nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACION

C.A. de Santiago Santiago, doce de febrero de dos mil veinticinco.

Al folio 19, téngase presente la delegación de poder.

Al folio 20, téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece José María Hurtado Fernández, abogado, e interpone recurso de protección a favor de nombre reservado nombre reservado y en contra del Presidente de la República, del Servicio Nacional de Migraciones y Ministerio del interior y Seguridad Pública, por el acto arbitrario e ilegal consistente en omitir pronunciamiento respecto de la solicitud de nacionalización presentada con fecha 23 de agosto de 2022.

Expone que el recurrente, de nacionalidad venezolana, vive regularmente en Chile y que cumpliendo todos los requisitos que la ley dispone al efecto, presentó solicitud de nacionalización y que no ha tenido noticias respecto del trámite. Indica que la dilación en el pronunciamiento por parte de las autoridades constituye una vulneración a las garantías fundamentales del recurrente.

Alega que el actuar de las recurridas supone una vulneración a las garantías previstas por los numerales 2° y 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al no existir respecto de su solicitud un pronunciamiento por parte de la autoridad.

Previas citas legales, pide que se ordene a las recurridas dictar el acto administrativo terminal, emitiendo el Decreto que resuelva la solicitud de carta de nacionalización de la recurrente en un plazo no superior a 30 días hábiles administrativos desde que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada o el plazo que se estime conveniente; que ante el improbable caso de que se rechacen las peticiones anteriores, en subsidio, se adopten las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Segundo: Que, al comparecer el Servicio Nacional de Migraciones, opone primeramente la excepción de cosa juzgada, ya que con anterioridad la recurrente de autos interpuso ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rol N° 21928-2024, un recurso de protección por el mismo asunto que el recurso promovido ante esta Corte, y que mediante 6 de diciembre de 2023, el referido Tribunal dictó sentencia rechazando el recurso de protección deducido. Invocando lo prescrito en los artículos 175 y 177 del Código de Procedimiento Civil, señala que en la especie se verifican los requisitos para que concurra la excepción de cosa juzgada.

Posteriormente, en segunda presentación, el Servicio recurrido informa al tenor del recurso. Señalan que con fecha 12 de mayo de 2022 la parte recurrente solicitó la carta de nacionalización y que previos trámites relativos a entrevista con Policía de Investigaciones, con fecha 5 de septiembre de 2024 se remitió a la Subsecretaría del Interior oficio ordinario N°47.421 el expediente íntegro del procedimiento administrativo, la calificación positiva respecto de la solicitud y el proyecto de decreto para someter a la aprobación de la autoridad competente el pronunciamiento.

Refiere que, según la minuta respectiva, la documentación fue recibida por la autoridad respectiva y que, según los registros, a la época del informe, la solicitud se encuentra en etapa de ratificación por la autoridad.

Sostiene que el estado de pendencia de su solicitud de carta de nacionalización no conlleva perjuicio alguno a su estatus migratorio, como tampoco al ejercicio de sus derechos o el desenvolvimiento natural del extranjero en el territorio nacional.

Precisa que la labor del Servicio Nacional de Migraciones en la tramitación de las solicitudes de carta de nacionalización termina con la remisión, mediante oficio, de la calificación favorable o desfavorable de la solicitud de carta de nacionalización analizada, junto con todos los demás antecedentes aportados, al Gabinete de la Subsecretaría del Interior, para que se otorgue o no la nacionalización, la cual constituye una gracia.

En razón de lo anterior, solicita que rechace en todas sus partes la acción.

Tercero: Que, consta informe del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y expone, en primer lugar, que corresponde al Servicio Nacional de Migraciones tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su posterior resolución por parte del Ministerio.

Luego, indica que los antecedentes en cuestión fueron puestos en poder de su cartera por parte del Servicio Nacional de Migraciones, encontrándose actualmente en sus últimas etapas de tramitación, previo a la firma de la autoridad.

Indica que la acción debe ser rechazada, con costas, por no existir una omisión arbitraria o ilegal por parte de la autoridad.

Al respecto indica que las solicitudes de nacionalización son sometidas a un análisis exhaustivo por parte de la autoridad, lo que implica una extensa tramitación, por otro lado, señala que la carta de nacionalización corresponde una expresión del derecho a petición consagrado en el artículo 19 N°14 de la Constitución Política de la República e indica que sólo entre enero y marzo de 2024 se han presentado más de 3400 solicitudes mensuales de otorgamiento de carta de nacionalización.

Por tales razones indica que la no dictación del acto respectivo no es producto de un mero capricho, sino de la verificación de un procedimiento reglado, cuya aplicación se ha visto exponencialmente incrementada en los últimos años.

Sostiene que el plazo previsto por el artículo 27 de la ley 19.880 no constituye uno de carácter fatal para la administración y que no es posible concluir que la sola demora en la tramitación supone una vulneración en los derechos que la Constitución Política de la República establece.

Finalmente, indica que de acogerse la acción existe un riesgo potencial vulneración de los derechos respecto de los demás interesados que se encuentran en similar situación a la del recurren y que la acción de protección no constituye la vía idónea para obtener la aceleración de la tramitación de esta clase de procedimientos.

Así las cosas, solicita el rechazo de la acción, con costas, por carecer de motivos plausibles para litigar.

Cuarto: Que, en autos, consta que se prescindió del informe requerido a Su Excelencia el Señor Presidente de la República, disponiéndose traer los autos en relación.

Quinto: Que, primeramente, en cuanto a la alegación de cosa juzgada efectuada por el Servicio Nacional de Migraciones, es dable señalar que es el efecto que producen determinadas resoluciones judiciales, en virtud de la cual, no puede volver a discutirse ni pretenderse la dictación de un nuevo fallo entre las mismas partes y sobre la misma materia que fue objeto de la sentencia anterior, persiguiendo, con ello el término definitivo de los conflictos, confiriendo certeza de los derechos de las partes, y evitando sentencias contradictorias.

Sexto: Que, sin embargo, la cosa juzgada que produce la sentencia que resuelve la acción de protección produce un efecto formal, lo que implica la posibilidad de plantear la cuestión en otro proceso, más cuando en la especie, la falta de pronunciamiento respecto de la parte recurrente aún se verifica, ya que como se desprende de los antecedentes aparejados por las recurridas, la solicitud de carta de nacionalización aún no es resuelta. Por lo que esta alegación será rechazada.

Séptimo: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarios o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República;

Octavo: Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, la denominada acción o recurso de protección requiere para su acogida la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos:

a) Una conducta por acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) La afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto;

c) Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; y d) Posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

Noveno: Que, el hecho que motiva la presente acción constitucional es la demora en el pronunciamiento sobre la solicitud de carta de nacionalización presentada por el recurrente en el mes de agosto de 2022, y que la recurrida reconoce en su informe que se encuentra en “ratificación ante la autoridad”.

Décimo: Que, atendidos los antecedentes que se exponen, el recurso debe desestimarse por cuanto no existe la omisión ilegal y arbitraria que se le imputa a la Administración. En efecto, según informa el Servicio Nacional de Migraciones, la generalidad de los casos de solicitud de nacionalización tienen una demora en atención a los trámites realizados, teniendo en consideración además que dicha resolución se emite a través de Decreto Exento emanado del Ministro de Interior y Seguridad Pública, por orden del Presidente de la República.

Undécimo: Que, en relación con esta materia, la Excma. Corte Suprema, en sentencia dictada con fecha 20 de marzo de 2023 en los autos Rol N° 115.064-2022, luego de un exhaustivo análisis normativo y de la proliferación de recursos de protección por situaciones similares, concluyó que la demora en la tramitación de solicitudes de nacionalización responde a un procedimiento reglado, compuesto por diversas etapas. En consecuencia, sostuvo que dicha dilación no configura una vulneración de derechos fundamentales.

Duodécimo: Que, atendido lo anterior y considerando que en el presente caso concurre una situación análoga a la resuelta por la Excma. Corte Suprema, esto es, la demora en la resolución de una solicitud de carta de nacionalización, corresponde concluir que no se configura arbitrariedad, pues la dilación es inherente al procedimiento administrativo y encuentra fundamento en la carga de trabajo del Servicio Nacional de Migraciones. Asimismo, tampoco se configura ilegalidad, dado que los plazos administrativos establecidos no tienen el carácter de fatales.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que:

I.- Se rechaza la excepción de cosa juzgada formulada por el Servicio Nacional de Migraciones;

II.- Se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado nombre reservado dirigido en contra del Presidente de la República, el Servicio Nacional de Migraciones y el Ministerio del interior y Seguridad Pública.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-18598-2024.