nombre reservado con AFP CAPITAL S. A.

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de abril de dos mil veintiséis.

Al folio 17: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales para técnicos extranjeros de conformidad a la Ley N° 18.156, notificado mediante correo electrónico el 31 de julio de 2025, lo que a su juicio vulnera las garantías consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone como antecedentes que, con fecha 18 de julio de 2025, ingresó una solicitud ante la recurrida para obtener la devolución de sus fondos de pensiones, acompañando para ello su cédula de identidad, contrato de trabajo, anexo del mismo, constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), título profesional y una declaración jurada ante notario. Señala que la AFP rechazó su requerimiento bajo el argumento de que el certificado de afiliación carecía de la apostilla o legalización respectiva ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que indicaba el estatus de "cesante", y que se observaba una supuesta falta de veracidad en el formato y redacción de las cláusulas del contrato y su anexo.

La parte recurrente argumenta que existe una imposibilidad material (fuerza mayor) para obtener la legalización consular requerida debido a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela. Afirma que la autenticidad de la constancia electrónica puede verificarse directamente en el portal web oficial del IVSS mediante un código de verificación, y que la declaración jurada suscrita ante notario en Chile suple y reviste al documento de la formalidad debida. Estima que la interpretación restrictiva y excesivamente formalista de la AFP constituye un actuar caprichoso que obstaculiza su derecho de propiedad sobre los fondos. Pide que se acoja el recurso, se declare la ilegalidad del rechazo y se ordene a la recurrida proceder a la devolución de los fondos.

Segundo: Que, comparece la abogada Paula Catalina Peña Vásquez, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., quien evacúa su informe solicitando el rechazo de la acción deducida en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

Argumenta preliminarmente que el recurso de protección no es la vía idónea para debatir esta materia, pues no existe un derecho indubitado, sino una pretensión de obviar requisitos legales expresos. En cuanto al fondo, expone que la recurrente no dio cumplimiento a las exigencias copulativas de la Ley N° 18.156 ni del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Precisa que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" presentada carece de legalización o apostilla, tal como lo exige perentoriamente el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil para la validez de los instrumentos públicos extranjeros en Chile, requisito que no puede ser subsanado mediante una mera declaración jurada notarial unilateral.

Adicionalmente, hace presente un defecto sustantivo irremontable: el documento acompañado por la propia actora señala expresamente que se encuentra en estatus de asegurado "cesante", con fecha de egreso el 30 de junio de 2016. Por tanto, no acredita encontrarse *actualmente* afiliada a un régimen previsional extranjero que le otorgue cobertura, requisito indispensable del artículo 1 letra a) de la Ley N° 18.156. En consecuencia, afirma que la AFP no ha actuado de manera ilegal ni arbitraria, sino que se ha limitado a dar estricto acatamiento a la ley y a las instrucciones imperativas de la Superintendencia de Pensiones.

Tercero: Que, como es sabido, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable para la procedencia de la acción la constatación innegable de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho o voluntad irrazonable de quien incurre en él, que afecte alguna de las garantías fundamentales protegidas.

Cuarto: Que, para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, resulta imperativo atenerse a lo preceptuado en la Ley Nº 18.156. Este cuerpo legal establece una normativa de excepción que autoriza a los técnicos extranjeros a eximirse de cotizar en Chile y a solicitar la devolución de los fondos previsionales enterados, condicionado a que den cumplimiento a requisitos copulativos insoslayables. Entre ellos, su artículo 1 letra a) exige que el trabajador "se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile [...] que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte". Tratándose de un régimen excepcional, su interpretación y aplicación deben ser restrictivas.

Quinto: Que, del análisis de los antecedentes documentales allegados a la causa, consta que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos emanada de la recurrida se encuentra plenamente justificado, tanto por razones de fondo como de forma.

En cuanto al fondo, el documento denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), acompañado por la propia actora a su solicitud, establece literalmente que la ciudadana nombre reservado se encuentra "actualmente en estatus de asegurado CESANTE... con Fecha de egreso 30/06/2016". De ello se colige indubitadamente que la recurrente no posee una afiliación activa ni cobertura previsional vigente en su país de origen, incumpliendo flagrantemente el requisito basal exigido por el legislador en la norma ya citada.

Sexto: Que, en cuanto a la forma, la documentación extranjera presentada no cumple con las exigencias de autenticidad que demanda nuestro ordenamiento jurídico. El instrumento carece de la respectiva legalización consular o apostilla, inobservando con ello la regla imperativa contemplada en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto, cabe asentar categóricamente que la declaración jurada prestada por la recurrente ante un notario público en Chile carece de toda virtud para sanear la ausencia de legalización del instrumento extranjero, toda vez que el ministro de fe local solo certifica la identidad y la firma de quien declara unilateralmente, pero no otorga fe pública respecto de actos o certificaciones emanadas de autoridades extranjeras.

Si bien esta judicatura comprende las vicisitudes diplomáticas aducidas por la recurrente, dicha coyuntura fáctica no faculta a los órganos jurisdiccionales ni a las entidades administradoras privadas a derogar o dispensar el cumplimiento de la ley procesal y previsional vigente.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, el Libro II, Título XI del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, dictado por la Superintendencia de Pensiones en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras y regulatorias, prescribe de manera vinculante que la documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, y que, en caso contrario, la Administradora "no podrá dar curso a la solicitud". Por lo tanto, la AFP recurrida no gozaba de un margen de discrecionalidad para flexibilizar los requerimientos, estando obligada por mandato legal e instruccional a rechazar la petición.

Octavo: Que, en virtud de lo razonado, la negativa de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A. para acceder a la devolución de los fondos previsionales requeridos no resulta constitutiva de un acto ilegal, pues se ha ceñido a la letra de la Ley N° 18.156 y a las normas de su ente regulador; ni tampoco puede calificarse de arbitraria, por cuanto obedece a un fundamento racional, documentado y desprovisto de todo capricho. Al no existir un actuar antijurídico que reprochar, no se advierte vulneración al derecho de igualdad ante la ley ni al derecho de propiedad invocados, derivando ineludiblemente en el rechazo de la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, en representación de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-18576-2025.