nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

Santiago, doce de junio del año dos mil veinte.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece la señora nombre reservado, en representación del señor nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes y de la Caja de Compensación y Asignación Familiar 18 de Septiembre, quienes por su proceder arbitrario e ilegal, han vulnerado sus garantías constitucionales contenidas en los numerales 3, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que el recurrente es trabajador de la empresa Núcleo Paisajismo S.A., en calidad de conductor, y que desde el mes de agosto del año 2019, han aparecido en sus remuneraciones descuentos por alrededor de $110.000, bajo la nomenclatura “Prestamos C.C.A.F. Caja 18”, salvo en noviembre del año 2019, cuando el descuento fue de $22.778. Consultó el actor al Departamento de Recursos Humanos de la empresa, donde le indicaron que mes a mes recibían instrucciones de la Caja Los Andes consistentes en una nómina de trabajadores a los que debían efectuárseles descuentos por préstamos a Cajas de Compensación, y que a su vez, Caja Los Andes actuaba bajo instrucciones de Caja 18 de Septiembre. Indica que en octubre del año 2012, siendo trabajador de otra empresa, solicitó un crédito de consumo a la Caja de Compensación Los Andes, por la suma de $4.373.084, y que en diciembre de 2013 dejó de prestar servicios para dicho empleador, teniendo problemas para seguir pagando el crédito al estar varios meses sin prestar servicios. Grande fue su sorpresa, se relata, cuando se enteró que los descuentos eran por una deuda contraída en el año 2012 que se le estaba cobrando 7 años después, a través de descuentos ilegales, directos, sin aviso ni notificación.

Alega que la Caja de Compensación Asignación Familiar Los Andes no ha iniciado acción judicial alguna, pretendiendo corregir su desidia y negligencia con los presentes cobros, al no contar con un título ejecutivo, haciendo un uso abusivo del derecho al no fundamentar, ni siquiera contractualmente, el descuento efectuado. Además, hace presente que no tiene relación alguna con la Caja que se encuentra efectuando los cobros, esto es, la Caja de Compensación 18 de Septiembre.

Por todo lo anterior, solicita se acoja la presente acción y, en definitiva, se ordene a las recurridas el reintegro de todas las sumas descontadas, debidamente reajustadas, el abstenerse de realizar por sí o mediante terceros, descuentos en sus remuneraciones, todo esto con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que se evacuó informe por la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, representada por el señor nombre reservado. Solicita el rechazo de la presente acción interpuesta en su contra, explicando que su parte no tiene la condición de acreedora del actor, sino que su participación se limita a la intermediación en el cobro de la deuda de crédito social que tiene el actor con la Caja Los Andes, en virtud de la aplicación del sistema “INTERCAJAS”, un sistema integrado de recaudación, que aplica la normativa que regula el cobro y pago de las cuotas de crédito social, contenidas principalmente en la Ley 18.833, el Estatuto General de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, el DS 71 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el Código del Trabajo, la Ley N°17.322 y la Circular 2052 de la Superintendencia de Seguridad Social, que permiten su actuar.

TERCERO: Que compareció el señor nombre reservado en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes evacuando el informe solicitado. Indica que el 31 de octubre del año 2012, se le otorgó al actor un crédito por la suma de $4.373.084, pagadero en 60 meses, con cuotas mensuales de $143.934, cuyo primer vencimiento fue el 30 de noviembre de 2012, pagándose las cuotas 1 a 12. Luego, a través del sistema “INTERCAJAS”, recibió una remesa el 29 de junio de 2017, y luego las correspondientes a los meses de abril a diciembre del año 2019, manifestando que al mes de enero de 2020, la operación de crédito mantiene en morosidad parcial la cuota de febrero de 2014, la N°15, y la totalidad de las cuotas 16 a 60, siendo la obligación completamente exigible, sin que se haya declarado la prescripción.

Alega, en primer lugar, que la acción es extemporánea, ya que el actor dice haber tomado conocimiento del primer descuento en agosto de 2019, por lo que la acción, presentada el 20 de diciembre de 2019, fue interpuesta fuera de plazo. Sin perjuicio de lo anterior, explica que dada la naturaleza de entidad de previsión social de las Cajas de Compensación, el legislador consideró necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan, permitiendo el descuento de lo adeudado desde la remuneración otorgada por una entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja que corresponda. En el presente caso, se realizó a través del proyecto de interconexión de las Cajas de Compensación llamado “INTERCAJAS”, que permite el cobro de los créditos por comunicación interna, sin que exista ilegalidad y arbitrariedad en ello, por lo que no pueden estimarse como vulneradas las garantías constitucionales del actor.

CUARTO: Que el denominado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

QUINTO: Que constituyen entonces presupuestos de la acción cautelar- en el carácter de copulativos-, los siguientes:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Se adiciona a lo anterior que debe interponerse dentro del plazo de treinta días desde que se toma conocimiento del acto o se incurre en la omisión que se reclama.

SEXTO: Que el acto que se estima arbitrario e ilegal es el descuento que se ha realizado por parte de la Caja de Compensación 18 de Septiembre, correspondiente a un préstamo informado por la Caja de Compensación Los Andes, que se cobra a través del sistema INTERCAJAS, sin su consentimiento por lo que se ha vulnerado el artículo 19 N°s 3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

SEPTIMO: Que conforme a los antecedentes aportados por las partes, apreciados de acuerdo con las reglas de la sana crítica es posible establecer los siguientes hechos:

a) Que el recurrente en el año 2012, obtuvo un préstamo de la Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes, por un capital de $4.373.084, la que debía pagar en 60 cuotas, a contar del mes de noviembre del año 2012 .

b) Que la recurrente pagó 15 de las 60 cuotas.

c) El recurrente actualmente presta servicios para Núcleo Paisajismo S.A.

d) Entre las Cajas de Compensación Los Andes y 18 de Septiembre, existe un convenio por la que una Caja de Compensación puede recaudar los créditos de la otra Caja, en la que éste registra deudas sociales, dando la instrucción del descuento al actual empleador del deudor moroso.

e) Desde el mes de agosto a diciembre del año 2019, al recurrente se le han efectuado descuentos de su remuneración, por un monto total de $554.599.- OCTAVO: Que en cuanto a la alegación de extemporaneidad planteada por una de las recurridas, Caja de Compensación Los Andes, se desechará, toda vez que, la acción cautelar se ha presentado dentro del plazo que indica el Auto Acordado, pues el último descuento se realizó en la liquidación de remuneraciones del mes de diciembre del año 2019; y la interposición del recurso, se realizó el día 20 del mismo mes y año.

NOVENO: Que, en cuanto al fondo del recurso, cabe señalar que, es efectivo que la Ley N° 18.933, faculta a las Cajas de Compensación para otorgar a los trabajadores afiliados créditos sociales; y también que en el artículo 22, estos pueden ser deducidos de su remuneración por la entidad empleadora pagadora quien debe remitir tales dineros a la Caja acreedora, aplicándose las mismas normas de pago y de cobro que para las cotizaciones previsionales.

DECIMO: Que conforme a los hechos establecidos, el descuento efectuado a la recurrente, se ha fundado en la existencia de un crédito que se le otorgó por la Caja de Compensación Los Andes, cuyo cobro actualmente se efectúa a través del empleador, por la Caja de Compensación 18 de Septiembre, quien la remesa a la primera de las nombradas.

UNDECIMO: Que en tales circunstancias no se ha cometido ningún acción arbitraria e ilegal, por las recurridas, desde que, el descuento de la remuneración de la recurrente, se ha realizado de acuerdo con la normativa vigente, sin vulnerar las garantías denunciadas; por cuanto respecto de las dos primeras, fundadas en los N°s 3 y 16, del artículo 19 de la Carta Fundamental, éstas no son resguardadas mediante esta acción cautelar, según se indica en el artículo 20; y respecto del N°24, tampoco se ha quebrantado, pues existe una deuda social que no se ha pagado por la recurrente, la que a la fecha tampoco se ha declarado extinguida por ninguno de los modos que la ley contempla.

DUODECIMO: Que, por otra parte, cabe hacer presente que la eventual prescripción que afectaría a la deuda, debe alegarse por la vía y procedimiento pertinentes, pero no a través o por intermedio de la presente acción cautelar, ya que no se aviene con la naturaleza de este procedimiento.

DECIMO TERCERO: Que por todo lo antes razonado, solo cabe rechazar la acción cautelar en análisis.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra señora Marisol Andrea Rojas Moya.

N°Protección-186167-2019.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada por el Ministro (S) señor Juan Carlos Silva Opazo y por la Abogado Integrante señora Carolina Coppo Diez.