nombre reservado con HOSPITAL DIPRECA

C.A. de Santiago Santiago, seis de agosto de dos mil veintiuno.

Al folio 14: A lo principal y primer otrosí, téngase presente; al segundo otrosí, a sus antecedentes.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Comparece Daniel Antonio Gaete Véliz, abogado, con domicilio en domicilio reservado, y en favor de nombre reservado, médico cirujano, del mismo domicilio, deduce recurso de protección en contra del HOSPITAL DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS DE CHILE, persona jurídica de derecho público, rol único tributario 61.513.003-6, representado por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana.

Refiere que recurre en contra de la decisión comunicada de forma verbal con fecha 21 de enero de 2021 que resolvió la no renovación de la contrata de nombre reservado para el año 2021, decisión tomada en desatención de las normas que regulan la materia, incurriendo, en consecuencia, en un actuar arbitrario e ilegal.

Señala que con fecha 1 de diciembre de 2007, el recurrente médico cirujano, especialista en Medicina Interna, fue contratado como funcionario del Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, para desempeñar la función de Internista de la Unidad de Cuidados Intensivos del establecimiento, bajo la Ley N° 15.076, contratación que en principio se extendería hasta el día 31 de diciembre de ese año, sin embargo, desde el año 2007, su contrata fue objeto de múltiples y sucesivas renovaciones que se extendieron hasta el pasado 31 de diciembre de 2020.

Enfatiza que después de 13 años de servicio funcionario ininterrumpido, intachable, y entrega profesional al Hospital DIPRECA, con fecha 21 de enero de 2021, al dirigirse a cobrar su remuneración, fue notificado de forma verbal que su vínculo no se renovaría para el año 2021. Tal fue la sorpresa del profesional afectado, que pidió al Hospital que se le entregara la resolución que fundamentó la decisión de no renovar su contrata, no obstante establecimiento indicó que el acto administrativo en cuestión fue supuestamente enviado por carta certificada al domicilio del médico, sin embargo, hasta la fecha no ha recibido ningún aviso formal de la decisión, desconociendo en definitiva los motivos que tuvo el Hospital para no seguir requiriendo de sus funciones.

Agrega que hasta la fecha, no se conoce ningún acto administrativo notificado válidamente que dé cuenta de las motivaciones que tuvo la autoridad para no renovar el vínculo del recurrente para el año 2021, por lo que no se cumple con el deber de tomar decisiones a través de la dictación de actos administrativos fundados.

Destaca que la normativa y jurisprudencia aplicable al caso han sido infringidas flagrantemente, mediante el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, el que se tradujo en poner término a la contrata del recurrente al resolver la no renovación de la contrata para el año 2021, después de trece renovaciones sucesivas e interrumpidas.

Reitera que, hasta la fecha, no existe el acto administrativo que tenga un fundamento claro y preciso y que cite los antecedentes de hecho en los que se funda, vulnerando lo dispuesto en el artículo 11 inciso 2° de la Ley N° 19.880 que es obligatoria para el caso en que un acto administrativo disponga el cese de un empleo a contrata y afectando el principio de la legítima confianza que busca preservar la legítima expectativa que tienen los funcionarios de la administración del Estado, para que la autoridad tome decisiones que sean armónicas con los criterios manifestados con anterioridad en situaciones semejantes.

En cuanto a las garantías vulneradas cita las previstas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide acoger íntegramente este recurso, y restablecer el imperio del derecho, disponiendo que la recurrida reincorpore en sus labores al recurrente por la totalidad del año 2021, y además proceda al pago de todas las remuneraciones y emolumentos que no haya percibido desde el día 1° de enero de 2021 a la fecha en que sea reincorporado con costas.

SEGUNDO: Informando la recurrida rechaza en todas sus partes lo esgrimido por el recurrente, ya que su representada dio cabal cumplimiento a lo señalado por la ley y la jurisprudencia administrativa. En primer lugar se debe tener presente lo preceptuado en el artículo 3° de la Ley N° 19.880, y en tal sentido, emitió la respectiva Resolución Exenta N° 244 de fecha 30 de noviembre de 2020 que decidió la no renovación del contrato Ley N° 15.076 del recurrente y honorarios para el año 2021.

En segundo lugar, el recurrente señala que el acto administrativo jamás le fue notificado, sin embargo, en cumplimiento con la Ley, se procedió a notificar mediante carta certificada la Resolución Exenta N°244, y carta de notificación de no renovación – Ley 15.076, ambas de fecha 30 de noviembre de 2020, la que fue remitida con fecha 3 de diciembre de 2020, a su domicilio en domicilio reservado, cuyo código de envío es N° 1176278827355.

Precisa que el inciso primero del artículo 45 de la ley N° 19.880, prevé que los actos administrativos de contenido individual –como aquel que dispone la no renovación de una designación a contrata-, deben ser notificados a los interesados conteniendo su texto íntegro, añadiendo en su inciso segundo, que las notificaciones deberán practicarse, a más tardar, en los cinco días siguientes a aquél en que ha quedado totalmente tramitado el acto administrativo.

Que, su parte procedió a revisar el seguimiento del envío en la página de Correos de Chile (www.correos.cl), y su estado está en “Tramite”, recibido con fecha 09 de diciembre de 2020, en la Oficina de Correos de Chile, en la comuna de Buin, comuna del domicilio del recurrente, por lo que y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 46, inciso primero, de la referida Ley N° 19.880, las notificaciones por carta certificada, se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la pertinente oficina de correos, la que, según se expresa en el Dictamen N° 24.387, de 2014, de la Contraloría General de la República, es la del domicilio del afectado, por ende, el recurrente se entiende notificado de ese acto administrativo, el día 09 de diciembre de 2020.

A continuación transcribe el acto administrativo entregado por su parte a don nombre reservado y este expone lo siguiente “VISTOS: Decreto Ley Nº 1812 de 1977 que creó el Fondo Hospital del Imponente de la Dirección de Previsión de Carabineros De Chile, posteriormente modificada por la ley 18.399 de 1985; Decreto Supremo N° 355 del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaria de Carabineros, que aprobó el Reglamento del Hospital DIPRECA; Resolución TRA N° 94/81/2018, de fecha 18 de julio de 2018, de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, que designa Director del Hospital DIPRECA a don nombre reservado; Resolución N° 294 de fecha 6 de mayo de 2016, y Resolución Exenta N°566 de fecha 11 de Mayo de 2016, ambas de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, que delegan diversas facultades en el Director del Hospital DIPRECA; Resolución Exenta Nº 282, de fecha 16 de abril de 2020, del Ministerio de Salud, que dispone uso obligatorio de mascarillas en lugares y circunstancias que indica; Resolución N°07 de 2019, y Resolución N°06 de 2019 de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre la exención del trámite de Toma de Razón; y en uso de las facultades que me confieren las leyes y los reglamentos vigentes.

CONSIDERANDO:

1.- Que, con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) declaró pandemia el brote de Coronavirus COVID-19, luego de verificarse más de 130.000 contagios a nivel mundial.

2.- Que, con fecha 16 de marzo de 2020, el Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique, anunció que el país se encontraba en fase 4 de pandemia Coronavirus COVID-19, por cuanto los contagios confirmados aumentaron de 75 a 155 en un solo día, adoptando una serie de medidas preventivas, instruyendo a los distintos servicios de la Administración del Estado que se adoptaran diversas medidas de prevención de contagio, protección de la salud y de racionamiento y contención de gasto público. Junto con ello, el Gobierno Central, a través del Ministerio de Salud, ordenó la suspensión de prestaciones de salud no esenciales o urgentes como medida preventiva para evitar contagios por coronavirus Sars-Cov-2, como también para focalizar el trabajo nosocomial a la atención de pacientes Covid-19 positivo y prestaciones de salud urgentes e impostergables, decisiones respecto de las cuales este Hospital tuvo acatar sin miramientos en atención al estado de crisis sanitaria, adecuando sus protocolos y organización interna para cumplir con las directrices de la autoridad sanitaria.

3.- Que, con motivo de las medidas de prevención de contagio ordenadas por el Gobierno central y aquellas que el Hospital debió adoptar en virtud al mandato legal del artículo 184 del Código del Trabajo, norma que le es vinculante en atención a lo dispuesto en el Decreto 355 de 1990 del Ministerio de Defensa Nacional, el establecimiento incurrió en un mayor gasto no previsto, tales como implementación de sistemas alternativos de atención médica, extensión de permisos con goce de remuneraciones para aquellos funcionarios de grupo de riesgo cuyas labores eran incompatibles con el trabajo remoto, permisos con goce de remuneración a trabajadoras con hijos menores de 2 años en atención al cierre de salas cuna, compra de implementos de prevención tales como alcohol gel y dispensadores, mascarillas reutilizables, entre otros.

4.- Que, asimismo, con motivo de la medidas aplicadas producto de la emergencia sanitaria por Covid-19, este Hospital se ha visto gravemente afectado en materia económica, por cuanto la prestación y venta de servicios médicos ofrecidos por este establecimiento ha sufrido una caída de gran relevancia, lo que ha provocado una disminución importante en sus ingresos, obligando a tomar diversas acciones de contención de gastos y costo operacional, y que ha llevado a realizar una revisión de las distintas estructuras de trabajo dentro de los distintos servicios del Nosocomio, a fin de lograr un ajuste a la baja de los cargos que el Hospital mantiene en consideración a la actual demanda de prestaciones, tanto en el área clínica como en el área administrativa.

5.- Que, las medidas adoptadas han respondido al déficit financiero que ha afectado al establecimiento en los últimos meses debido a la drástica disminución de ventas de prestaciones médicas que, por ejemplo, para el primer semestre de este año fue inferior en 2.000 millones aprox. respecto del año anterior, disminución provocada en gran medida por la contingencia sanitaria nacional, ante el incremento inusual de gastos y ante la disminución relevante de ingresos proyectados (diferencia negativa de aprox. 1.000 millones en los últimos 3 meses del primer semestre, tendencia que se mantuvo en los meses siguientes). Así, el establecimiento se ve obligado a adoptar nuevos ajustes en materia de estructuras de trabajo y costo general de funcionamiento a fin de mantener la viabilidad financiera del establecimiento, entre ellos, la no renovación de vínculos afectos a la Ley 15.076 y con profesionales a honorarios.

6.- Que, la decisión de no renovar los vínculos afectos a la Ley 15.076 y con profesionales a honorario, se sustenta en las facultades legales entregadas en la materia, la que no considera otro requisito más que los propios de un acto administrativo, esto es, que el acto se encuentre debidamente motivado, y que, según las directrices de la Contraloría General de la República, sea notificado de manera oportuna. Así, esta decisión da estricto cumplimiento al límite temporal para la decisión del Jefe de Servicio, respecto a determinar la no renovación de los vínculos referidos.

7.- Por su parte, la decisión de no renovar los vínculos regidos por la Ley 15.076 y a honorarios para el año 2021, no sólo se sustenta en la necesidad financiera de reducir los costos del Nosocomio para mantener su viabilidad financiera, sino, también, en la compatibilidad prevista en la reducción de este personal y el buen funcionamiento del servicio mediante la redistribución de funciones y reorganización de estructuras de trabajo a través de los funcionarios vinculados bajo las normas del Código del Trabajo.

8.- Que, se debe hacer presente que la medida de no renovación de contratos afectos a la Ley 15.076 y prestación de servicios profesionales a honorarios, es una medida adoptada como ultima ratio, luego de que otras medidas adoptadas por el Hospital no hayan generado resultados suficientes para contener suficientemente el gasto, medidas tales como la disminución de autorización para el trabajo en sobretiempo para el personal tanto médico-clínico como administrativo, medidas reorganizativas de mejoramiento de eficiencia en los grupos de trabajo, disminución de horas inactivas de pabellón a fin de aumentar el aprovechamiento de los servicios ofertados por el Hospital (plan gravemente afectado por la suspensión de intervenciones quirúrgicas dispuestas por la autoridad sanitaria), mejoramiento de los flujos de cobro de activos del Hospital, automatización parcial de algunos procesos a fin de compatibilizar el trabajo humano y la asistencia tecnológica, términos de relaciones laborales regidas por el Código del Trabajo, entre otros.

9.- Que, en atención a la regulación contenida en el Decreto Ley 1.812 de 1975 y el Decreto Supremo 355 del Ministerio de Defensa Nacional de 1990, este establecimiento no percibe financiamiento directo de la Ley de Presupuestos, por lo cual debe autogestionar su viabilidad económica. Así, el Hospital DIPRECA es un establecimiento de salud público autogestionado, que no se encuentra vinculado de manera directa a la Ley de Presupuestos en proporción a los gastos que irroga su administración, sino que es financiado en una menor parte por las erogaciones de los pensionados de DIPRECA y en una mayor parte por la venta de servicios médicos tanto a usuarios de sistema como de extrasistema, razón que explica que la disminución en las ventas y un aumento de gastos no previstos haya generado un perjuicio real a la administración de este Servicio.

10.- Que, la Ley ha autorizado al Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile la contratación de su personal mediante vínculo regulado por el Código del Trabajo, Honorarios y Ley 15.076, y, por ende, siendo un establecimiento autogestionado financieramente, es el Hospital Dipreca quien debe configurar año a año su estructura clínica y administrativa en atención a los ingresos proyectados al año siguiente, ya que, a diferencia de los Servicios Públicos vinculados de manera directa a la Ley de Presupuesto, este establecimiento no tiene la certeza de obtener ingresos fijos debido a su forma de financiamiento.

11.- Que, en atención al gasto imprevisto generado en el año 2020 debido a la crisis sanitaria por coronavirus Covid-19 y a la disminución de ingresos por venta de prestaciones médicas, este Hospital se ha visto en la obligación de reducir sus estructuras de trabajo para el año 2021, lo que ha hecho previamente mediante el término de relaciones laborales reguladas por el Código del Trabajo, y que hoy complementa a través de la decisión de no renovación de vínculos Ley 15.076 y Honorarios.

12.- Que, en atención a lo anterior, se ha dispuesto la no renovación para el año 2021, del vínculo regulado por la Ley 15.076, de los siguientes funcionarios del Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros de Nombre

Rut nombre reservado

RUT reservado

nombre reservado

RUT reservado

13.- Asimismo, en atención a lo anterior, se ha dispuesto la no renovación para el año 2021, del vínculo a Honorarios de los siguientes profesionales.

Nombre

Rut nombre reservado

RUT reservado

nombre reservado

RUT reservado

De la nombre reservado

RUT reservado

RESUELVO:

1.- DECÍDESE la no renovación, a contar del 31 de diciembre de 2020, de los vínculos regulado por la Ley 15.076 indicados en el considerando décimo segundo de la presente resolución.

2.- DECÍDESE la no renovación, a contar del 31 de diciembre de 2020, de los contratos a honorarios con los profesionales indicados en el considerando décimo tercero de la presente resolución.

3.- NOTIFÍQUESE, la decisión de no renovar para el año 2021, el vínculo regulado por la Ley 15.076 de los funcionarios indicados en el considerando décimo segundo de la presente resolución, y la no renovación de las prestaciones contratadas a honorarios con los funcionarios mencionados en el considerando décimo tercero de la presente resolución, mediante las comunicaciones individuales anexas al presente instrumento.”

Asegura que su representada, cumplió cabalmente con lo preceptuado por el Órgano de Control, notificando al recurrente mediante el respectivo acto administrativo, dando a conocer las razones netamente económicas y de reestructuración que tuvo el Hospital Dipreca de no renovar el contrato ley N° 15.076. En cuanto a la motivación en la resolución recurrida no se hizo mera referencia formal de los motivos, sino, que se argumentó de manera clara y precisa, estableciendo los motivos que tuvo la autoridad para no renovar tanto los contratos Ley N° 15.076 como los Honorarios, lo cual, fue derechamente las nuevas condiciones presupuestarias, en virtud al grave perjuicio económico que está afrontando debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, ya que la prestación y venta de servicios médicos ofrecidos por el establecimiento han sufrido una caída de gran relevancia, lo que ha provocado una disminución importante en sus ingresos, obligando a tomar diversas acciones de contención de gastos y costo operacional, y que la ha llevado a realizar una revisión de las distintas estructuras de trabajo dentro de los distintos servicios, entre ellos, el que desempeñaba el recurrente, a fin de lograr un ajuste a la baja de los cargos que el Hospital mantiene en consideración a la actual demanda de prestación, tanto en el área clínica como en el área administrativa.

Concluye que la medida adoptada por su parte de no renovar el contrato Ley Nº 15.076, del Sr. nombre reservado, ha respondido, tal como lo señala el acto administrativo y la carta adjunta de notificación de no renovación, al déficit financiero que ha afectado al establecimiento en el año 2020, debido a la drástica disminución de ventas de prestaciones médicas que, por ejemplo, para el primer semestre de este año fue inferior en 2000 millones aproximadamente, respecto del año anterior, disminución provocada en gran medida por la contingencia sanitaria nacional, ante el incremento inusual de gastos y ante la disminución relevante de ingresos proyectados. Es por ello que se vio obligada a adoptar nuevos ajustes en materia de estructuras de trabajo y costo en general de funcionamiento a fin de mantener la viabilidad financiera del establecimiento, entre ellos, la no renovación del recurrente y los profesionales a honorarios.

Que, en razón de lo anterior los argumentos expuestos en el Acto Administrativo, son bastante claros y precisos, citando de manera amplia y concisa los hechos facticos que dieron origen a la decisión de la administración de no renovación, fundamentándose en la grave crisis financiera que padece su representada a causa de la pandemia, prueba de ello, son los 114 funcionarios regidos por el Código del Trabajo, a los cuales se les puso término a su contrato de trabajo, por causal de necesidad de la empresa en el año 2020. Es por ello que la decisión no es ilegal, ni menos arbitraria, sino, que netamente económica, ya que su representada no tiene la capacidad financiera para remunerar a funcionarios Ley Nº 15.076, ya que los beneficios contenidos en la esta ley encarecerían cada vez más los servicios médicos en el Hospital Dipreca.

Finalmente y en cuanto al principio de la legítima confianza bajo un cambio real de circunstancias de cualquier índole, debidamente expuestas y fundamentadas por el órgano estatal, se encontraría plenamente justificado el romper la confianza que un precedente administrativo ha generado en un particular y pese a los fallos dictados en esta materia por la Excelentísima Corte Suprema dichos Servicios Públicos –los citados en los fallos- son financiados directamente por la Ley de Presupuesto, lo cual, no permite déficit fiscal en año calendario, y no en la autogestión como lo hace su representada, lo que quiere decir que sin perjuicio de que su representada sea un Hospital Público, se financia como un privado, esto es, en atención a las ventas que realice, lo que en el año 2020 fue muy bajo, por las medidas sanitarias impuestas por la Autoridad Sanitaria, en el contexto de la pandemia por Coronavirus.

TERCERO: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que de la documentación acompañada en estos autos, se infieren los siguientes:

a.- Que el recurrente a contar del 1 de diciembre de 2007, fue contratado como médico cirujano, en el Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, para desempeñar la función de Internista de la Unidad de Cuidados Intensivos del establecimiento. Dicho vínculo laboral fue objeto de múltiples y sucesivas renovaciones que se extendieron hasta el 31 de diciembre de 2020.

b.- Que mediante Resolución Exenta N° 244 de 30 de noviembre de 2020, se tomó la decisión de no renovar el vínculo laboral al actor, cesando sus funciones el 31 de diciembre de 2020.

c.- Que tal decisión se fundamentó en la necesidad financiera de reducir los costos del Hospital para mantener su viabilidad financiera, como asimismo, en la compatibilidad prevista en la reducción del personal y el buen funcionamiento del servicio mediante la redistribución de funciones y reorganización de estructuras de trabajo.

QUINTO: Que el principio de legalidad que impone el constituyente a todos los organismos públicos, como elemento y condición del Estado de Derecho, obliga a la Administración a observar el marco que le fija el ordenamiento jurídico y, por ende, someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, en consideración a lo preceptuado por los artículos 6 y 7 de nuestra Carta Magna.

SEXTO: Que la circunstancia de haber permanecido nombre reservado en el cargo a contrata durante trece años generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculada con la Administración, de modo tal que su relación estatutaria sólo puede terminar por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así lo permita, supuestos fácticos que no concurren en la especie.

SÉPTIMO: Que en el caso del actor nombre reservado, tiene plena aplicación lo sostenido por la Contraloría General de la República en el Dictamen N°6.400, de 2018, desde que se dan los presupuestos fácticos, para que se genere a su respecto la confianza legítima de una nueva contratación, desde que su vínculo laboral ya fue renovado en varias oportunidades y su contrata ha tenido una extensión en el tiempo por trece años.

OCTAVO: Que se han vulnerado respecto de la recurrente las garantías fundamentales consagradas en los N° 2 y 24 del artículo 19 de nuestra Carta Magna, la primera de ellas, consistente en la igualdad ante la ley, en tanto fue objeto de un trato discriminatorio en relación a aquellas personas que, contratadas en similares o iguales condiciones, no se vieron sometidas a una decisión como la que se consigna; y en segundo término, el derecho de propiedad, ya que ha sido privada, al margen de la ley, de recibir sus remuneraciones por el período correspondiente al año 2021, que corresponde al lapso por el cual se le debió haber renovado su contrata.

Por estos fundamentos y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se ACOGE el interpuesto por el abogado don Daniel Gaete Véliz, en representación de don nombre reservado, y en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta N° 244, de 30 de noviembre de 2020, por la cual se dispuso la no renovación de la contrata del actor, para el año 2021.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-1860-2021.