Recurso de protección
- Fecha
- 2 de diciembre de 2025
- Sala
- Séptima
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 18613-2024, sentencia de 2 de diciembre de 2025
Resumen
Se rechaza sin costas el recurso de protección por haber perdido oportunidad, al constatar que las publicaciones y comentarios difamatorios en Facebook ya fueron eliminados por el administrador del grupo, faltando un presupuesto de procedencia.
Texto íntegro
C.A. de Santiago Santiago, dos de diciembre de dos mil veinticinco.
VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que comparece don nombre reservado e interpone recurso de protección en contra de doña nombre reservado, don nombre reservado y doña nombre reservado, por haber efectuado y permitido publicaciones difamatorias en la red social Facebook que lo sindican como "abusador de mujeres", sin que exista proceso de investigación penal alguno en su contra. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que constituye un ejercicio de autotutela comunicacional que prescinde de la institucionalidad judicial y genera una condena social injusta, vulnerando con ello las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 numerales 1 y 4 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la integridad psíquica y el derecho al respeto y protección de la vida privada y la honra de su persona y familia.
Expone que con fecha 25 de agosto de 2024 tomó conocimiento de una serie de publicaciones efectuadas en su contra por doña nombre reservado en el grupo de Facebook denominado "DIRECCION000", el cual es administrado por doña nombre reservado y don nombre reservado. Señala que en dichas publicaciones aparece una fotografía de su rostro junto a su nombre, acompañada de la afirmación de que es un abusador de mujeres, indicándose que lo que se busca es "justicia social". Agrega que si bien las publicaciones aparecen efectuadas por un "participante anónimo", doña nombre reservado reconoce la autoría de las mismas en los comentarios, junto con una persona de nombre nombre reservado, quien señala ser familiar de aquella.
Añade que a las publicaciones en redes sociales se han sumado carteles con la misma fotografía, los cuales han sido pegados en postes cercanos a su domicilio. Enfatiza que no tiene antecedentes penales de ningún tipo y que no ha sido notificado de la existencia de ningún procedimiento penal en su contra, razón por la cual esta situación, denominada coloquialmente "funa", ha provocado un gran pesar tanto en su persona como en toda su familia. Precisa que en los comentarios de las publicaciones, la recurrida ha acusado incluso a su hermana de ser encubridora de hechos constitutivos de delito, de los cuales no tiene conocimiento alguno.
En lo que respecta al derecho, fundamenta su acción señalando que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, en el numeral cuarto del artículo 19, el derecho al respeto y la protección a la vida privada y a la honra de las personas y su familia, constituyendo este más que un derecho, un verdadero atributo de la personalidad. Invoca asimismo el artículo 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada ni de ataques ilegales a su honra o reputación, citando al efecto jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que caracteriza el ámbito de la privacidad como aquel que debe quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública.
Sostiene que la libertad de opinión y expresión no pueden constituir sustento del proceder de los recurridos, por cuanto para ello habría de probarse la existencia de un interés público en que la ciudadanía conozca la información divulgada, así como proporcionalidad entre la relevancia de divulgar los antecedentes y el nivel de afectación a la intimidad. Argumenta que la tutela de la vida privada está dada en una proporción inversa a la participación de la persona en cuestiones públicas, distinguiéndose doctrinariamente tres categorías de personas: los oficiales públicos, las personas públicas y las personas privadas. Afirma que pertenece indubitadamente a esta última categoría, respecto de la cual no existe un interés público comprometido, por lo que la protección a la honra y a la vida privada alcanza su máxima expresión como derecho de la personalidad.
Argumenta además que el acto de "funa" por un hecho respecto del cual no existe ni siquiera un proceso de investigación legalmente tramitado resulta absolutamente perjudicial para su imagen, instalándose una condena social injusta en un afán de buscar una justicia autotutelada, cuyos perjuicios son muy difíciles de retrotraer. Señala que dicho actuar pernicioso no solo recae en quien hace la publicación, sino también en aquellos que, administrando un grupo masivo en una red social, permiten subir las mismas sin tener ningún antecedente concreto que las valide ni las competencias que les permitan comprender sus alcances perjudiciales. Cita al efecto doctrina del profesor Nogueira, quien sostiene que las expresiones que afectan la dignidad de las personas o calificativos innecesarios para expresar un juicio no constituyen ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, sino una práctica ilegítima e inconstitucional.
En cuanto a la vulneración de las garantías constitucionales, sostiene que las publicaciones difamatorias efectuadas constituyen una evidente vulneración a su derecho a la honra y el de su familia, consagrado en el artículo 19 N° 4° de la Constitución Política de la República, representando un grave atentado al estado de Derecho, toda vez que si los recurridos tienen algún tipo de antecedente en su contra respecto a la eventual ejecución de un delito, cuentan con todas las vías que la ley establece para obtener una solución justa a la controversia que plantean; asimismo, alega la vulneración de la garantía constitucional del N° 1° del artículo 19 de la Constitución, por cuanto se ha afectado su derecho a la integridad psíquica, dado que la exposición al escarnio público lo inserta en un clima de inseguridad y desconfianza, provocando además un daño a su proyecto de vida, entendido como el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal en forma irreparable o muy difícilmente reparable.
Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a los recurridos la eliminación inmediata de las publicaciones realizadas en las redes sociales de Facebook que contengan el nombre o la fotografía del recurrente y cualquier leyenda o frase en que se le impute el carácter de abusador sexual, como también los comentarios que contengan tales afirmaciones; que se ordene a los administradores del grupo de Facebook "DIRECCION000" abstenerse de autorizar o permitir publicaciones en un sentido similar; y que se disponga la abstención de toda comunicación con su persona mediante redes sociales o medios análogos.
Finalmente, cabe consignar que mediante presentación posterior, el recurrente dio cumplimiento a lo ordenado por esta Corte en resolución de fecha 29 de agosto de 2024, acompañando los correos electrónicos de los recurridos nombre reservado y nombre reservado.
SEGUNDO: Que, en la presentación mencionada en el motivo anterior el actor se desistió del recurso respecto de doña nombre reservado, fundado en no contar con correo electrónico fiable de dicha recurrida ni con los medios económicos para efectuar notificación a través de receptor judicial. Al respecto, por resolución de 25 de septiembre del año 2024, se tuvo al recurrente por desistido de la protección deducida en contra de doña nombre reservado.
A su vez, se deja constancia que por resolución de 06 de octubre del año en curso se prescindió del informe de la recurrida doña nombre reservado.
TERCERO: Que comparece don nombre reservado, representado por su abogado patrocinante don Francisco Montoya Fernández, evacuando el informe que le fuera requerido en estos autos.
En primer término, señala que al momento de efectuarse las publicaciones referidas en el recurso, desconocía que había sido nombrado administrador del grupo "DIRECCION000" de la red social Facebook, presumiendo que dicha designación obedeció a una operación automática de la misma plataforma digital.
Agrega que tomó conocimiento de las publicaciones cuestionadas únicamente una vez que fue interpuesto el presente recurso de protección, manifestando además que el recurrente don nombre reservado le resulta un absoluto desconocido. En consecuencia, afirma categóricamente que no ha tenido ni tiene ánimo alguno de difamar o ensuciar la imagen del actor.
Asimismo, y no obstante las circunstancias expuestas precedentemente, el informante expresa que ofrece disculpas públicas al recurrente si por algún modo este se siente perjudicado por las publicaciones en cuestión, insistiendo en que nada tiene en su contra y que carecía de conocimiento respecto de las mismas.
En cuanto a las medidas adoptadas, indica que, conforme se acredita con el documento que acompaña a su presentación, las publicaciones fueron borradas del grupo "DIRECCION000" y que se retiró de forma inmediata de la administración de dicho grupo. Precisa que actualmente las publicaciones se encuentran eliminadas y que ya no ostenta la calidad de administrador del referido grupo de Facebook.
CUARTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.
Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.
QUINTO: Que, en la especie, el acto reclamado corresponde a distintas publicaciones que el recurrente califica como difamatorias y que fueron realizadas en la red social Facebook, específicamente, en el grupo "DIRECCION000", sindicándolo como un "abusador de mujeres".
SEXTO: Que, en ese orden de cosas, se deja establecido que consta en estos autos – conforme a los documentos agregados al informe de don nombre reservado - que tanto las publicaciones a que hace referencia el recurrente como los comentarios adosados a las mismas fueron eliminados de la página del grupo denominado "DIRECCION000" de la plataforma Facebook; actuación que realizó el recurrido en calidad de administrador de dicha página.
SÉPTIMO: Que, en consecuencia, la presente acción constitucional deberá ser rechazada por faltar, actualmente, uno de los presupuestos necesarios para su procedencia, entendiéndose que ha perdido oportunidad, tornándose innecesario emitir pronunciamiento sobre el fondo de las alegaciones de las partes.
Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se resuelve, que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, por haber perdido oportunidad.
Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.
N°Protección-18613-2024.
En Santiago, dos de diciembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.