nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI

C.A. de Santiago Santiago, seis de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos y Considerando PRIMERO: Que comparece nombre reservado, trabajadora social, en representación de la ONG de Desarrollo La nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, por haber dictado las Resoluciones Exentas N°405 de 28 de mayo de 2024 y N°1002 de 23 de agosto de 2024, como actos culmines del proceso arbitrario de desacreditación de la ONG como prestador habilitado. Actuación que considera ilegal y arbitraria, vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en los artículos 19 N°2 y 3 de la Constitución Política de la República.

Expone que la ONG de Desarrollo la nombre reservado es una organización de la sociedad civil constituida el 9 de noviembre de 2009, con 35 años de historia en el trabajo de restitución y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes. Agrega que mediante Resolución Exenta N°633 de 12 de septiembre de 2022, fue acreditada como colaborador del Servicio Nacional de Protección Especializada de Niñez y Adolescencia para ejecutar diversas líneas de acción en todo el territorio nacional, operando 34 proyectos vigentes que atendían a 1.829 niños, niñas y adolescentes con más de 310 trabajadores a nivel nacional.

Refiere que el conflicto se origina cuando la organización fue condenada por sentencia ejecutoriada en procedimiento de tutela laboral seguido ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo en causa RIT T-30-2022, por vulneración de la garantía de integridad psíquica de un ex trabajador. Posteriormente, señala que esta Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia de reemplazo el 20 de marzo de 2023, confirmando la condena. Aduce que en virtud de esta sentencia, el Servicio constató que la ONG incurrió en la inhabilidad contemplada en el numeral 8) del artículo 6 bis de la Ley N°20.032, procediendo a revocar su acreditación mediante Resolución Exenta N°874 de 10 de agosto de 2023.

Alega que la Contraloría General de la República, mediante oficio N°E439777 de 16 de enero de 2024, determinó que el Servicio debía fundamentar adecuadamente la resolución de revocación, precisando de qué manera la condena laboral implica una afectación directa y concreta al funcionamiento de la institución colaboradora. Afirma que en respuesta, el Servicio dictó la Resolución Exenta N°405 de 28 de marzo de 2024, complementando las resoluciones anteriores.

Argumenta que la Resolución Exenta N°405 construye argumentos de manera artificiosa, invocando diez procesos de fiscalizaciones en dos años de un total de 34 programas, sin que ninguno se relacione con la sentencia laboral. Señala que cinco de estos procesos terminaron con sobreseimiento, tres están en investigación sin constituir faltas graves, y solo dos terminaron con amonestación por infracciones menores que fueron subsanadas. Además, indica que siete de las fiscalizaciones son anteriores a la sentencia firme ejecutoriada.

Sostiene que el artículo 9 N°1 de la Ley N°20.032 establece que la revocación de acreditación de personas jurídicas solo procede cuando la circunstancia sobreviniente afecte el normal funcionamiento de la institución. Asevera que la Resolución Exenta N°58 de 31 de enero de 2022 define que afectan el normal funcionamiento aquellas situaciones que vulneren o pongan en riesgo los derechos de niños, niñas y adolescentes, o evidencien una deficiente administración de recursos, circunstancias que no se configuraron en el caso.

Posteriormente, interpuesta acción de invalidación contra la Resolución Exenta N°405, el Servicio dictó la Resolución Exenta N°1002 de 23 de agosto de 2024, rechazando dicha acción y declarando plenamente vigente la resolución cuestionada, reiterando los mismos argumentos considerados insuficientes.

La recurrente denuncia vulneraciones al debido proceso administrativo, señalando que el Servicio incorporó nuevos hechos y circunstancias sin comunicárselos ni permitirle ejercer su derecho a defensa, descargos o rendición de prueba. Indica que solo fue notificada de la resolución cuando el procedimiento ya había concluido, vulnerando el principio de bilateralidad y el derecho fundamental a ser oído.

Según el recurso, se han vulnerado los derechos constitucionales del recurrente consagrados en el artículo 19 N°2 de la Constitución, que garantiza la igualdad ante la ley y prohíbe las diferencias arbitrarias, toda vez que la decisión carece de razonabilidad y proporcionalidad; y el artículo 19 N°3, que resguarda la igual protección de la ley en el ejercicio de derechos y las garantías del debido proceso, específicamente el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y las garantías procesales mínimas, al haberse tramitado un procedimiento administrativo sin las formalidades necesarias para la aplicación de una medida tan grave como la desacreditación.

En definitiva, solicita que se ordene al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia dejar sin efecto las Resoluciones Exentas N°405 de 28 de mayo de 2024 y N°1002 de 23 de agosto de 2024, permitiendo la continuidad de la ONG como institución acreditada.

Para acreditar sus alegaciones, la parte recurrente incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) Certificado de Personalidad Jurídica; 2) Poder de Representación; 3) Resolución exenta N°405 del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia; y 4) Resolución exenta N°1002 del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

SEGUNDO: Que al evacuar informe, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, representado por el abogado Hernán Moya Bruzzone, solicita el rechazo del presente recurso en todas sus partes.

Refiere que la ley N° 21.302 creó el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia como sucesor del Servicio Nacional de Menores, entrando en operaciones el 1 de octubre de 2021. Paralelamente, esta normativa modificó la ley N° 20.032, que regula el régimen de aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados. Dentro de las modificaciones introducidas, resulta fundamental el artículo 6 bis de la ley N° 20.032, que incorporó inhabilidades e incompatibilidades para acreditarse como colaborador del Servicio. Específicamente, el numeral 8 de dicho artículo, modificado posteriormente por la ley N° 21.496 del 30 de septiembre de 2022, establece como causal de inhabilidad el haber sido condenado por sentencia judicial firme y ejecutoriada en sede laboral por incumplimiento de la legislación laboral y previsional dentro de los doce meses anteriores a la solicitud de acreditación.

Explica que mediante Resolución Exenta N°258 del 13 de abril de 2022, el Servicio autorizó el llamado público para presentar solicitudes de acreditación. En este contexto, la ONG de Desarrollo La nombre reservado presentó su solicitud el 17 de mayo de 2022, cumpliendo con los requisitos exigidos en la normativa. Consecuentemente, el Departamento de Acreditación y Gestión de Colaboradores elaboró una propuesta de acreditación que fue aprobada por la Directora Nacional de la época y posteriormente por el Consejo de Expertos en sesión ordinaria N°16 del 31 de agosto de 2022, materializándose la acreditación mediante Resolución Exenta N°633 del 12 de septiembre de 2022.

Alega que con posterioridad a la acreditación se configuró una causa sobreviniente que inhabilitó a la organización recurrente. Aduce que la ONG fue demandada en sede laboral por un extrabajador ante el Primer Juzgado de Letras de Santiago bajo el RIT T-30-2022, por vulneración de derechos fundamentales. El tribunal de primera instancia, mediante sentencia del 8 de noviembre de 2022, acogió la demanda de tutela laboral, reconocimiento de relación laboral, nulidad de despido y cobro de prestaciones laborales, estableciendo que con ocasión del despido del denunciante se vulneró su integridad psíquica consagrada en el artículo 19, numeral 1, de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 2, inciso segundo, del Código del Trabajo, por haber sido víctima de actos de acoso laboral.

Posteriormente, ambas partes recurrieron de nulidad la sentencia, y la Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Laboral N° 3.662-2022, dictó sentencia de reemplazo el 20 de marzo de 2023, acogiendo la demanda de tutela laboral, reconocimiento de relación laboral, nulidad de despido y cobro de prestaciones laborales. Además, la Corte ordenó oficiar a diversos organismos públicos, incluida la Dirección del Trabajo, conforme al artículo 495 del Código del Trabajo, disposición que establece que copias de los fallos de esas características deben remitirse a la Dirección del Trabajo para ser incorporadas en su registro.

Sobre la base de esta sentencia ejecutoriada, sostiene que el Servicio constató que la ONG había incurrido en la inhabilidad contemplada en el numeral 8 del artículo 6° bis de la ley N° 20.032, que se enmarca dentro de una de las causales contempladas en el artículo 9 de dicha ley. En virtud de lo anterior, mediante Resolución Exenta N° 874 del 10 de agosto de 2023, se procedió a revocar la acreditación como colaborador acreditado del Servicio, aplicando los criterios establecidos en el artículo 9 de la ley N° 20.032 para la revocación por causa sobreviniente. Dicha resolución fue notificada al representante legal de la institución conforme a la ley N° 19.880, a través de la carta N° 1133 del 10 de agosto de 2023.

Manifiesta que contra esta resolución, la ONG interpuso recurso de reposición el 22 de agosto de 2023, el cual fue desestimado mediante Resolución Exenta N°1314 del 17 de octubre de 2023. Asimismo, la organización interpuso recurso de protección ante esta Corte el 14 de septiembre de 2023, rol N° 14761-2023, alegando vulneración del derecho de igualdad ante la ley, igual protección de la ley en el ejercicio de derechos y no discriminación arbitraria. Este recurso fue rechazado mediante sentencia del 27 de noviembre de 2023, estableciéndose que el Servicio había actuado dentro de la esfera de sus facultades legales, siendo dicha sentencia confirmada por la Corte Suprema el 19 de enero de 2024.

Adicionalmente, expone que con fecha 16 de enero de 2024, a solicitud de la ONG, la II Contraloría Regional Metropolitana requirió al Servicio fundamentar adecuadamente las resoluciones N° 874 y 1314, específicamente respecto a precisar de qué manera la condena judicial implicaba una afectación directa y concreta al normal funcionamiento de la institución. En respuesta a dicho requerimiento, mediante Resolución Exenta N°405 del 28 de marzo de 2024, el Servicio complementó las resoluciones anteriores, estableciendo que la configuración de las inhabilidades contenidas en el artículo 6° bis no exige el cumplimiento de requisitos adicionales que impone la aplicación de los artículos 6° o 7°, sino que opera por el solo hecho de acreditarse su existencia.

Añade que, fundamentó que los incumplimientos laborales impactan directamente en la intervención con niños, niñas y adolescentes, lo que se ha evidenciado en fiscalizaciones donde de 19 fiscalizaciones practicadas a proyectos ejecutados por la institución, 10 presentaron conclusiones negativas.

Finalmente, expresa que mediante Resolución Exenta N° 1002 del 23 de agosto de 2024, el Servicio puso término a un procedimiento de invalidación iniciado respecto de la resolución N° 405, no acogiendo la invalidación y declarando plenamente vigente dicha resolución.

Asevera que el Servicio actuó dentro de la esfera de sus facultades legales, aplicando una causal objetiva prevista en la ley N° 20.032. Afirma que no existe arbitrariedad, toda vez que las resoluciones gozan de presunción de legalidad conforme al artículo 3° e inciso primero del artículo 57 de la ley N° 19.880, y se encuentran adecuadamente motivadas, invocando la concurrencia de causal prevista en el artículo 6 bis de la ley N° 20.032. Además, argumenta que la resolución N° 405 no constituyó un nuevo procedimiento administrativo, sino que complementó el ya iniciado con la resolución N° 874, cumpliendo con todas las etapas procedimentales exigidas por la ley N° 19.880. Por último, plantea que el presente recurso carece de fundamentos nuevos respecto del recurso anteriormente rechazado por los tribunales superiores de justicia.

En virtud de todo lo expuesto, solicita tener por evacuado el informe requerido y rechazar el recurso de protección interpuesto, por no configurarse los presupuestos que permitan su acogimiento, toda vez que el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia actuó ajustándose a derecho, sin importar acto u omisión ilegal o arbitraria como argumenta la recurrente.

Para acreditar sus alegaciones, la recurrida incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) Resolución exenta N°874 del 10 de agosto de 2023 del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia; 2) Resolución exenta N°1314 del 17 de octubre de 2023 del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia; 3) Sentencia del 27 de noviembre de 2023 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en causa rol de protección N° 14761-2023; y 4) Oficio E479776/2024 de la II Contraloría Regional Metropolitana del 25 de abril de 2024.

TERCERO: Que el recurso de protección puede conceptualizarse como una acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores de justicia, a fin de requerirles que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece sin perjuicios de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad y los tribunales correspondientes.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia uniformemente han sostenido que esta acción tiene naturaleza cautelar, puesto que mediante ella se persigue la adopción de medidas urgentes y necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho privado, amenazado o perturbado.

CUARTO: Que no hay cuestión en que con posterioridad a la acreditación de la ONG ante Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, fue demandada en sede laboral por un extrabajador ante el Primer Juzgado de Letras de Santiago bajo el RIT T-30-2022, por vulneración de derechos fundamentales y que, mediante sentencia del 8 de noviembre de 2022, acogió la demanda de tutela laboral, reconocimiento de relación laboral, nulidad de despido y cobro de prestaciones laborales, estableciendo que con ocasión del despido del denunciante se vulneró su integridad psíquica consagrada en el artículo 19, numeral 1, de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 2, inciso segundo, del Código del Trabajo, por haber sido víctima de actos de acoso laboral. Sentencia que posteriormente quedo firme.

Sobre la base de esta sentencia ejecutoriada, el Servicio sostiene que la ONG había incurrido en la inhabilidad contemplada en el numeral 8 del artículo 6° bis de la ley N° 20.032.

QUINTO: Que el artículo 6 bis de la Ley 20032 dispone que son inhabilidades e incompatibilidades para ser colaborador acreditado, las siguientes:

N° 8 “Haber sido el colaborador condenado por sentencia judicial firme y ejecutoriada en sede laboral o por resolución administrativa, por incumplimiento de la legislación laboral y previsional, dentro de los doce meses anteriores a la solicitud de acreditación. Para estos efectos, serán consideradas como incumplimiento de la legislación laboral y previsional el no pago de remuneraciones o cotizaciones previsionales, la realización de prácticas antisindicales y la vulneración de derechos a trabajadores.”

Pues bien, en base a tal normativa se procedió a revocar la acreditación de la ONG mediante Resolución Exenta N°874 de 10 de agosto de 2023.

SEXTO: Que , el artículo 9 de la Ley 20032, indica que en caso de que, por causa sobreviniente, se produzca la pérdida de alguno de los requisitos señalados en el artículo 6º o se incurra en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos 6 bis y 7, el Director Nacional del Servicio revocará el reconocimiento, de acuerdo con los siguientes criterios:

“1) Si se tratare de una persona jurídica, la revocación sólo procederá en caso de pérdida no subsanable de los requisitos señalados en el artículo 6º. Si se configurare alguna inhabilidad o incompatibilidad respecto de alguna de las personas a que se refiere el inciso primero del artículo 7º, se procederá conforme al número siguiente y sólo se podrá revocar el reconocimiento de la persona jurídica cuando la circunstancia sobreviniente afectare el normal funcionamiento de la institución, y 2) Si se tratare de una persona natural acreditada como colaborador, para la revocación del reconocimiento se atenderá a la circunstancia de concurrir una causal subsanable o no subsanable.

En ambos casos, se entenderá que no es subsanable aquella causal que habiéndose representado por el Servicio en forma escrita no hubiere sido superada en el plazo señalado para estos efectos”.

SEPTIMO: Que, debe entenderse entonces que el impedimento para ser colaborador contemplado en el artículo 6 bis N° 8 de la Ley 20032, cuando se trate de una causal que sobrevenga respecto de un colaborador que se encuentra ejecutando el convenio, debe ponderase lo siguiente:

a.-) Se si trata de una circunstancia subsanable o insubsanable y b.-) Si la circunstancia afectare el normal funcionamiento de la institución.

OCTAVO: Que, conociendo la cuestión suscitada, con fecha 16 de enero de 2024, la II Contraloría Regional Metropolitana remitió al Servicio recurrido oficio N° E439777, en el que le señaló que debía fundamentar adecuadamente la resolución exenta N°874, de fecha 10 de agosto de 2023, que revocó la acreditación como colaborador acreditado del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia de la Organización No Gubernamental de Desarrollo La nombre reservado y la resolución exenta N° 1314, de fecha 17 de octubre de 2023, que resolvió el recurso de reposición interpuesto por dicha institución en contra de la mencionada resolución exenta N° 874, de fecha 10 de agosto de 2023, específicamente en cuanto a precisar de qué manera la condena en sede judicial de dicha institución, que se tuvo en consideración para determinar que se configuraba la inhabilidad sobreviniente, señalada en el artículo 6° bis numeral 8) de la ley N° 20.032, implicaba una afectación directa y concreta al normal funcionamiento de la citada institución.

NOVENO: Que con la pretensión de cumplir lo ordenado el Servicio recurrido dictó la resolución exenta N° 405, de fecha 28 de marzo de 2024, con la pretensión de complementar la Resolución Exenta N°874, de fecha 10 de agosto de 2023, que revocó la acreditación como colaborador y la resolución exenta N° 1314, de fecha 17 de octubre de 2023, que resolvió el recurso de reposición interpuesto por dicha institución en contra de la mencionada resolución exenta N° 874.

Sin embargo, la Resolución N° 405 apartándose del fundamento preciso requerido, esto es, como la referida condena laboral implicaba una afectación directa y concreta al funcionamiento de la institución colaboradora, introdujo nuevas argumentaciones sin la debida bilateralidad a la ONG basados en otros 10 procesos de fiscalización en dos años, ninguno relacionado con la sentencia laboral. Esto es, se procede arbitrariamente a incorporar nuevos hechos y circunstancias, que no fueron consideradas en la etapa del proceso que dio lugar a la dictación de la resolución exenta 874, que decretó la sanción máxima de pérdida de acreditación de nuestra institución. En efecto no aparece de los antecedentes que se haya permitido el derecho a hacer nuevos descargos, ni menos rendir prueba sobre estos aspectos Pedida la invalidación de tal Resoluciones ello fue en definitiva desestimado con el argumento de que la condena en el juicio de tutela laboral de un trabajador de la ONG se traduce en maltrato psicológico de éste por parte del empleador, lo que evidentemente afecta la intervención directa que se hace con los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, bajo el argumento que, el carecer de personal adecuado, y una deficiente administración repercute en la intervención que deben desarrollar los colaboradores acreditados en la ejecución de los proyectos adjudicados.

DECIMO: Que tal fundamento resulta ser del todo arbitrario, si se considera que no se explica el cómo afectó la “intervención directa” que se hace con los niños niñas y adolescentes, en términos que el Servicio deba por esta circunstancia necesariamente terminar con una de las escasas ofertas de intervención, cuestión de las cuales las máximas de experiencia de los tribunales de la materia, resultan ser la principal causa de la extrema demora en cumplirse medidas de protección que tienen por objeto garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, el diagnóstico especializado, la restitución de los derechos, la reparación del daño producido y la prevención de nuevas vulneraciones.

UNDECIMO: Que, en estas circunstancias, no puede sino considerarse que no se ha fundado debidamente la resolución 405, pues nada dice sobre si se subsanaron las afectaciones para el trabajador que obtuvo fallo a su favor en la causa laboral, ni se acreditó de qué forma concreta, tal condena afectó el normal funcionamiento de la institución.

Tal arbitrariedad afecta la garantía del numeral 2 del art. 19, el de la Constitución Política de la República esto es la a igualdad ante la ley proscribiendo la discriminación, por parte de la autoridad al establecer y concretar en sus Resoluciones Exentas N°405 de 28 de mayo de 2024 y N°1002 de 23 de agosto de 2024, diferencias arbitrarias, por lo que el presente recurso será acogido, disponiéndose cesar con la afectación mediante la invalidación de la Resolución N° 405 de 28 de mayo de 2024 y consecuencialmente, disponiéndose dejar sin efecto la Resolución Exenta N°874 del 10 de agosto de 2023 que revocó el reconocimiento a la ONG de Desarrollo La Casona de los como colaborador del Servicio Nacional de Protección Especializada de Niñez y Adolescencia Con lo expuesto y lo dispuesto en el artículo 19 N° 2 y 20 de la Constitución Política de la República y auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se resuelve Que se acoge el recurso de protección deducido por la ONG de Desarrollo la nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, dejándose sin efecto las resoluciones exentas N°405, de 28 de mayo de 2024, y Nº 1002, de 23 de agosto de 2024, que mantuvieron la decisión dispuesta por la Resolución Exenta N° 874 del 10 de agosto de 2023 que revocó el reconocimiento a la ONG de Desarrollo La Casona de los como colaborador del Servicio Nacional de Protección Especializada de Niñez y Adolescencia, lo que queda sin efecto.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Sr Hernán Crisosto Greisse N°Protección-18636-2024.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señor Hernán Alejandro Crisosto Greisse, señora Maritza Villadangos Frankovich y el Abogado Integrante señor Luis Hernandez Olmedo.

En Santiago, seis de agosto de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.