nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Santiago Santiago, doce de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos y considerando:

Primero: Que, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de doña nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PLANVITAL S.A. por el acto ilegal y arbitrario de fecha 22 de julio de 2025, que rechaza la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, notificado por correo electrónico en la misma fecha.

Refiere que su representada, en el mes de junio de 2025, solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital la devolución de fondos previsionales, acogiéndose a la ley N°18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros. La solicitud fue rechazada bajo el argumento de no acompañar "Certificado o Constancia de afiliación, válida, vigente y susceptible de validación, que logre acreditar que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile... debidamente apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile".

Expone que la recurrente acompañó Título profesional apostillado, contrato y anexos de trabajo, declaración jurada ante notario público y apostillada, y constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), con vigencia para el mes de agosto de 2025, la cual es verificable electrónicamente a través del portal web oficial de dicho instituto. Argumenta que la recurrida desconoce la normativa especial al exigir un documento apostillado, siendo un hecho de público conocimiento la imposibilidad de los nacionales venezolanos de acudir a la representación consular para estos efectos, dada la falta de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, y que la constancia electrónica es plenamente verificable.

Agrega que otras Administradoras de Fondos de Pensiones han aceptado constancias similares y que la exigencia de la recurrida constituye una interpretación formalista y restrictiva de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador de permitir a los extranjeros disponer de sus ahorros previsionales. Sostiene que el actuar de la recurrida es arbitrario e ilegal, vulnerando los derechos a la igualdad ante la ley (artículo 19 N°2) y a la propiedad privada (artículo 19 N°24), ambos consagrados en la Constitución Política de la República, así como lo dispuesto en el artículo 19 N°26 de la misma. Cita diversas sentencias de Cortes de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema que, a su juicio, respaldan su pretensión al desestimar interpretaciones excesivamente formales de la normativa. Pide que se tenga por interpuesto recurso de protección, ordenando a la recurrida reconocer la documentación suministrada y realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho, en un plazo razonable o el que el tribunal estime.

Segundo: Que, informando al tenor del recurso, comparece el abogado don Víctor Tabilo Marentis, por la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., solicitando su rechazo, con costas.

Indica que doña nombre reservado presentó una solicitud de devolución de fondos previsionales, acompañada de documentación que presenta deficiencias, principalmente en lo que respecta al cumplimiento del requisito establecido en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156. Señala que la declaración jurada constituye un documento unilateral, sin respaldo de una entidad oficial, careciendo de fuerza probatoria. En cuanto a la Constancia Electrónica de Cotizaciones, alega que carece de firma autorizada, no ha sido apostillada ni legalizada conforme a la normativa vigente, y no acredita de manera específica la cobertura previsional exigida por la ley durante todo el período trabajado en Chile.

Agrega que la letra b) del N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones establece que la afiliación debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social competente, debidamente legalizada o apostillada, y que la Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de sus facultades legales, ha emitido oficios (N°20.294 de 2020, N°25.057 de 2023, N°12.954 de 2025, entre otros) que instruyen a las administradoras a exigir documentos emitidos por la autoridad previsional competente, debidamente legalizados o apostillados, y que detallen la cobertura integral otorgada, descartando expresamente como válidos las constancias electrónicas genéricas y las declaraciones juradas no emanadas de la autoridad previsional competente.

Sostiene que el rechazo no fue ilegal ni arbitrario, ya que se funda en la aplicación de la normativa vigente y las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones. Precisa que la Ley N°18.156 tiene un carácter excepcional y debe interpretarse restrictivamente. Finalmente, arguye que el rechazo de la solicitud no implica la pérdida del derecho a solicitar la devolución, ya que el acto es subsanable y la recurrente conserva la titularidad de sus fondos, pudiendo disponer de ellos conforme a las reglas generales del sistema previsional si no perfecciona su solicitud. Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema (Rol N°54783-2024, fallo de 08 de mayo de 2025) que establece que el rechazo por falta de documentación es un acto administrativo subsanable y que el recurso de protección no es la vía idónea para impugnar actos intermedios. Por lo tanto, pide rechazar en todas sus partes la acción deducida.

Tercero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental, que dicha disposición se señala.

Cuarto: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales para extranjeros realizada por la recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., comunicado mediante correo de 22 de julio de 2025, que adjunta carta de rechazo de la solicitud efectuada por aquella, pretendiendo que se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable.

Quinto: Que, en lo que se refiere al requisito invocado por la recurrida, la norma aplicable es el artículo 1° letra a) de la ley precitada, la que, en lo pertinente, establece lo siguiente:

Artículo 1°: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y…”.

Sexto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que los documentos presentados por la recurrente, consistentes en la declaración jurada y la constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), a pesar de incluir un código de verificación y la posibilidad de ser consultados en línea, no resultan idóneos para acreditar de manera fehaciente y en la forma exigida la cobertura previsional en el extranjero que demanda el artículo 1 letra a) de la ley N°18.156. Esto es así por cuanto la normativa vigente, conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones —organismo técnico facultado para interpretar y aplicar la legislación previsional—, exige que dicha certificación emane directamente de la autoridad previsional competente del país de origen, debidamente legalizada o apostillada, y que especifique detalladamente la cobertura por todos los riesgos requeridos durante el período de prestación de servicios en Chile. Las mencionadas constancias electrónicas, al no cumplir con los requisitos formales de legalización o apostilla por la autoridad competente de Venezuela para tener efectos probatorios en Chile, y al no ser consideradas por la autoridad administrativa como prueba suficiente para acreditar la especificidad y continuidad de la cobertura previsional exigida por la ley, impiden dar curso favorable a la solicitud. La dificultad o imposibilidad de obtener la apostilla debido a circunstancias diplomáticas, si bien es una situación fáctica que afecta a la recurrente, no exime del cumplimiento de las exigencias probatorias formales legal y reglamentariamente establecidas para la excepción que se invoca.

Séptimo: Que, en tal virtud, siendo la acreditación de la afiliación al régimen de seguridad social extranjero, con las formalidades y el contenido exigido, un requisito necesario para la procedencia de la solicitud de devolución de fondos efectuada, lo que fluye de la sola lectura del precepto antes reproducido y de la interpretación administrativa vinculante, la no concurrencia de esos supuestos impide dar curso a la solicitud de la actora. Con ello, ha de concluirse que la recurrida AFP Planvital S.A., al denegar la devolución de las cotizaciones requeridas por la recurrente, no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, pues se ha limitado a dar aplicación a la legislación vigente y a las instrucciones de la autoridad de supervigilancia, señalando las razones que tuvo para decidirlo.

Octavo: Que, en consecuencia, el recurso debe ser desestimado. Cabe señalar, en línea con la jurisprudencia del máximo tribunal, que el acto impugnado no constituye una decisión definitiva que prive a la recurrente de sus fondos, sino que es un acto de trámite subsanable que le permite la posibilidad de presentar nuevamente los documentos requeridos conforme a las exigencias legales y administrativas vigentes. Por lo tanto, deviene en inoficioso ponderar las garantías fundamentales que la actora estima vulneradas, al no configurarse un acto ilegal o arbitrario que las haya afectado en su esencia.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-18582-2025.