nombre reservado con AFP PLAN VITAL S.A

Santiago, veintidós de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, y deduce acción de protección en favor de Yerris nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y en contra de AFP Planvital S.A, por el acto que califica de arbitrario e ilegal, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjeros N° 164606, notificado vía correo electrónico con fecha 11 de agosto de 2025, el cual a su juicio vulnera las garantías establecidas en los N°s. 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Al efecto, señala que su representado solicitó la devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N° 18.156, acompañando los documentos requeridos, entre ellos: contrato de trabajo y anexos donde manifiesta su voluntad de mantener la afiliación; un título de Educación Media Técnica Comercial Mención Informática conferido en el año 2012; una Constancia Electrónica de Cotizaciones ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) que acredita la afiliación, y una Declaración Jurada de afiliación suscrita ante notario en Chile, debidamente apostillada. No obstante, la petición fue denegada por la Administradora argumentando, en primer lugar, que la declaración jurada no es válida para acreditar la afiliación en el extranjero y, en segundo lugar, que no se acreditaba debidamente la calidad de "técnico".

Sostiene que el certificado de título acompañado da cuenta de una especialización técnica en informática obtenida en su país de origen, cumpliendo con la exigencia legal, la cual no restringe la calidad de técnico únicamente a la educación superior. En cuanto al certificado de afiliación previsional, alega que la Constancia Electrónica emanada del IVSS es verificable mediante un código web y demuestra cobertura previsional, resultando un actuar ilegal y arbitrario de la recurrida el desconocerla.

Agrega que ante la imposibilidad técnica y material de obtener la legalización consular de dicho certificado por el quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela (caso fortuito o fuerza mayor), recurrió a suscribir una declaración jurada ante notario chileno. Aduce que la exigencia de mayores formalismos por parte de la recurrida desatiende el espíritu de la normativa y establece diferencias arbitrarias respecto de otros solicitantes en iguales condiciones. Por lo anterior, solicita se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación y se proceda a la devolución de los fondos previsionales.

Segundo: Que, informando el presente recurso, comparece el abogado Víctor Manuel Tabilo Marentis, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., quien solicita su rechazo, con costas.

Indica que la revisión de la solicitud ingresada por el recurrente determinó que la documentación presentada no cumple con los requisitos copulativos exigidos por la Ley N°18.156, ni con el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. En primer lugar, respecto a la calidad de "técnico", el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones exige de manera expresa que los conocimientos hayan sido adquiridos en entidades educacionales que otorguen estudios especializados o profesionales, de nivel superior, estándar que no se satisface con un título de nivel medio escolar como el acompañado por el actor.

En segundo lugar, arguye que la documentación acompañada no da cuenta del cumplimiento del requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, ya que la "Declaración Jurada" emitida en Chile constituye un documento unilateral, sin respaldo de la autoridad previsional competente; y la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" carece de firma autorizada y no se encuentra legalizada ni apostillada por la autoridad venezolana correspondiente, sin acreditar además cobertura real por todos los riesgos exigidos por la ley durante todo el periodo trabajado en Chile.

Añade que la Superintendencia de Pensiones, a través del Oficio Ordinario N° 12.954 de 17 de julio de 2025, fue categórica al establecer que ni las constancias electrónicas del IVSS sin apostilla, ni las declaraciones juradas suscritas en Chile por los propios afiliados, constituyen medios probatorios idóneos para acreditar el requisito de seguridad social, debiendo emanar exclusivamente de la autoridad competente del país de origen.

Concluye que el rechazo a la solicitud no constituye un acto ilegal ni arbitrario, pues la Administradora obró en estricto cumplimiento de la ley y las instrucciones obligatorias de su ente fiscalizador, no vulnerándose el derecho de propiedad del actor, ya que este mantiene la titularidad sobre sus fondos, pudiendo volver a solicitar su retiro una vez que subsane la documentación de acuerdo a derecho.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye un remedio de urgencia destinado a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, para que prospere esta acción cautelar, es requisito indispensable la existencia de un derecho indubitado y preexistente del recurrente, el cual se vea afectado por un acto u omisión que carezca de sustento legal –ilegalidad– o que sea producto del mero capricho –arbitrariedad–.

Quinto: Que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 establece una situación de excepción al principio de territorialidad de la ley previsional chilena, permitiendo a los técnicos extranjeros eximirse de cotizar —y retirar sus fondos según el artículo 7°— siempre que cumplan copulativamente con: a) Estar afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Expresar en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación.

Al tratarse de una norma de excepción que autoriza el retiro anticipado de fondos destinados constitucionalmente a la seguridad social, su interpretación debe ser estricta y el cumplimiento de sus requisitos debe acreditarse de manera fehaciente. Asimismo, se debe tener presente que corresponde a la Superintendencia de Pensiones interpretar la legislación y reglamentación del Sistema de Pensiones (artículo 94 del D.L. N°3.500), con carácter obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Sexto: Que, en relación a la prueba de la filiación a un sistema de seguridad social extranjero, rige en nuestro país el principio *locus regit actum*. Para que dichos instrumentos emanados en el exterior produzcan efectos en Chile, ineludiblemente deben someterse a las reglas establecidas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, o bien, a las disposiciones de la Convención de La Haya de 1961 sobre la Apostilla (Ley N° 20.711), de la cual tanto Chile como Venezuela son Estados Parte.

Séptimo: Que, del mérito de los antecedentes allegados a la causa, y a la luz del marco normativo señalado, aparece de manifiesto que el recurrente no ha logrado acreditar debidamente los presupuestos exigidos por el legislador. En primer término, el certificado de título secundario no reúne los presupuestos exigidos por el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que asocia la calidad de "técnico" a la formación especializada superior.

Pero, más gravitante aún, respecto a la cobertura previsional, el actor ha presentado una Constancia Electrónica emitida por el IVSS que carece de la respectiva Apostilla emanada por la autoridad competente de Venezuela. Adicionalmente, la Declaración Jurada elaborada unilateralmente por el solicitante ante notario en Chile, si bien cuenta con firma electrónica y apostilla local referida a la certificación notarial, no resulta ser el instrumento idóneo para acreditar una situación jurídica previsional extranjera, la que solo puede ser certificada por el ente de seguridad social foráneo pertinente. Así lo ha refrendado la Superintendencia de Pensiones —de forma específica para el caso de ciudadanos venezolanos ante el cierre consular— mediante el Oficio Ordinario N° 12.954 de julio de 2025, al descartar explícitamente el uso de declaraciones juradas y de constancias electrónicas sin apostilla, ordenando a las Administradoras exigir la validación de la autoridad de origen.

Octavo: Que, en consecuencia, el acto calificado de agraviante por parte de la Administradora recurrida no adolece de ilegalidad, desde que encuentra amparo expreso en los requisitos documentales de la Ley N° 18.156, los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, y las normas obligatorias impartidas por la Superintendencia de Pensiones. Tampoco se vislumbra arbitrariedad, puesto que la decisión no obedece a un actuar antojadizo, desigual o caprichoso de AFP Planvital S.A., sino al acatamiento estricto de la normativa aplicable de forma general para resguardar la legalidad en el retiro de fondos previsionales.

Noveno: Que, corolario de lo anterior, al no haber dado el actor cabal cumplimiento a los requisitos legales previstos para la excepcionalidad que invoca, carece de un derecho indubitado que deba ser cautelado por esta vía de urgencia. Con todo, la negativa de la recurrida no cercena el derecho de propiedad del recurrente (artículo 19 N° 24 de la Constitución Política), pues los fondos permanecen a su haber en su cuenta de capitalización individual; tratándose, además, de una resolución administrativa susceptible de ser enmendada una vez que el interesado decida presentar, si así lo hiciere, una nueva solicitud acompañada de la documentación revestida con las solemnidades que exige el ordenamiento jurídico.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida por Pablo Daniel Peñaloza Parra en favor de Yerris nombre reservado y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección-18629-2025.-