Protección contra Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e I

Santiago, veintisiete de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que mediante formulario manuscrito doña nombre reservado, presentó recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la Resolución Exenta N°R-01-UNAAD-121499-2024, de fecha 31 de julio de 2024, que rechazó recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-90175-2024 de fecha 7 de junio de 2024, por el rechazo de las licencias médicas N°s 84647217-7, 85200108-9, 86004282-7, 86265002-6, extendidas por un total de 62 días, a contar del 08 de abril de 2023, por reposo no justificado.

Añade que se encuentra actualmente trabajando desde su última licencia médica.

Pide que se deje sin efecto la resolución indicada y que se dé curso al pago de las licencias médicas.

SEGUNDO: Que comparece don Francisco Ortega Bello, abogado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social.

Alega, en primer lugar, que la presente acción debe ser rechazada por ser improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En cuanto al fondo, refiere que de acuerdo con las normas pertinentes de los artículos 149 y 156 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y artículos 1º y 21° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral y los profesionales médicos de esa Superintendencia analizaron los elementos del caso en concreto, concluyendo que estos por si solos son más que suficientes para formarse una convicción médica, sin ser indispensable para su decisión la solicitud nuevos informes médicos.

Sostiene que la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados.

Afirma que, en el caso del recurrente, claramente no es titular del “derecho a licencia médica y del consecuente subsidio por incapacidad laboral”, por cuanto no se ha cumplido los requisitos legales para que éste nazca a la vida del derecho y produzca sus efectos, de tal forma que no reúne la condición de un derecho preexistente. Por el contrario, como se ha venido señalando, tras las revisiones efectuadas tanto por la COMPIN como por la Superintendencia de Seguridad Social, se llegó a la conclusión fundada que en este caso no era procedente autorizar el reposo prescrito por la licencia médica reclamada.

Explicita que consta en el expediente administrativo que se acompaña, que la Sra. nombre reservado reclamó por primera vez, mediante presentación de fecha 11 de septiembre de 2023, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región Metropolitana, que rechazó las licencias médicas N°s 84647217-7, 85200108-9, 86004282-7 y 86265002-6, extendidas por un total de 62 días, a contar del 08 de abril de 2023, por reposo no justificado.

Precisa que, la Superintendencia previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que, analizados los antecedentes adjuntos, se presenta un informe médico que no fundamenta de forma adecuada la extensión del reposo ya autorizado, considerado suficiente para la resolución del cuadro y reintegro laboral. No se indican las limitaciones que produce la patología reclamada, ni evolución de las lesiones. Sumado a lo anterior, sostiene que no acredita adecuadamente los procedimientos pendientes durante la vigencia de las licencias reclamadas, no fundamentando el rol terapéutico del reposo prescrito. Por lo anterior, asevera que no es posible acreditar de manera fehaciente que el reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas, sea de origen terapéutico, según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-36222-2024, de 05 de marzo de 2024.

Añade que, la señora nombre reservado se presenta, por segunda vez, con fecha 07 de abril de 2024, solicitando la reconsideración de la citada Resolución Exenta N° R-01-UME-36222-2024. Respecto a esta presentación, expresa que el Servicio cumplió con manifestar que el artículo 59, de la Ley N° 19.880, otorga, a quien tenga legitimación activa, la posibilidad de recurrir en contra de los actos administrativos, por intermedio del recurso de reposición, el que debe interponerse dentro del plazo de cinco días ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna. Además, indica que el artículo 25 de la referida Ley señala que se entiende como días inhábiles los días sábados, domingos y los festivos. Arguye que, en la especie, la notificación de la Resolución recurrida se realizó el día 05 de marzo de 2024, por lo que tuvo plazo hasta el día 12 de marzo de 2024, para deducir el recurso de reposición ante esa Entidad Fiscalizadora. Añade que, en la resolución que se pretende impugnar, se indica expresamente el plazo para interponer recurso de reposición, en el último párrafo del resuelvo.

Manifiesta que, habiéndose notificado electrónicamente el dictamen recurrido, el día hábil siguiente al de su emisión, la actual presentación de la parte recurrente, fue interpuesta fuera del plazo establecido al efecto en el artículo 59, en relación con el artículo 25 de la Ley N° 19.880, de 5 días hábiles administrativos, por lo que se declaró el Recurso de Reposición como extemporáneo, según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-90175-2024, de 07 de junio de 2024.

Explicita que, sin perjuicio de haber resuelto su solicitud de reconsideración, la Sra. nombre reservado se presenta, por tercera vez, con fecha 07 de julio de 2024, reclamando nuevamente por el rechazo de las licencias médicas N°s 84647217-7, 85200108-9, 86004282-7 y 86265002-6. Respecto a ese reclamo, refiere que el Servicio cumplió con informar que, con fecha 27 de marzo de 2024, dedujo recurso de reposición, el que fue dictaminado por la Resolución Exenta N° R-01-UME-36222-2024, de fecha 05/03/2024, de este Servicio, en la que en síntesis señala que, la reposición que fue interpuesta después de expirado el plazo de 5 días hábiles previsto en el citado artículo 59, de la Ley N°19.880.

Arguye que, habiéndose constatado su inacción, solo queda su derecho a reponer precluyó en la instancia anterior, toda vez que, no se ejerció en el plazo legal establecido por la normativa vigente, según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-121499-2024, de 31 de julio de 2024.

Refiere que, en atención al reclamo presentado por la Sra. nombre reservado, la Contraloría Médica de la COMPIN en justificación del rechazo de su licencia ante ese Organismo, registró la siguiente información en la cartola médica del paciente: “(07/08/2023) (…) RR. L.M. N° 7217-7, 0108-9, 4282-7, 5002-6 Pcte. completa 8 meses de reposo continuado por Adjunta IMT fechado 05/04/2023 emitido por TOA extrasistema, refiere que pcte. Presento Lumbociatica indicándose KNT la que no realizo por carecer de recursos económicos Dado ant. aportados, se mantiene rechazo de l.m. por reposo prolongado, sin rol terapéutico curativo (…)”

Menciona que los facultativos de esa Superintendencia, informaron, en resumen, lo siguiente en la Ficha Médica del expediente administrativo: “Fundamentos de la resolución: mujer de 44 años, reclama licencias con dg de raquiestenosis; no acredita kine ni otras medidas pendientes; se mantiene rechazo.”

Plantea que, analizados los antecedentes disponibles, en ese momento, los profesionales médicos de esa Superintendencia no lograron formarse convicción respecto de la procedencia de la justificación del reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas, más allá del periodo de reposo ya autorizado y, por otro lado, por haber presentado en forma extemporánea, el recurso de reposición establecido en la Ley N° 19.880.

Concluye que no existe acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que del estudio y ponderación de los elementos que se han señalado, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en ese Organismo de Control.

Solicita el rechazo de la acción intentada, con costas, al no existir actuación ilegal o arbitraria que haya causado la vulneración de un derecho constitucionalmente garantizado o siquiera su amenaza.

TERCERO: Que, informando don nombre reservado, abogado de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana (COMPIN R.M), indica que la usuaria presentó recurso de reposición, por el rechazo de las licencias médicas N° 84647217-7, 85200108-9, 86004282-7, 86265002-6. Por los antecedentes acompañados, se desprende que la paciente completa 8 meses de reposo continuado por M54 (lumbago con ciática-radiculopatía). Adjunta informe de médico tratante, fechado el 05/04/2023, emitido por traumatología extrasistema. Se refiere a que paciente presentó Lumbociática, indicando kinesioterapia, la que no realizó, supuestamente, por carecer de recursos económicos y que, dado los antecedentes aportados, se mantiene rechazo de las licencias médicas, por reposo prolongado, sin rol terapéutico curativo.

Explica que, la COMPIN R.M. es un organismo eminentemente técnico, y que se rige según lo establecido en el D. 7/2013, que “Aprueba el Reglamento sobre Guías Clínicas Referenciales Relativas a los Exámenes, Informes y Antecedentes que deberán Respaldar la Emisión de Licencias Médicas”, el que establece en su artículo 4, las guías clínicas referenciales relativas a exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, en relación con los Grupos de Patologías que se señalan).

Precisa que, la usuaria no adjuntó antecedentes suficientes para revocar lo determinado, pudiendo determinar fehacientemente que aquella presentaba una patología transitoria, por lo que el reposo evaluado era suficiente para la mejoría del cuadro y reintegro laboral.

CUARTO: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

QUINTO: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

SEXTO: Que sobre la argumentación de la Superintendencia de Seguridad Social referente a que el recurso de protección sería improcedente toda vez que el derecho a la seguridad social, consagrado por la Carta Fundamental en el N° 18 del artículo 19, no se encontraría amparado por el recurso de protección, corresponde que sea desestimada en tanto de la sola lectura del recurso se puede advertir que no se invocó en parte alguna como supuestamente vulnerado el derecho a la seguridad social, sino se aludió a otras garantías fundamentales que se encuentran resguardadas por la presente acción cautelar.

SÉPTIMO: Que, en el presente caso, el acto que se tilda de ilegal y arbitrario corresponde a la Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-121499-2024, de 31 de julio de 2024 referido al rechazo de licencias médicas N°s 84647217-7, 85200108-9, 86004282-7 y 86265002-6, extendidas por un total de 62 días, a contar del 08 de abril de 2023, la que rechaza el recurso de reposición, de manera formal, por no haber sido deducido dentro de plazo, el cual fue deducido en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-90175-2024 de fecha 7 de junio de 2024, que a su vez rechazó la reposición deducida en contra de la Resolución Exenta N°R-01-UME-36222-2024 de fecha 5 de marzo de 2024, que señala: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 84647217-7, 85200108-9, 86004282-7, 86265002-6, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que analizados los antecedentes adjuntos, se presenta un informe médico que no fundamenta de forma adecuada la extensión del reposo ya autorizado, considerado suficiente para la resolución del cuadro y reintegro laboral. No se indican las limitaciones que produce la patología reclamada, ni evolución de las lesiones. Sumado a lo anterior, no acredita adecuadamente procedimientos pendientes durante la vigencia de las licencias reclamadas, no fundamentando rol terapéutico del reposo prescrito. Por lo anterior, no es posible acreditar de manera fehaciente que el reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas, sea de origen terapéutico”.

OCTAVO: Que, conforme a los elementos de convicción agregados por las partes, los que, analizados de conformidad a las reglas de la sana crítica, particularmente del expediente administrativo en el que consta el reclamo que rechazó la licencia médica, consta que obedeció a la causal de reposo injustificado.

Es así como el presente recurso se erige en contra de la Resolución Exenta antes signada, que confirmó el rechazo de licencias médicas que en ella se consigna.

NOVENO: Que el artículo 149 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

En su artículo 156 del mencionado D.F.L., se trata del beneficio de licencia médica que también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Define la licencia médica en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, agregando que, de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 Nº 18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley N° 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

DÉCIMO: Que, asimismo, el procedimiento para su autorización está regulado en el D.S. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, corresponde a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, en el caso de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Por otra parte, las Compin deben resolver, como en el caso del recurrente acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA). De las resoluciones que las Compin emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la Compin que resuelve el recurso de reconsideración ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las Compin, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

UNDÉCIMO: Que, por su parte, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Es la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley N° 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

Enseguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

En efecto, el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Asimismo el artículo 21 del cuerpo normativo que precede dispone que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

DUODÉCIMO: Que, en este punto, cabe traer a colación lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 3 del Ministerio de Salud, que sostiene “Para los efectos de este Reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (artículo 1).

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

DÉCIMO TERCERO: Que en el caso de autos la decisión adoptada por la COMPIN y refrendada por la Superintendencia, no aparece revestida de los necesarios fundamentos, por cuanto no se observa la razón del cambio de criterio para autorizar ciertas licencias médicas y luego dejar de hacerlo, más aún que no se han practicado nuevos exámenes ni peritajes médicos por parte de la autoridad independiente en la materia, que permitan sustentar dicha variación, sin que los peritajes practicados por FONASA gocen de mérito suficiente para acreditar aquello, ya que se trata de prueba de la propia parte que ha rechazado originalmente las que fueron objeto de este recurso, a pesar de los reiterados informes del recurrente.

DÉCIMO CUARTO: Que, conforme al mérito de los hechos expuestos, se advierte que la decisión de la autoridad recurrida carece de elementos objetivos que la sustenten, por cuanto para afirmar que el reposo no se encuentra justificado, no hace referencia a otros factores propios de la evaluación de la recurrente que corroboren el dictamen a que arribó, habiéndose aprobado con anterioridad las licencias médicas en forma continua por el mismo diagnóstico, aunado que los informes médicos acompañados por la recurrente para justificarlas no dan cuenta de indicación médica de realización de sesiones de kinesiología; por cuanto dicha circunstancia sólo obra en la que finalmente las rechazó; omisiones que la privan de fundamento, acorde a los antecedentes médicos del recurrente.

DÉCIMO QUINTO: Que, en relación con los argumentos expuestos por la Superintendencia recurrida, el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, que se encuentra contenido en el Decreto Supremo N° 3 del Ministerio de Salud, de 1984 señala que, en caso de rechazo de una licencia, la resolución o pronunciamiento respectivo debe, en lo pertinente, dejar constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida. Del mismo modo, el artículo 11 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte” y “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley.

DÉCIMO SEXTO: Que, de esta manera, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicitando al solicitante el fundamento del acto, su sustento material y las normas jurídicas aplicables a la situación que debe resolver. Por lo anterior, los actos administrativos recurridos, carecen de la fundamentación exigida por el ordenamiento jurídico, en la medida que las decisiones de la SUSESO, sólo se asientan en que los antecedentes no justifican la prolongación del reposo, en circunstancias que aquéllos, pueden obtenerse conforme al artículo 21 del Reglamento ya indicado, pues el órgano recurrido cuenta con facultades oficiosas para decretar medidas para lograr un mejor acierto de su decisión, disponer peritajes o exámenes y requerir otros, esto es, acudir a un elemento de convicción que otorgue mayor razonabilidad a la decisión administrativa, máxime cuando en la especie se aprecian licencias que han sido autorizadas en relación al recurrente, en forma previa a aquellas que motivan la presentación de la acción cautelar.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en consecuencia, la conducta de organismo recurrido no se ajustó a la normativa vigente, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición de salud de la parte recurrente antes de rechazar sin más y sin nuevos antecedentes lo obrado por Fonasa y la Compin.

De esta forma, la autoridad recurrida ha manifestado que para para rechazar las licencias, se tuvo como fundamento que no existen antecedentes médicos que respalden la prolongación del reposo al periodo previamente autorizado. En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o a una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, lleva a considerar que la decisión de la Suceso carece de fundamento por no comprobar, teniendo los medios para ello, el diagnóstico del recurrente, aunado a su historial clínico.

DÉCIMO OCTAVO: Que, en cuanto a las garantías constitucionales conculcadas desde luego se transgrede la prevista en el artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental, relativo al derecho a la vida e integridad física y psíquica de la parte recurrente, porque la actuación de la recurrida al carecer de fundamento y contenido agrava la situación de salud de la actora, quien no ha podido gozar del subsidio por incapacidad laboral.

DÉCIMO NOVENO: Que, con fecha 18 de agosto de 2021, la Corte Suprema en causa Rol N° 56.305-2021, resolvió que:

“Cuarto: Que, conforme dan cuenta los antecedentes de autos, la decisión adoptada por la recurrida no se apoya en ningún elemento de convicción que la avale, soslayando hacer mención a otros factores objetivos que corroboren el dictamen a que arribó, carencias que la privan de contenido, sin que sea dable discernir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se le niega el derecho al reposo prescrito.

Quinto: Que, por lo demás, parece insoslayable reflexionar que de acuerdo a la normativa precedentemente reseñada, es factible sostener que la Compin directamente o a instancia de la Superintendencia, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las apelaciones promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, cometido omitido injustificadamente en el actual litigio.

Sexto: Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente. En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de los entes recurridos, con la subsecuente falta de pago de las licencias médicas correspondientes.

Séptimo: Que es así como se torna del todo arbitrario desestimar un permiso médico concedido por facultativos sin ningún motivo adicional suministrado por las entidades criticadas, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente a la paciente y terceros interesados, cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias. En semejantes coyunturas, ante colofones tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa su actuar de oficio y respeto por los axiomas de no discriminación, objetividad y exhaustividad en su proceder.

Octavo: Que, de esta manera, se advierte que la negativa de las licencias médicas esgrimida por la parte recurrente implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus prerrogativas, en concreto, si como en este negocio se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

Noveno: Que en virtud de lo razonado, la decisión del órgano recurrido deviene en arbitraria, pues carece de fundamento y además, infringe la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral, por tal motivo y en uso de las facultades que otorga el Auto Acordado sobre la presente materia, que permite tomar todas las medidas para resguardar la protección de las garantías constitucionales, el presente recurso es acogido en los términos que se indicarán en lo resolutivo del fallo.”

VIGÉSIMO: Que, en las circunstancias apuntadas, habiendo quedado de manifiesto la concurrencia de un acto arbitrario que afecta los derechos constitucionales de la recurrente, la protección que se solicita mediante la presente acción cautelar ha de ser otorgada, del modo que a continuación se dispone.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo dispuesto por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas la acción constitucional interpuesta por doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N°R-01-UNAAD-121499-2024, de fecha 31 de julio de 2024, debiendo la recurrida disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la parte recurrente, encargue un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el presente arbitrio en relación a la capacidad residual de la actora, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que dispone las licencias médicas números 84647217-7, 85200108-9, 86004282-7 y 86265002-6.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-18643-2024.- Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jenny Book Reyes, conformada por la Ministra señora Verónica Sabaj Escudero y la Abogada Integrante señora Claudia Candiani Vidal.

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