Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de enero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Comparece Judith Amelia Urzúa Arriaza, abogada, en favor de nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la dictación de la Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 17 de julio de 2025, que rechaza la solicitud de reconocimiento de la calidad de refugiado del recurrente.

Menciona que el afectado solicitó al órgano recurrido el reconocimiento de su condición de refugiado en el año 2021. El Servicio Nacional de Migraciones, el 17 de julio de 2025, rechazó la solicitud de refugio del señor nombre reservado mediante la Resolución Exenta N° NUM000.

Afirma el recurrente que este rechazo carece de justificación adecuada en términos legales y fácticos, a pesar de que el solicitante posee documentación que respalda su condición de refugiado. Añade que el análisis de la resolución de rechazo es "antojadizo", omitiendo o minimizando lo expuesto por el representado, quien se vería expuesto a graves riesgos si regresa a Venezuela, un Estado incapaz de dar seguridad.

Comenta que el afectado sufrió tormento, persecución, acoso y extorsión por grupos delictivos, especialmente por el grupo de "nombre reservado", una banda peligrosa en Venezuela que el Estado no ha desbaratado y que ha forzado la migración de muchos venezolanos. Dicha banda ha expandido su control en el estado Zulia, de donde es originario el afectado y en todo el territorio.

Alega que existe una desprotección por parte del Estado Bolivariano de Venezuela en cuanto a la seguridad de sus nacionales, forzando la migración del representado y de otros nacionales.

Agrega que la banda que extorsionó al recurrente comete, además de la extorsión, asesinatos en masa y secuestros.

Explica que el sujeto que amenazó al afectado y su familia tiene el control total del municipio donde residía la familia y se ha expandido sin reparo de las autoridades venezolanas. Indica que el recurrente denunció los acosos, pero no hubo resultados, ya que la banda actúa a plena vista del Estado sin sanciones.

Expresa que la argumentación de la Resolución atacada se enfoca en cuestiones señaladas por el recurrente, pero omitió otras, interpretando que el señor nombre reservado es punto de extorsión solo por ser parte de la familia o la empresa familiar, lo cual no es del todo cierto. Añade que las empresas familiares fueron forzadas a desaparecer de la región por no ceder a las presiones de la banda, lo que lamentablemente resultó en el asesinato del único familiar que operaba estas empresas en Venezuela, quien era tío del afectado.

Sostiene que la autoridad recurrida reconoce un hecho de violencia, pero lo minimiza o sectoriza sin justificación, a pesar de que el solicitante presentó antecedentes que demuestran que su vida corre peligro en su país de origen. La resolución es arbitraria e ilegal, ya que sus argumentos se contradicen y parten de una premisa sin soporte lógico, como el hecho de que el extranjero no correría peligro en otra región de su país de origen.

Alega que la Resolución Exenta N°NUM000, de 17 de julio de 2025, rechaza la solicitud de refugio argumentando falta de antecedentes suficientes, sin otorgar un plazo razonable para subsanar la documentación, como lo exige el artículo 31 de la Ley N° 19.880, careciendo de fundamentos claros. Añade que se observa una diferencia de trato arbitraria, ya que otros solicitantes en condiciones similares han recibido oportunidades para complementar o corregir sus antecedentes, lo que vulnera el derecho a la igualdad ante la ley. Expone que el afectado pertenece a un grupo reconocido internacionalmente como especialmente vulnerable debido a la crisis humanitaria en Venezuela, lo que impone a las autoridades migratorias el deber de aplicar las normas de manera más favorable (principio pro homine).

Plantea que, si el recurrente enfrenta un riesgo serio para su vida o integridad por la violencia y extorsión en su país, el rechazo de su solicitud de refugio implica una falta de protección ante una amenaza inminente, vulnerando su derecho a vivir en un entorno seguro.

Considera el recurso que la Resolución Exenta N°NUM001 presenta graves vicios de legalidad al infringir los artículos 10, 31 y 41 de la Ley N° 19.880. Reitera que la recurrida omitió otorgar un plazo para subsanar o complementar antecedentes. Añade que, al no permitir la presentación de descargos o antecedentes adicionales, se le negó el derecho a ser oído, transgrediendo el principio de contradicción del artículo 10 de la Ley N°19.880; además, estima el recurrente que la resolución adolece de una grave falta de fundamentación, en infracción al artículo 41 de la Ley N° 19.880, limitándose a enunciados genéricos que impiden al afectado comprender las razones del rechazo.

Menciona que Chile es parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, obligando al Estado a su cumplimiento de buena fe. Expone que Chile no puede invocar su derecho interno para justificar el incumplimiento de tratados internacionales. Agrega que la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984 amplía el concepto de refugiado a quienes han huido porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. La violencia generalizada incluye situaciones de conflicto armado o de violencia que, aunque no sean bélicas, obligan a grandes grupos de población a buscar protección fuera de sus países.

Afirma que don nombre reservado ha sido víctima de una situación de violencia donde el Estado ha omitido su deber de protección, afectando a la población por grupos criminales organizados.

Refiere que el artículo 10 de la Ley N° 20430 remite al derecho internacional de los derechos humanos y a la Convención de 1951 como normas de interpretación de sus disposiciones.

Señala que el artículo 19 de la Ley N° 21325 establece que los residentes podrán solicitar la reunificación familiar con sus parientes, debiendo el Estado promover la protección de la unidad familiar. Explica que el afectado mantiene vínculos familiares directos y acreditados en Chile, residiendo junto a él su papá, su mamá y sus hermanos, quienes tienen residencia definitiva. Sostiene el recurso que el ente recurrido no ha considerado el vínculo familiar, lo que obliga al Estado chileno a no ser causante de obstáculos injustificados.

Finaliza solicitando se acoja el recurso, se deje sin efecto la Resolución Exenta N° NUM000 de fecha 17 de julio de 2025 y se instruya al Servicio Nacional de Migraciones reanudar la tramitación de la solicitud de refugio y dictar un acto administrativo con estricto apego a derecho, o se considere al afectado habilitado para presentar una solicitud de protección complementaria, con costas.

Segundo: Que, evacuando informe, el Servicio Nacional de Migraciones solicita el rechazo del recurso.

Menciona que el extranjero recurrente ingresó a Chile por un paso no habilitado el 17 de enero de 2021. Posteriormente, con fecha 25 de enero de 2021, el extranjero formalizó su petición de refugio ante la Sección de Refugio y Reasentamiento, conforme a lo establecido en la Ley N° 20.430 y su Reglamento (Decreto N° 837). Al ingresar al procedimiento de refugio y, por ende, a la protección internacional del Estado de Chile, se realizaron diversas diligencias para determinar su condición, otorgándosele en varias oportunidades prórrogas de visas temporarias hasta la conclusión del procedimiento administrativo. Dentro de estas diligencias, se encuentra la entrevista de elegibilidad para informar las circunstancias de su llegada y los fundamentos para solicitar el reconocimiento de su condición de refugiado, dando cumplimiento al artículo 30 de la Ley N° 20.430.

Expresa el Servicio que, tras la entrevista, la Secretaría Técnica de la Sección de Refugio elaboró un informe técnico, teniendo a la vista las declaraciones del solicitante, la información del país de origen y demás antecedentes, en el cual propuso a la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado el rechazo de la solicitud. Esto se hizo en cumplimiento del artículo 24 de la Ley N° 20.430, que establece que el jefe del Departamento de Extranjería y Migración dispondrá de una Secretaría Técnica que asistirá a la Comisión en sus decisiones sobre el otorgamiento de protección internacional.

Indica que, mediante la Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 17 de julio de 2025, el nombre reservado resolvió rechazar la solicitud del recurrente. El rechazo se fundamentó en que el extranjero no se encuentra bajo ninguna de las situaciones previstas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, ni en las hipótesis previstas en el artículo 2 de la Ley N° 20.430 o su Reglamento. Agrega que, mediante los mismos actos, se reservaron al extranjero los recursos administrativos de reposición y jerárquico, establecidos en el artículo N° 43 de la Ley N° 20.430, para ser interpuestos dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación, en caso de recurrir contra la decisión adoptada. Habiendo sido notificado del rechazo, el extranjero no interpuso los recursos administrativos correspondientes. Añade que la autoridad migratoria no ha dictado alguna orden de abandono, expulsión u otra sanción migratoria que amenace, perturbe o conculque la libertad personal del recurrente.

Expone el Servicio que la normativa aplicable es la Ley N° 20.430 y su Reglamento (D.S. N° 837), para determinar si la situación fáctica del extranjero se enmarca dentro del concepto de refugiado recogido en el artículo 2 de la Ley N° 20.430. La institución del refugio se aplica para el amparo de extranjeros respecto de los cuales exista un riesgo grave y actual de afectación de su vida o seguridad si retornan a su país de origen, lo que hace intolerable la vida en este último. Se enfatiza que no cualquier tipo de violencia, agresión o amenaza hace procedente la protección internacional, sino que deben cumplirse presupuestos específicos.

Refiere que con fecha 20 de febrero de 2024 se publicó y entró en vigencia la Ley N° 21.655, que modificó la Ley N° 20.430 para establecer una etapa inicial del procedimiento de determinación de la condición de refugiado, introduciendo cambios importantes a la tramitación y nuevos requisitos de admisibilidad y formalización. Sin embargo, dado que el extranjero presentó su solicitud con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley N° 21.655, rige a su respecto la normativa migratoria vigente a esa época.

Asevera que el artículo 36 bis del Reglamento de la Ley N° 20.430 disponía que el procedimiento iniciaba con la entrega del formulario de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado en Chile. Para ser considerado solicitante de refugio, el extranjero debía formalizar su solicitud en los términos del inciso 2 del artículo 1 del Reglamento de la Ley N° 20.430. La formalización de la solicitud debía realizarse en cualquier oficina de la Sección de Refugio y Reasentamiento del Servicio Nacional de Migraciones o de sus Direcciones Regionales, de forma personal y presencial por el interesado. En consecuencia, la sola manifestación de voluntad de solicitar refugio por cualquier medio no permitía iniciar el procedimiento si no se realizaba conforme a las normas reglamentarias.

Explica que el procedimiento iniciaba, por regla general, con el formulario entregado de manera personal en las dependencias de la Sección de Refugio y Reasentamiento. Asimismo, el artículo 8º del Reglamento de la Ley N° 20.430 indica que los extranjeros que ingresen de manera clandestina y deseen formalizar su solicitud podrán hacerlo sin perjuicio de la infracción cometida, presentándose ante la Policía de Investigaciones dentro del término de 10 días, a objeto de alegar una razón justificada. No obstante, esto no obstaculiza que los extranjeros pudieren acceder a la entrega del formulario por parte de la autoridad, con la sola manifestación de voluntad de solicitar la formalización del procedimiento.

Asevera que, mediante Resolución Exenta N° NUM002 de fecha 11 de mayo de 2023, la autoridad migratoria aprobó el "Manual de Procedimiento Administrativo del Departamento de Refugio y Reasentamiento del Servicio Nacional de Migraciones", que regula la atención de las personas que manifiesten la intención de iniciar una solicitud. El procedimiento de reconocimiento se iniciaba con la formalización de la solicitud, a aquellos extranjeros que se presentaran manifestando su intención. Posterior a la recepción del formulario y el inicio del procedimiento, la autoridad migratoria verificaba y comunicaba que el extranjero había presentado todos los documentos requeridos por la Ley de Refugio y su Reglamento para dar curso a la solicitud. Para dar principio a la formalización, se requiere que el interesado hubiere manifestado su voluntad de iniciar una solicitud. Si la manifestación fue por escrito y consta en registros, el interesado sería citado a dependencias del Departamento de Refugio y Reasentamiento o Dirección Regional para la entrega del formulario. Al momento de ser atendido, se le entregaba al solicitante el formulario para formalizar su solicitud, sin importar los documentos que presentara, o requisitos formales como la denuncia por ingreso irregular. El funcionario encargado debía informar al solicitante los requisitos documentales y formalidades a cumplir. Una vez recibido el formulario completado y firmado, el funcionario debía verificar que la solicitud cumpliera con todos los requisitos formales, creando un perfil del solicitante en el Registro Nacional de Extranjeros. Los documentos requeridos son aquellos acordes al artículo 25 de la Ley de Refugio y el artículo 37 del Reglamento, que incluye diversos datos personales y de la solicitud. En caso de que el solicitante no pueda acreditar su identidad, la solicitud se extenderá con el nombre que señale, previo registro de filiación en el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Si la solicitud no cumplía con algún antecedente formal, se otorgaría al interesado un plazo de 10 días hábiles para acompañar los antecedentes faltantes, mediante una Comunicación Electrónica, con el fin de respetar los estándares mínimos del debido proceso y excluyendo cualquier examen previo de admisibilidad. Conforme al artículo 31 de la Ley N° 19.880, aplicable supletoriamente, la comunicación que otorgue plazo para entregar los documentos faltantes se realizará bajo apercibimiento de tener la solicitud por desistida en caso de no cumplir.

Si la solicitud cumple con todos los requisitos y formalidades, se comunicará al interesado que se dará curso a su solicitud, teniéndose por formalizada, y se señalará la forma en que podrá acceder al estampado electrónico del permiso de residencia temporal, todo por correo electrónico.

Reitera que la Resolución Exenta N° NUM000, del 17 de julio de 2025, del nombre reservado, rechazó la solicitud de refugio, lo cual fue comunicado mediante Oficio Ordinario N° NUM003, del 21 de julio de 2025.

El rechazo se fundamentó en que no fue posible concluir que el extranjero hubiere huido de su país de origen debido a que su vida, seguridad o libertad hayan sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos ni otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público, por lo que no se configuró la causal del artículo 2 N° 2 de la Ley N° 20.430. Añade la recurrida que, según el propio relato del solicitante, el motivo para emigrar correspondía a amenazas de una banda criminal llamada "nombre reservado", la cual se dedicaba a amedrentar a comerciantes, productores agrícolas, de productos marítimos y pescadores para obtener lucro económico. Destaca el Servicio que el solicitante es abogado, un perfil profesional fuera de la esfera de personas a las que esta banda extorsionaba. Añade el informe que, al momento de las amenazas, el solicitante era hijo de personas con empresas de comercialización de productos marítimos, y todos sus familiares se encontraban en Chile, por lo que su empresa no estaba operativa. Debido a que no tenía el perfil buscado por la banda ni conexiones con el comercio marítimo, afirma la recurrida, se determinó una probabilidad razonable de que el extranjero no volviese a ser blanco de este grupo. Así, prosigue el informe, la Secretaría Técnica estimó que no era posible establecer la existencia de persecución en los términos previstos en la Convención de 1951 y el artículo 2, numeral 1 y 2, de la Ley N°20.430.

Asevera que, considerando los antecedentes, la información disponible en el país de origen y, especialmente, la falta de un hecho de violencia reciente y cercano a la fecha de su salida que acreditase que la vida, seguridad o libertad del recurrente hubieran sido amenazadas por las circunstancias mencionadas en el artículo 2 N° 2, la autoridad entendió que no se verificó ninguna de las hipótesis de dicho artículo.

Afirma el Servicio que la resolución atacada fue dictada por la autoridad competente, en la esfera de sus atribuciones y con estricto apego al ordenamiento jurídico vigente, y no se puede reconocer la condición de refugiado al recurrente por no cumplir con los requisitos legales.

Tercero: El recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Cuarto: De los antecedentes proporcionados por los litigantes, se puede desprender que el acto recurrido, esto es la Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 17 de julio de 2025, dictada por el nombre reservado, que rechazó la solicitud de refugio deducida por el recurrente se ajustó a la normativa vigente a la época de su presentación, toda vez que el organismo encargado de verificar la efectividad de los supuestos fácticos que ameritaban conceder esa condición no concurrían en la especie.

En efecto, después del procedimiento administrativo que contempla la Ley N° 20.430 para estos casos, esto es la entrevista de rigor con el compareciente y recopilación de demás antecedentes, la Secretaría Técnica de la Sección de Refugio elaboró un informe técnico teniendo a la vista las declaraciones del solicitante, sugiriendo a la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado el rechazo de la solicitud del extranjero, pues este no se encontraba bajo ninguna de las situaciones previstas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, ni en las hipótesis previstas en el artículo 2 de la Ley N° 20.430 o su Reglamento.

Quinto: Por otra parte, en lo medular, en la Resolución N° NUM000, antes citada, objeto de esta acción cautelar, en los considerandos signados como letras c), d) y e), el Sr. nombre reservado explica justificadamente las razones por lo cual -en su concepto- no concurren en la especie las causales de los numerales 1 y 2 del artículo 2 de la Ley N° 20.430, para conferir al recurrente la condición de refugiado.

De lo anterior, puede entonces inferirse que dicho acto administrativo - contrariamente a lo señalado por el recurso- sí se encuentra suficientemente fundado, pues se hace cargo del relato que expuso el compareciente, pero lo desestima, al no revestir las circunstancias que exigen las normas precitadas.

En tales circunstancias, el presente recurso, más que alegar una supuesta falta de fundamentación, lo que en rigor pretende es restarle mérito al razonamiento vertido en dicha resolución por la autoridad migratoria, transformando entonces esta vía en una suerte de segunda instancia, lo que -por cierto- es ajeno a la naturaleza de un recurso de protección.

Sexto: Aunado a lo anterior, la decisión de la autoridad recurrida podía hacer sido objeto de los recursos de reposición y jerárquico, conforme al artículo 43 de la Ley N° 20.430, los que el recurrente no interpuso y que la misma resolución recurrida le advirtió, en lo resolutivo.

Séptimo: Corolario de lo que se ha venido razonando, la presente acción constitucional, al no ser el acto administrativo que se ha impugnado ilegal ni arbitrario, debe ser rechazada, siendo innecesario pronunciarse sobre las garantías constitucionales que se estiman vulneradas.

Por las consideraciones precedentes, más lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas. el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del ministro Tomás Gray.

N°Protección-18659-2025.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno e integrada por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo y por la abogada integrante señora Catalina Infante Correa.