamento Copropiedad Comunidad Rondizzoni, que consta en escritura Pública de fecha 8 de junio de 2001, otorgada ante el Notario Público Titular de la 29°Notaria de Santiago, don Raúl Undurraga Laso; y (viii) copia de Escritura Pública de Mandato Judicial, de fecha 17 de enero de 2019, otorgado ante el notario titular de la Décimo Segunda Notaria de Santiago, don Patricio Cathalifaud Moroso, en que consta el Mandato Judicial otorgado por nombre reservado.

TERCERO: Que con fecha 28 de marzo de 2019, la recurrida evacuó informe pidiendo el rechazo del recurso debido a que el acto descrito por el recurrente no vulneraría garantías consagradas en las Constitución Política de la República.

Señala en particular, que es efectivo que el mes de febrero de 2019 se prohibió el acceso de un vehículo motorizados de propiedad de la recurrida, que corresponde a un camión que estaciona en dependencias del edificio y causaría molestias a los demás propietarios, ya que de éste descargan materiales de trabajo y productos inflamables.

Adicionalmente, indica que el señor nombre reservado no sería residente domicilio reservado, utilizándolo sólo para cumplir labores de oficina. Para fundar ello, señala que la propietaria del inmueble es la cónyuge del recurrente, quien en el certificado de autorización notarial, de 1 de febrero de 2019, señala como domicilio domicilio reservado, Región Metropolitana, es decir, un domicilio diferente al señalado por su marido en el recurso de protección. Señala también, que el recurrente falta a la verdad al señalar que ha sufrido hostigamientos por parte de la administradora del edificio.

Agrega que el personal contratado por obra por nombre reservado concurre habitualmente para recibir sus liquidaciones de sueldo, así como también concurrirían empresas proveedoras y acreedores, todo lo cual, por un lado (i) perturba la tranquilidad de los demás copropietarios, ya que los visitante molestarían e increparían a los conserjes y personal del edificio, reclamando por sus pagos de facturas, generando conflictos y malestar en los copropietarios, y, por otro, (ii) implica exceder la autorización entregada por la patente comercial, ya que ésta sólo autoriza una oficina administrativa de servicios eléctricos, sin atención de público, destinando sólo un 40% del inmueble al giro comercial, manteniendo como destino el habitacional.

En cuanto a la necesidad de hacer uso de la propiedad sin perturbar la tranquilidad y seguridad de los demás copropietarios, señala que el recurrente no cumple con lo estipulado en el reglamento de copropiedad que en la página 3, artículo segundo, foja N°13.834, indica: “El edificio será acogido a las disposiciones de la ley número diecinueve mil quinientos treinta y siete sobre copropiedad inmobiliaria y su reglamento, como también a las disposiciones del decreto con fuerza de ley número dos mil novecientos cincuenta y nueve sobre plan habitacional”. Adicionalmente, en el mismo documento, página 11, artículo quinto, foja N°13.838, se señala: “Cada propietario deberá hacer uso de su unidad en forma ordenada y tranquila. En consecuencia, no podrá emplearlo en actividades contrarias a la moral y buenas costumbres, ni ejecutar en aquellos actos que perturben la tranquilidad de los copropietarios, o que comprometa la seguridad, estética y salubridad del edificio”. Agrega, que en la página 11, artículo sexto, foja 13.838, se indica además: “Queda estrictamente prohibido a los propietarios u ocupante a cualquier título; b) ejecutar actos que perturben la tranquilidad de los demás propietarios u ocupantes del edificio…”.

Además de la normativa anterior, indica que también se estaría vulnerando el Decreto Supremo N°594, que aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, específicamente en el título III, pues nombre reservado mantendría materiales de trabajos no apropiados e inseguros para la comunidad como productos inflamables.

En cuanto a los límites de la autorización por la patente comercial, el recurrente señala que la patente comercial sin atención a público es una patente postal tributaria, para recibir correspondencia y ejercer una actividad comercial de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Renta, la que establecería como requisitos al obtener esta patente, entre otros, (i) el de no poseer atención a público, (ii) no almacenar mercadería, (iii) no poseer estacionamientos y (iv) no alterar el carácter residencial del barrio, los que no serían respetados por el recurrente.

CUARTO: La recurrida acompañó al proceso fotocopias de las hojas del Libre de Novedades del edificio: (i) hoja N°129 de fecha 7 de marzo de 2019; (ii) hoja N°130 de fecha 7 de marzo de 2019; (iii) hoja N°70 de fecha 8 de enero de 2019; (iv) hoja N°71 de fecha 16, 21, 28 y 29 de enero de 2019; (v) hoja N°73 de fecha 21 de febrero de 2019; y (vi) hoja N°77 de fecha 19 y 20 de marzo de 2019.

QUINTO: Que con fecha 8 de abril de 2019, el recurrente presentó un escrito informando a esta Corte, que desde la fecha de interposición de la presente acción constitucional, se habrían a su juicio verificado nuevas infracciones a las garantías constitucionales de su representado. Ello, atendido a que el presidente de la comunidad del edificio en la que se encuentran ubicados los inmuebles objeto de cautela habría autorizado verbalmente el acceso al estacionamiento y departamento del recurrente, pero que la administradora del edificio habría prohibido nuevamente el ingreso y permanencia a los mismos.

SEXTO: Que con fecha 26 de junio de 2019, comparece el Director Jurídico de la Ilustre Municipalidad de Santiago, informando, a través de Ordinario N°1436, al tenor de lo requerido por resolución de 24 de junio de 2019. Al efecto, la Municipalidad informó: (i) que de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 26 del D.L. 3063 el solicitante habría dado cumplimiento con todos los requisitos legales para los efectos del otorgamiento de la patente comercial otorgada; y (ii) que en relación a las restricciones derivadas de la patente comercial otorgada al lugar de desarrollo de las mismas correspondería: “El lugar en donde se desarrolla la actividad comercial, es un departamento que mantiene como destino el habitacional, atendido a que el giro comercial no supera el 40% de la superficie edificada del inmueble, por lo que no se requirió de la obtención o acuerdo previo de la asamblea de copropietarios conforme lo dispone el artículo 15° de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria”.

SÉPTIMO: La Ilustre Municipalidad de Santiago, acompañó al proceso copia íntegra del expediente administrativo relativo al otorgamiento de la patente comercial al señor nombre reservado.

OCTAVO: Que, para que proceda la presente acción constitucional, es necesaria la concurrencia copulativa de las siguientes circunstancias, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, y que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas.

NOVENO: Que en relación a hechos de los bienes inmuebles que menciona el recurrente la orden dada por la recurrida y que fuera estampada en el libro de novedades del edificio es del siguiente tenor: “Se informa que la empresa del Sr. nombre reservado no tiene permitido el ingreso a la comunidad de ningún tipo de vehículo, personas, proveedores, etc. Solo puede ser utilizada como oficina sin atención de personas. Atentamente. nombre reservado.”

Sobre la limitación de uso que la recurrida ordenó sobre el estacionamiento N°99 que arrienda el recurrente, aquella constituye una acción ilegal y arbitraria que infringe el derecho de igualdad ante la ley y la prohibición de no discriminación, por cuanto la recurrida impide el uso de un estacionamiento que el actor arrienda, menoscabando así su derecho, a diferencia de todos los demás usuarios de estacionamientos del edificio que pueden acceder a estos sin inconvenientes, no existiendo además proporcionalidad entre las eventuales molestias que el uso puede generar –que no constan en autos- y la prohibición absoluta de uso.

Por lo mismo, esta Corte acogerá la acción constitucional de cautela interpuesta, para remediar la perturbación constatada.

En relación a la prohibición de ingreso de personas al departamento que ocupa el actor, tal decisión también resulta arbitraria e ilegal. En efecto, la prohibición impide el acceso a “personas” sin distinción, adicionando “proveedores y vehículos”, lo que excede con creces las facultades de la Administración, por cuanto con ello se atenta gravemente a los derechos del actor quien se ve impedido de recibir en el departamento que ocupa a aquellas personas que en forma legítima pueden visitarlo. Si bien, no es posible soslayar que el actor no puede en el departamento que ocupa efectuar labores de “atención de público”, lo cierto es que el departamento también mantiene su destino habitacional, y conforme a ello el recurrente puede recibir personas que lo visiten, sin que ello pueda desvirtuarse por la circunstancia que la cónyuge del actor y dueña del departamento mantenga su residencia en otro lugar.

Así, la orden cuestionada es arbitraria porque los términos genéricos en que se dio carecen de razonabilidad, puesto que en el fondo, de mantenerse, solo queda permitido el acceso al propio recurrente, y además, resulta ilegal porque excede los márgenes en los cuales debe entenderse la prohibición de atención de público que afecta a la patente comercial que obtuvo el recurrente y que no puede ser otra que la sola atención de los clientes del servicio que ofrece el actor, considerando además que este ha cumplido con los requisitos que le ha exigido la Municipalidad.

DÉCIMO: Que el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, afecta el derecho del actor a no ser juzgado por comisión especial tutelado en el artículo 19 N° 3 de la Carta Política, pues, en el hecho la administradora de la comunidad ha juzgado por sí la conducta del actor y mediante un acto de autotutela lo ha sancionado prescindiendo de los órganos judiciales o de las autoridades fiscalizadoras a quienes puede recurrir si, en su concepto, la actividad que desarrolla el actor se realiza al margen de la ley.

UNDÉCIMO: Por lo anterior, procede adoptar las medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho.

Por las consideraciones anotadas y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y lo preceptuado en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del recurso de Protección, se acoge el recurso de protección interpuesto por la abogada Rossana Riveros Maturana, en favor de nombre reservado, sin costas y se deja sin efecto la orden dada por la recurrida y estampada en el libro de novedades que es del siguiente tenor: “Se informa que la empresa del señor nombre reservado no tiene permitido el ingreso a la comunidad de ningún tipo de vehículo, personas, proveedores, etc. Solo puede ser utilizada como oficina sin atención de personas”; y en consecuencia, debe permitirse al recurrente el uso del estacionamiento N° 99 y el acceso de personas al departamento N° 25 de domicilio reservado de Santiago, sin perjuicio de los derechos de la recurrida para denunciar los hechos que puedan constituir infracción a los términos en que se ejerce la actividad amparada por la patente comercial que ostenta el recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Fallo redactado por el abogado integrante Matías Mori Arellano.

N° Protección 18.683-2019.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Mireya López Miranda e integrada por el Ministro señor Tomas Gray Gariazzo y el Abogado Integrante señor Matías Mori Arellano. No firma el Abogado Integrante señor Mori, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.