Protección contra Inspección Comunal del Trabajo de La Florida

Santiago, treinta de mayo de dos mil catorce.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que a fojas 37 don Andrés Klenner Soto, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de Sociedad de Servicios de Comercialización y Apoyo Financiero y de Gestión Presto Ltda. o Sercopresto Ltda., domiciliada en domicilio reservado, dedujo recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de La Florida, representada por su funcionario jefe don nombre reservado y en contra del fiscalizador de la misma institución don nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, en razón de haber dictado las resoluciones administrativas de multa N° 3689-2014-017, 3689-2014-018 y 3689-2014-019, a través de las cuales se aplicó a su representada un total de 9 multas laborales por valores que fluctúan entre 40 y 60 unidades tributarias mensuales cada una, por pretendidas infracciones a diversas disposiciones del Código del Trabajo.

Detalla las infracciones y sanciones que se aplicó en cada caso, de lo que se advierte que entre los días 21 y 26 de marzo de 2014 el Sr. nombre reservado fiscalizó tres sucursales de su representada ubicadas en la comuna de La Florida, constatando pretendidas irregularidades que se repetían en cada una de ellas, que son: No contener las liquidaciones de remuneraciones el anexo con la liquidación de comisiones y otras remuneraciones variables que dispone el artículo 54 bis; pagar las comisiones que corresponden a cada trabajador con un desfase de un mes, lo que constituiría infracción al artículo 55 inciso primero del Código del Trabajo, y no actualizar en los contratos de trabajo el reajuste de las remuneraciones al menos una vez al año, lo que constituiría infracción al artículo 11 del Código del Trabajo. Además, en los locales de Santa Amalia y Américo Vespucio el fiscalizador constató algunos casos en que el monto pagado por concepto de sueldo base era ligeramente inferior al indicado en los respectivos contratos de trabajo, por lo que cursó la misma multa en ambos locales. También en la resolución 3689-14-17 los números 2 y 3 contemplan dos pretendidas infracciones por falta de pago íntegro de remuneraciones, la primera relacionada al sueldo base de una trabajadora y la segunda relacionada con la falta de pago íntegro del bono de vacaciones respecto de varios trabajadores entre los cuales se incluye a la misma trabajadora mencionada en la primera multa. Por otra parte, reclama, su representada ha sido objeto en lo que va corrido del año de varias sanciones similares a las denunciadas, por la Inspección Provincial del Trabajo del Maipo, Inspección Comunal Santiago Norte e Inspección Comunal de Viña, así como se le aplicó en términos muy similares a la que reclama, otra multa por el cálculo de promedio de remuneraciones en período de vacaciones, por la Inspección Comunal del Trabajo de Quillota Sostiene que lo anterior constituye una conducta ilegal y arbitraria pues importa sancionar en dos, tres o incluso más oportunidades, una misma y única infracción, generalmente por el tope máximo de multa previsto por la ley, atribuyéndose los recurridos una facultad que no tienen consistente en aplicar al empleador tantas multas cuantos sean los trabajadores (o las sucursales) a cuyo respecto se detecte una misma y pretendida infracción, lo que es improcedente a su parecer, por vulnerar el sentido y alcance de lo dispuesto en el artículo 506 del Código del Trabajo. Ello, porque al establecer dicha norma una escala de sanciones pecuniarias que la autoridad laboral puede recorrer en base al tamaño de la empresa fiscalizada –que se determina en función al número de trabajadores- está considerando implícitamente como presupuesto de aplicación de la sanción el hecho que efectiva o potencialmente existan otros trabajadores de la misma empresa que se encuentren en similar situación de vulneración, pues de lo contrario pierde sentido la escala gradual de sanciones en función del número de trabajadores.

Por lo tanto, señala, si se aplican dos o más multas por una misma infracción (aunque estén referidas a distintos trabajadores y/o a trabajadores de distintas sucursales) y el conjunto de las sanciones excede la cuantía legal máxima (60UTM) se estaría sancionando dos veces una misma infracción, vulnerándose el principio básico de que nadie puede ser sancionado más de una vez por un mismo hecho.

Afirma que la acción descrita constituye una exacción ilegal, esto es, “la acción y efecto de exigir impuestos, prestaciones, multas o deudas” en una hipótesis no prevista por la ley o excediendo los parámetros que ella autoriza, lo que importa un menoscabo patrimonial que conculca el derecho de propiedad de su representada sobre los bienes que en general integran su patrimonio. Adicionalmente, amenaza o perturba el derecho a realizar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas que la regulen, derecho reconocido en el artículo 19 N° 21 de la Constitución, pues el actuar de la recurrida puede ocasionar la ruina de cualquier empresa.

Luego de transcribir jurisprudencia relacionada con la materia, expresa que, a su juicio, para un completo restablecimiento del derecho debieran quedar sin efecto a) todas las multas relativas a la falta del anexo a las liquidaciones de remuneraciones, por haberse sancionado previamente a su representada por la misma infracción en múltiples oportunidades; b) las multas N° 3689-14-18 y 3689-14-19 sobre pago de comisiones en períodos que exceden de un mes, por haberse sancionado ya dicha infracción en la resolución N° 3689-14-17; c) las mismas multas anteriores en cuanto a falta de actualización en los contratos de trabajo del reajuste de remuneraciones, por estar igualmente contenidas en la resolución 3689-14-17; d) la multa 3689-14-17-3 relacionada ala falta de pago de remuneraciones (vacaciones), por haberse sancionado ya a su representada por dicha infracción, y e) la multa 3689-14-19-2 sobre falta de pago íntegro del sueldo base estipulado en el contrato, por haberse sancionado a su representada a través de la multa 3689-14-17-2.

Pide dejar sin efecto las resoluciones de multa señaladas y apercibir a los recurridos a fin de que se abstengan de continuar aplicando multas a su representada por hechos que ya han sido objeto de multas previas, aun cuando se trate de trabajadores y/o sucursales diferentes, con costas;

2°) Que a fs. 65 informaron los recurridos, solicitando en primer lugar se declarara improcedente el recurso por no ser la vía adecuada para solucionar el reclamo de la actora, en atención a que existe la reclamación judicial prevista enel artículo 420 letra e) del Código del Trabajo, que es el recurso natural previsto por la ley en contra de resoluciones como las que por esta vía se pretende impugnar; cita jurisprudencia en el sentido de su pretensión.

Sobre el fondo del recurso, informa que las multas en contra de las cuales se reclama fueron aplicadas a raíz de una fiscalización dispuesta a propósito de la denuncia formulada por el presidente del Sindicato de Trabajadores de Empresa Presto; en esta labor, el fiscalizador Sr. nombre reservado pudo constatar que la recurrente había incurrido en infracciones a la legislación laboral que ameritaban la imposición de sanciones administrativas, motivo por el cual se dictaron diversas resoluciones de multa, correspondientes a hechos diversos, en fechas distintas, en lugares correspondientes a distintas sucursales del empleador y respecto a distintos trabajadores, según el detalle que refiere, diversidad que impide considerar que se ha sancionado más de una vez una misma conducta, de modo que no hay quebrantamiento del principio “non bis in ídem”.

Agrega que el recurrente no ha cuestionado en el fondo las infracciones constatadas ni tampoco el hecho de haberlas corregido.

Afirma que ha obrado en uso de sus facultades legales y su conducta no ha sido arbitraria ni ilegal en los términos que el artículo 20 de la Constitución Política y la reiterada jurisprudencia sobre la materia requieren para la procedencia de la acción de protección. Además, dice, su conducta no ha vulnerado la garantía constitucional del derecho de propiedad, desde que la garantía prevista en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política pues la misma norma la condiciona a que el uso, goce o disposición del derecho se realice en conformidad a la ley, que es precisamente lo que se pretende con el procedimiento de fiscalización empleado; en cuanto a la garantía establecida en el artículo 19 N° 21 de la Constitución, tampoco se la ha vulnerado, pues ella refiere al derecho a realizar libremente su actividad económica, la cual no ha sufrido variación después de la aplicación de las multas impugnadas;

3°) Que el fundamento del recurso se encuentra en la circunstancia de haberse realizado fiscalizaciones por parte de la Inspección del Trabajo de La Florida en tres sucursales de la recurrente los días 21, 25 y 26 de marzo pasado, en las cuales se constataron diversas infracciones a la legislación laboral, algunas de las cuales se repetían en cada uno de los locales fiscalizados o habían sido constatadas en otras sucursales, imponiéndose multas por cada una de ellas, lo que el recurrente estima improcedente, por tratarse de los mismos hechos;

Sobre el particular cabe distinguir dos situaciones: la primera, en cuanto se cuestiona la procedencia de la sanción por haber sido aplicada con anterioridad por igual motivo por las Inspecciones Provincial de Maipo, Comunal Santiago Norte, Comunal de Viña del Mar y Provincial de Quillota, y la segunda, por aplicarse sanciones iguales en tres sucursales de la misma comuna en un lapso de una semana.

4°) Que, sobre la primera situación cabe precisar que resulta inadmisible la alegación que se funda en el hecho de haber sido sancionada con anterioridad la empleadora por las mismas infracciones que fueron constatadas en la fiscalización de las tres sucursales de la comuna de La Florida, pues ello redundaría en otorgar protección por esta vía a la reiteración de infracciones a la legislación laboral cuya ocurrencia no ha sido cuestionada por la actora, que tampoco ha alegado su corrección;

5°) Que, en lo que concierne a las tres fiscalizaciones a distintos locales de la recurrente en una misma comuna, sostiene la actora que tratándose las constatadas de unas mismas infracciones, no procede castigarlas separadamente y al hacerlo se excede el máximo legal de la multa, parámetro que ha sido regulado en atención al número de trabajadores de la empresa, por lo que no puede considerarse cada local en forma aparte.

El artículo 506 del Código del Trabajo dispone que las infracciones a dicho código y a sus leyes complementarias, que no tengan señalada una sanción especial, serán sancionadas con multa de una a veinte unidades tributarias mensuales, según la gravedad de la infracción, monto que se duplica si el empleador tuviere contratados cincuenta o más trabajadores y se triplica si los contratados fueren 200 o más trabajadores. No existe indicación legal sobre el universo que ha de considerarse para efectos de aplicar la multa y aunque la situación parece más clara en cuanto a no considerar una infracción –y consecuencialmente imponer multa- por cada trabajador afectado por ella, no lo es en cuanto al trato que debe dársele a las sucursales, puesto que la situación puede ser distinta entre una y otra.

En tal sentido, el derecho reclamado no es indubitado y precisa de una interpretación de la norma legal, que excede el ámbito del recurso de protección. Dicha interpretación tiene, por otra parte, la posibilidad de ser realizada por los tribunales especiales naturalmente competentes para ello, cuales son los Jueces de Letras del Trabajo, ante quienes puede reclamarse de las sanciones por infracciones a la legislación laboral, conforme lo dispone el artículo 503 del Código del Trabajo y de cuyas resoluciones puede recurrirse en conformidad al artículo 502 del mismo código;

6°) Que el recurso de protección tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho de quien se vea privado, perturbado o amenazado en el ejercicio legítimo de alguna de las garantías contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, a consecuencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él.

La conducta de la recurrida no puede ser calificada como contraria a derecho, puesto que se ajusta a las facultades que la ley le ha conferido en la materia a la cual se refiere –lo que no ha sido impugnado por la actora- y, aunque se funda en la interpretación que ella misma hace de dichas facultades, no cabe por la vía del recurso de protección decidir si esa interpretación es o no la adecuada al caso planteado por la recurrente, en vista además de que ella no resulta arbitraria;

7°) Que, no siendo ilegal ni arbitrario el acto reclamado, además de lo expresado en el motivo cuarto precedente, deberá rechazarse el presente recurso, sin que resulte necesario referirse a cada una de las garantías constitucionales cuyo ejercicio legítimo se dice perturbado o amenazado.

Y VISTOS, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por Sociedad de Servicios de Comercialización y Apoyo Financiero y de Gestión Presto Ltda. en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de La Florida y de su fiscalizador Sr. nombre reservado.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra suplente Sra. Ana Cienfuegos Barros.

Rol N° 18583-2014.

Pronunciada por la Novena Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora Maria Soledad Melo Labra e integrada por la Ministro señora Ana Cienfuegos Barros y por el abogado integrante señor Rodrigo Asenjo Zegers. Santiago, treinta de mayo de dos mil catorce