nombre reservado con DIRECCION GENERAL DE CREDITO PRENDARIO

Santiago, dos de julio de dos mil catorce.

Vistos:

A fojas 18, don nombre reservado, empleado público, recurre de protección en contra de la Dirección General de Crédito Prendario, representada por nombre reservado, Director General, ambos domiciliados en domicilio reservado, con la finalidad que se deje sin efecto la resolución N°26 de 17 de marzo de 2014, notificada a su parte el día 04 de abril del presente año, la cual puso término a su contrata con la institución, reintegrándolo a sus funciones.

En cuanto a los hechos, refiere que ingresó a la Dirección General de Crédito Prendario, el 1 de enero del año 2012, desempeñándose como martillero, administrador de remates (bienes judiciales y fiscales) encargado de decomisos e incautaciones de alcoholes, habiendo sido siempre bien calificado.

Resalta que su contrata fue prorrogada a través de varias resoluciones, siendo la última la N° 607 de 28 de noviembre de 2013, y que tiene 17 días de feriado pues por motivos de carga de trabajo no se le autorizó el uso del feriado acumulado.

Señala que el día 31 de marzo del presente año se ausentó de sus labores por problemas de salud, concediéndosele un día de permiso administrativo con goce, esto es el día 01 de abril, oportunidad en que asiste al médico quien le otorga licencia médica por 15 días con reposo absoluto, licencia que envió el 2 de abril, comunicándosele el rechazo por encontrarse desvinculado del servicio.

Manifiesta que se presentó al servicio el 4 de abril, y se le notifica que la Resolución TR N° 26 de 17 de marzo de 2014, tomada de razón el 25 de marzo del mismo año, por medio de la cual se pone término a su contrata por no ser necesarios sus servicios. Agrega que su contrata tiene duración hasta el día 31 de diciembre del presente año y que, además, se ordenó imputar la misma al gasto del presupuesto de la recurrida.

En cuanto al derecho cita y transcribe los artículos 3, 10 y 89 del Estatuto Administrativo, para afirmar que el acto que impugna es arbitrario e ilegal, pues no contiene motivo alguno que pueda justificar de manera razonable el término de su contrata, pues los hechos indican que sus servicios han sido necesarios, y por algo se dispuso su prorroga hasta el 31 de diciembre de 2014.

Sostiene que con su actuar la recurrida ha vulnerado sus garantías constitucionales de los numerales 2, 16 y 24 el artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto se le ha discriminado arbitrariamente al desconocer los motivos que fundamenten el término de su contrata siendo idóneo para realizar las funciones encomendadas en razón de las calificaciones y de las cartas de recomendación presentadas, por lo que solicita se ordene el reintegro a sus funciones de manera inmediata, con el pago del periodo trabajado, todo ello con costas.

A fojas 49, don Luis Acevedo Quintanilla, abogado, Director General del Crédito Prendario (S) en representación de la Dirección General de Crédito Prendario, institución autónoma del Estado, pide el rechazo del recurso, con costas Reconoce que el recurrente fue contratado bajo la modalidad “a contrata” en la Dirección del Crédito Prendario ,mediante Resolución N° 24, de 17 de febrero de 2011, en calidad de auxiliar, grado 19 de la EUS, para desempeñarse en la cuidad de Santiago, contrata a la que se le puso término el 11 de abril de 2011, mediante Resolución N° 43, generándose una nueva, esta vez en calidad de administrativo, asimilado al grado 17 de la EUS, resaltando que la función que este desarrollo en la institución siempre fue genérica, primero de auxiliar y luego de administrativo, no existiendo en su contrata la designación a funciones de martillero, administrador de remates encargado de decomisos e incautaciones de alcoholes, como se refiere en el recurso.

En cuanto a su buen desempeño como funcionario, hace presente que éste no es un fundamento o causal de prórroga de la contrata y, sobre las vacaciones, precisa que tal como ha sostenido la Contraloría General de la República, las mismas son exigibles mientras esté vigente la relación contractual con la institución, sin que se trate de derechos adquiridos que ingresen al patrimonio del recurrente.

En relación a la notificación de su desvinculación de la institución, expone que la misma se realizó por carta certificada, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley 19.880, ya que cuando concurrió el Jefe Subrogante del Departamento Administrativo de la Unidad de Crédito en que prestaba servicios el recurrente se ausentó aludiendo complicaciones médicas, lo que no permitió la notificación personal de la resolución que terminaba su contrata.

Hace notar que no existe impedimento legal para proceder a desafectar a un funcionario, según ha dicho la Contraloría General de la República.

En cuanto al fundamento del término, cita lo dispuesto por el artículo 3 letra c) y 10 de la Ley 18.834, Sobre Estatuto Administrativo, resaltando que es la propia ley la que dota al empleo a contrata de una naturaleza esencialmente transitoria, que se extiende como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año, salvo que concurra excepcionalmente un acto administrativo de contrario que establezca la prórroga, sin que la cantidad de veces que se haya prorrogado traiga como consecuencia que el empleo a contrata-esencialmente transitorio- se vuelva indefinido Agrega que los empleos a contrata tienen la naturaleza de ser transitorios, no integran la planta dentro de la institución y carecen de la propiedad del cargo que desempeñan, de modo que el fundamento y legalidad del acto se encuentran configurados en la propia resolución que lo contrató bajo el amparo de la norma legal que definió las características de la modalidad de su empleo, citando jurisprudencia administrativa al efecto.

Finalmente en cuanto a las garantías que dice fueron vulneradas, refiere que no hay vulneración alguna de las mismas, pues no se le ha discriminado, toda vez que fue contratado con la clausula, “mientras sean necesarios sus servicios”, agregando que el empleo a contrata es esencialmente transitorio, careciendo a la garantía legal sobre la estabilidad del empleo, y que el feriado legal solo lo tienen los funcionarios mientras estén vigentes sus contratas A fojas 57, se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero. Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos prexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Segundo: Que las partes se encuentran contestes en la existencia del acto que motiva el presente recurso, a saber el término a la contrata de don nombre reservado, por medio de la Resolución N° 26, de 17 de marzo del año en curso, donde se pone término al contrato, por no ser necesarios sus servicios, a contar de la total tramitación de la referida Resolución, acto que, por lo demás, consta a fojas 2.

Tercero: Con arreglo al documento de fojas 44 el recurrente fue contratado en el año 2011, y según su hoja de vida -agregada a fojas 11- desde el primero de enero de 2012, le fue prorrogada la calidad de funcionario a contrata, como administrativo, siendo la última prorroga de 28 de noviembre del año recién pasado, mediante la Resolución Exenta N° 607, donde se prorrogó, a contar del primero de enero y hasta el 31 de diciembre de 2014, y “mientras sean necesarios sus servicios”, el contrato de don nombre reservado, entre otros.

Cuarto: Al momento de resolver la cuestión planteada-tal como se ha hecho en anteriores recursos similares- esta Corte tiene presente la normativa que rige la materia , a saber, el artículo 3 letra c) del Estatuto Administrativo, que define “empleo a contrata” como aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución; el artículo 10 el mismo cuerpo legal que señala que “Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expiraran en sus funciones en esa fecha por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con 30 días de anticipación a lo menos” ; el 146 que prescribe que el funcionario cesará en el cargo entre otras causales, por el término del periodo legal por el cual se es designado y finalmente el artículo 153, que indica que el periodo legal por el cual es nombrado el funcionario, o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado, produce la inmediata cesación de funciones, contemplando la posibilidad de seguir ejerciéndolas si fuere notificado por escrito previamente , de encontrarse en tramitación el decreto o resolución que renueva su nombramiento o contrato.

Quinto: Del escenario normativo descrito deriva que el empleo a contrata tiene un carácter esencialmente transitorio, en términos que no forma parte de la dotación estable de la respectiva institución, y que las funciones de quienes revisten dicha calidad, cesan en la fecha predeterminada que consta en el acto de su designación, que para el caso del recurrente es el 31 de diciembre de 2014.

Sexto: Que el hecho de no ser ya necesarios sus servicios-contemplada también como causal de cese en el respectivo acto de contratación- ha de encontrarse de alguna manera probada, lo que no acontece en la especie, donde la recurrida sin ningún fundamento o antecedente pone término al contrato del recurrente-que se extendía hasta el 31 de diciembre de 2014- “por no ser necesarios sus servicios.

Séptimo: Que la resolución que pone termino anticipado a los servicios de un funcionario a contrata participa de la naturaleza de un acto administrativo, de modo que ha de ajustarse a las prescripciones de la Ley 18.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, especialmente en cuanto se exige a la Administración que se encuentren motivados, lo que se traduce en que sus decisiones han de contener la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustentan. En el caso que se examina-como ya se adelantó- la resolución cuestionada no precisa los hechos que conducen a prescindir de los servicios del actor, amparándose en una formula genérica “ no ser necesarios sus servicios” que no pasa de ser una mera afirmación que carece de todo fundamento, donde lisa y llanamente se pone término a una relación que se prolongaba desde el año 2011, lo que conduce a concluir que en la especie no se cumple con la motivación que exige la ley, puesto que no se dota de contenido fáctico al motivo en que pretende amparar su decisión, tornándose ilegal, al carecer de razonabilidad y fundamentos suficientes.

Octavo: Que por lo demás, los motivos o fundamentos del acto están constituidos por los que lo originan, como aquellos efectos que se tienen en vista con su dictación, además, de los antecedentes determinantes, específicos, que dicen relación con el caso particular, ausentes en la especie, en relación a la causal esgrimida. Tales motivos o fundamentos han de dejarse de manifiesto para la evaluación correspondiente, pues de lo contrario la autoridad jurisdiccional se encuentra en la imposibilidad de ejercer sus funciones, en términos que al no expresarse- en autos- los fundamentos la decisión, ésta resulta igualmente arbitraria.

Noveno: Al actuar de la manera antes referida se vulnera -en concepto de esta Corte- la igualdad ante la ley que reconoce la Carta Fundamental, en tanto se otorga un trato diferente al recurrente en relación a otros empleados a contrata, que permanecen en sus cargos hasta el término legal o hasta que sus servicios dejen de ser efectivamente necesarios por razones que han de expresarse.

Por último, también se afecta el derecho de propiedad del artículo, 19 Nº 24 del texto constitucional, al privar al funcionaria de su derecho a las remuneraciones que le correspondían hasta el término del contrato.

Y de conformidad, además, a lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 18 y, en consecuencia, se dispone dejar sin efecto la Resolución N° 26, de 17 de marzo del año en curso, en la parte que puso término al contrato de don nombre reservado, debiendo la autoridad pertinente reintegrar a sus labores a la recurrente por el periodo que resta de su contrata y adoptar las medidas necesarias para solucionar el pago de las remuneraciones correspondientes a su cargo desde que se hubiese interrumpido el pago en virtud de la referida resolución y hasta el 31 de diciembre de 2014.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministro Adelita Ravanales Rol Corte Nº 18.630-2014 Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de apelaciones de Santiago, integrada por el Ministro Jorge Dahm Oyarzún, la Ministro señora Adelita Ravanales Arriagada y la Ministro señora Pilar Aguayo Pino.