Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, catorce de julio de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, el 29 de enero de 2025, comparece don nombre reservado, de nacionalidad estadounidense, por sí, quien interpone acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la falta de notificación de la resolución que rechazó su solicitud de refugio.

Expone que el 20 de febrero de 2018 solicitó que se reconociera a su respecto el estado migratorio de refugiado, toda vez que en su país de origen se buscaba encarcelarlo por más de 30 años por un delito que cometió el año 1994. Refiere que fue encarcelado por el tiempo y la pena del delito en cuestión.

Asevera que el Estado de Luisiana decidió cambiar su delito y su condena, lo que no resulta aceptable, toda vez que no se puede volver a acusar a una persona por el mismo cargo y que, de otra parte, la embajada de Estados Unidos se negó a proporcionarle un nuevo pasaporte, pidiéndole que concurriera en diversas oportunidades, sin embargo, se niega a hacerlo toda vez que pueden detenerlo y expulsarlo de Chile.

Señala que, luego de presentar su solicitud de refugio, esperó durante años, mientras vivía en Pucón, sin embargo, el año 2019 concurrió personalmente a Santiago y se le informó que su solicitud estaba archivada, toda vez que se le habría enviado una carta certificada que no recibió. Agrega que buscó la ayuda de la persona que indica en su recurso, logrando desarchivar la tramitación de su petición.

Indica que durante el año 2020 se le solicitó reunirse con dos personas de migraciones, quienes cuestionaron su caso y le indicaron que recibiría una carta pidiéndole que regresara, sin embargo, nunca recibió contacto o notificación alguna, razón por la cual inició un caso en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Explica que, alrededor de marzo de 2024 concurrió ante la oficina de refugiados a fin de consular sobre su caso, oportunidad en que se le informó que había sido denegada su petición, que no se podía presentar una segunda solicitud de refugio y que los antecedentes constaban en el tribunal. Asegura que nunca recibió información a dicho respecto y que necesita saber por qué y cuándo tuvo lugar lo antes referido.

Agrega que revisó los casos que ha tenido ante esta Corte de Apelaciones, y que en uno de ellos encontró una respuesta de migraciones, en la cual se incluyó la solicitud de refugio denegada, sin embargo, nunca le avisaron a dicho respecto a través de carta certificada, de forma que no ha contó con tiempo para solicitar una revisión de lo resuelto o asesorarse con un abogado.

Solicita, en definitiva, que se deje sin efecto la denegación a su solicitud de refugio, que se desarchive su procedimiento y que se le atienda con la misma atención y respeto que a los demás.

Segundo: Que, el 10 de marzo de 2025, el abogado don Luis Ignacio Salvo, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicita el rechazo del presente arbitrio, por estimar que no existe acto u omisión de su representado que vulnere las garantías fundamentales del actor.

Expone que el recurrente registra como primera fecha de ingreso al país el día 25 de febrero de 2012, por medio de paso fronterizo habilitado Los Libertadores y que el 6 de febrero de 2018, mediante solicitud N°NUM000, formalizó su solicitud de ingreso al procedimiento de la condición de refugiado.

Indica que el 3 de septiembre de 2019 se remitió el informe de elegibilidad y todos los antecedentes a la Comisión de Reconocimiento, la que emitió su informe y dio su recomendación al señor nombre reservado, resultando destacable que el recurrente: (i) fue acusado, en el año 1994, de abuso sexual a menores con uso de fuerza, vulneración al bienestar de menores y hurto, en el Estado de New Yersey; (ii) si bien fue absuelto del cargo de abuso sexual, fue hallado culpable de vulneración a menores, por lo que pasó un año y nueve meses en prisión; (iii) se registró anualmente ante la Policía de su Estado de residencia, hasta cumplir los 10 años que exigía la ley, en el 2006; (iv) al año siguiente se mudó a vivir al Estado de Louisiana, donde fue notificado que sus antecedentes personales serían publicados en un registro de Sex Offenders, debido a que no había informado su cambio de residencia, circunstancia que provocó el bloqueo del acceso a los servicios de seguridad social y se extendió su obligación de registro anual ante la Policía por 25 años; (v) diez meses después, viajó a Chile, debido a los problemas que tenía para insertarse social y laboralmente en Estados Unidos; (vi) al intentar renovar su pasaporte ante su embajada en Chile, recibió una carta de denegación, debido a que mantenía una causa pendiente con la justicia de su país; (vii) se enteró, buscando en internet, que registraba de forma paralela una condena de 30 años, por haber violado la Ley Megan en el Estado de Louisiana y; (viii) comenzó a evaluar sus posibilidades para permanecer de manera regular en Chile, formalizando la aludida solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado el año 2018.

Explica que, a partir de lo expuesto, se concluyó que los antecedentes del actor no constituyen, en sí mismos, motivo suficiente para estimar que su vida estuviera en peligro en caso de regresar a su país, por lo que no se pudo superar el umbral de persecución en los términos exigidos para acceder a su petición, de forma tal que, mediante Resolución Exenta N° NUM001, de 21 de agosto de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se rechazó la aludida solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, otorgándosele un plazo de 30 días para solicitar un permiso de residencia.

Hace presente que la señalada Resolución Exenta se intentó notificar mediante Oficio Ordinario N° NUM002, de 24 de agosto de 2020, dirigida al domicilio aportado por el propio recurrente en el procedimiento administrativo, sin embargo, el sobre en cuestión fue devuelto por Correos de Chile, ante la imposibilidad de encontrar al extranjero.

Afirma que, sin perjuicio de lo expuesto, y con ocasión del recurso de protección interpuesto por el recurrente ante esta Corte de Apelaciones, Rol 7828-2020, el Servicio Nacional de Migraciones informó, a folio 31, del acto administrativo que rechaza la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, tomando conocimiento de la medida, circunstancia que es reconocida por el actor a folio 33, al indicar que “inmigración ahora me ha negado el estatus de refugiado por el motivo indicado en su carta”.

Hace presente que el recurrente realizó gestiones posteriores que evidencia su conocimiento, especialmente aquellas dirigidas a regularizar su estatus migratorio en Chile, sin reclamar falta de emplazamiento o la nulidad del acto, de acuerdo al artículo 47 de la ley N° 19.880, en concreto, 4 solicitudes de residencia definitiva, de 29 de junio de 2022, 25 de diciembre de 2022, 19 de julio de 2023 y 4 de enero de 2024, todas rechazadas por improcedentes.

Asevera que el presente arbitrio y su petitorio dicen relación con el acto de notificación de la Resolución Exenta que rechazó la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, y que es visible y notorio que esa exigencia se encuentra satisfecha.

Finalmente, puntualiza que no se ha dictado algún tipo de sanción administrativa en contra del actor.

Tercero: Que el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso, recurrir a la Corte de Apelaciones a fin que se adopten de inmediato las providencias que fueren necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Cuarto: Que lo reclamado por la recurrente es la falta de notificación de la Resolución Exenta N° NUM001, de 21 de agosto de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en cuya virtud se rechazó su petición de reconocer a su respecto la condición de refugiado.

Quinto: Que, resulta ineludible y pertinente enfatizar que la acción ejercida es esencialmente cautelar, que busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados y una de cuyas manifestaciones más relevantes es el propósito conservativo que le singulariza, en el sentido que se trata de un arbitrio de tutela de urgencia de derechos fundamentales, de manera que su propósito es la adopción de medidas preventivas o de restablecimiento del imperio del derecho, cuando los atributos esenciales de una persona se están viendo afectados.

Sexto: Que, en tal sentido, debe recordarse que la omisión que cuestiona el recurrente ha consistido en la falta de notificación del acto a través del cual se rechaza su pretensión de obtener la calidad migratoria de refugiado.

Séptimo: Que, en ese orden de idea, corresponde resaltar que existe constancia del hecho que el actor tomó conocimiento cierto del acto cuya notificación echa en falta. En efecto, según da cuenta lo actuado en el proceso Rol de Protección N°7828-2020, seguido ante esta Corte de Apelaciones, el propio recurrente manifestó haber tomado noticia de ese acto, de manera que, a estas alturas, no existe medida que pueda adoptarse por esta Corte en el contexto de esta acción constitucional, razón por la cual el recurso debe ser desestimado, por haber perdido oportunidad.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en favor de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1861-2025.