Protección contra Ministro del Interior y Seguridad Pública

Santiago, dieciocho de agosto de dos mil veinte.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 23 de diciembre del año pasado comparece don nombre reservado, funcionario público, quien deduce acción de protección constitucional en contra del Ministro del Interior y Seguridad Pública, don Gonzalo Blumel Mac Iver, y del Director de la Oficina Nacional de Emergencia, don nombre reservado, por haber incurrido en una actuación que califica de arbitraria e ilegal, consistente en la dictación, por el primero de los citados, de la Resolución Nº 5.010, de 21 de agosto del año pasado, mediante la cual fue rechazado el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución Nº 726, de 23 de julio del mismo año, dictada por el Director de la ONEMI, que le impuso la medida de destitución, actuación que, en su concepto, infringe sus garantías constitucionales contempladas en los numerales 2º, 4º y 24º del artículo 19 de la Carta Fundamental, solicitando, en síntesis, que se deje sin efecto la resolución impugnada, decretando su absolución o, bien, una sanción proporcional al mérito del sumario administrativo. En subsidio de lo anterior, requiere que se retrotraiga el procedimiento y que se ordene a las recurridas dictar una nueva resolución que resuelva la absolución o una sanción inferior de acuerdo al mérito del procedimiento, con costas.

Expresa que desde noviembre del año 2014 se desempeña como Jefe de la División de Protección Civil de la Oficina Nacional de Emergencia -ONEMI-, organismo dependiente de la Cartera recurrida.

Añade que en marzo del año pasado, tomó conocimiento de una denuncia dirigida en su contra, razón por la cual, se ordenó la apertura de un sumario administrativo, en el que le fueron formulados dos cargos.

El primero de ellos consistió en: "Haber mantenido conductas constitutivas de acoso laboral, contrarias a la dignidad de las personas, las cuales se manifestaron en conductas de agresión y hostigamiento reiterado, provocando menoscabo, mal trato y humillación junto con amenazar y / o perjudicar la situación laboral o las oportunidades en el empleo de las victimas conforme se detalla…".

Respecto de este cargo, la recurrida consideró que las conductas en comento transgreden la letra c) del artículo 61 de la Ley 18.834, en orden a no realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, además de infringir la letra f) de la misma disposición, al transgredir en forma grave el principio de probidad. En tercer lugar, fue consignado que de acuerdo a la letra m) del artículo 84 de la citada ley, ha realizado un acto calificado como acoso laboral, según prevé el artículo 2º del Código del Trabajo, en relación al artículo 64 letra c) del denominado Estatuto Administrativo.

El segundo cargo consistió en “Haber realizado actos discriminatorios y de presión en contra de la funcionaria Doña nombre reservado, afectando su derecho a la maternidad e integridad psíquica, lo que se materializó en que ella debió renunciar a su cargo de jefatura de la Unidad de Análisis, Estudio y Cambio Climático, atendiendo a su calidad de madre, asumiendo esa función don nombre reservado. Dicha conducta se encuentra acreditada a fojas 244 a 247. Materializándose el hecho mediante Resolución Exenta N°288 de 2016 y Resolución Exenta N°64 de 2017, con fecha 30 de enero de 2017".

Al respecto, la autoridad estimó afectados los numerales 1º, 2º y 16º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en relación al artículo 1º de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el artículo 61 letra g) de la Ley 18.834, “al infringir gravemente el principio de probidad administrativa al no tener una conducta funcionaria moralmente intachable y no realizar una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado, el artículo 64 letra c) del mismo, que regula el desempeño de sus funciones con ecuanimidad y de acuerdo a instrucciones claras y objetivas de general aplicación, velando permanentemente para que las condiciones de trabajo permitan una actuación eficiente de los funcionarios y el artículo 84 letra 1), es decir, realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios”.

En suma, afirma, le han imputado infracción grave al principio de probidad administrativa, maltrato laboral y actos de discriminación contra la mujer.

Añade que presentó sus descargos, rindió probanzas y fue emitida la opinión fiscal, proponiéndose la sanción, por lo que el 26 de julio de 2019 fue notificado de la Resolución Nº 726, de 23 de julio del mimo año, que le impuso la medida disciplinaria de destitución.

Refiere que en contra de la precitada resolución, interpuso un recurso de reposición y en subsidio apelación, siendo ambos desestimados, el segundo por Resolución de 21 de agosto de 2019, signada con el Nº 5010, que confirmó la medida de destitución, notificándosele recién el 26 de noviembre del año pasado.

En cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad del acto, aduce que le ha sido impuesta la sanción más grave teniendo como único elemento de cargo testimonios, sin que exista otro antecedente que dé cuenta de los reproches.

Respecto a la supuesta discriminación a una mujer, esgrime que sólo se sustentó en una percepción de la afectada, quien además señaló que el problema fue solucionado, por lo que advierte una incongruencia al tener por acreditado el acto de discriminación, atendido que por los propios dichos de la afectada aquella nunca existió.

Por otra parte, considera que se ha efectuado una interpretación extensiva y por ende prohibida de las reglas que regulan el principio de probidad administrativa, al aplicarle la sanción más grave en un caso que no reviste la gravedad, lesividad y reiteración como para dar lugar a la más severa sanción disciplinaria.

Añade que al efectuarse una interpretación extensiva por ejemplo del artículo 62 de la Ley Nº 18.575, como se hizo, se ha infringido el principio de legalidad, conforme a los artículos 6º, 7º y 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República.

Asimismo, considera que ha sido vulnerado el principio de proporcionalidad, reiterando que se trata de hechos que no se encuadran en el ilícito de infracción grave al principio de probidad administrativa.

Solicita, en definitiva, que se acoja la presente acción, dejando sin efecto la resolución recurrida, absolviéndolo o bien fijando una sanción proporcional o, en subsidio, se ordene retrotraer el procedimiento, ordenando a los recurridos dictar una nueva resolución, en la cual se resuelva la absolución o una sanción menor respecto de los hechos acreditados y conforme al mérito del procedimiento disciplinario, con costas;

SEGUNDO: Que mediante resolución de 26 de diciembre del año pasado se declaró admisible el recurso interpuesto y se requirió el informe de rigor a las recurridas;

TERCERO: Que con fecha 15 de enero de este año, en representación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, informa el abogado don Carlos Flores Larraín, quien solicita el rechazo, con costas, de la presente acción cautelar.

Refiere, en primer lugar, que el actor se dirige en contra de dos autoridades e impugna dos actos administrativos, en circunstancias que ninguno de ellos es un acto terminal del procedimiento administrativo.

Aclarando sus dichos, explica que mediante la Resolución Exenta N° 281, de 21 de marzo de 2019, la Dirección Nacional de la ONEMI, instruyó sumario administrativo para esclarecer eventuales responsabilidades administrativas, con motivo de denuncias de acoso laboral presentadas por dos funcionarias de ese servicio, procedimiento en el que se logró establecer la existencia de responsabilidad administrativa del actor, lo que determinó imponerle la medida de destitución, conforme a la Resolución Exenta N° 726, de 23 de julio de 2019 de la ONEMI, atendido lo dispuesto en los artículos 121 letra d) y 125 de la Ley N° 18.834. Agrega que en contra de dicha resolución, el recurrente interpuso recurso de reposición con apelación subsidiario ante la misma autoridad, la que desestimó el primero de tales arbitrios por considerar que los hechos materia de los cargos fueron debidamente acreditados, que se ponderaron como graves las conductas reprochadas y, asimismo, que el recurrente no entregó nuevos argumentos ni antecedentes en su impugnación que justificaran modificar la resolución recurrida en orden a suprimir o disminuir la sanción, remitiendo los antecedentes al Ministerio recurrido para pronunciarse sobre la apelación subsidiaria, la que fue resuelta el 21 de agosto de 2019, mediante Resolución Exenta Nº 5.010, que rechazó el recurso, por no existir antecedentes que permitieren alterar lo decidido por el Director de la ONEMI. Finalmente, aduce que por Resolución Nº 10 de 3 de diciembre de 2019, el Director de la ONEMI aplicó al recurrente la medida disciplinaria de destitución, tomándose razón de ello el 8 de enero de este año por la Contraloría General de la República.

Precisado lo anterior, alega la improcedencia de la acción de protección, por no ser la vía idónea para los fines perseguidos por el recurrente, en razón de que existe un procedimiento de reclamo especial ante el órgano Contralor en caso que se adviertan posibles vicios de legalidad que afecten los derechos del funcionario.

De igual modo, indica que la acción es improcedente por no haberse impugnado un acto terminal no siendo los objetados susceptibles de reproche judicial.

Por otra parte, manifiesta que su parte no ha incurrido en ningún acto arbitrario e ilegal, dado que la Resolución Exenta N° 5.010, de 21 de agosto de 2019, del Ministro del Interior y Seguridad Pública, emanó de autoridad competente, en el uso de sus facultades legales y al amparo de circunstancias calificadas, desde que como se dijo anteriormente, el acto en cuestión sorteó el trámite de la toma de razón, unido al hecho que no ha realizado una interpretación extensiva del principio probidad, por cuanto, el precepto legal no es numerus clausus, siendo la medida adoptada proporcional a los hechos en que incurrió el actor.

Por lo expuesto, entiende que su representado no ha afectado las garantías constitucionales a que alude el recurrente, por cuanto no advierte la discriminación que acusa, ni afectación a la honra, añadiendo respecto al derecho de propiedad, que no existe un dominio sobre la estabilidad en un cargo público;

CUARTO: Que, a su turno, con fecha 17 de enero de este año informó también don nombre reservado, Director de la ONEMI, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional.

Alega, en primer lugar, incompetencia respecto a la dictación de la Resolución Exenta Nº 5.010, de 21 de agosto de 2019, que fue pronunciada por el Ministro del Interior, por lo que, el acto que se acusa de arbitrario e ilegal escapa a su competencia, alegando no tener legitimidad pasiva.

En segundo término, señala que la precitada resolución no es el acto terminal, en razón a que de acuerdo al artículo 142 del Estatuto Administrativo, una vez que se resuelve el recurso de apelación confirmando la resolución impugnada, el expediente se devuelve a la autoridad para que dicte el acto administrativo correspondiente, el que fue pronunciado por ese Servicio el 3 de diciembre de 2019, mediante la Resolución Nº 10, que constituye finalmente el acto terminal del sumario administrativo, el que fue tomado de razón el 7 de enero de 2020, a través del oficio Nº 227, del año 2020.

Luego, afirma que el conocimiento de este asunto debió ser promovido ante la Contraloría General de la República según prevé el artículo 160 del Estatuto Administrativo.

En cuanto al fondo del recurso, indica que se le tomó declaración a diez funcionarios que se encontraban bajo dependencia del recurrente, de los cuales cinco acusaron haber sufrido conductas por su parte, constitutivas de acoso laboral y dos de ellos -nombre reservado y nombre reservado-, que estuvieron bajo su subordinación, declararon lo mismo. Dichos testimonios se encuentran contenidos en el expediente sumarial, y debidamente especificados en la resolución.

Entiende que en la Resolución Exenta N° 726, del año 2019, cuenta con la debida fundamentación para imponer la medida de destitución. Sobre el particular, precisa al efecto que en el expediente administrativo figura un certificado médico que da cuenta que la paciente nombre reservado se encuentra en tratamiento médico por cuadro mixto de ansiedad, depresión y problemas emocionales, entre otros, por los problemas en el trabajo con su jefe directo. Otra funcionaria de nombre nombre reservado, renunció, a su vez, por la discriminación que sufrió a causa de su maternidad.

Expresa que el recurrente comete dos errores al alegar que la autoridad realiza una interpretación extensiva a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 18.575, en cuanto se habría infringido el principio de legalidad por no encontrarse tipificada la conducta de acoso laboral como una infracción grave al principio de probidad, atendido que en primer lugar, el citado artículo 62 utiliza la expresión “especialmente”, lo que denota que la numeración no es taxativa, pudiendo justificarse otros casos como contrarios a la probidad administrativa. En segundo término, dado que el principio de tipicidad consagrado en materia penal, no tiene la misma aplicación en el campo administrativo, toda vez que el ejercicio de la potestad punitiva del superior jerárquico de un servicio, o la cautela del correcto desempeño de los funcionarios, no se expresa a través de un catálogo de conductas ilícitas, sino que por intermedio de un catálogo de deberes, prohibiciones y obligaciones, Añade que las conductas acreditadas vulneraron la integridad psíquica de los funcionarios que estaban a su cargo, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 N° 1 de la Constitución. A su vez, su actuar en contra de la Sra. nombre reservado infringe el artículo 19 N°2 de la Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación en contra de la Mujer y la Ley 20.609, que establece medidas en contra de la discriminación.

En ese contexto, refiere que la lesividad de las conductas del actor es clara conforme a las denuncias, declaraciones de los funcionarios que reseña, certificado médico de una de las afectadas y una serie de resoluciones administrativas.

En razón de lo anterior, gravedad de los hechos y reiteración de las conductas, la sanción impuesta, sostiene, no resulta desproporcionada;

QUINTO: Que con fecha 22 de enero de 2022 se trajeron estos autos en relación y el 30 de julio del año en curso se procedió a la vista de la causa, con intervención del apoderado del recurrente y del apoderado de ONEMI;

SEXTO: Que, ahora bien, en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

SÉPTIMO: Que, consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

OCTAVO: Que para una mejor y más acertada inteligencia del asunto sometido al conocimiento de esta Corte, conviene relevar que son hechos del proceso administrativo, seguido en contra del actor, los siguientes:

a).-Mediante Resolución Exenta N° 281, de 2019, de la Dirección Nacional de la Oficina Nacional de Emergencia, se dispuso la instrucción de un sumario administrativo en contra del recurrente, con la finalidad de determinar su eventual responsabilidad, derivada de las denuncias por acoso laboral presentadas por las funcionarias nombre reservado y nombre reservado.

b).- En virtud de los antecedentes recabados se formularon a don nombre reservado, Jefe de la División de Protección Civil de la Oficina Nacional de Emergencia, los siguientes cargos:

1.- Haber mantenido conductas constitutivas de acoso laboral, contrarias a la dignidad de las personas, las cuales se manifestaron en agresión y hostigamiento, provocando menoscabo, maltrato y humillación, junto con amenazar y/o perjudicar la situación laboral o las oportunidades en el empleo de las víctimas. Sustentaron este cargo cuatro tipo de conductas detalladamente descritas en perjuicio de a lo menos ocho funcionarios que se mencionan. Las mismas se consideraron transgresoras de las obligaciones funcionarias descritas en los literales c) y g) del artículo 61 de la Ley 18.834 y de la prohibición prevista en el inciso segundo del artículo 2 del Código del Trabajo, en relación a lo dispuesto en los artículos 84 letra m) y 64 letra c) de la Ley 18.834.

2.- Haber realizado actos discriminatorios y de presión en contra de la funcionaria doña nombre reservado, afectando su derecho a la maternidad e integridad psíquica, lo que se materializó en que la señalada funcionaria debió renunciar a su cargo de Jefatura de la Unidad de Análisis, Estudio y Cambio Climático, atendiendo a su calidad de madre. Su comportamiento se consideró infractor de las obligaciones funcionarias descritas en el literal g) del artículo 61 y en la letra l) del artículo 84 de la Ley 18.834; de la prohibición prevista en el inciso segundo del artículo 2 del Código del Trabajo, en relación a lo dispuesto en los artículos 84 letra m) y 64 letra c) de la Ley 18.834; y de los derechos garantizados a todas las personas en los numerales 1°, 2° y 16° del artículo 19 de la Carta Fundamental y en el artículo 1 de la Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación en contra de la Mujer.

c).- Habiendo el sumariado presentado sus descargos, el fiscal decidió mantener los cargos formulados, proponiendo la aplicación de la medida de destitución, prevista en el artículo 121 letra d) de la Ley 18.834, propuesta que fue acogida por el Director Nacional de la Oficina Nacional de Emergencia, quien dictó al efecto la Resolución Exenta N° 726, de 23 de julio de 2019.

d).- De conformidad a lo establecido en el artículo 141 de la Ley 18.834, el recurrente impugnó la Resolución Exenta N° 726 mediante reposición y apelación. Desechado el primer arbitrio mediante Resolución Exenta N° 809, de 8 de agosto de 2019, el Ministro del Interior y Seguridad Pública rechazó también el recurso de apelación por Resolución Exenta N° 5010, de 21 de agosto de 2019;

NOVENO: Que ahora bien, pese a la poca claridad que exhibe el libelo pretensor en orden a individualizar el acto contra el que recurre, efectuando una lectura generosa de la citada presentación es posible colegir que no es uno el acto impugnado sino que ellos son dos, esto es, la Resolución Exenta N° 726, de 23 de julio de 2019, pronunciada por el Director Nacional de la Oficina Nacional de Emergencia y la Resolución Exenta N° 809, de 8 de agosto de 2019, del Ministro del Interior y Seguridad Pública, que rechazó el recurso de apelación formulado en contra de la anterior;

DÉCIMO: Que, enseguida, conviene entonces detenernos ahora en los reproches que se formulan a ambas decisiones, para tildarlas de ilegales y/o arbitrarias. Pues bien, tales objeciones se hacen consistir, en síntesis, en la ponderación de la prueba rendida en el sumario administrativo, la que el recurrente considera feble; en la supuesta transgresión del principio de legalidad, al hacer una interpretación supuestamente extensiva del artículo 62 de la Ley 18.575; y en una eventual transgresión del principio de proporcionalidad, puesto que, en su concepto, las conductas establecidas no serían constitutivas de una infracción grave al principio de probidad administrativa;

UNDÉCIMO: Que el tenor del sumario administrativo, tenido a la vista, y principalmente la parte considerativa de la Resolución Exenta N° 726, de 23 de julio de 2019, permite descartar desde ya cualquier reclamo acerca de la ponderación de la prueba llevada a efecto tras concluir la investigación, la que en todo caso escapa del control de legalidad que es posible efectuar a esta Corte por esta vía. No obstante ello, no puede soslayarse que los hechos establecidos y que corroboran los cargos formulados en contra del recurrente, lo fueron tras valorar numerosos testimonios de funcionarios que dando razón de sus dichos, describieron las conductas precisamente descritas en las imputaciones, elemento probatorio que por lo demás fue corroborado también con el mérito del certificado médico extendido a doña nombre reservado y de todos los demás antecedentes que fueron solicitados por el fiscal a la Jefatura de la División Administrativa;

DUODÉCIMO: Que en lo que atañe, a continuación, a la denuncia de vulneración al principio de legalidad, una vez asentados los hechos descritos en los cargos aparece conveniente recordar las obligaciones funcionarias que se establecieron incumplidas por el actor y, asimismo, las prohibiciones del mismo carácter en que se le consideró incurso.

En este orden de ideas, el artículo del artículo 61 de la Ley 18.834 estatuye: “Serán obligaciones de cada funcionario:… c) Realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución… g) Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado”.

A su turno, el artículo 64 de la aludida normativa establece: “Serán obligaciones especiales de las autoridades y jefaturas las siguientes:… c) Desempeñar sus funciones con ecuanimidad y de acuerdo a instrucciones claras y objetivas de general aplicación, velando permanentemente para que las condiciones de trabajo permitan una actuación eficiente de los funcionarios”.

Por su parte, el artículo 84 letra m) del mismo texto prevé: “El funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones:… l) Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo, y la discriminación arbitraria, según la define el artículo 2º de la ley que establece medidas contra la discriminación, y m) Realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso segundo del artículo 2° del Código del Trabajo”;

DÉCIMO TERCERO: Que, por su parte, el artículo 52 de la Ley 18.575 expresa que el principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

Agrega la norma: “Su inobservancia acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el párrafo 4º de este Título, en su caso”.

Luego, el artículo 62 de la normativa que se revisa refiere que “Contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, las siguientes conductas:…”. Tal como se lee, tal precepto no enumera taxativamente las conductas que pueden y deben entenderse contrarias a la probidad administrativa y, en tal entendido, no incurren en ilegalidad alguna las autoridades recurridas cuando consideran que el acoso laboral y la discriminación que ejerció el recurrente en contra de varios funcionarios a su cargo, aplica con carácter de gravedad precisamente a la falta en referencia.

En efecto, si bien el artículo 84 letra m) del Estatuto Administrativo alude al inciso segundo del artículo 2° del Código del Trabajo para dilucidar lo que ha de entenderse por acoso laboral y al artículo 2 de la Ley 20.609, para esclarecer en que consiste la discriminación, no puede olvidarse que ha sido el propio constituyente el que ha proscrito tales conductas cuando en el artículo 19 de la Carta Fundamental, en su numeral 1°, asegura a todas las personas el derecho a la integridad psíquica y prohíbe, en el numeral 2°, toda diferencia arbitraria;

DÉCIMO CUARTO: Que conforme se viene reflexionando, estima esta Corte que evidentemente actos de acoso laboral y de discriminación ilegítima en contra de funcionarios a cargo de una autoridad o jefatura, le hacen incurrir a ésta en una grave contravención al principio de probidad administrativa y, esclarecido lo anterior, desechando con tal conclusión el segundo motivo en que se asienta el recurso, en relación ahora, a la proporcionalidad de la sanción, se dirá únicamente que la medida disciplinaria de destitución se adoptó tomando en cuenta la gravedad de las faltas cometidas y la circunstancia agravante que arrojó el mérito de los antecedentes, al amparo de lo previsto en el artículo 121 de la ley 18.834, motivo por el cual, tal alegación deberá, por cierto, ser también desechada;

DÉCIMO QUINTO: Que en estas circunstancias y por todos los motivos que se han intentado desarrollar en los fundamentos que anteceden, no procede si no desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra del Ministro del Interior y Seguridad Pública y del Director de la Oficina Nacional de Emergencia, sin costas.

Redacción de la Ministro Sra. Villadangos.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° 186.751-2019.- Pronunciada por Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada por la Ministra señora María Soledad Melo Labra y por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich.

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