nombre reservado con AFP MODELO

C.A. de Santiago Santiago, trece de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, mediante formulario tipo dispuesto por esta Corte, quien interpone acción constitucional de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en rechazar su solicitud de devolución de fondos previsionales de conformidad a la Ley N°18.156, lo que vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, por lo que solicita que se ordene a la recurrida hacerle entrega de sus fondos previsionales, con costas.

Expone que, con fecha 16 de agosto de 2025, acompañó, a través del sitio web de la recurrida, un título de profesional, una constancia electrónica de cotizaciones y un contrato de trabajo y anexo suscrito con el empleador PROSECCO, con el objeto de obtener la devolución de sus fondos previsionales, amparándose en la exención establecida en la Ley N° 18.156 para trabajadores técnicos extranjeros.

Segundo: Que el abogado don Rodrigo Montero Atria, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., evacuó el informe requerido, en el cual solicita el rechazo del recurso, con costas.

En primer lugar, esgrime que la acción de protección no es la vía idónea para los fines pretendidos por el recurrente, por cuanto lo pedido no se condice con la finalidad de un recurso de protección, y que no existe un derecho indubitado, sino que uno controvertido.

En segundo lugar, señala que con fecha 16 de agosto de 2025, la recurrente acompañó la documentación indicada y que, analizados los antecedentes, con fecha 19 de agosto de 2025, se le otorgó un plazo de 4 días hábiles para que acompañara un certificado de afiliación debidamente legalizado o apostillado, en el cual constara su fecha de afiliación al régimen previsional extranjero y las coberturas exigidas por la Ley N°18.156. Lo anterior, debido a que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" acompañada no cumple con las exigencias contenidas en la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa.

Hace presente que la recurrente no acompañó el documento solicitado dentro del plazo indicado, por lo que AFP Modelo no ingresó la solicitud de Devolución de Fondos. Explica que la documentación pertinente debe presentarse debidamente legalizada o apostillada, y que la constancia electrónica no es un certificado de afiliación, no menciona las coberturas específicas del afiliado (solo de forma genérica las del sistema previsional de Venezuela), no está firmada por quien la emite y no está debidamente legalizada o apostillada.

Finaliza indicando que su actuar no es ilegal ni arbitrario, en tanto para efectos de realizar la devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero sólo ha observado que se cumplan copulativamente los requisitos que establece la normativa vigente, citando el artículo 1° de la Ley N° 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones (Libro II, Título XI) y diversos Oficios Ordinarios de la Superintendencia de Pensiones (N°3141 de 20/02/2024, N°21.480 de 20/09/2017 y N°12954 de 17/07/2025), además de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, y sentencias de Ilustrísimas Cortes de Apelaciones y de la Excelentísima Corte Suprema que respaldan su posición sobre la exigencia de documentos debidamente legalizados o apostillados.

Tercero: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio, aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, AFP Modelo, que no dio tramitación a la solicitud de devolución de fondos de pensión, realizada por el recurrente, por no haber acompañado a su solicitud un certificado que diera cuenta de encontrarse el actor afiliado a un régimen de seguridad social en el extranjero que otorgara prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, debidamente legalizado o apostillado.

Quinto: Que sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7 de la Ley N° 18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el artículo 1 del referido cuerpo normativo dispone que “las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rigen para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorguen prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la Ley N°16.744”.

Por otra parte, el Libro II, Título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, de la Superintendencia de Pensiones, relativo a la devolución de fondos previsionales a técnicos extranjeros, prescribe, en lo pertinente, que: “b) Para la suscripción del formulario precedentemente señalado, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación pertinente indicada en el número 1 anterior, que acredite que el afiliado cumple con los requisitos exigidos en la Ley N° 18.156 para acceder al beneficio. La documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley N° 18.156 ".

Asimismo, la Superintendencia de Pensiones ha instruido, entre otros, mediante Oficios Ordinarios N°3141 de fecha 20 de febrero de 2024 y N°12954 de fecha 17 de julio de 2025, que el trabajador debe aportar un documento que acredite en forma específica que ha contado, durante la prestación de sus servicios en Chile, con la protección para todos los riesgos indicados en el precepto legal (vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad, incluyendo prestaciones pecuniarias y médicas), y que “las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión”, reiterando que la validez de los documentos expedidos en el extranjero debe cumplir con lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Sexto: Que así las cosas, no se observa ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, ya que la exigencia formal requerida por la institución recurrida se ajusta estrictamente a la normativa legal y reglamentaria vigente, así como a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, organismo técnico encargado de la supervigilancia y fiscalización de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

En efecto, la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" acompañada por el recurrente, aun cuando declare la afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no cumple con los requisitos específicos establecidos por la legislación chilena y las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, al no especificar de forma individual y detallada las coberturas en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte para el trabajador en su caso concreto, al no encontrarse firmada por la autoridad competente y, fundamentalmente, al no estar debidamente legalizada o apostillada, conforme lo exigen los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

La imposibilidad de AFP Modelo de dar curso a la solicitud del recurrente se deriva del estricto cumplimiento de su deber legal de verificar que se satisfagan todos los requisitos copulativos para acceder a un régimen de excepción como el de la Ley N° 18.156. Exigir la legalización o apostilla de un documento extranjero para que este tenga valor probatorio en Chile, no constituye un acto caprichoso, sino una aplicación de normas generales que buscan asegurar la autenticidad y validez de la prueba documental.

Por lo que conforme se viene razonando la actuación de AFP Modelo se enmarca en las facultades y deberes que le impone el ordenamiento jurídico, no existiendo un acto u omisión ilegal o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas la acción constitucional de protección deducida por don nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-18581-2025.