nombre reservado con MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Santiago, veintiséis de abril de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que, comparece don nombre reservado y nombre reservado interponiendo acción de protección en contra de la Subsecretaría de Educación y del Ministerio de Educación, por el acto arbitrario e ilegal contenido en el Ordinario N° 02/ 57 y 02/58 que inició el proceso de invalidación parcial de la Resolución N° 900, estimándose que no cumplían los requisitos para optar al beneficio de la Ley N° 20.964, con el objeto que se adopten las medidas necesarias para cautelar el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales consagrados en la Constitución Política de la República, particularmente, el establecido en su artículo 19 N° 2, 3 y 24.

Indican que se desempeñaron por años como funcionarios de la Corporación Municipal de La Florida (Comudef) en calidad de colaboradores en el Departamento de Educación, postulando a la bonificación por retiro voluntario del personal asistente de la educación de la Ley N° 20.964, en el marco del proceso de retiro correspondiente al año 2017. Añade que mediante la Resolución Exenta N° 990 de 8 de febrero de 2019, la División Jurídica del Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación, les asignó un cupo, constituyéndose en funcionarios beneficiarios de los dineros correspondientes a la mencionada bonificación, presentando el 21 y 28 de marzo del mismo año las renuncias voluntarias e irrevocables, a fin de acogerse al beneficio concedido.

Refiere que al tiempo de realizarse los pagos la entidad comenzó a controvertir la asignación ya otorgada, requiriendo antecedentes relativos a la descripción de los cargos, los que una vez entregados, se les informó que seguían siendo insuficientes, cuando éstos describen adecuadamente las funciones asignadas a los cargos, demostrando que como funcionarios califican de conformidad con los presupuestos exigidos por la Ley N° 20.964.

Señalan que el 19 de enero del 2021, mediante Ordinario N° 02/57 y 02/58, se les comunica que se ha iniciado un proceso de invalidación parcial de la Resolución N° 990 con el fin de excluirlos del proceso, otorgándoles un plazo de cinco días para hacer descargos y limitándose a señalar, nuevamente, que no se cumplían los requisitos para optar al beneficio previsto en la Ley N° 20.964, sin particularizar, ni mucho menos entregar copia de la resolución que instruye dicho proceso, ni exponer fundamento alguno para dicha conclusión.

Hacen presente que, según la documentación que se les remitió cumplen una función docente, no encontrándonos en los supuestos del artículo 1° de la Ley N° 20.964, agregando que la bonificación es para trabajadores que ejercen funciones relacionadas con la administración del servicio.

Sostienen que no habiendo notificación y, tampoco conferido un plazo de cinco días para efectuar descargos, las alegaciones formuladas tuvieron que hacerlas sin antecedente alguno, sin tener a la vista el acto que da inicio al proceso de invalidación y sin tener acceso a ninguna fundamentación que justifique una decisión arbitraria e ilegal como la que impugnan por este acto.

Que, en el mismo sentido, el proceso de invalidación no ha respetado el plazo de caducidad, en consideración a que la Resolución Exenta N° 990, fue notificada el 11 de febrero de 2019, por lo que la caducidad se suscitó el 11 de febrero de 2021, incurriendo en un vicio esencial que impide que la invalidación surta efecto alguno.

En cuanto a las garantías vulneradas, indican que se ha vulnerado el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, porque los numerosos vicios formales y contravenciones a la ley, conllevan necesariamente una perturbación de la igualdad ante ella, pues se está actuando de forma diferente respecto del resto de los ciudadanos. También se ha vulnerado el artículo 19 N° 3 ya que se ha conculcado el debido proceso, en atención a la falta de notificación, la falta de entrega de copia íntegra del acto que pretende invalidar la asignación de cupos; de igual forma la falta de fundamentación del acto, que constituye por sí mismo un actuar arbitrario; encontrándose en indefensión en relación con el principio contradictor, esto es, la posibilidad real y material de controvertir racionalmente lo decidido por la Administración.

Y también se ha vulnerado el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, toda vez que el cupo adjudicado de buena fe mediante la Resolución Exenta n° 990 ha ingresado al patrimonio como un derecho.

En suma, pide se deje sin efecto el proceso de invalidación y ordene que se prosiga con el proceso ante la entidad educativa y se pague la bonificación concedida en virtud de la Ley N° 20.964, mediante la Resolución Exenta N° 990.

2°) Que informando el Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación, solicita el rechazo del recurso de protección por no haber incurrido en acto u omisión arbitrario e ilegal. Indica en primer término, que la situación sometida al conocimiento de esta Corte constituye un asunto de lato conocimiento, que involucra aspectos técnicos, no constituyendo la presente acción cautelar la vía idónea para resolver la controversia planteada.

Expresa que, la situación expuesta y el petitorio del recurso configuran en sí un asunto de lato conocimiento, claro es que no se trata de un asunto rápido ni memos de emergencia que ha irrogado una manifiesta violación de derechos fundamentales, sino por el contrario, los recurrentes entienden que en sus casos particulares, es procedente calificarlos como beneficiarios del bono de incentivo al retiro de la Ley N° 20.964, cuestión que la autoridad ha advertido como errónea y ha decidido iniciar un procedimiento de invalidación, sobre lo cual también reclaman vicios que afectarían sus derechos.

Que en dicha instancia, los actores han deducido los respectivos descargos, cuyos argumentos han sido considerados en la decisión de la autoridad, que finalmente resolvió la invalidación parcial de la Resolución Exenta N° 990 y la eliminación de los recurrentes de la lista de asignaciones de cupo, actos administrativos que fueron impugnados por ellos en sede administrativa.

Explican que la situación planteada por los actores, escapa de la cautela de emergencia de esta acción de protección; y que en el hipotético e improbable evento de que en esta sede cautelar se determinara la calificación jurídica y la conformidad a derecho de la asignación del cupo a los recurrentes para la bonificación del retiro voluntario de la Ley N° 20.964, es necesario también precisar cuál sería el periodo que debe considerarse para su pago, respecto de lo cual nada expresa el libelo, siendo un punto trascendental para fijar los montos a transferir, asunto que también es ajeno a esta sede de protección.

Que en cuanto al fondo del asunto, afirma que el procedimiento no constituye un acto arbitrario o ilegal, toda vez que durante la tramitación de los actos administrativos destinados a fijar y transferir los recursos en relación con la bonificación indicada y adicional por antigüedad, se determinó que ciertos trabajadores no cumplían con los requisitos establecidos en el mencionado cuerpo normativo para ser beneficiarios de un cupo.

Sostiene que en consecuencia, al existir un acto contrario a derecho, se decidió iniciar un proceso de invalidación parcial de la Resolución Exenta N° 990 respecto de aquellos trabajadores que se encuentran en la situación descrita en el párrafo anterior, en virtud del artículo 53 de la Lev N° 19.880.

Que en este contexto el único trámite previsto por el legislador en el proceso de invalidación es la audiencia previa, aplicándose íntegramente lo prescrito por la ley informando el proceso de invalidación parcial mediante el envío de oficios firmados por el Subsecretario de Educación, por carta certificada, a todos aquellos que no cumplían con los requisitos previstos en la Ley N° 20.964 para ser beneficiarios de un cupo para acceder a la bonificación por retiro voluntario, para que estos, dentro del plazo de 5 días contados desde la notificación, pudieran exponer sus alegaciones o plantear descargos, sin perjuicio de que el respectivo sostenedor pudiese acompañar antecedentes que considerase necesarios para posibilitar su mantención como beneficiario del cupo.

Así, mediante el envío del Oficio Ordinario N° 02/58 y N° 02/59 de 19 de enero de 2021, de la Subsecretaría de Educación se comunicó con los recurrentes del inicio del proceso de invalidación respecto de su asignación de cupos, toda vez que en la revisión de los antecedentes se detectó que la función que desempeñan no se encuentra comprendida en alguno de los supuestos a que hace referencia al artículo 1° de la Ley N° 20.964.

En lo concreto, señala que don nombre reservado ejerce una función técnico-pedagógica como el nombre de su cargo lo indica; mientras que don nombre reservado ejerce una función docente técnico-pedagógica, no obstante, alguna de las funciones que ejerce también podrían encuadrar dentro del concepto de función docente directiva, por lo que ambos recurrentes, al detentar el título de profesor y realizar funciones de profesionales de la educación técnico pedagógicas o directivas, hace que su relación jurídica con su empleador deba necesariamente regirse por el Estatuto Docente, y no por las Leyes N° 19.464, N° 21.109, o del Código del Trabajo, existiendo un error en su postulación, ya que debieron haberlo hecho a la bonificación por retiro voluntario regulada en la Ley N° 20.976 y no a la regulada en la Ley N° 20.964, toda vez que, los trabajadores en comento cumplen funciones que dicen relación con su formación profesional docente, sin perjuicio de la forma en que el sostenedor los haya contratado.

3°) Que en este arbitrio de naturaleza cautelar, cobra especial importancia determinar si ha existido un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque una privación, perturbación o amenaza que afecte a una o más garantías preexistentes protegidas por la Constitución Política de la República.

4°) Que de la sola lectura del recurso de protección, sumado al petitorio del mismo se advierte que lo que en realidad se pretende es un asunto de lato conocimiento, pues los actores reprochan, no haber sido calificados para la obtención del bono de incentivo al retiro de la Ley N° 20.964, cuestión que la autoridad recurrida advierte como errónea, por cuanto éstos no reúnen los requisitos para la obtención del referido bono.

5°) Que en estas circunstancias, se discute una calificación jurídica, que además involucra aspectos técnicos y específicos de las funciones que ejercen los recurrentes, situación que no sólo deja en evidencia la inexistencia de un derecho indubitado y preexistente, sino también denota que la ponderación, y análisis de los antecedentes para resolver este conflicto, no es posible sea ventilada ni menos resuelta en esta sede de emergencia y cautelar, más si consta del mérito de los elementos de convicción allegados, la situación sigue discutida y no agotada en sede administrativa.

6°) Que, ratifica lo señalado precedentemente, el sólo hecho que si se acogiese la presente acción cautelar, se desconoce el período de tiempo para determinar el pago del bono en cuestión, elemento que resulta trascendental para su cálculo y posterior pago, falencia que demuestra claramente que no es esta la vía para solucionar esta controversia.

7°) Que sin perjuicio de lo indicado, debe destacarse que la Ley N° 20.964, otorga bajo los requisitos que ella misma establece, una bonificación por retiro voluntario al personal asistente de la educación que se desempeñe en establecimientos educacionales administrados directamente por las municipalidades o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por éstas para administrar la educación municipal; en establecimientos regidos por el Decreto Ley N° 3.166 y asimismo a los trabajadores regidos por el Código del Trabajo que presten servicios en los Departamentos de Administración de Educación Municipal, en las Direcciones de Educación Municipal, y al personal que cumple funciones relacionadas con la administración del servicio educacional en las corporaciones privadas sin fines de lucro creada por las municipalidades para administrar la educación municipal, quienes para los efectos de la Ley N° 20.964, se someterán a las mismas disposiciones que los asistentes de la educación, según indica el artículo 1° del citado cuerpo normativo.

Además de la Ley N° 20.964, el bono en cuestión y que por esta vía solicitan su pago los actores, se encuentra regulada en el Decreto N° 366 del año 2016, del Ministerio de Educación, que aprueba el Reglamento de la citada ley. En virtud de estas normas, se distinguen tres tipos de funcionarios que tendrían derecho a postular al beneficio en cuestión:

a.- El personal asistente de la educación que se desempeñe en establecimientos educacionales administrativos directamente por las municipalidades o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por éstas para administrar la educación municipal; en establecimientos regidos por el Decreto Ley N° 3.166 de 1980.

b.- Los trabajadores regidos por el Código del Trabajo, que presten servicios en los Departamentos de Administración de Educación Municipal, en las Direcciones de Educación Municipal.

c.- Al personal que cumple funciones relacionadas con la administración del servicio educacional en las corporaciones privadas sin fines de lucro creada por las municipalidades para administrar la educación municipal.

8°) Que, en virtud de la normativa aplicable a esta materia, queda de manifiesto que el beneficio de que se trata, se hace extensivo a ciertos funcionarios que, sin ser asistentes de educación, se asimilan a ellos para el sólo efecto de percibir esta bonificación; lo que demuestra que debe calificarse la naturaleza de los servicios que prestan los actores, lo que no es posible dilucidar por esta acción cautelar.

9°) Que, en estas circunstancias el recurso de protección no podrá ser acogido.

Por estas consideraciones y, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado y don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N° 1858- 2021.

Redacción de la Ministra señora Book, quien no firma por estar haciendo uso de permiso administrativo.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Dobra Lusic Nadal, conformada por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz y la Ministra señora Jenny Book Reyes.